La presidenta del bloque La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, confirmó hoy que el Senado tratará el próximo jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos económicos prioritarios del Gobierno de Javier Milei. Si se aprueba sin cambios, la iniciativa quedará convertida en ley.
El proyecto obtuvo dictamen el miércoles pasado en un plenario de las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda. Durante el debate expusieron el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, y el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning. La Cámara de Diputados ya lo había aprobado el 26 de agosto.
“La Carta Orgánica del Banco Central se va a discutir el jueves que viene”, dijo Bullrich durante una exposición ante el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que preside Fernanda Mierez, en un almuerzo en la sede de la calle Montevideo, donde estuvo acompañada por los socios de algunos de los principales estudios jurídicos del país, entre ellos Marval O’Farrell Mairal, Cassagne, Beccar Varela, Bomchil, Allende & Brea, Martínez de Hoz & Rueda, PAGBAM y Bruchou, entre otros.
De acuerdo a lo que anticipó la senadora oficialista, la previsión es que la Cámara alta celebre ese día su séptima sesión del período ordinario. En la agenda económica también figura el proyecto denominado Inocencia Fiscal II, que cuenta con media sanción de Diputados y dictamen de comisión.
El oficialismo busca sumar al temario otras iniciativas, entre ellas la reforma del régimen de biocombustibles y convenios para transferir competencias judiciales penales de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires.
La reforma del Banco Central ocupa un lugar central en la agenda del Gobierno. El texto fija como misión principal de la entidad “la preservación del valor de la moneda nacional”, modifica el esquema de objetivos vigente desde la reforma de 2012 y establece límites más estrictos al financiamiento del Tesoro.
La iniciativa también endurece las condiciones para destituir al presidente y a los integrantes del directorio del BCRA. Además, elimina el concepto de reservas de libre disponibilidad, modifica el régimen de distribución de utilidades y dispone un mecanismo para cancelar de forma progresiva las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados en el activo de la entidad.
Bullrich presentó los cambios como un intento de otorgar al Banco Central mayor autonomía frente al poder político y de fijar reglas que se mantengan con independencia de quien gobierne.
Según explicó, el objetivo es evitar que la autoridad monetaria vuelva a funcionar como “un apéndice más del Ministerio de Economía o del gobierno del Poder Ejecutivo”.
También destacó la prohibición de emitir para financiar al Estado y de “alimentar al Tesoro” entre los puntos centrales de la reforma.
La senadora -que llegó después de haber compartido una reunión de Gabinete con Milei y se retiró para participar del encuentro con legisladores en la sede del Gobierno- citó como referencias a Brasil, Chile, Perú y Uruguay, cuyos bancos centrales, según sostuvo, alcanzaron niveles de autonomía que aportaron estabilidad y previsibilidad a las políticas monetarias.
“Argentina lo va a hacer ahora”, afirmó Bullrich al anticipar el tratamiento legislativo.
La dirigente encuadró la discusión de la Carta Orgánica dentro de un programa más amplio destinado a consolidar reglas económicas e institucionales y a evitar que se modifiquen con cada cambio de administración.
Ese concepto atravesó buena parte de su intervención ante los abogados. Bullrich planteó la necesidad de construir continuidad institucional, preservar la seguridad jurídica y sostener reformas que, a su juicio, resultan necesarias para recuperar la confianza y aumentar la inversión.
Sin embargo, su exposición también incluyó uno de los reconocimientos más explícitos sobre las consecuencias sociales del programa económico.
La ex ministra de Seguridad se refirió al “dolor” provocado por la estabilización y planteó que uno de los interrogantes centrales para el Gobierno es si la sociedad podrá atravesar ese proceso sin abandonar el rumbo elegido.
“No digo que esto no sea un proceso doloroso. Es un proceso doloroso”, afirmó.
Luego agregó: “El dolor del proceso de estabilización genera un miedo social. ¿Pasamos este dolor? ¿Somos capaces de pasarlo? ¿Podemos aguantar el dolor que significa ese cambio tan profundo?”.
Bullrich vinculó ese escenario con la apertura económica y las dificultades que enfrentan empresas y sectores productivos después de décadas de operar bajo otras reglas. Para describirlo, habló de movimientos “tectónicos” y sostuvo que algunas compañías deberán adaptarse a un nivel de competencia diferente.
En ese contexto, la senadora planteó que una de las prioridades políticas debe ser preservar “la continuidad de un cambio” y evitar que “el cambio muera en el intento”.
