Los cruces por las tres designaciones que la Cámara de Diputados realizó para la Auditoria General de la Nación (AGN) el pasado 18 de diciembre, cuando se trató el proyecto de Presupuesto 2026, continúan escalando y crece la tensión entre el PRO y la Libertad Avanza. Ahora, el partido amarillo reiteró que judicializará las presentaciones y aseguró que hay un acuerdo entre el oficialismo y el kirchernismo por los nombramientos.

En un comunicado que difundieron en sus redes sociales, desde el PRO señalaron que “el acuerdo ya estaba cerrado” y aseguraron: “La Libertad Avanza, el Kirchnerismo (UxP) y el bloque de Innovación Federal ya contaban holgadamente con las 3/4 partes de los votos necesarios para habilitar el tratamiento y aprobar las designaciones. Finalmente la aprobación de la votación se realizó con 189 votos. El resultado estaba definido de antemano y no dependía matemáticamente de la presencia o el voto del PRO“.

Y continuaron: “Nunca vamos a convalidar la ilegalidad. Nuestro retiro del recinto no tuvo como fin ‘facilitar’ la votación, sino no convalidar con nuestra presencia un procedimiento abiertamente inconstitucional. La votación se realizó de madrugada, sin transparencia y tratando un tema que no estaba habilitado en la convocatoria a Extraordinarias, violando el artículo 63 de la Constitución Nacional”.

Todo escaló después de la designación de Rita Mónica Almada por LLA, Juan Ignacio Forlón por el peronismo y Pamela Calletti, la ex diputada vinculada políticamente al gobernador de Salta Gustavo Sáenz. La intención original es que los siete auditores que son designados por el Congreso -3 por Diputados y 4 por el Senado– asuman en un acto conjunto. Sin embargo, la disputa entre el PRO y LLA por estas designaciones aceleró los plazos.

El partido que conduce Mauricio Macri denunció en el recinto de Diputados que los libertarios no habían cumplido sus compromisos en las designaciones de la AGN y que iba a ir a la Justicia para frenarlo.

Justamente, en el comunicado remarcaron: “No íbamos a legitimar una votación inconstitucional. Dicho por abogados constitucionalistas, permanecer en las bancas, aun votando en contra, hubiera implicado legitimar con nuestra presencia un acto viciado de nulidad absoluta que, reiteramos, numéricamente ya estaba resuelto por el acuerdo entre el oficialismo y el kirchnerismo“.

“Presentamos una acción judicial para que se declare la inconstitucionalidad del acto. La prueba más clara de nuestra oposición es que el presidente de nuestro bloque, Cristian Ritondo, ya presentó un recurso de amparo ante la Justicia para que se declare la nulidad de lo votado. El PRO no es cómplice de acuerdos a espaldas de la sociedad ni de atropellos institucionales”, completaron.

Según el documento de 29 páginas presentado por Ritondo a la Justicia con el patrocinio de la abogada Tiziana Díaz, la moción en Diputados que derivó en la designación de los auditores “se realizó sin mediar informe alguno de comisión, sin dictamen previo, sin circulación anticipada de los antecedentes de los candidatos, sin acuerdo alguno de Labor Parlamentaria, y sin que se solicitara ni aprobara expresamente con las formalidades requeridas”.

La decisión de hacer un acuerdo con el bloque K de LLA se tomó durante la madrugada de la última sesión. En la previa a que se votara el presupuesto en Diputados.

Durante esa madrugada tomó la palabra el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, quien hizo una propuesta para poder ocupar los cargos vacantes. “La propuesta concreta es que esta Cámara designe como auditores generales de la Nación a las siguientes personas: Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti”, señaló el cordobés.

“Propongo que se vote la terna completa y que se autorice a la Presidencia de la Cámara a darle forma de resolución a lo aquí establecido”, completó el diputado cordobés. Acto seguido, el recinto se tiñó de quejas, que cuestionaron la solicitud.

Esto desató la furia de los diputados amarillos que, luego de reclamar la falta de palabra del bloque de LLA y del presidente de la Cámara, Martín Menem, anunció que iba a ir a la Justicia y se retiraron del recinto. El PRO tenía acordado que el cargo de Calletti o de Almada iba a ser para el exministro de Trabajo macrista, Jorge Triaca.

