Joaquín Benegas Lynch es uno de los integrantes del oficialismo que puede jactarse de tener relación personal y estrecha con el presidente Javier Milei. Forma parte, por caso, “La Banda Presidencial”, el conjunto musical con el que el primer mandatario realiza, cada tanto, recitales para sus seguidores.

Además, es empresario pyme. Posee un emprendimiento agrícola. Aplica allí los conocimientos que obtuvo estudiando Administración de Empresas. Tiene también una maestría en la materia (MBA – Master of Business Administration). Tras vencer el 26 de octubre, llegó a una banca en el Senado.

En su rol de integrante de la comisión de Trabajo, adelantó a Infobae que el oficialismo abordará una nueva ley de trabajo agrario. “Será para hacer algo más puntual en la reforma” de la normativa. Avanzar en este sentido dependerá de la sanción de la iniciativa laboral que comenzará a debatirse en el recinto en febrero.

En ese orden, el representante de Entre Ríos puntualizó que ya empezó a “tender puentes” con quienes tienen interés puntual en la materia. “Generamos reuniones con la Cámara de medianas empresas y con la Federación de exportadores citrícolas, entre otras”, mencionó.

“El intercambio fue espectacular. De hecho, gracias a esto se incorporaron (a la norma en debate) artículos”, acotó.

¿Qué pasará en febrero con la reforma laboral?

En la comisión de Trabajo del Senado se dictaminó en forma favorable el proyecto del Poder Ejecutivo. La Cámara lo tratará el 10 de febrero. El legislador sostuvo que por ahora es difícil saber si tendrá un paso rápido por el Congreso.

Sin embargo, estimó que “hay apoyo” en razón de las conversaciones que el oficialismo está teniendo con senadores aliados. Entre estos contó al PRO, a la UCR y a fuerzas provinciales. Estas bancadas “entienden que esta ley es el pedido que hacen empleadores y empleados”, sostuvo.

“La iniciativa oficial ataca el problema de que tenemos casi el 50% de la masa laboral en la informalidad, en negro y sin ningún tipo de beneficio”. La modernización reducirá los costos, flexibilizará la contratación. Se adecuará a las distintas realidades de cada ciudad y provincia. Quedará atrás esto que un sindicato nacional firma un acuerdo con una gran empresa y obliga a una pyme del interior a cumplir con los mismos requisitos”, señaló.

El referente de LLA cargó contra los dirigentes sindicales asegurando que trabajan “para sus propios intereses”. “No piensan en el trabajador sino en sus casas y campos en la provincia de Buenos Aires. La informalidad es culpa de ellos, de sus socios políticos y de las regulaciones”, consignó.

Incorporar al sistema el sector que está en la informalidad tendrá un efecto secundario, evaluó. Mejorará la relación aportantes – jubilado para que los pasivos puedan empezar a cobrar lo que deberían si toda la gente que trabaja en negro estuviera en la formalidad.

¿Cuál fue el impacto real de las elecciones en el nuevo Congreso?

El senador remarcó que en los comicios de octubre hubo un respaldo “contundente de los argentinos al Presidente Milei y los cambios que vino a plantear”. El efecto en la representación parlamentaria es que ayuda a que la transformación sea más rápida, que es lo que pide la gente.

Para esto es necesario “tender puentes con los aliados que entienden que las ideas de la libertad son el camino a la transformación de la Argentina, para tener un país más libre y próspero”.

En lo particular, subrayó que la aprobación del presupuesto 2026 “es una victoria de todos los argentinos”. “Es histórico. Defiende el déficit cero, elimina la posibilidad de emitir, que es inflación, de contraer más deuda y de aumentar impuestos”, agregó.

Otro adjetivo que utilizó para calificar la sanción del presupuesto del año próximo es que la votación fue “aplastante”. “Fue 46 a 25 de kirchneristas que siguen representando el pasado y que solo defienden sus cajas”, consignó.

Además, esta votación mostró la capacidad del oficialismo de generar una mayoría en el Senado que lo deja a las puertas de los 48 apoyos. Este es un «número mágico» porque representa los dos tercios del cuerpo, los suficientes para nombrar jueces de la Corte, por caso.

“Es una enorme oportunidad. Dependerá de cada integrante del Congreso definir de qué lado están: del de sus comprovincianos que votaron a Javier Milei o del pasado. Los dos tercios terminarán habilitando la posibilidad de que esta transformación sea más rápida y profunda. Sería fantástico para los argentinos de bien”, consignó Benegas Lynch.

