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Boleto de colectivos: el bloque de Juntos sigue analizando el estudio de costos

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El bloque de Juntos continúa analizando el pedido de aumento del boleto de transporte público de pasajeros que elevó al Concejo Deliberante el gobierno de Federico Susbielles a mediados de agosto.

El expediente que no logró ser tratado en la sesión del último jueves, recién llegaría al recinto para su votación el 5 de septiembre.

“Queremos seguir analizando el estudio de costos para buscar el sano equilibrio entre la garantía de la sostenibilidad del sistema y el costo del boleto para el usuario”, planteó esta mañana en diálogo con Radio Altos el edil Pablo Daguerre.

Negó que el bloque opositor sea irresponsable y negador serial, y recalcó que siempre mantuvieron la misma postura: analizar el estudios de costos para obtener un sano equilibrio en el cuadro tarifario.

Según adelantó, si del análisis del estudio y de la estructura de costos se desprende que esos $100 que propone el Ejecutivo aumentar la tarifa plana se corresponde al proceso inflacionario, la bancada opositora acompañará la suba.

Indicó que solicitaron al Municipio información más minuciosa sobre los costos y que al no contar el expediente con dictamen de la comisión de Transporte, decidieron extender dos semanas más el análisis del proyecto.

Daguerre remarcó que la actualización de la tarifa es solo una parte del problema del transporte ya que, de acuerdo a lo reportado por la comisión de pasajeros frecuentes, hay otros puntos a resolver: incumplimiento de frecuencias, suciedad en las unidades, garitas que no tienen el mantenimiento adecuado, mal funcionamiento del GPS.

“La actualización de la tarifa si corresponde, si así el estudio y la estructura de costos lo indica, lo acompañaremos”, enfatizó, por último.

Fuente: Frente al Cano.

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Denunciaron a Patricia Bullrich por presunto abuso de autoridad

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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue denunciada hoy por presunto abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público a raíz del operativo de seguridad durante la manifestación contra el veto presidencial a la reforma jubilatoria en inmediaciones del Congreso Nacional el miércoles último.

La denuncia que presentó el abogado Gregorio Dalbón será investigada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien subroga el juzgado federal 9 de la ciudad de Buenos Aires, donde quedó radicada por sorteo, informaron fuentes judiciales.

El abogado pidió ser citado para ratificar y ampliar la denuncia por la represión que incluyó el rociado con gas pimienta a una nena de diez años que asistía a la marcha con su mamá y que según imágenes difundidas por medios de comunicación estaba junto con ella agachada  para protegerse cuando un policía las roció.

La denuncia se presentó por el artículo 248 del Código Penal que prevé de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos para quien “dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

De manera posterior, también fue denunciada en los tribunales federales de Retiro por los mismos hechos la funcionaria del Ministerio de Seguridad nacional Alejandra Monteoliva por presunta violación de deberes de funcionario público.

La denuncia fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria junto a Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto García y quedó a cargo de la jueza federal María Servini.

Fuente: Noticias Argentinas.

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El Gobierno acusó de “irresponsables” a los senadores tras el rechazo al DNU por los fondos de la SIDE

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El Gobierno nacional acusó de “irresponsables” a los senadores que rechazaron el Decreto de Necesidad y Urgencia que le otorga fondos millonarios a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y le pidió a la Unión Cívica Radical que “decida si es parte de la transformación o del pasado”.

A través de un comunicado de prensa difundido en redes sociales, desde la administración libertaria plantearon: “La Oficina del Presidente condena el voto irresponsable de un grupo de los legisladores que dejaron al Sistema de inteligencia argentino sin recursos en un momento histórico del país”.

En el mismo, señaló: “Fue el Senado el que le falló al pueblo argentino. El kirchnerismo y el radicalismo deberán decidir si es parte de la transformación de la Argentina o es parte de lo peor del pasado rechazaron una ampliación de fondos que simplemente buscaba llevar el presupuesto de la SIDE a nivel de un promedio histórico y que tenía por objetivo garantizar su normal funcionamiento”.

