En medio de semanas complejas, el gobierno nacional ordenó retirar la replica del histórico cuadro del expresidente Juan Domingo Perón y su esposa Eva Duarte de Perón ubicada en la antesala al Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Según supo Infobae de fuentes oficiales, la decisión de descolgar la obra responde a un pedido de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, que determinó además el retiro del ploteo del glaciar Perito Moreno exhibido en la pared frontal del mismo pasillo ubicado en el ala del noreste del primer piso.

El argumento formal para el desmontado de las copías de las obras de Helmut Ditsch y de Numa Ayrinhac gira en torno a la detección de fallas en la estructura para su exhibición. Además, en la administración libertaria alegan que la exposición a cambios de temperatura producto de los aires acondicionados del pasillo podrían “afectar” la estética de las piezas.

“Se detectaron algunas fallas estructurales, por lo que optamos por reforzarlos y ponerlos al resguardo”, se sinceró un funcionario ante este medio. El retrato de la familia Perón es una copia del original en óleo sobre tela de 220 centímetros de alto por 150 centímetros de ancho de 1948 que se encuentra exhibido en el Museo de Casa Rosada. Se trata de la última obra del autor que sobrevivió a la destrucción de la simbología peronista en el marco del proceso de “desperonización” tras el golpe de Estado de 1955 y que refleja al Primer Mandatario, con la banda y sonriente, acompañado por “Evita”.

Ante la desnudez de las paredes, la administración libertaria evalúa una serie de alternativas para reemplazar las piezas. En lugar del retrato del exmandatario y la primera dama, en Balcarce 50 hablan de la posibilidad de enmarcar una lámina de algún procer argentino, entre los que destacan Domingo Faustino Sarmiento, Manuel Belgrano, Juan Bautista Alberdi y Julio Argentino Roca. Sin embargo, la figura que más se impone por estas horas es la del capitán de la Selección argentina campeona del mundo, el ídolo popular Lionel Messi.

Con intención de canjear paisaje por paisaje, en el Poder Ejecutivo meditan la chance de replicar una gigantografía de las Cataratas del Iguazú, del lado argentino, lindantes con Brasil. La explicación a la elección la vinculan a la proximidad del espacio vacío con el despacho del secretario de Prensa, Javier Lanari, oriundo de la ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones.

A finales de febrero, Helmut Ditsch, el autor de la obra “El hielo y la eternidad transitoria, la más valuada en la historia del arte argentino, se pronunció en contra de las modificaciones a la Ley de Glaciares, una de las claves del Poder Ejecutivo para el año legislativo 2026, y pidió que legisladores y funcionarios “estén a la altura de las circunstancia”. “La regresión de los glaciares es un hecho y ni la entendible necesidad recaudatoria de los Estados ni el afán de lucro de las empresas deberían sumar una agresión extra a estos ecosistemas tan frágiles y expuestos. Por eso se trata de un decisión crucial“, argumentó el argentino en la carta abierta que publicó en El Destape.

Con intención de respetar la “historicidad y coherencia del espacio”, las copias removidas fueron preservadas en el Museo de Bicentenario de Casa Rosada a la espera de un proceso de preservación. Algo similar ocurrió con la pieza original del francés, el pintor oficial de la familia Perón, que en 2020, luego de la firma de un Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica, el equipo de Conservación Restauración de Patrimonio Cultural sometió a una serie de estudios preliminares de laboratorio y fotografía para avanzar con su restauración.

Con la quita del cuadro, el Ejecutivo suma una nueva acción a la tendencia que inició el Ministerio de Capital Humano, que tiene a Sandra Pettovello al frente, en 2024 luego de que ordenara un “proceso de reordenamiento en sus espacios públicos” que implicó la quita afiches, fotos y bustos de la figura de Eva Perón y del expresidente Néstor Kirchner de las dependencias de ANSES.

La lógica fue replicada en febrero de 2025 con la quita de la gigantografía ubicada en el patio de la exESMA en la que se observaba al expresidente Kirchner aquella jornada del 24 de marzo de 2004, cuando resolvió bajar el cuadro del dictador Jorge Rafael Videla del Colegio Militar. La determinación fue adoptada por la Secretaría de Derechos Humanos encabezada en aquel entonces por Alberto Baños.

El accionar forma parte de un nuevo capítulo de la batalla cultural que encarna Javier Milei, quien se define profundamente crítico de la gestión de Néstor y Cristina Kirchner, pero que replican además sus funcionarios, legisladores, referentes y exponentes en redes sociales. “Me encataría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro”, metaforizó el mandatario en una síntesis de sus deseos por dejar atrás el populismo y todo lo que representa.

Comenzaron las audiencias públicas para discutir la reforma del artículo que define las áreas periglaciares. Más de 100.000 personas intentaron inscribirse para participar de este proceso, que busca modificar el artículo que define la extensión y características de las áreas periglaciares. El Gobierno promueve este cambio con el objetivo de habilitar nuevas explotaciones mineras en regiones actualmente protegidas. La definición de estas áreas resulta central porque permitiría ampliar los sectores donde hoy está prohibida la actividad minera según la ley vigente.

