El Gobierno dejó trascender hace dos semanas que la eliminación de las elecciones primarias se había convertido en su principal prioridad y que estaban negociando con los gobernadores la implementación de listas colectoras (o adhesiones) para sumar apoyo legislativo. La propuesta no generó demasiado entusiasmo y hasta el momento ningún mandatario provincial respaldó la idea públicamente. Al contrario, incluso aliados cercanos y voces del oficialismo marcaron su disconformidad.

Según explicaron desde el oficialismo, las listas colectoras o adherentes permitirían que dos fuerzas políticas compitan en algunas categorías pero compartan candidatos en otras. En la práctica, aliados como el PRO, la UCR y las fuerzas provinciales podrían presentar listas propias para diputados y senadores nacionales pero todos llevarían a Javier Milei como candidato a presidente.

Así, los partidos aliados conservarán su identidad partidaria -sin necesidad de conformar una coalición propiamente dicha- y se ahorrarán el problema de encontrar una candidatura presidencial que compita con La Libertad Avanza. “El principal beneficio es que siguen siendo considerados aliados”, explicaron desde el bloque de diputados violeta.

El problema es que la oferta, por ahora, resulta insuficiente. Ningún gobernador salió a respaldar la implementación de las colectoras, incluso a pesar de que sí hubo mandatarios que se mostraron de acuerdo con la eliminación de las PASO, como el catamarqueño Raúl Jalil, el entrerriano Rogelio Frigerio, el correntino Juan Pablo Valdés y el chubutense Nacho Torres.

En cambio, el tucumano Osvaldo Jaldo se mostró categórico al rechazar la eliminación de las PASO, al igual que el jujeño Carlos Sadir, que calificó las primarias como “una buena herramienta”. El propio Nacho Torres, que no defiende las PASO, incluso arrojó un manto de duda sobre la propuesta libertaria. “Yo creo que las colectoras pueden llegar a beneficiar más a la oposición que al oficialismo. Por eso no termino de entender el criterio político”, dijo en una entrevista radial.

En la misma línea, la titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, declaró el miércoles pasado al salir de la reunión de Labor Parlamentaria que el sistema de colectoras “no le gusta” y que “deforman el sistema electoral”. Bullrich aclaró que defiende la eliminación de las PASO y el retorno a las internas partidarias pero una vez más le marcó la cancha a la Casa Rosada al explicitar que todavía están lejos de tener los 37 votos necesarios en la Cámara alta.

Por su parte, el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, reclamó una discusión más larga y profunda porque la implementación de colectoras podría tener efectos sobre la gobernabilidad por la cantidad de legisladores que responderán directamente al oficialismo. El partido que conduce Mauricio Macri insiste con su proyecto de PAS, primarias no obligatorias.

Todos los consultados por Infobae reconocieron que si bien existen conversaciones para implementar las colectoras, el oficialismo no mostró una propuesta concreta. De hecho, todavía no estaba claro cómo se implementarían en la práctica las colectoras en la Boleta Única de Papel y tampoco estaba definido cuántas listas colectoras se habilitarán para cada candidato presidencial.

Los libertarios aseguran que “todo está abierto a negociación” y aseguran que ya hay consenso respecto a otros puntos de la reforma política como el endurecimiento de los requisitos para sostener la personería jurídica de los partidos, la limitación de los aportes públicos para las campañas y el fortalecimiento de los mecanismos de control sobre los gastos partidarios.

También se entusiasman con la buena sintonía entre la Casa Rosada y varias provincias que quedó plasmada nuevamente en la foto que Milei se sacó con 13 gobernadores en Tucumán, en el marco de los festejos por el 9 de Julio. Son prácticamente los mismos mandatarios que estuvieron presentes en la jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete y celebraron su designación.

El Senado se encuentra en una instancia de freno y demora de varios proyectos enviados por el Ejecutivo en los últimos meses, algo impensado a inicios del corriente año. Mientras libertarios buscan respuestas a este tapón -ya sin la excusa del indefendible Manuel Adorni en el Gabinete-, la Casa Rosada ubicó un objetivo de máxima prioridad antes de enviar -a mediados de septiembre- el Presupuesto 2027 al Congreso: sancionar lo más rápido posible las modificaciones -recorte de subsidios y suba de tarifas- de la ley de zona fría.

La iniciativa ni siquiera está dictaminada -y la época para analizarla es la peor- por lo que, de mínima, no se tratará hasta que finalice el receso invernal de las últimas dos semanas de julio. Para tener una idea del panorama vigente en la Cámara alta: recién el jueves 16, siempre y cuando haya número -en duda-, el oficialismo intentará aprobar la ley de propiedad privada -expropiaciones, desalojos, venta de tierra a extranjeros y cambios en manejo del fuego- tras un despacho firmado en mayo pasado, que ya sumó la delirante cifra de 13 borradores extra. La versión original fue desplumada.

El primer indicio de la urgencia de Balcarce 50, tras la cautelar reactivada a favor de las universidades y los insistentes reclamos de gobernadores por dilaciones en giros millonarios de fondos -rutas importantes en estado terminal-, fue el eje central de la primera cumbre que mantuvieron representantes de bancadas dialoguistas del Senado con el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien apareció acompañado de los principales referentes del Ejecutivo en cuanto a energía.

Días atrás, la ley recibió un trompazo desde su propio espacio. El miércoles, tras la reunión de Labor Parlamentaria -donde se consensuó la potencial sesión del jueves 16-, la titular libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, aseguró que la iniciativa “sigue fría”. La porteña no se privó de nada, ya que también objetó parte de las variantes para la reforma electoral -colectoras- que empuja la administración central. Es decir, ya no se trata sólo de un pliego judicial -témpera republicana- o un ex funcionario que llenó de lodo a Javier Milei. La gran pregunta es si la ex ministra hace sola su juego o si existe un tándem. Especulaciones, sobran.

Tras el convite con Santilli, Infobae consultó a tres despachos de peso y confirmaron que los diálogos con Balcarce 50 continuaron su curso y que la prioridad es zona fría -“va a salir; quizá más justa, pero va a salir”, deslizaron desde uno de ellos-, más allá de que se empiece a quitar antes algo de peso a una mochila ya muy cargada de textos sin definición. Los aliados fueron claros con el oficialismo: el primer semestre era el período ideal para acelerar leyes. Al parecer, no los oyeron. O, como sospechan otros: los mensajes llegaron distorsionados. Por ese motivo es que proliferaron vías bilaterales de legisladores dialoguistas con el Ejecutivo.

¿Qué cuentas hace la administración central? En caso de tener a sus 21 soldados, añadiría a los tres del PRO y a un puñado de radicales. En la UCR son 10 y un poco menos de la mitad -por ahora- no acompañaría. A partir de eso ingresan los silvestres provinciales y los -de nuevo- peronistas que se fueron del interbloque K, tengan o no gobernadores como terminal. La incorporación de las zonas cálidas -subsidio a la energía eléctrica- en la Cámara baja y algunas promesas a la hora de implementar una hipotética norma ayudarían a cerrar el asunto. Más los fondos anunciados -el “bis” del “bis”- y una ley de gastos 2027 que permitan meses de calma. Claro está que, primero, deberá rubricarse un despacho en comisión.

La bandeja de temas -en modo tortura- incluye, a los tres mencionados, los de salud mental, etiquetado frontal, biocombustibles, Hojarasca -ya dictaminada y con chances para el 6 de agosto, en caso de sesionar-, Sociedades, y ludopatía. Habrá que esperar si aterriza lo relacionado con la Carta Orgánica del Banco Central al Senado, como insinuó Bullrich.

Si Diputados continuase con el trámite de otros textos se llegaría casi a la docena en fila, algo objetivo y fuera de discusión. Un escenario complejo para los cuatro meses que restarán del período ordinario, que finaliza el último día de noviembre, excepto que el mismo se prorrogue o se convoque a extraordinarias. Sobre el último punto es donde, en diciembre y febrero pasados, la porteña se pudo lucir. Tras ello, cedió parte del monopolio que tenía sobre la Cámara alta y, ahora, desde el Ejecutivo intentan avanzar por su cuenta. No trajo grandes resultados durante la primera mitad de gestión libertaria. Y, sobre la reforma política, no hay un solo aliado que no quiera esperar al último trimestre del año para una decisión final.

Mientras el Jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, empezó el operativo para conseguir las voluntades necesarias en el Congreso y eliminar las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), en la provincia de Buenos Aires siguen con atención los movimientos. Es que cerca de Kicillof aseguran que la mejor manera de poder resolver la discusión interna dentro del peronismo en caso de no llegar a un acuerdo electoral es a través de una PASO.

Kicillof ha planteado que son una herramienta válida para elegir candidaturas. Su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, remarcó días en conferencia de prensa: “Tenemos que poner un candidato que exprese el voto de los intereses nacionales del campo popular. Así que eso será el año próximo con el método posible que hoy en día las PASO”. Si bien hablaba de la cuestión nacional, decanta también para la discusión en la provincia de Buenos Aires.

Es que si se sostienen las Primarias, también seguirá vigente en la provincia de Buenos Aires la ley de Elecciones Primarias Abiertas Obligatorias y Simultáneas (EPAOS) y, hoy por hoy, es lo único que podría garantizar cierto esquema de ordenamiento dentro del peronismo para definir las candidaturas a la gobernación. La conocida Ley 14.086, cuya última modificación se llevó adelante el año pasado cuando la Legislatura suspendió la aplicación de todo el capítulo 1, tras una larga negociación entre los distintos espacios poíticos. Fue en concordancia con la suspensión de las PASO a nivel nacional.

Ahora, el gobierno nacional va por su eliminación definitiva. Será uno de los desafíos de Santilli. “El objetivo es ordenar el sistema de partidos, evitar que el ciudadano tenga que votar seis veces, ahorrar unos 300 millones de dólares y corregir un esquema de publicidad política que, en definitiva, ya casi nadie mira”, advirtió el nuevo Jefe de Gabinete en una reciente entrevista con Infobae.

Políticamente, hoy hay varias opciones dentro del peronismo para buscar la sucesión de Axel Kicillof, quien no tendrá reelección y trabaja en una construcción política de carácter federal para llegar con cierta estructura propia a la negociación interna para los comicios presidenciales de 2027. El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) tiene al menos tres nombres como posibles para batallar internamente por la candidatura a gobernador: el intendente de La Plata, Julio Alak; el de Avellaneda —que ya dejó su cargo para dedicarse a recorrer la Provincia—, Jorge Ferraresi y el ministro de Infraestructura bonaerense y exintendente de San Martín, Fernando Moreira. A este tridente, incluso, se le podría sumar Carlos Bianco si de aportar nombres se trata. El futuro del ministro de Gobierno provincial está atado al devenir de Kicillof.

Entre el listado de intendentes también se anota la jefa comunal de Moreno, Mariel Fernández. De origen en el Movimiento Evita, pero de buena llegada y diálogo con el kirchnerismo, Fernández ya trabaja en su instalación. El año pasado dijo que le gustaría ser candidata a la gobernación.

Otro sector de intendentes con apetencias de disputar la sucesión del actual mandatario es el llamado Grupo AFA. Conformados originalmente por Nicolás Mantegazza (San Vicente), Federico Achával (Pilar), Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Gastón Granados (Ezeiza), tiene dos opciones para poner sobre la mesa: Otermín o Achával.