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ANSES rechazó el pedido de Cristina Kirchner y Amado Boudou para recuperar nuevamente la jubilación de privilegio

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) rechazó el pedido de la ex presidenta Cristina Kirchner y del ex vicepresidente Amado Boudou para volver a cobrar las jubilaciones de privilegio que antes percibían.

De esta manera, la ex mandataria no cobrará los 32 millones de pesos mensuales que venía pidiendo de su jubilación.

“Deniégase el Recurso de Reconsideración interpuesto por Cristina Kirchner por el cual se dispuso la baja de las asignaciones mensuales vitalicias de privilegio en virtud de contar con una sentencia definitiva por la comisión de un delito contra la Administración Pública”, señaló el organismo.

La asignación había sido suspendida tras la ratificación de la condena por corrupción en la causa Vialidad.

La ex mandataria podrá recurrir a la Justicia Federal de la Seguridad Social para determinar que le devuelvan el privilegio.

“La pensión de los ex presidentes no se otorga por el buen desempeño, sino por el mérito de haber sido elegidos por el pueblo como presidentes de la Nación. El mal desempeño solo lo puede juzgar el Congreso de la Nación a través del proceso constitucional de juicio político, durante el ejercicio del mandato”, indicó en su momento Cristina Kirchner en redes sociales.

El apoderado de la ex mandataria, Facundo Fernández Pastor, presentó en dicha ocasión un recurso administrativo de nulidad ante la Anses para recuperar la jubilación de privilegio y argumentó que la medida “viola derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional”.

En noviembre de 2024, el Gobierno dio de baja la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner y lo oficializó por medio del Boletín Oficial.

En ese entonces, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que la medida “significa para los argentinos un ahorro de unos $21.827.624” y anunció la anulación de la pensión del ex presidente Néstor Kirchner que también cobraba Cristina Kirchner.

En tanto, desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, señalaron que “la baja no constituye una sanción accesoria a la condena penal que le fuera impuesta por la Justicia, sino una necesaria consecuencia por la indignidad política que implica haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta”.

En relación a Boudou, el Gobierno le quitó la jubilación de privilegio días después de la situación de Cristina Kirchner, en una medida que quedó ratificada en el Boletín Oficial.

“El hecho de haber sido encontrado culpable de un delito contra la administración pública en el ejercicio de su función pública, tornaba inadmisible que pudiera seguir percibiendo, de modo directo o derivado, asignaciones de privilegio de las que resultaba beneficiaria”, detalló la Anses en el documento.

Luego de conocerse esa medida, Boudou presentó un recurso administrativo para solicitar que se dé marcha atrás y recuperar la asignación, pero desde la administración volvieron a negársela y, además, le exigieron la devolución de 280 millones de pesos que cobró de la asignación.

“Deniégase el Recurso de Reconsideración interpuesto por Amado Boudou. Promuévanse las acciones correspondientes a los efectos del recupero de los fondos percibidos durante su vigencia”, precisó el organismo.

El Ministerio de Capital Humano señaló que, por medio de la administración, rechazó el recurso presentado por Boudou y confirmó que buscarán “recuperar las prestaciones percibidas indebidamente” por el ex vicepresidente.

“La resolución que oportunamente revocó su asignación sostiene que este beneficio responde a un régimen excepcional y que, a diferencia de las demás prestaciones del SIPA, no tiene ningún requisito ni de edad, ni de tiempo de servicio con aportes, ni de permanencia mínima en el cargo, sino que es un privilegio que se otorga en reconocimiento al honor, al mérito y al buen desempeño de presidentes y vicepresidentes”, señaló la cartera que encabeza Pettovello.

Asimismo, añadió: “El ex vicepresidente tiene una condena firme ratificada, primero por la Cámara Federal de Casación Penal y, luego, por la Corte Suprema de Justicia, por un delito cometido en ejercicio de sus funciones como vicepresidente de la Nación”.

En ese sentido, el organismo evaluó que Boudou no cumple con el “único requisito exigido” para recibir la jubilación de privilegio: “Honorabilidad, mérito y buen desempeño”.

Fuente: Noticias Argentinas.

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Adorni busca reactivar la gestión y convocó a una reunión de Gabinete mientras avanza la causa en su contra

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Manuel Adorni

En medio del intento del Gobierno Nacional por retomar la centralidad de la agenda, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a una nueva reunión con todos los ministros en la Casa Rosada. Se trata del primer encuentro con todos los titulares de la cartera mientras avanza la causa por enriquecimiento ilícito que investiga la Justicia.