Con la nueva composición en la Cámara de Diputados y en el Senado de la provincia de Buenos Aires, la Libertad Avanza encarará el 2026 con bloques mucho más robustos en la Legislatura bonaerense. Desde ese lugar buscará instalar su agenda propia, aunque el peronismo tendrá las bancadas más grandes, siendo primera minoría en Diputados y ostentando quorum propio en el Senado. Los legisladores de Milei tiene un objetivo: implementar la Boleta Única de Papel para los cargos provinciales en las elecciones 2027.

En la agenda de trabajo que los libertarios empiezan a trazar para el año entrante está una reforma política integral en la que la forma de votación, similar a lo que fue la elección legislativa de este año a nivel nacional, sea el eje rector. Pero también hay otros temas como las Primarias —su aplicación hoy por hoy es potestad del Gobernador, aunque debe pasar por la Legislatura, como sucedió este año— y reflotar la discusión de las reelecciones indefinidas. “El peronismo suele ponerse creativo en este tema”, ironizaron desde la bancada libertaria.

La aplicación de la Boleta Única de Papel en las elecciones de octubre funcionó sin mayores inconvenientes; como también sucedió con la elección provincial del mes de septiembre, cuando se sufragó con el modelo de boleta partidaria. Sin embargo, a partir del antecedente de los comicios a diputados nacionales los libertarios buscarán en 2026 llevar el tema a los recintos legislativos. “Es año no electoral, no se puede cambiar las reglas en pleno partido como hicieron durante este año y todo a conveniencia de la interna del peronismo”, plantean los libertarios; ejemplificando con el cambio de reglamento en Diputados que se realizó en la sesión en la que se aprobó el endeudamiento.

Pero además de la discusión por la Boleta Única de Papel, La Libertad Avanza también mira con interés otra discusión del sistema político bonaerense que quedó en stand by en los últimos acuerdos que terminaron aprobando el presupuesto, la ley fiscal y el endeudamiento: las vacantes en la Suprema Corte de Justicia.

El máximo tribunal de Justicia de la provincia funciona con tres de sus siete integrantes: Hilda Kogan, Sergio Torres y Daniel Soria. Hay cuatro vacantes que el Ejecutivo admite que pondrá en consideración durante este año y allí es donde quiere intervenir LLA. Sin nombres todavía definidos, sí apuesta a ser parte de las propuestas. “Es algo que hay que resolver urgente y con equilibrio”, asegura una voz libertaria que forma parte de las conversaciones con el peronismo en territorio bonaerense.

En Diputados, La Libertad Avanza quedó conformado por un grupo de 19 legisladores; entre los que hay tres sectores: quiénes responden a Patricia Bullrich y provienen del PRO, el llamado parejismo, que se mueve basándose en las determinaciones del presidente del partido a nivel bonaerense, Sebastián Pareja, y dos representantes del grupo Las Fuerzas del Cielo que comanda el asesor Santiago Caputo. Son Agustín Romo y Nahuel Sotelo. Este grupo, pese a ser minoría, preside el bloque bajo el mando de Romo.

En tanto que quienes integraron desde el PRO la alianza para las elecciones de septiembre pasado y fueron en la boleta violeta, seguirán manteniendo autonomía desde la bancada PRO. Hoy por hoy y en el corto plazo, los libertarios los ven con cierta distancia, producto de la última votación por el endeudamiento bonaerense, en el que el PRO rechazó uno de los artículos de pedido de deuda, pero acompañó el específico para el ‘rollover’; habilitando así su aprobación en general. Luego, el espacio de Cristian Ritondo logró tener representación propia en el directorio del Banco Provincia.

Pese a los matices, la implementación de la Boleta Única de Papel que busca instalar LLA viene con el antecedente de que en 2024, los bloques de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica habían presentado un proyecto en conjunto, mientras el tema se discutía a nivel nacional. Solo lograron el giro a comisiones del proyecto en cuestión. Ahora podría ser un pedido más grande.