¿Cómo es la relación con Villarruel y Bullrich?

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, y la presidente del bloque oficialista, Patricia Bullrich, juegan una partida aparte en el recinto. Milei voló los puentes con su compañera de fórmula. Incluso llegaron a acusarla de haber facilitado derrotas legislativas. De allí que el rol de la exministra de Seguridad, como ariete político, sea fundamental para los intereses de la Casa Rosada.

Benegas Lynch dijo que, hoy por hoy, a Villarruel le cabe la calificación política de «independiente». Ni oficialista ni opositora.

“Es de esperar que como presidente del Senado tenga la imparcialidad, a la luz del reglamento, para poder llevar adelante la operación del cuerpo. Y que acompañe el voto del ciudadano”, planteó.

En ese sentido, agregó: “Y si en algún momento le toca votar para algo, espero que entienda que representa a los argentinos que votaron en su gran mayoría el proyecto del presidente Javier Milei”.

En cambio, para Bullrich solo tuvo elogios. “Por los resultados que consiguió, es una presidenta de bloque extraordinaria. En la bancada se trabaja en equipo y con buena coordinación y comunicación. Patricia está a la altura de lo que se necesita en el Senado”, concluyó.

Apenas unos días después del triunfo en el Congreso con la aprobación del Presupuesto y de la ley de Inocencia fiscal, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunciará este martes las últimas medidas que tomará el Gobierno en el 2025, entre las cuales hay cuestiones administrativas, posibles nombramientos y cambios en la estructura del Estado.

El propio funcionario será quien por la mañana firme un conjunto de Decretos junto al presidente Javier Milei para hacer efectivas todas las decisiones, las cuales se publicarán luego en el Boletín Oficial.

Unas horas más tarde, volverá a su rol de vocero, que continúa ejerciendo implícitamente a pesar de haber sido designado ministro coordinador, para comunicar las novedades en una conferencia de prensa que dará en la Casa Rosada.

Tal como anticipó Infobae, una de las medidas que se implementarán serán las modificaciones sobre la Agencia Nacional de Migraciones, que además tendría a un nuevo titular, el ex intendente de Tres de Febrero y actual legislador bonaerense, Diego Valenzuela.

El dirigente responde políticamente a la senadora Patricia Bullrich, que sigue teniendo injerencia sobre las áreas del Ministerio de Seguridad que lideró hasta principios de este mes, cuando asumió su banca en la Cámara Alta.

Según supo este medio, Valenzuela es el elegido para encabezar el organismo encargado de controlar el ingreso de extranjeros a la Argentina, en el marco de un plan para endurecer los protocolos en las fronteras.

De hecho, desde hace semanas se viene diseñando la nueva estructura, atribuciones y objetivos que tendrá esta entidad, que no solamente renovará a su cúpula, sino también todo su accionar.

Puntualmente, este martes se informaría la misión, facultades, organigrama y proceso de coordinación con las fuerzas de seguridad que comenzará a tener la agencia para fortalecer la lucha contra los delitos trasnacionales, como el narcotráfico y la trata de personas.

Hasta ahora, Migraciones funcionaba como una Dirección Nacional bajo el Ministerio del Interior, con competencias administrativas centradas en el otorgamiento de residencias, trámites de ciudadanía y control del tránsito de visitantes de otros países.

Las autoridades quieren modernizar el organismo, no solo trasladando la dependencia a la cartera de Seguridad, sino también dándole mayor autonomía, poder jurisdiccional y competencias ampliadas, para que empiece a tener más tareas.

Por otra parte, Adorni también anunciaría una fuerte reestructuración del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), que actualmente atraviesa graves dificultades para funcionar debido a una deuda millonaria que arrastra desde hace años.

En este caso, la iniciativa fue impulsada por el flamante ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, que decidió que la solución de este conflicto, que venía generando malestar en el sector militar, fuera uno de los primeros objetivos de su gestión.

Con más de 600 mil afiliados, IOSFA es la tercera obra social más grande del Estado, pero tiene un pasivo estimado en unos 200.000 millones de pesos que provocó demoras y cancelaciones en los tratamientos más caros.

Como adelantó este medio, una de las medidas que se tomarán será la de dividir al organismo en dos para que uno se haga cargo, en principio, de la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el otro, de las Fuerzas Armadas.

Resta saber qué va a suceder con los afiliados correspondientes a la Gendarmería y a la Prefectura, que podrían quedar dentro de cualquiera de esas dos nuevas obras sociales que se crearán.

