La Ley de Modernización Laboral recuperó plena vigencia este jueves luego de que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12 dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido 81 artículos de la norma N° 27.802, en una resolución firmada por la jueza federal Macarena Marra Giménez. El fallo representa el tercer episodio judicial en menos de dos meses que ratifica la aplicación de la reforma, tras la intervención de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y el rechazo de la Corte Suprema de Justicia al per saltum presentado por el Gobierno.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró el fallo desde Casa Rosada: “Una gran noticia para los trabajadores y para los que generan trabajo en el país. La justicia acaba de dejar sin efecto la cautelar interpuesta por la CGT, que suspendía la Ley de Modernización Laboral. De esta manera, la ley votada en el Congreso de la Nación finalmente va a entrar en vigencia“, afirmó.

El litigio se inició cuando la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Poder Ejecutivo Nacional, cuestionando una parte sustancial de la Ley N°27.802, publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026. La central obrera argumentó que los artículos impugnados vulneraban la protección del trabajo, la progresividad de los derechos sociales, la libertad sindical y el acceso a la Justicia, entre otras garantías constitucionales.

El 30 de marzo, el titular del Juzgado Nacional del Trabajo N°63, Raúl Horacio Ojeda, hizo lugar al planteo de la CGT y suspendió con alcance general 83 artículos de la norma. Entre los puntos afectados figuraban modificaciones al régimen de indemnizaciones, cambios en las condiciones de contratación, alteraciones en la jornada laboral y disposiciones vinculadas a la representación sindical.

El Estado Nacional apeló la decisión a través de la Procuración del Tesoro, que cuestionó la procedencia de la cautelar, la legitimación de la CGT y el alcance de la resolución. El recurso fue concedido inicialmente con efecto devolutivo —lo que mantenía la suspensión vigente durante la tramitación de la apelación—, pero el Gobierno se presentó en queja para que se modificara ese encuadre.

El 23 de abril, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, integrada por la jueza María Dora González y el juez Víctor Arturo Pesino, hizo lugar al planteo y otorgó efecto suspensivo al recurso del Estado. El tribunal se apoyó en el artículo 13, inciso 3, de la Ley N°26.854, que establece que cuando una cautelar suspende los efectos de una disposición legal, la apelación debe concederse con ese carácter, salvo excepciones vinculadas a la tutela de derechos especialmente protegidos. Los jueces consideraron que esas excepciones no se verificaban en el caso. La consecuencia inmediata fue que los artículos suspendidos recuperaron vigencia mientras el tribunal analizaba el fondo de la apelación.

En paralelo, el 16 de abril la Procuración del Tesoro había presentado un recurso de per saltum ante la Corte Suprema, en representación de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano. El pedido buscaba que el máximo tribunal revisara directamente el fallo del Juzgado N°63, revocara la cautelar y suspendiera sus efectos hasta una resolución definitiva. También solicitaba que la Corte declarara que la sentencia había sido dictada por un juez incompetente y que no existía legitimación activa colectiva de la CGT.

El miércoles, con las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, la Corte rechazó el recurso al entender que no se verificaban los requisitos del artículo 257 del Código Procesal Civil, que exige acreditar una notoria gravedad institucional para omitir instancias intermedias. Fuentes judiciales señalaron que el pedido resultaba “inoficioso”, dado que la reforma ya se encontraba vigente tras la decisión de la Cámara del Trabajo.

Con ese antecedente, el expediente llegó al Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12 luego de que la Sala IV de la Cámara resolviera con carácter definitivo el 28 de abril el conflicto de competencia entre el fuero laboral y el contencioso administrativo, dándole la razón al Estado, que había promovido una inhibitoria contra el Juzgado N°63.

La jueza Marra Giménez determinó que la cautelar original no reunía los requisitos legales exigibles para su procedencia. Subrayó que suspender 81 artículos de una ley sancionada por el Congreso Nacional excedía “el estrecho ámbito de apreciación del remedio preliminar” y que hacerlo constituiría “un claro abuso del instituto cautelar”. Citó jurisprudencia de la Corte Suprema que establece que las leyes gozan de una presunción de legitimidad que obliga a una “severa apreciación” de los requisitos para admitir medidas de este tipo frente a actos de los poderes públicos.

La magistrada también señaló que el planteo requería un examen profundo sobre cuestiones que, por su complejidad jurídica —desde la libertad sindical hasta los regímenes de extinción del contrato de trabajo—, no podían resolverse en el marco preliminar de una cautelar. Otro argumento fue la brevedad de los plazos del proceso sumarísimo, que evidenciaba la falta de configuración del “peligro en la demora”, dado que la sentencia definitiva se encuentra próxima y la demanda ya fue contestada.

La resolución aclaró que la decisión no implica adelantar opinión sobre la legitimación activa de la CGT ni sobre el fondo del asunto, cuestiones que deberán resolverse en la sentencia definitiva. Además, ordenó al Juzgado Nacional del Trabajo N°63 la remisión de la totalidad de las causas vinculadas al expediente, en virtud de su inscripción como proceso colectivo.

“En los últimos días, la Cámara Nacional de Apelaciones Contencioso Administrativo Federal había resuelto de manera definitiva la disputa generada sobre la competencia, a pesar de los intentos del juez Raúl Ojeda, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, por entorpecer el proceso arbitrariamente. A última hora del día de hoy, el Juez Ojeda finalmente acató la decisión y remitió las 20 causas que mantenía retenidas en su juzgado sobre esta cuestión”, indicó un comunicado oficial de la Procuración del Tesoro.

El mismo texto, concluyó: “Estas decisiones adoptadas por la Justicia llegan para ratificar la vigencia de la reforma laboral, brindando seguridad jurídica sobre una ley que atravesó el debido proceso de debate, sanción y promulgación, y que tiene por objetivo terminar con un sistema arcaico, de más de 50 años, que fracasó y dejó a millones de argentinos en la informalidad”.

El Gobierno mantiene la expectativa de lograr que los trazos gruesos de la reforma política pasen por el Congreso de la Nación. No todo el articulado que envió la Casa Rosada al Senado superará la prueba, por lo que es fundamental en estas horas la negociación con los gobernadores.

“Nosotros quisiéramos que no haya PASO”, expresó Patricia Bullrich, presidenta de la bancada oficialista, durante una entrevista en A24. Sin embargo, indicó que también existen alternativas para escapar por arriba del laberinto: “Estamos buscando una diagonal”, confesó.

La iniciativa del Poder Ejecutivo ingresó por el Senado. En esta cámara, que representa a las provincias y donde existe igualdad entre todas, los gobernadores tienen mucho peso.

El proceso de decantación de los mandatarios provinciales con respecto a la iniciativa de cancelar en forma definitiva las primarias es lento. Hasta el día de hoy, hay dos grupos bien definidos: los que acompañan la idea de Javier Milei y los que no.

En el medio, hay una escala de grises que abarca desde propuestas propias y matizadas hasta la indefinición. En un escenario de vacas flacas, caída de la recaudación y ajuste fiscal, los gobernadores aprovechan cada oportunidad para negociar recursos y obras públicas.

Luz verde: los que sí

La lista de los que se han alineado con los intereses de la Casa Rosada es, de manera relativa, corta pero transversal.

En esta columna se ubica el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego. El sanjuanino es de una fuerza provincial que estuvo en la constelación de lo que fue Juntos por el Cambio. En las últimas horas, tras un encuentro con Diego Santilli en medio de una cumbre minera, levantó el pulgar. “Si bien yo soy un producto de las PASO, estoy de acuerdo en que los tiempos cambian”, consignó.