En lo que respecta a la discusión por la Corte, la negociación pasará por la representación libertaria que haya en el Senado. En la Cámara alta, LLA quedó con un bloque de cinco integrantes y las designaciones para un juez de la Corte deben salir por acuerdo del Senado, luego de una instancia previa que por ley se debe hacer e incluye entrevistas con los postulantes, objeciones, revisión de antecedentes y demás. También debe haber consenso político y ahí es donde pretende intervenir LLA.

Por lo pronto, uno de los sectores más proactivo en integrar la Corte es el radicalismo. El partido centenario, no exento de internas, tiene dos nombres en carpeta: la vicerrectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Marina Sánchez Herrero, por un lado, auspiciada por el sector del senador nacional Maximiliano Abad y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, Miguel Berri.

Además de transitar la discusión interna del peronismo, Kicillof también deberá convivir con una Legislatura compleja en términos políticos y que tendrá sus propias demandas, para los casi dos años de mandato que le quedan por delante.

Un nuevo escándalo podría desatarse en el Servicio Penitenciario Federal si las sospechas del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena se concretan: el último viernes, el magistrado ordenó allanar las oficinas de Fernando Julián Martínez, el director del SPF, por un presunto vínculo entre el funcionario y la empresa que provee comida en el penal de Ezeiza.

La situación se puso demasiado tensa, contaron fuentes policiales a Infobae, cuando Martínez entregó su teléfono a la Justicia, pero notaron que no había puesto a disposición el de todos los días sino un aparato viejo y en desuso.

Al comprobar que no era el celular que buscaban, los oficiales de Justicia requirieron, por orden del juez, que entregue el que correspondía. Sin embargo, Martínez adujo, sorpresivamente, que lo había “extraviado” ese mismo día.

Villena sospechó de la actitud del funcionario y pidió que mapearan los últimos impactos del teléfono del director del Servicio en las antenas de telefonía celular.

El allanamiento en la oficina del director del SPF, que asumió su cargo en 2024, nombrado por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se ejecutó a las 11.30 de la mañana del viernes y los resultados de la investigación sobre la trazabilidad del celular “perdido” sorprendieron todavía más al juez horas después, cuando le entregaron el informe: la última señal de conexión había sido ese mismo día, una hora antes del allanamiento.

La zona donde impactó fue cerca del estadio de Huracán, en el barrio porteño de Barracas. El horario de la última conexión resultó inquietante para la Justicia.

“O fue mucha casualidad o alguien le avisó que iban a allanar”, ironizó una fuente con acceso a la investigación, e incluso fue más allá: “Villena podría haber detenido ahí mismo a Martínez, porque lo que hizo fue muy grave, pero evidentemente prefirió no generar un escándalo institucional, total tiene tiempo para seguir investigando”.

La razón por la que Villena decidió allanar el viernes no habría sido casual. Es que ese mismo día se resolvía la nueva licitación para la provisión de comida en la Unidad Penal de Ezeiza, donde se alojan cerca de 2.000 personas privadas de su libertad, y que volvió a obtener la empresa Bio Limp.

Para entender por qué el juez federal de Lomas de Zamora emprendió esta cruzada hay que remontarse años atrás cuando, tras un habeas corpus que denunciaba comida en mal estado en el penal de Ezeiza, Villena falló contra la proveedora del servicio de aquel momento, la empresa Foodrush, y le prohibió volver a participar de una licitación.

En aquellos años, los presos no querían ingerir esos alimentos y gastaban el dinero (los que tenían) en comprar la comida en “la cantina” de la cárcel, rechazando de alguna manera el derecho a ser alimentados en prisión. El habeas duró mucho tiempo, durante el cual se hicieron reuniones, inspecciones y peritajes con ANMAT que indicaron que la comida superaba los valores máximos admitidos para el recuento de Escherichia coli, y no era apta para el consumo humano. Todos los resultados indicaban que la comida estaba contaminada.

Villena estableció un protocolo y ordenó auditar la producción de los alimentos, pero los problemas continuaron y los presos mantuvieron su reclamo por el estado de la comida. Los defensores oficiales comunicaban al Juzgado las impresiones de los presos: comer esos alimentos les resultaba imposible, “eran absolutamente asquerosos”, según contó una fuente del caso, mientras el SPF y la empresa lo negaban y poco más aseguraban que la comida era fantástica.

Hasta que un día del año pasado Villena fue a la cárcel y probó distintas comidas que los presos no querían ingerir. Pocas horas después lo sintió en su cuerpo. Se descompuso y sufrió una fuerte diarrea. “Un asco, vomitiva”, les contó a sus allegados.

Así las cosas, el juez de Lomas de Zamora condenó a Foodrush al castigo de no poder presentarse más para una licitación ante el Servicio Penitenciario Federal en ninguna cárcel federal del país.

En una nueva licitación, de todos modos, Foodrush se presentó, junto a otras dos empresas sin antecedentes en el rubro y una más, Bio Limp, que sólo tenía experiencia en limpieza.

A poco de empezar a entregar alimentos, volvieron los habeas corpus al despacho de Villena. Con Bio Limp pasaba lo mismo que con Foodrush. Nadie quería comer de esos platos. Entonces, el magistrado reabrió la causa en noviembre pasado bajo la carátula de “Envenenamiento”.

“Fueron a la cárcel y detectaron, a través de sus chapas patentes, que los camiones que usaba Bio Limp eran de Foodrush”, contó una fuente cercana al caso.

A partir de eso, Villena ordenó varios allanamientos en Bio Limp y comprobó que no sólo “compartía” los camiones con la empresa sancionada sino que los empleados de la cocina de una empresa habían sido los mismos que la empresa anterior y, entre toda la documentación que todavía no analizaron, hallaron por ejemplo facturas de Biolimp a Foodrush por alrededor de 150 millones de pesos.

Villena, contaron a Infobae, concluyó que esta especie de “cartelización” del negocio de la comida en la cárcel de Ezeiza no podía hacerse sin el guiño de los responsables del penal, por lo que ordenó allanar la oficina del director de la cárcel, de su director administrativo y de Fernando Martínez porque, según él, no podían desconocer esta licitación.

En los pasillos del Juzgado Federal N° 1 de Lomas de Zamora aseguran que Villena tiene elementos para ir contra el Servicio Penitenciario Federal, que no podían no saber que Bio Limp era una pantalla para que siguiera con el negocio Foodrush y sortearan su propia decisión judicial.

Durante la tensa reunión de los agentes judiciales con el director del SPF, estos le pidieron que diera una constancia del extravío del teléfono y Martínez se negó. Según cuentan, lo hizo de mala manera.

“El allanamiento empezó a las 11, el funcionario llegó 11.30 y su teléfono se apagó a las 10.15. Le avisaron del procedimiento, apagó el aparato y fue con otro. Fueron a tratar de buscar el celular y, mientras tanto, retuvieron a Martínez”, contó una fuente ligada al caso que aportó otro dato inquietante: el director del SPF se estaba moviendo a bordo de una camioneta a nombre de Enrique “Quique” Antequera, uno de los creadores de La Salada y todavía prófugo de la Justicia.

Mientras tanto, la fiscal federal Cecilia Incardona pidió la nulidad de todo lo actuado por Villena por considerar que habilitó medidas en un día inhábil, que no mandó a sortear el juzgado tras la reapertura de la causa por la comida en mal estado y que no tenía motivos para secuestrar el teléfono de Martínez.

Cerca del juez dijeron a Infobae que “si Martínez no tiene nada que ocultar, no tiene por qué negar su teléfono a un juez, más siendo funcionario público”, pero advirtieron que Villena está preocupado por “el desafío a la Justicia” que hizo el director del SPF y que sabe que “se está metiendo con mafias enquistadas hace muchos años”.

Consultado por este medio, Federico Villena prefirió no hacer comentarios, pero aclaró que, teniendo en cuenta que el SPF depende de Seguridad de la Nación, se comunicó con la ministra, Alejandra Monteoliva, y que tuvo una “excelente predisposición” y le dio todo su “apoyo”.