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Arrancan las privatizaciones de la Ley Bases: el Gobierno ultima los detalles para vender sus acciones de AySA

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El Gobierno presidido por Javier Milei tiene la intención de que a lo largo de este año se concrete el proceso de privatización de algunas empresas públicas, en particular aquellas que ya tienen la habilitación legal para pasar por este procedimiento, como las comprendidas en la Ley Bases.
Hay una de ellas que tendrá novedades muy pronto. Una altísima fuente del Poder Ejecutivo indicó a Infobae que en el cortísimo plazo se iniciará la compulsa formal para que los privados puedan competir por el paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos, más conocido como AySA, que tiene como presidente al ingeniero Alejo Maxit.
“Está muy cerca de lanzarse el pliego de la privatización”, afirmaron en Presidencia. Aunque no hay una fecha estimada, aseguran que para las próximas semanas será publicado en el Boletín Oficial. Aunque dicen que es seguro que estará antes de fin del primer trimestre, un funcionario marcó que podría llegar a salir en febrero.
Estos mismos plazos son los que se manejan al respecto de Belgrano Cargas y Logística, otra de las compañías que también fueron sujetas a privatización bajo la denominada Ley Bases. En esa legislación también fueron incluidas Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Nucleoeléctrica, Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
El último movimiento oficial del Gobierno sobre la privatización de Aysa se concretó en julio del año pasado con la publicación del Decreto 494/2025. Esta normativa habilitó la venta de la totalidad de las acciones en manos del Estado Nacional, que actualmente posee el 90% del capital social. En tanto, al igual que hoy, el 10% queda dentro de lo que es el programa de propiedad participada que le pertenece a los trabajadores de la compañía.
“Esta licitación sería para la venta del paquete mayoritario a un operador estratégico, es decir, quien tomaría las principales decisiones operativas. Y el remanente, iría a los mercados”, explicaron voceros oficiales a Infobae.

La venta debe ser, como mínimo, del 51% de las acciones para que alguien tenga la responsabilidad como agente mayoritario. El 90% funciona como un máximo posible. Todo lo que no se adquiera en el medio, será puesto a disponibilidad para que se pueda adquirir en el mercado mediante un esquema de free float.

Las autoridades de cerciorarse de que se cumplan las condiciones son el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), la cual preside actualmente el abogado Diego Chaher. Estas áreas se encuentran haciendo las últimas evaluaciones legales junto al equipo de María Ibarzábal, la responsable de la Secretaría de Legal y Técnica que depende de la Presidencia de la Nación.

Para aplicar no hará falta que sean compañías específicas del sector de distribución y saneamiento de aguas. Podrán participar compañías que tengan experiencia acreditada en el ámbito de los servicios públicos en general. Una de las empresas que sonó como interesada en el último año y medio es SABESP, que es la sigla de Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo; la cual tiene una base aproximada de 27 millones de clientes.
Las entidades que controlarán el buen desempeño de la futura compañía será el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA). La primera lo hará en el ámbito del control tarifario, la calidad del servicio y la atención de reclamos; mientras que la segunda se encargará de la planificación estratégica, las inversiones y los planes de expansión.

Para disponerla para la privatización, el Gobierno había aprobado un Plan de Acción de Transición para el período 2024-2026 a los fines de dejar la compañía en condiciones para la futura gestión privada y, a partir de eso, mejorar las posibilidades de que haya ofertas. Las inversiones contempladas por parte del Estado para ese período son de un total de $ 753.900 millones. Como parte de este proceso también se habilitó un aumento tarifario mayor que el que se hizo en bajo la administración anterior.

El Monitor de Transferencias de la Administración Nacional a Empresas Públicas que realiza la Oficina de Presupuesto del Congreso informó que desde abril a noviembre hubo transferencias de montos de capital (es decir, para la mejora de la infraestructura) de un total de $ 36.600 millones. La variación de transferencias en términos interanuales fue de -91%, debido a que el grueso de los primeros envíos de fondos superaron marcadamente a las que se hicieron en el 2025.