El proceso legislativo contempla la presencia de 360 expositores seleccionados. Habrá 180 disertaciones presenciales y 180 remotas, distribuidas en dos jornadas. Esta limitación provocó reclamos de organizaciones ambientalistas y participantes que habían solicitado intervenir, ya que originalmente se anotaron más de 100.000 personas. Según explicaron autoridades legislativas, el criterio para acotar el cupo responde a la imposibilidad logística de dar lugar a todos los interesados.

Leonardo Grosso, expresidente de la Comisión de Recursos Naturales y referente peronista, se inscribió como expositor en el debate. “La expectativa es baja en realidad, porque se generó mucha expectativa con la posibilidad de hacer una audiencia pública genuina en los marcos de la Ley General de Ambiente y del Acuerdo de Escazú, que tiene rango constitucional en la Argentina”, dijo en Infobae en Vivo A las Nueve.

Y agregó: “En el camino a eso, vimos cómo fue cercenada la posibilidad de participar de 102.000 personas que se inscribieron en un lugar donde decía: ‘Inscribite si querés opinar para la ley de glaciares’. No decía: ‘Inscribite y vemos cuántos’, o ‘tenés que cumplir determinados requisitos’. Así que, en principio, hay una expectativa baja”.

Cuál es el punto más debatido de la reforma

El debate se centra en el artículo que define las áreas periglaciares. De acuerdo con Grosso, la reforma propuesta no reconoce el agua y los glaciares como recurso estratégico de la nación. “Todos los procedimientos institucionales y normativos que deberían llevarse adelante para modificar actividades permitidas o no en zonas declaradas de interés estratégico de la nación tendrían que ser mucho más apegados a derecho”, afirmó.

El expresidente de la comisión agregó: “Esta audiencia pública es más una farsa para tener una pantalla legal que proteja de posibles procesos judiciales a la modificación de esta ley. Y creo que no lo va a lograr por todas estas desprolijidades cometidas por las autoridades al llevar adelante esta ley”.

Al mismo tiempo sostuvo que “lo podrían haber hecho de otra manera, podrían haber anticipado que iban a tener determinados requisitos las personas que podían hablar, o podrían haber limitado el cupo de inscriptos desde el inicio. También podrían haber realizado más audiencias, como se evaluó en la primera comisión conjunta que estableció estas instancias”.

La rapidez en la convocatoria generó preocupación en los participantes. “Hay un apuro y una celeridad que no van de la mano de la necesidad de que el pueblo se exprese y escuchar a todos por igual. Son cuestiones que van a complicar judicialmente esta ley. Por eso estamos complicados”, destacó.

Riesgos ambientales y argumentación federal

Grosso sostuvo que no se garantizó el federalismo ni la participación libre, previa e informada. “No hay una audiencia, hay una simulación de audiencia viciada, que no garantiza la participación libre, previa, informada, que no consulta a las comunidades específicas que van a ser afectadas, ni explica el criterio de selección de quiénes hablan aquí”.

En la exposición, el referente peronista remarcó que los glaciares aseguran el caudal de agua de 39 cuencas que afectan a la mayoría de las provincias y a siete millones de personas.

“Hay un problema interjurisdiccional que está claramente presente. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, Villarino y Carmen de Patagones tienen la cuenca del río Colorado, con hectáreas productivas del sector agrícola que podrían resultar impactadas si se permite la minería a cielo abierto en glaciares y así se contamina ese río. El porcentaje de caudal asegurado por estos ambientes supera el 50% en épocas de sequía, y esa situación se extiende hace más de una década”, afirmó.

Respecto a la judicialización, Grosso advirtió: “Lo que yo marco es que, más allá de la aprobación, a las pocas horas va a estar judicializado”.

Debate político y el rol de los gobernadores

Varios gobernadores peronistas manifestaron su adhesión a la reforma. Sin embargo, para Grosso, no se trata de una cuestión partidaria. “No todos los gobernadores peronistas apoyan, sino los que son pro mineros y están condicionados por esa actividad”, sostuvo. Agregó: “El federalismo no es que cada gobernador decida, sino priorizar los intereses del país entero. Cambiar un régimen de decisión científica por uno político implica riesgos para los intereses compartidos entre provincias”.

Al explicar su postura, afirmó: “No es una discusión del Gobierno de Milei contra la oposición. Muchos peronistas, radicales y de otros partidos apoyan la modificación, y muchos estamos en contra. Planteamos la necesidad de una participación real de los sectores sociales, porque, si no, habrá más inseguridad jurídica con estos proyectos llevándose adelante que la que reclaman las empresas mineras”.

El ex presidente de la comisión reiteró: “Nosotros planteamos: cuidemos el recurso hídrico, que es escaso, en un contexto de calentamiento global, que lo dice la comunidad científica internacional, no lo dice Leo Grosso”.

Perspectiva ambiental y proporcionalidad de la reforma

Grosso subrayó que la superficie donde se prohíbe la minería equivale al 0,4% del territorio nacional y al 1% de la cordillera. “No es una posición en contra de la minería en general, sino sobre el lugar donde puede realizarse. Lo que se plantea es establecer un ordenamiento: aquí no se puede hacer minería, aquí sí. Hay cuestiones que, como país, deberían estar definidas en función de la protección de actividades fundamentales, porque lo que está en juego es la disponibilidad de agua para el resto de las actividades productivas”.

“La vitivinicultura, el cultivo de olivos, la producción ganadera y agrícola pueden verse afectadas si no se garantiza ese recurso estratégico”, indicó Grosso. Concluyó: “Esto no es que no puedan hacer minería. Pongamos cuestiones sensatas y discutamos qué país queremos”.

El debate continuará en la Cámara de Diputados con la intervención de los distintos expositores registrados, mientras persiste la controversia sobre el alcance federal, los plazos del proceso y el futuro del agua y los glaciares en la Argentina.

El Gobierno informó  que prepara el envío de un paquete de reformas clave para que sean debatidas por el Congreso de la Nación. El encargado de comunicarlo fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la conferencia de prensa que dio hoy en la Casa Rosada, donde se defendió de las denuncias que apuntan a su viaje a Punta del Este y a un crecimiento patrimonial no justificado: “No tengo nada que esconder, está todo impecable”, afirmó.

En ese marco, el referente del gobierno de Javier Milei detalló que una de las iniciativas propone destinar un 10% de los ingresos provenientes de privatizaciones a la compra de armamento y bienes de capital para la defensa nacional.

Otra de las propuestas está orientada a fortalecer los derechos de propiedad privada, con el propósito de atraer inversiones y promover el crecimiento económico; con ese objetivo, se enviará al Congreso un proyecto que limita las expropiaciones a casos “estrictamente excepcionales” y eleva las indemnizaciones a quienes resulten afectados.

En su anuncio, Adorni cuestionó la “inseguridad jurídica” que, entiende, dificultó el arribo de inversiones durante décadas. Además sostuvo que la imprevisibilidad en la vigencia de contratos y derechos de propiedad fue un obstáculo para la creación de empleo y perjudicó tanto a propietarios como a inquilinos.

Cambios en la ley de tierras rurales e inversión

Dentro del paquete se anunció una reforma de la ley de tierras rurales, que eliminará las restricciones a la venta de campos a extranjeros. El objetivo es favorecer la llegada de capital global y estimular inversiones en sectores estratégicos como petróleo, minería y agroindustria.

“Hoy los empresarios más importantes del mundo miran a la Argentina como una oportunidad histórica de inversión. Algunas, como petróleo, minería o agro, requieren que se compren terrenos grandes para llevarse adelante. No podemos permitir que por un mero capricho ideológico estas no se realicen”, argumentó el jefe de Gabinete.

En la misma línea, se propuso también una reforma del régimen de desalojos para agilizar la recuperación de inmuebles, buscando desalentar ocupaciones y mejorar la certidumbre sobre el mercado de alquileres: “Necesitamos hacernos cargo del flagelo nacional que son los okupas, con una ley de desalojo que dé vía sumarísima a los procesos, evacúe rápidamente a los infractores y restituya los inmuebles al propietario en menos de cinco días”.

Revisión de pensiones por discapacidad y sistema de beneficios sociales

Otra propuesta que será sometida a debate es la revisión de las leyes sobre discapacidad y el acceso a beneficios sociales. La idea es transparentar el otorgamiento de pensiones en personas incapaces de trabajar, endureciendo los requisitos y diferenciando entre beneficiarios legítimos y quienes, según el discurso oficial, habrían accedido al beneficio en forma irregular.

“Vamos a dar aumentos sólo a los que tienen incapacidad para trabajar, no a los miles de discapacitados truchos a los que el kirchnerismo les regaló un certificado”, recordó Adorni en su exposición, en la que enfatizó que la administración anterior ´recurrió a la emisión y generó mayor presión fiscal, lo que derivó en consecuencias como la inflación y el déficit.

Concesión de Chapadmalal y transformación estatal

El Poder Ejecutivo confirmó además su intención de promover la concesión por 30 años del complejo hotelero de Chapadmalal. La iniciativa apunta a captar inversión privada para restaurar y mejorar el establecimiento.

Esta medida, aduce el oficialismo, aliviará la carga financiera estatal vinculada al mantenimiento del predio y priorizará la promoción de nuevos proyectos de desarrollo económico local. El plan prevé dejar el complejo completamente disponible para el uso público.

Finalmente, Adorni apuntó que “el Ministerio de Justicia enviará hoy mismo 60 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales al Senado para su confirmación”.