Según pudo saber Infobae, la convocatoria está realizada para el próximo viernes a las 14 en el Salón Eva Perón. Se estima que participarán todos los ministros y resta saber si también estará presente el propio Javier Milei, quien viajará a Estados Unidos para disertar en el Instituto Milken el próximo miércoles.

Todo se da mientras el Poder Ejecutivo busca reactivar la actividad legislativa para motorizar el Congreso con intención de cumplir con la apuesta del mandatario, quien el 1° de marzo vaticinó “nueve meses ininterrumpidos de reformas”. Hasta ahora, desde la apertura de sesiones ordinarias a la fecha, el oficialismo solo conquistó la media sanción restante para habilitar los cambios en la Ley de Glaciares.

Tras el envío de nueve proyectos, entre los que destacan la reforma electoral, sin los votos necesarios, en los planes de la Casa Rosada figura la necesidad de avanzar en lo inmediato con la Ley Hojarasca en la Cámara de Diputados, y en paralelo, con el proyecto de Propiedad Privada y el tratamiento de varias decenas de pliegos a jueces, defensores y fiscales en el Senado.

El último encuentro del gabinete fue en abril pasado, donde el propio Milei fue quien encabezó la reunión y allí reiteró el respaldo para Adorni, quien ya era investigado por la Justicia en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

En el tramo en el que estuvo presente, el mandatario brindó una breve introducción general en materia política y dio algunos detalles del plan económico, pero además, les encomendó a sus funcionarios que “cumplan los objetivos” trazados en cada ministerio y “recuperen la agenda de gestión”. Además, solicitó de cara al plantel completo que centralicen las demandas de gestión con el ministro coordinador, lo que fue definido por más de uno como una acción “empoderadora”.

Luego, una vez que se retiró tanto el presidente como su hermana, Karina Milei, fue el ministro coordinador quien quedó a cargo del encuentro, en una nueva señal por ratificarlo que se suma a las decenas de gestos que dio el libertario durante las últimas semanas.

Sin embargo, ahora se conoció la declaración del contratista Matías Tabar, quien estuvo a cargo de las remodelaciones que se llevaron a cabo en la casa que Adorni compró en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz. Según dijo ante la Justicia, el ex vocero pagó USD 245 mil en efectivo por las refacciones que se llevaron a cabo.

La cifra se suma a los más de USD 100.000 que gastó en un año junto a su esposa, Bettina Angeletti, y las deudas por 335.000 dólares que debe pagar, en su mayoría, antes de noviembre, todo incluido solamente en el segmento de propiedades.

El testigo se presentó antes de las 11 en los tribunales federales de Comodoro Py, con documentación de relevancia para la causa por presunto enriquecimiento ilícito. También aportó su celular, para permitir que se haga una copia de su conversación con el jefe de Gabinete. Dejó el dispositivo porque borró mensajes, por lo que lo peritarán para recuperar la información.

“Adorni me contactó por WhatsApp, por recomendaciones del barrio”, recordó Tabar en diálogo con Infobae al salir de la fiscalía, unas tres horas después de su arribo. Confirmó además que el entonces vocero fue quien le pagó por sus servicios, siempre en efectivo y en negro, sin recibos.

Ya con la obra comenzada, entregó 30.000 dólares en abril, 100.000 en mayo, 30.000 en junio, 50.000 en julio y quedó debiendo 20.929 para cuando terminaron las refacciones. Según el testigo, Adorni se puso al día poco después, siempre con la misma modalidad de pago.

El contratista, socio del grupo Alta Arquitectura, ubicó el período de trabajo entre octubre de 2024 y julio de 2025, y aclaró que no solo se dedicó a las refacciones de obra, sino también a la renovación de otros aspectos del hogar, como los muebles.

En la casa, de unos 400 m², se remodelaron los siguientes espacios: entrada, garaje, galería, escaleras, pintura interior, enduido y reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini, reforma de parrilla, remodelación de la pileta con cascada, trabajos de cocina —especialmente mesadas, isla y desayunador—, ajustes de iluminación y otras mejoras generales.

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La UBA alertó que los hospitales universitarios podrían dejar de funcionar por falta de financiamiento

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La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a reclamar por la aplicación de la ley de financiamiento que se aprobó el año pasado y alertó que los hospitales universitarios podrían dejar de funcionar.