El propio Presti fue quien le llevó la propuesta final el viernes pasado a Adorni, luego de algunas reuniones que tuvo con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien se comprometió a brindar una ayuda financiera para que IOSFA pueda hacer frente a la deuda.

Por otra parte, otro de los Decretos que el jefe de Gabinete firmará junto a Milei es el que autorizará un aumento de sueldos para los funcionarios con cargos jerárquicos.

De esta manera, desde ministros hasta subsecretarios verán reflejados por primera vez un incremento en sus sueldos en lo que va de la gestión, luego de precisar que la pérdida del poder adquisitivo registrada fue del 60%, sobre la base de la inflación acumulada desde diciembre de 2023.

Una persona al tanto de la iniciativa reveló que la suba ubicará a los ingresos “un 30% por debajo de la inflación” para evitar la salida de cuadros técnicos del Gabinete, que se pasan al sector privado. La idea es que la recomposición vaya acorde a las actualizaciones que recibieron los empleados estatales a raíz de las paritarias vigentes.

El Gobierno tiene decidido apelar en los próximos días el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 que le ordenó dejar de aplicar el protocolo antipiquetes en las manifestaciones, al considerar que la herramienta es legítima y garantiza el derecho constitucional a la protesta.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes oficiales a Infobae, los operativos contra los disturbios “garantizan la paz social” y es falso que “le falte legitimidad”; como sostuvo en su sentencia el juez federal Martín Cormick.

Las autoridades recurrirán a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para defender la medida que se viene aplicando casi desde el comienzo de la gestión libertaria.

“El 70% de los argentinos está a favor del protocolo. Esto es político. Se va a apelar. No vamos a dar un paso atrás. Vamos a ir contra esta medida que va en contra de los argentinos. Sin protocolo vuelve el desorden. Sin protocolo, no hay orden”, señalaron fuentes de la Casa Rosada.

En las últimas horas, Cormick hizo lugar a una acción de amparo y determinó que el procedimiento antipiquetes tiene vicios en su conformación legal, ya que -a su entender- en su creación el Poder Ejecutivo se atribuyó facultades que la Constitución reserva de manera exclusiva para el Legislativo.

Si bien en marzo pasado el magistrado había rechazado suspender estos operativos y asistió personalmente a una marcha de jubilados para supervisar su implementación, en esta ocasión falló a favor de un recurso que presentó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Para el juez, en la resolución 943/2023, con la que se puso en marcha el mencionado protocolo, el Ministerio de Seguridad intentó legislar sobre materia penal y procesal, algo que le corresponde al Congreso.

Por su parte, en el Gobierno negaron esto y señalaron que “la Justicia ya ha validado” los operativos policiales “en reiteradas ocasiones” cuando se planteó la inconstitucionalidad de los mismos.

Al respecto, aseguraron que, “lejos de limitarlos, el protocolo garantiza el ejercicio de derechos constitucionales”, como a la protesta, y solamente “ordena de la metodología” con la que se hace.

Por su parte, el Ministerio encabezado por Alejandra Monteoliva emitió un comunicado para los medios en el que confirmó que se apelará el fallo y advierte que, si se deja sin efecto esta herramienta, “vuelve el caos”.

En el texto, la cartera remarca que el procedimiento en cuestión “es legítimo”, tiene “fundamentos técnicos, jurídicos y operativos” y, desde su implementación, “permitió garantizar la libre circulación y que las calles vuelvan a pertenecer a quienes eligen trabajar, circular y vivir en libertad”.

La propia Monteoliva se refirió al tema a través de un mensaje que compartió en su cuenta de X en el que consideró que “este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”.

“Vamos a defenderlo a toda costa, porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”, señaló la funcionaria en el posteo que luego replicó el presidente Javier Milei.

Sobre este punto, las autoridades nacionales señalan que la semana pasada, este mismo magistrado ya había ordenado que se implemente la Ley de Financiamiento Universitario, que al igual que la Emergencia en Discapacidad se encuentran suspendidas tras ser aprobadas por el Congreso.

En esa línea se expresó, por ejemplo, la antecesora de Monteoliva y actual senadora, Patricia Bullrich, quien también insinuó que hay una razón política detrás del fallo de Cormick y remarcó que la metodología “fue validada por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos”.

“¿Quién lo declara nulo? El mismo Juez que siempre lo hace contra el Gobierno. ¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización. Los perjudicados, siempre los mismos: los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz”, escribió la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta.