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ANSES rechazó el pedido de Cristina Kirchner y Amado Boudou para recuperar nuevamente la jubilación de privilegio

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) rechazó el pedido de la ex presidenta Cristina Kirchner y del ex vicepresidente Amado Boudou para volver a cobrar las jubilaciones de privilegio que antes percibían.

De esta manera, la ex mandataria no cobrará los 32 millones de pesos mensuales que venía pidiendo de su jubilación.

“Deniégase el Recurso de Reconsideración interpuesto por Cristina Kirchner por el cual se dispuso la baja de las asignaciones mensuales vitalicias de privilegio en virtud de contar con una sentencia definitiva por la comisión de un delito contra la Administración Pública”, señaló el organismo.

La asignación había sido suspendida tras la ratificación de la condena por corrupción en la causa Vialidad.

La ex mandataria podrá recurrir a la Justicia Federal de la Seguridad Social para determinar que le devuelvan el privilegio.

“La pensión de los ex presidentes no se otorga por el buen desempeño, sino por el mérito de haber sido elegidos por el pueblo como presidentes de la Nación. El mal desempeño solo lo puede juzgar el Congreso de la Nación a través del proceso constitucional de juicio político, durante el ejercicio del mandato”, indicó en su momento Cristina Kirchner en redes sociales.

El apoderado de la ex mandataria, Facundo Fernández Pastor, presentó en dicha ocasión un recurso administrativo de nulidad ante la Anses para recuperar la jubilación de privilegio y argumentó que la medida “viola derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional”.

En noviembre de 2024, el Gobierno dio de baja la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner y lo oficializó por medio del Boletín Oficial.

En ese entonces, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que la medida “significa para los argentinos un ahorro de unos $21.827.624” y anunció la anulación de la pensión del ex presidente Néstor Kirchner que también cobraba Cristina Kirchner.

En tanto, desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, señalaron que “la baja no constituye una sanción accesoria a la condena penal que le fuera impuesta por la Justicia, sino una necesaria consecuencia por la indignidad política que implica haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta”.

En relación a Boudou, el Gobierno le quitó la jubilación de privilegio días después de la situación de Cristina Kirchner, en una medida que quedó ratificada en el Boletín Oficial.

“El hecho de haber sido encontrado culpable de un delito contra la administración pública en el ejercicio de su función pública, tornaba inadmisible que pudiera seguir percibiendo, de modo directo o derivado, asignaciones de privilegio de las que resultaba beneficiaria”, detalló la Anses en el documento.

Luego de conocerse esa medida, Boudou presentó un recurso administrativo para solicitar que se dé marcha atrás y recuperar la asignación, pero desde la administración volvieron a negársela y, además, le exigieron la devolución de 280 millones de pesos que cobró de la asignación.

“Deniégase el Recurso de Reconsideración interpuesto por Amado Boudou. Promuévanse las acciones correspondientes a los efectos del recupero de los fondos percibidos durante su vigencia”, precisó el organismo.

El Ministerio de Capital Humano señaló que, por medio de la administración, rechazó el recurso presentado por Boudou y confirmó que buscarán “recuperar las prestaciones percibidas indebidamente” por el ex vicepresidente.

“La resolución que oportunamente revocó su asignación sostiene que este beneficio responde a un régimen excepcional y que, a diferencia de las demás prestaciones del SIPA, no tiene ningún requisito ni de edad, ni de tiempo de servicio con aportes, ni de permanencia mínima en el cargo, sino que es un privilegio que se otorga en reconocimiento al honor, al mérito y al buen desempeño de presidentes y vicepresidentes”, señaló la cartera que encabeza Pettovello.

Asimismo, añadió: “El ex vicepresidente tiene una condena firme ratificada, primero por la Cámara Federal de Casación Penal y, luego, por la Corte Suprema de Justicia, por un delito cometido en ejercicio de sus funciones como vicepresidente de la Nación”.

En ese sentido, el organismo evaluó que Boudou no cumple con el “único requisito exigido” para recibir la jubilación de privilegio: “Honorabilidad, mérito y buen desempeño”.

Fuente: Noticias Argentinas.

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Aprobado el Presupuesto 2026 bonaerense: $43 billones y rebaja de la patente

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El Senado de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley los proyectos de Presupuesto 2026 y Ley Fiscal Impositiva, garantizando así la hoja de ruta financiera para el próximo año. La “ley de leyes” proyecta una inversión total de más de 43 billones de pesos y prioriza el gasto social y la infraestructura.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto busca garantizar la sostenibilidad fiscal, proteger a los sectores vulnerables y continuar con las inversiones clave. Se contemplan asignaciones de recursos esenciales como Promoción y Asistencia social ($1.7 billones), Salud ($1.7 billones), y Seguridad ($1.4 billones).

Un punto político central del Presupuesto es la creación de un Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional, destinado a reclamar recursos adeudados por el gobierno federal.

Alivio fiscal: rebaja de la Patente

En materia de recaudación, el proyecto Fiscal se enfocó en la progresividad y la reducción de distorsiones, sin incrementar la presión tributaria general.