“Debemos cambiar para ser un Estado más eficiente. No se puede tener gastos innecesarios. Avanzar sobre una Ley de Boleta Única es fundamental para los tiempos que vienen, tanto a nivel provincial como nacional”, sostuvo.

En la cartera que conduce Santilli también alinean en esta columna al entrerriano Rogelio Frigerio, aunque sus declaraciones fueron más ambiguas.

El gobernador de Entre Ríos también se encontró con el ministro de Interior en estos días. Luego de la reunión, destacó “la importancia de avanzar en una discusión sobre las modificaciones del sistema electoral, con el objetivo de reducir costos y aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias”.

Al regresar a su provincia fue un poco más explícito. Apuntando a lo que cuestan las PASO, postuló: “El objetivo es reducir costos y aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias”.

En las últimas horas, hubo otra provincia que se sumó a la lista del sí. Se trata de Misiones. En la tierra colorada, el poder político no está en manos del gobernador Hugo Passalacqua. Quien maneja los hilos tras bambalinas es Carlos Rovira. En los papeles, es diputado provincial, pero es el que decide el rumbo.

El jueves por la tarde, en un cónclave de Encuentro Misionero (el nuevo nombre de lo que fue el Frente Renovador de la Concordia), Rovira confirmó que la representación de su fuerza en el Congreso acompañará la eliminación de las PASO impulsada por el Gobierno nacional. El dirigente consideró que “no se decide nada” en esas instancias y que las internas partidarias deben resolverse dentro de cada fuerza política.

Por otro lado, el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, envió hace unas semanas a la Legislatura provincial un proyecto para eliminar este mecanismo de los comicios locales. Lo hizo en conjunto con La Libertad Avanza, fuerza con la que mantiene un frente electoral y político desde 2025. Esta es una señal de que podría acompañar el proyecto de la Casa Rosada en el Congreso.

Desde Corrientes llegó un “ni” a la iniciativa oficial. En rigor, el senador nacional Eduardo “Peteco” Vischi llevó una idea propia. El legislador, presidente del bloque de la UCR, quiere cambiar, no cancelar, el mecanismo de primarias. En concreto, la intención es que dejen de ser obligatorias y que se elimine el financiamiento estatal.

Amarillo: el pasado cercano

Otros gobernadores mantienen posiciones históricas en contra de las PASO. Se trata del cordobés Martín Llaryora; del de San Luis, Claudio Poggi; y del fueguino Gustavo Melella. Ninguno de los tres se ha pronunciado hasta el momento sobre el texto enviado por el Ejecutivo al Congreso.

En un posteo en X de hace poco más de un año, el gobernador de Córdoba definió: “Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias en Argentina han perdido su razón de ser”.

“En lugar de funcionar como una instancia de competencia interna entre candidatos de un mismo partido, se han convertido en una elección general anticipada, distorsionando su propósito original”, agregó.

Por la misma vía, el puntano Poggi sostuvo: “Comparto la derogación de las PASO nacional”.

Casi en simultáneo, el mandatario de Tierra del Fuego dijo, durante una rueda de prensa en enero de 2025 en su provincia, que si bien las PASO “son una instancia política que estuvo bien pensada en su momento”, hoy por hoy “no tienen mucho sentido”. “Estoy a favor de la eliminación. Es verdad que pueden resolver otras cuestiones, pero creo que es oportuno eliminarlas”, agregó.

Por otro lado, el salteño Gustavo Sáenz impulsó y logró la cancelación de las primarias en su provincia. Es una decisión política que podría anticipar su postura en el tratamiento legislativo nacional.

Rojo: los que no

El entramado de mandatarios peronistas no está a favor de la eliminación de las primarias. La misma posición se encuentra en el otro extremo del arco político: el PRO también tiene una opinión desfavorable a la cancelación del mecanismo. En esa misma tesitura se encuentra el radical santafesino Maximiliano Pullaro.