Ante este escenario, este martes a las 8.30 de la mañana los directores de la red de hospitales universitarios realizarán una conferencia de prensa frente al Hospital de Clínicas.
En ese sentido, señalaron que las instituciones que podrían ver afectado el funcionamiento son: el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria.
De acuerdo a lo que sostienen los universitarios, el Presupuesto 2026 contempla una partida de 80.000 millones de pesos bajo la planilla “Hospitales”. No obstante, la gestión de Javier Milei no ha transferido los fondos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril, lo que representa una deuda acumulada de aproximadamente 20.000 millones de pesos. Estos recursos deberían haberse ejecutado para cubrir insumos, mantenimiento y servicios básicos esenciales para la atención sanitaria.
La situación de los hospitales universitarios de la UBA es crítica: se atienden más de 700 mil personas por año en sus seis centros, lo que da cuenta del alcance y la importancia de su funcionamiento regular. El bloqueo en la transferencia de fondos impacta de manera directa en la provisión de servicios, la continuidad laboral de profesionales y trabajadores, y la posibilidad de sostener la atención a la comunidad.
La parálisis en la llegada de fondos refuerza la tensión instalada en el sistema universitario tras la sanción y puesta en vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta norma fue aprobada en 2025 por una amplia mayoría en el Congreso y ratificada posteriormente por la Justicia, luego de impugnaciones presentadas por el Ejecutivo nacional. A pesar de las garantías legales, los recursos no llegan a destino.
El reclamo de la UBA adquiere especial gravedad porque, según sindicatos docentes y no docentes, el Gobierno estaría incurriendo en una doble falta: el incumplimiento de la ley específica y la desatención de la Ley de Presupuesto vigente. De acuerdo con estos sectores, la situación compromete no solo el funcionamiento de los hospitales, sino también el derecho a la salud y a la educación pública.

Por su parte, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humanointimó a los rectores de las universidades a garantizar el dictado de clases y adoptar medidas en medio de la semana de paro docente que llevan adelante los profesores universitarios. En un comunicado, la cartera dirigida por Sandra Pettovello, mediante la Subsecretaría de Políticas Universitarias, solicitó a las autoridades universitarias que informen las acciones tomadas para asegurar el derecho de los estudiantes a la educación, considerando que los paros impulsados por los gremios llegan a extenderse durante varias semanas.

En el documento oficial, se advirtió: “Se observa con extrema preocupación la suspensión total de la actividad académica que se registra en universidades a lo largo del país. Por ello, se ha requerido a los rectores que informen un plan de contingencia, una garantía de acceso que incluya a los docentes que no adhieran a las medidas de fuerza y modalidades alternativas que permitan que los estudiantes recuperen el dictado de clases perdido, como herramientas virtuales o reprogramaciones, para que el alumno no pierda la regularidad ni mesas de examen”.

El reclamo sobre el financiamiento se da nuevamente en vísperas de la próxima marcha federal universitaria convocada para el 12 de mayo. La movilización fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), y se espera una amplia concurrencia en la Ciudad de Buenos Aires y otras ciudades del interior.

Uno de los ejes centrales de la protesta es la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, cuya vigencia fue ratificada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal a fines de marzo. Tras un fallo favorable a las universidades en diciembre, la Justicia volvió a exigir al Gobierno nacional el “cumplimiento inmediato” de los artículos referidos a la recomposición salarial y a las becas estudiantiles. En respuesta, el 17 de abril la Procuración del Tesoro de la Nación presentó un recurso extraordinario para suspender ambos artículos.

Al respecto, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, remarcó: “Celebramos que por primera vez el Ministerio de ‘Capital Humano’ reconozca que en la Argentina no se está garantizando el derecho a la educación. Ese reconocimiento expone una realidad aún más compleja: hoy están en riesgo derechos constitucionales fundamentales”.

El vicerrector añadió que esta situación ocurre porque “el Gobierno nacional no solo carece de un plan educativo claro y consistente, sino que además desfinancia y desarticula el sistema, llevando adelante una política educativa ilegal al incumplir la Ley de Financiamiento Universitario sancionada hace seis meses, aprobada por más de dos tercios de ambas cámaras y ratificada en dos instancias por la Justicia. La garantía del derecho a enseñar y aprender requiere, como condición indispensable, el financiamiento por parte del Estado nacional, tal como lo establece la normativa vigente”.

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Bahía Blanca será sede de una jornada de debate sobre la reforma política bonaerense

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Este lunes se dio a conocer que Bahía Blanca será sede de una jornada de debate sobre la reforma política bonaerense.

La misma se desarrollará el martes 5 de mayo desde las 17 horas en la Universidad Nacional del Sur.

Según se informó, se tratará de una jornada de análisis y debate sobre posibles modificaciones en el sistema electoral de la Provincia de Buenos Aires.

El encuentro, titulado “Ideas para una reforma política en la Provincia”, es organizado por el bloque de diputados provinciales de la UCR+Cambio Federal y tiene como objetivo generar un espacio de intercambio en torno a la calidad institucional y el funcionamiento del sistema democrático.

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