“Los responsables del desfinanciamiento del Sistema de Inteligencia deberán hacerse cargo de cualquier hecho que ocurra hasta que la SIDE esté correctamente financiada y pueda recuperar sus capacidades vitales”, subrayaron luego de que 49 legisladores del kirchnerismo y el radicalismo votaran en contra, 11 a favor y dos se hayan abstenido.

Asimismo, atribuyeron el rechazo a “los intereses personales” de cada espacio al tiempo que aseguraron que con la decisión “atentaron contra la posibilidad de tener un organismo de inteligencia que tenga la capacidad y los recursos para cuidar a los argentinos”.

“Se vio con las recientes amenazas de agentes externos contra nuestros ciudadanos, pero también con actores malintencionados dentro del territorio nacional”, alertaron al respecto.

Para el Gobierno, el desembarco de Milei facilitó la transformación de la SIDE en un sistema de inteligencia “con un perfil profesional, abocado en la protección del pueblo argentino de amenazas tanto internas como externas, saldando una de las grandes deudas de la democracia”.

“El rol de la agencia de inteligencia durante décadas estuvo basado en intereses personales, y fue utilizada para actividades espurias como el espionaje interno, el tráfico de influencias y la persecución política”, concluyeron.

Fuente: Noticias Argentinas.

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Ley de Financiamiento Universitario: “Da sustentabilidad al sistema”, dijo Vega

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El rector de la Universidad Nacional del Sur (UNS), Daniel Vega, expresó su esperanza de que el proyecto de financiamiento universitario recientemente aprobado en el Senado cuente con el respaldo del Poder Ejecutivo Nacional y que el presidente no lo vete.

“No sólo contó con una amplia mayoría en ambas cámaras, sino que además cuenta con el respaldo de toda la sociedad, como se vio en la última marcha universitaria, que fue una marcha masiva que puso en valor el rol de la educación superior para el desarrollo de nuestro país”, dijo Vega.

Este viernes se convirtió en ley la normativa destinada a mitigar la crisis financiera y salarial que enfrentan las universidades nacionales. La iniciativa fue aprobada con 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención.

Sin embargo, su implementación dependerá de la reglamentación del Poder Ejecutivo. Al respecto, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó en un programa de televisión que la ley podría ser vetada para “no comprometer el equilibrio fiscal”.

Vega agradeció a los senadores que apoyaron el proyecto, destacando que “lo único que busca es darle sustentabilidad al sistema universitario nacional, uno de los principales instrumentos del país no sólo para desarrollarse, sino para generar movilidad social ascendente”.

Además, expresó un agradecimiento especial a los tres senadores de la provincia de Buenos Aires —Eduardo De Pedro, Juliana Di Tullio y Maximiliano Abad— que respaldaron la iniciativa.

Durante esta semana, rectores de las universidades públicas, a través del Consejo Interuniversitario Nacional, solicitaron a los senadores que aprobaran el proyecto.

Asimismo, el Consejo Superior de la UNS emitió una resolución pidiendo a la Cámara de Senadores que sancione la ley y exhortando al Poder Ejecutivo a promulgarla y ejecutarla de manera inmediata para atender las demandas establecidas en la normativa.

El proyecto, presentado por la UCR, cuenta con el apoyo de legisladores como Facundo Manes, Martín Tetaz, Mariela Coletta, Margarita Stolbizer y Nicolás Massot.

La ley tiene como objetivo principal declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el presente año.

En este sentido, busca “atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales”.

De los fondos asignados, el 85 % se destinará a gastos salariales, mientras que el 15 % cubrirá los gastos de funcionamiento, utilizando una fórmula que combina el Índice de Precios al Consumidor, la variación del tipo de cambio y las tarifas de servicios públicos.

Fuente: La Nueva.

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