Dentro del conjunto de gobernadores del PJ que sostendrán el “No” están el bonaerense Axel Kicillof, Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Elías Suárez (Santiago del Estero), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). La postura es una cuestión de necesidad: tras el fracaso de Unión por la Patria, al panperonismo le urge una interna con reglas claras para dirimir su conducción y su proyecto político.

“El gobierno nacional está intentando hacerse un traje a medida en materia electoral. Mandó no solo la eliminación de las PASO, sino un conjunto de medidas. Entendemos que eliminarlas es en perjuicio de todos los partidos políticos, pero fundamentalmente de los ciudadanos, porque votan y quieren participar”, sostuvo Jaldo.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también está en contra de cancelar las primarias. Esa postura es la que prima en el PRO. En declaraciones recientes, cuestionó la visión economicista que lleva a “simplificar la discusión a cuánto cuesta”. Para él, por el contrario, se trata de ”una buena manera de dirimir de cara a la sociedad”.

“Si a todos los costos de la democracia los analizamos como un gasto puro, entonces podemos llegar a la conclusión de ‘ni votemos’“, añadió.

En esta misma línea se ubicó el santafesino Pullaro. “Mi opinión es que las PASO son una herramienta válida para que la sociedad elija a los candidatos. Si queremos generar una alternativa al Gobierno nacional y al kirchnerismo, está bueno que haya una herramienta para ordenar”, postuló a fines de marzo.

Intermitente: en silencio

El último grupo de gobernadores lo integran quienes no se han expresado sobre la reciente iniciativa del Ejecutivo nacional.

Uno de ellos es el mendocino Alfredo Cornejo. El referente radical ha tenido hasta ahora una posición favorable a las internas abiertas.

Por otro lado, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, también se ha mantenido al margen de la discusión. En su entorno consignaron que está esperando una instancia de negociación con el Ejecutivo. La alternativa es sostener la conducta partidaria (pertenece al PRO) o dejarla de lado en pos de beneficios para su territorio.

No se conocen tampoco las posiciones de Carlos Sadir (Jujuy – UCR), Rolando Figueroa (Neuquén – partido provincial), Alberto Weretilneck (Río Negro – partido provincial) y Claudio Vidal (Santa Cruz, partido provincial).

Ante una nueva edición del Hot Sale, que se desarrollará del lunes 11 al miercoles 13, desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) se difundieron una serie de recomendaciones destinadas a promover compras seguras y prevenir inconvenientes o estafas en operaciones realizadas por internet.

Desde el organismo señalaron que durante este tipo de eventos comerciales suele incrementarse el volumen de compras online, pero también las consultas vinculadas a incumplimientos, publicidad engañosa, problemas con entregas y fraudes digitales.

Entre las principales sugerencias, la OMIC recomendó verificar que las compras se realicen en sitios oficiales y seguros, corroborando que las páginas cuenten con protocolo “https” y evitando ingresar a enlaces enviados por mensajes, correos electrónicos o redes sociales.

Asimismo, aconsejaron comparar precios antes de concretar la compra, revisar costos de envío, plazos de entrega y condiciones de cambio o devolución. También es importante conservar comprobantes, capturas de pantalla y toda la documentación vinculada a la operación.

El director de la OMIC, Pablo Daguerre, sostuvo que “los consumidores tienen derecho de arrepentimiento en compras realizadas a distancia, pudiendo cancelar la operación dentro de los 10 días desde la recepción del producto.

Por otra parte, alertó sobre la proliferación de estafas virtuales mediante falsas promociones o páginas que imitan sitios oficiales para obtener datos personales y bancarios. En ese sentido, se recomendó no compartir claves, códigos de verificación ni información sensible.

Finalmente, el director de la OMIC, recordó que ante cualquier consulta, inconveniente o incumplimiento, los vecinos pueden acercarse al organismo para recibir asesoramiento y acompañamiento en la defensa de sus derechos como consumidores.