La cuestión adquirió mayor relevancia durante la ronda de preguntas posterior al discurso. Bullrich hizo una interpretación de los gobiernos argentinos desde el regreso de la democracia y sostuvo que las administraciones no peronistas enfrentaron dificultades para consolidar y prolongar sus proyectos.
“Cada vez que hay un gobierno que no pertenece al peronismo, el intento de hackearlo, de sacarlo, de impedirle su crecimiento como proyecto, es permanente”, afirmó.
En su repaso histórico mencionó a Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri. Recordó que Alfonsín adelantó la entrega del poder en 1989; De la Rúa dejó la Presidencia antes de completar su mandato, en 2001; y Macri terminó sus cuatro años de gobierno, aunque perdió la reelección en 2019.
Bullrich sostuvo que la capacidad del actual proyecto para lograr continuidad representaría una ruptura de esa secuencia.
La definición cobra relevancia en un momento en que, dentro y fuera del oficialismo, existen especulaciones sobre la sucesión presidencial y el papel que podría ocupar la propia Bullrich en una futura disputa. Ante el Colegio de Abogados, la senadora defendió que el proyecto iniciado por Milei se sostenga en el tiempo.
Su razonamiento vinculó el costo económico de la transición con la dimensión política del programa. Para Bullrich, la estabilización genera costos y “miedo social”, por lo que consideró necesario garantizar la continuidad suficiente para que las reformas muestren resultados.
Durante la ronda de preguntas, también abordó la estructura tributaria y enumeró impuestos que, a su criterio, deberían reducirse cuando las condiciones fiscales lo permitan.
Bullrich condicionó cualquier avance al mantenimiento del superávit fiscal, pero cuestionó el impuesto al cheque, las retenciones, el impuesto a las Ganancias que pagan las empresas, Ingresos Brutos y las tasas municipales.
“El impuesto al cheque es un impuesto totalmente regresivo”, sostuvo. También aplicó esa caracterización a las retenciones.
Sobre Ganancias, planteó que una reducción de la carga sobre las empresas puede favorecer la inversión y, como consecuencia, la creación de puestos de trabajo.
Asimismo, señaló que una eventual baja del IVA tendría un impacto directo sobre los asalariados, debido a que el gravamen alcanza prácticamente todo el consumo.
“Si en algún momento podés bajar el IVA, vas a ayudar muchísimo a la gente asalariada”, expresó.
Bullrich extendió la discusión tributaria a provincias y municipios. Cuestionó Ingresos Brutos y sostuvo que la presión fiscal argentina surge de la acumulación de impuestos y tasas de los tres niveles del Estado.
En ese marco, propuso trasladar a los regímenes de promoción de inversiones una condición para que las provincias y municipios donde se radiquen proyectos con incentivos nacionales también reduzcan su carga tributaria.
La senadora mencionó como ejemplos el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el denominado SuperRIGI. Según sostuvo, la Nación no debería asumir sola el costo fiscal de los beneficios destinados a estimular inversiones.
“Los tres tienen que acompañar esa decisión de tener inversiones”, dijo al referirse al Estado nacional, las provincias y los municipios.
La cuestión tributaria integró un planteo más amplio sobre el tamaño y las funciones del Estado. Bullrich cuestionó la acumulación de regulaciones nacionales, provinciales y municipales, y defendió una mayor autonomía para ciudadanos y empresas.
En ese sentido, afirmó que durante muchos años el Estado argentino fue “el mayor infractor” de las leyes y sostuvo que el objetivo actual es avanzar hacia un Estado más limitado, con menor intervención sobre la actividad privada.
También defendió la reforma de la Ley de Sociedades y cuestionó procedimientos de la Inspección General de Justicia que, según su visión, imponen controles y trámites innecesarios a las empresas.
En materia institucional, Bullrich reivindicó la independencia judicial y expresó su respaldo a la libertad de expresión y de prensa. Dijo que ambos principios forman parte de su concepción política y sostuvo que el Poder Ejecutivo debe actuar con prudencia ante derechos protegidos de forma expresa por la Constitución.
Además, destacó los recientes nombramientos de magistrados, la puesta en marcha del sistema acusatorio y el proceso de transferencia de competencias judiciales de la Nación a la Ciudad.
Dentro de ese conjunto de reformas, la votación prevista para el jueves aparece como el próximo paso concreto. Para Bullrich, una nueva Carta Orgánica debería darle al Banco Central objetivos más definidos, mayor autonomía frente al poder político y restricciones más fuertes para financiar al Estado.
“Una de las cosas más importantes que tenemos que cuidar es la continuidad de un cambio”, resumió.
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