Otro de los pasos previos hechos por el Gobierno para adecuar las condiciones de la privatización fue la publicación del Decreto 805/2025 firmado por Javier Milei y todos sus ministros. Este puso en vigencia un nuevo marco regulatorio para AySA y, entre sus modificaciones legales, habilita a la futura compañía a realizar cortes de suministro por falta de pago.

AySA presta servicio para más de 11 millones de personas. Su alcance territorial y su competencia incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Escobar, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

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Manuel Adorni se quedó sin apoyo y presionan para que renuncie si Milei no lo echa

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Manuel Adorni

Se cumplen 14 semanas desde que la esposa de Manuel AdorniBettina Angeletti, fue fotografiada junto a la comitiva oficial en los Estados Unidos. Desde entonces, la vida del jefe de gabinete entró en una pesadilla (consecuencia de sus actos) y el Gobierno en una crisis que parece no tener piso. A esta altura, salvo el presidente Javier Milei y su hermana Karina, el resto de los que están en el Gobierno cree que debe renunciar. Y aunque Milei insista en que todo se trata de operaciones, las idas y vueltas de su funcionario no convencen a nadie.

Pero algo cambió desde que Adorni presentó su declaración jurada y dio la entrevista para dar una increíble explicación de cómo consiguió la fortuna que ahora tiene. La novedad es que, en primer lugar, ya ninguno de sus compañeros de ruta sale a bancarlo. Lo segundo es que los bloques que son aliados dieron la señal de hartazgo y de que -ahora sí- le soltaron la mano. Los mensajes fueron contundentes el viernes (comunicado del PRO y de la UCR) y habrá, según pudo saber Infobae, una estrategia de arrinconamiento para que no haya más salida que la renuncia. El terreno será el parlamentario, más allá de lo que pueda decidir el juez de la causa, Ariel Lijo, ahora en Francia junto al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques en un viaje oficial. El momento elegido generó todo tipo de suspicacias, aunque alguien que trata con el juez hace más de dos décadas se despachó ante Infobae: “Creer que porque Lijo viaja con el ministro eso significa que ya hay un acuerdo es no entender cómo trabaja Comodoro Py“, sentenció.

Vayamos, entonces, al Senado. El miércoles habrá reunión de jefes de bloque para acordar si hay o no sesión este jueves. En caso de abrir el recinto, la oposición buscará aprobar la moción de censura contra el jefe de Gabinete. Se necesitan dos tercios. Son 48 senadores. Habría cerca de 45 confirmados. Un senador dialoguista explicó que la situación cambió con el correr de las semanas: “Este tema rompió la grieta. Nadie cree en una versión insostenible. La sociedad sabe que cometió el delito. Hasta ustedes, los periodistas, piensan todos igual. En el Gobierno todos te dicen que se tiene que ir, pero Milei no lo echa. Entonces lo que tenemos que hacer es presionar para que el propio funcionario entienda que ya no tiene margen. Se tiene que ir de una buena vez para no seguir trabando todo“, resumió.

Dentro de la Unión Cívica Radical (UCR) ya el tema no pasa por saber quién presiona. “Es cierto que la moción de censura la plantea el peronismo. Eso no agrada, pero es un tema que no da para más”, dijo uno de ellos a este medio tras la reunión de bloque que mantuvieron vía zoom este lunes. Hoy volverán a reunirse para buscar una alternativa que le dé un cierre al asunto. “El gobierno debió ya tomar una decisión. No tenemos intención de quedarnos con ese tema”, agregó. “Vos podés zafar de la punición del delito. Pero eso no significa que no hayas cometido el delito”. En la Cámara de Diputados, el pedido de sesión especial para tratar los pedidos de moción de censura será el 23 de junio. El PRO espera que el Gobierno tome antes una decisión.

Las voces de apoyo se apagaron. Un ejemplo lo dio el youtuber mileísta, Mariano Pérez. Siempre contundente a la hora de defender todo lo que haga Milei y su Gobierno, esta vez reconoció que la nueva versión de Adorni sobre su fortuna no lo convenció: “No termina de convencer la explicación. Hace 3 meses que está el Gobierno parado y que las buenas noticias están siendo tapadas por esta situación. Algo se tiene que hacer. No sé para qué dio esa entrevista si la explicación era tan vaga. Eso de ‘puse 200 mil y gané esto, gané lo otro’, no me termina de cerrar. Tampoco vi una manifestación tan fuerte del Presidente como la otra vez“, disparó.