  • Automotores: se proyecta una rebaja nominal en la patente que beneficiará al 75% de los contribuyentes de la provincia (aproximadamente 1,5 millones de automotores).
  • Impuesto Inmobiliario: se eliminan cuotas adicionales para el cien por ciento de los propietarios y se estima una reducción de impuestos a pagar en términos reales debido a las actualizaciones nominales.

El senador Marcelo Feliú destacó que la aprobación del Financiamiento garantiza “la viabilidad de la ejecución del plan de Gobierno” e incluye fondos necesarios para los 135 municipios. En la misma sesión, se aprobó la designación de Flavia Terigi como nueva Directora General de Cultura y Educación.

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Diputados aprobó el Presupuesto y la Ley Fiscal, pero se postergó el debate por el endeudamiento

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La Legislatura bonaerense se disponía este jueves a la madrugada a aprobar el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal que envió el gobernador Axel Kicillof, mientras que se propuso un cuarto intermedio hasta el viernes a las 10 por el proyecto de financiamiento.

Los diputados provinciales le dieron media sanción a la norma y ahora se esperaba idéntica respuesta en la Cámara alta bonaerense.

Según indicaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas, la ley de leyes y la impositiva están en condiciones de ser aprobadas con mayoría simple, aunque sectores de la oposición, como el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, votarán en contra.

Con esta postergación, el oficialismo busca estirar los plazos de la negociación con la oposición por lugares en el directorio del Banco Provincia y otros organismos públicos.

El aplazamiento también abre una ventana de tiempo para continuar las tratativas con los intendentes por los fondos para realizar obra pública en los municipios, que buscan recibir el 8% de los USD 3.685 millones del endeudamiento.

De acuerdo a lo que pudo saber NA de fuentes legislativas, el Senado bonaerense podría tratar en espejo las iniciativas que envió el gobernador.

La convocatoria en la Cámara Alta bonaerense era a las 19, pero el horario se atrasó hasta la aprobación de este miércoles por la noche en Diputados.

Paralelamente, el titular del bloque del PRO en Diputados bonaerenses, Matías Ranzini ya anticipó que el bloque amarillo va a votar en contra la Ley Fiscal que envió Kicillof a la Legislatura.

Ranzini acusó al kirchnerismo de “imponer” la eliminación de la exención a ingresos brutos a operaciones con títulos públicos y obligaciones negociables en su Ley Impositiva en la provincia de Buenos Aires.

“Quieren recaudar más a toda costa a expensas de encarecer el financiamiento del sector privado, en definitiva el bolsillo de los que quieren invertir”, sostuvo Razini en redes sociales, al tiempo que adelantó que su espacio rechaza la ley impositiva del gobernador.

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Ruido del Consejo de la Magistratura: Lista Bordó advierte medidas antirreglamentarias en expedientes

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La Lista Bordó del Consejo de la Magistratura expresó este miércoles su “creciente preocupación” por resoluciones adoptadas en las Comisiones de Disciplina y Acusación que, según afirmó, habilitaron la recepción de testimonios de cargo en expedientes sin haber dado previamente traslado de las denuncias a las juezas involucradas, situación que -advirtió- vulnera el derecho de defensa y el debido proceso.

Según averiguó la Agencia Noticias Argentinas el pronunciamiento se difundió pocas horas después de una votación ajustada en la Comisión de Disciplina, que resolvió -con el voto doble del presidente César Grau– rechazar el planteo de nulidad presentado por la jueza María Eugenia Capuchetti en el sumario disciplinario que impulsó en su contra el kirchnerismo.

La magistrada había denunciado que se había avanzado en la investigación, incluso con la convocatoria de testigos, sin haber sido notificada conforme al artículo 11 del reglamento, que obliga a informar al juez investigado para que pueda ejercer su defensa.

En ese expediente, los consejeros Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero y María Alejandra Provítola -los tres jueces-, junto con Eduardo Vischi y Hugo Galderisi, votaron a favor de Capuchetti.

Sin embargo, fueron derrotados por la postura de Luis Juez, Alberto Lugones, María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde y el propio Grau, cuyo voto de desempate definió la resolución.

La Lista Bordó remarcó que tanto en el caso de Capuchetti como en el de la jueza Sandra Arroyo Salgado -investigada por su actuación en la causa de la agresión al diputado José Luis Espert- se verificó la recepción de declaraciones testimoniales en procesos donde aún no se les había dado vista de las denuncias, lo que, según la agrupación, “priva a las magistradas de ejercer su defensa y controlar la prueba”.

El sector advirtió además que en ambos expedientes se tomaron testimonios a personas imputadas en causas penales radicadas en los juzgados donde las juezas investigadas ejercen su función, lo que crea “escenarios propicios para que los acusados intenten mejorar su situación procesal mediante testimonios falaces brindados ante un órgano administrativo”.

La agrupación afirmó que seguirá de cerca el desarrollo de ambos procesos disciplinarios y que sus representantes, Barroetaveña y Díaz Cordero, continuarán reclamando que se respeten las garantías constitucionales y el debido proceso de las magistradas involucradas.

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