Mientras todas las miradas apuntan a Manuel Adorni, el Presidente busca demostrar que la situación económica ya está en una nueva etapa. Ayer la baja del riesgo país se profundizó. Descendió a 425 puntos (no sucedía hace más de 8 años) y las estimaciones privadas consideran que la inflación podría comenzar de nuevo con el 1 adelante.

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El Gobierno no quiere que el caso Adorni condicione la reforma electoral y acelera contactos con las provincias

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Con intención de evitar el impacto de la polémica abierta por la situación judicial que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, la Casa Rosada activa nuevos contactos con gobernadores para intentar sancionar la reforma electoral en la previa a las elecciones presidenciales de 2027.

En la tarea está involucrado el ministro del Interior, Diego Santilli, que este martes volverá a recibir a mandatarios provinciales para intentar sumar apoyos para el proyecto que contempla la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), la reconfiguración del sistema de financiamiento de los partidos y la inclusión de Ficha Limpia.

En línea con las reuniones que viene manteniendo, el primer día hábil de esta semana Santilli recibirá a Leandro Zdero (Chaco) a las 10; Marcelo Orrego (San Juan) a las 12; y, por último, a las 16, a Gustavo Melella (Tierra del Fuego). En Casa Rosada anticipan el potencial acompañamiento de los dos primeros, de buen vínculo con el Poder Ejecutivo, aunque no creen que el mandatario fueguino se pliegue a colaborar.

“Las PASO le cuestan a los argentinos hasta 250 millones de dólares, eso es algo que nos cuesta mucho a los argentinos”, definió Santilli, quien supo ganarse la confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En Chaco, el bloque que responde a Zdero presentó una iniciativa en la Legislatura para suspender las PASO, y se mostró en sintonía. Por su parte, Orrego declaró que si bien llegó al poder a través de una primaria, sostuvo que “los tiempos cambian” y que esa herramienta ya no sería útil.

No obstante, Melella integra el grupo de gobernadores con menor contacto con el oficialismo junto a Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa). Pese a la distancia política, fue convocado por el funcionario encargado de tender puentes con las provincias para impulsar la reforma electoral, aun cuando el mandatario provincial cuenta con una representación legislativa menor.

Más allá de la convocatoria formal, el temario incluirá otros ítems legislativos entre los que figura la intención de la oposición de avanzar con la moción de censura para remover a Manuel Adorni. Como contó este medio, los primeros sondeos están a cargo de Santilli, la senadora Patricia Bullrich, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, por lo que se espera que el tema sea abordado con los gobernadores.

En Balcarce 50, se esperanzan con la posibilidad de desarticular los intentos del Partido Justicialista y de otros espacios opositores de habilitar el tratamiento de las mociones que buscan interpelar al funcionario que se encuentra desde hace tres meses en el ojo de la tormenta. “Tenemos los votos para evitar que prospere. Además, el proceso es muy enroscado“, sostuvo un integrante de la mesa política.

Sin embargo, algunos sectores aliados a La Libertad Avanza, como el PRO y la UCR, no descartan habilitar el tratamiento de la interpelación en caso de que la Cámara alta avance con la sesión. “Es factible que se vote el emplazamiento de las comisiones para la interpelación“, revelaron desde una de las bancadas.

En paralelo, no se descarta que el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, participe de algunos de los encuentros que Santilli mantiene con gobernadores, en el marco de las negociaciones para sellar nuevos acuerdos electorales rumbo a 2027.

Hasta el momento, con la mente en la reforma electoral, Santilli recibió en sus despachos de Casa Rosada a Raúl Jalil (Catamarca); a Alberto Weretilneck (Río Negro); a Rolando Figueroa (Neuquén); a Gustavo Sáenz (Salta); a Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y a Osvaldo Jaldo (Tucumán). Si bien varios mandatarios expresaron públicamente su respaldo a la eliminación de las PASO, hay quienes se mantienen firmes en la negativa.

La ecuación es clara: la postura máxima del Poder Ejecutivo es concretar la eliminación de las primarias, una iniciativa que el oficialismo impulsó -sin éxito- hace meses, pero existe un plan B que el oficialismo podría activar ante un eventual escenario complejo. De no alcanzar los respaldos necesarios, la mesa política no ve con malos ojos habilitar nuevamente la suspensión de las primarias, como ocurrió en las legislativas de 2025, o avanzar en la quita de la obligatoriedad de las mismas.

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El PJ Federal le hizo un guiño al campo y vuelve a poner en debate el programa económico del peronismo

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El PJ Federal, que se presentó el 1 de mayo en Parque Norte e impulsó un debate sobre el plan económico que debe tener el peronismo si vuelve a ser gobierno, sumó un segundo acto para consolidar la propuesta y dar cuenta, hacia el interior del país, que el espacio, sin candidato nacional, tiene los brazos abiertos para recibir propuestas y nombres propios.

En Concepción del Uruguay, Entre Ríos, el esquema que lideran Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Federico Achával, le hizo un guiño al campo, al ponerlo en el vértice de las prioridades que debe tener la actualización del programa económico del peronismo. Un sector que ha vivido momentos de mucha tensión con el PJ durante los gobiernos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

“Debemos aprender de los errores del pasado. Las restricciones sobre el trigo y la carne no bajaron el precio al consumidor y dañaron a dos producciones centrales de la economía nacional”, indicaron los federales en el documento emitido este lunes, bajo el título “Programa Federal por la Competitividad Agropecuaria”, en el cierre del acto central. Fue, claro está, un mensaje sobre las decisiones del pasado que tuvieron el sello K.

El peronismo federal quiere cerrar la grieta que existe con el campo desde el 2008 a esta parte. Con altibajos, pero con tensiones sistemáticas, el PJ ha tenido una relación marcada por las descalificaciones y los reproches con el sector agropecuario. Entre las heridas que este espacio considera que hay que suturar está el vínculo con los productores y sus representantes institucionales y políticos, que tiempo atrás confluyeron en lo que fue llamada la Mesa de Enlace.

La idea que manifiestan tiene que ver con “dejar atrás las miradas que conciben al sector agroindustrial únicamente como una fuente de recursos para resolver desequilibrios coyunturales” y “plantear la necesidad de consolidarlo como un motor estratégico del desarrollo nacional”, según expresó uno de los dirigentes presentes a este medio.

“La Argentina necesita dejar de pensar a la agroindustria como una fuente extraordinaria de recursos para cubrir desequilibrios coyunturales y empezar a verla como una palanca estratégica para el desarrollo nacional. El equilibrio fiscal se alcanzará potenciando su crecimiento”, explicaron los federales, dándole mayor volumen al debate de la fuerza política respecto al plan económico que debe tener el justicialismo si logra volver al poder.

En el documento final, enumeraron ocho propuestas para mejorar las condiciones del sector agropecuario. Se refirieron a una reforma integral impositiva; una nueva ley de semillas; la modificación en la ley de riego; una modernización de rutas, puertos, caminos rurales y ferrocarriles para tener una mejor logística de conectividad; darle mayor impulso a las economías regionales; el fortalecimiento de organismos técnicos; incentivos y financiación para renovar la maquinaria agrícola; y mayor capacitación y formalidad en el trabajo rural.

“La política para el sector agropecuario y agroindustrial debe estar firmemente orientada a generar mayor producción de todas y cada una de las cadenas productivas, de la soja al girasol, de las peras al limón, de las nueces a las almendras, de la carne bovina a la aviar, de las semillas de última generación a la producción orgánica”, expresaron los dirigentes en el documento.

Al igual que en el encuentro en Parque Norte, uno de los presentes más destacados fue el co-secretario general de la CGT, Christian Jerónimo. También acompañaron el diputado mendocino Emir Félix; el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso; el legislador puntano Ernesto “Pipi” Alí; el diputado nacional y ex gobernador entrerriano Gustavo Bordet; los legisladores santafesinos Roberto Mirabella y Marcelo Lewandowski; la diputada porteña Kely Olmos y el diputado jujeño Guillermo Snopek.

En la lista aparecen también el senador nacional por San Luis Fernando Salino; la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera; el secretario de Integración Territorial del Gobierno de Córdoba, Nadir Nifuri, que fue enviado por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; el diputado misionero Alberto Arrúa, la legisladora correntina Celeste Ascúa y varios dirigentes de Chaco como Josefina Gonzalez, Javier Martínez, Marcela Duarte y Judith Gómez.

En el grupo que estuvo arriba del escenario hubo también varios intendentes y legisladores del peronismo entrerriano como Isa Castagnino, Gustavo Bastian, Adriana Meza Torres, Adrián Fuertes, Rosario Romero, Lorena Arrozogaray, Martín Oliva, Adán Bahl, Marianela Marclay, José Lauritto, Juan José Bahillo, Enrique Cresto, Ricardo Bravo

En el PJ federal consideran que con la propuesta de debate que hicieron en Parque Norte, un mes y medio atrás, abrieron una discusión que no estaba instalada en el peronismo. La principal tiene que ver con la importancia del equilibrio fiscal en el plan económico. El kirchnerismo dio su mirada pública y puso sobre la mesa otra postura. Lo más importante de ese movimiento fue desempolvar los prejuicios y las miradas ideologizadas para empezar a discutirlas con tiempo y de cara a la gente.

Durante su discurso, Tolosa Paz consideró que “las decisiones del peronismo que viene se deben tomar en función de representar y reflejar a la Argentina federal” y remarcó que el espacio que representa tiene la voluntad de profundizar el debate sobre “los principios de orden económico, equilibrio fiscal y equilibrio social con la gente adentro”. En ese sentido, agregó: “No hay economía que funcione con la gente pasándola mal”.

A su turno, Juan Manuel Olmos aseguró: “Nosotros pensamos una Argentina productiva, donde el trabajo sea el eje central de la organización económica y de la vida de los argentinos”. En su presentación, hizo una referencia a la ex presidenta de la Nación y su condena. “Creen que con una condena injusta contra Cristina van a silenciar al peronismo, pero nuestra historia demuestra que vamos a levantarnos y volver a ser gobierno en la Argentina en 2027″, sentenció.

La aparición de Cristina Kirchner en un par de discursos fue uno de los cambios que hubo en los mensajes de la jornada. En Parque Norte nadie la había nombrado. Parece ser una señal de cercanía, lo que no implica poner su causa política y penal en el principal lugar de la agenda política.

Por su parte, Guillermo Michel dio un mensaje de futuro electoral. “Lo que está en juego en esta elección no es únicamente un programa económico, sino el modelo social que queremos para nuestro país”, afirmó. Además, planteó que el desafío de la fuerza política en su conjunto es construir una alternativa amplia y convocante: “Tenemos que trabajar pensando cómo ampliar el peronismo y representar a la mayoría de los argentinos. El futuro de este país le pertenece al peronismo”.

Uno de los discursos más potentes del acto fue el del mendocino Emir Félix. “No podemos caer en la trampa de quedar presos de las internas y los candidatos. Tenemos que abrazar a todos. Los peronistas tenemos que estar cerca, entender lo que sucede y tener propuestas claras, para construir un andamio que pueda elevar a nuestros candidatos”, precisó.

Además, autocrítica mediante, consideró: “Tenemos que readaptar las ideas a la nueva realidad de la Argentina. Tenemos que recalcular lo que hemos venido planteando. No podemos ir hacia un 2027 con una foto vieja de lo que sucedió anteriormente en la Argentina. Hay una realidad nueva. Hay que entender cuál es la realidad en cada rincón e interpretarla”

El PJ Federal propuso, en primera instancia, debatir sobre la importancia del equilibrio fiscal en un eventual gobierno peronista. Ayer sumó a esa agenda de debate el vínculo político y productivo con el campo, y las reformas que deberían realizarse para que el sector tenga una mejora en sus condiciones productivas y de conectividad. Temas centrales de un programa económico que debe ser debatido hacia el interior del peronismo. Porque, en el fondo, la intención principal es construir una alianza en unidad con todos las ramas internas, para poder ser competitivos en el 2027.

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