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Bullrich confirmó que el Senado tratará el jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

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La presidenta del bloque La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, confirmó hoy que el Senado tratará el próximo jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos económicos prioritarios del Gobierno de Javier Milei. Si se aprueba sin cambios, la iniciativa quedará convertida en ley.

El proyecto obtuvo dictamen el miércoles pasado en un plenario de las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda. Durante el debate expusieron el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, y el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning. La Cámara de Diputados ya lo había aprobado el 26 de agosto.

“La Carta Orgánica del Banco Central se va a discutir el jueves que viene”, dijo Bullrich durante una exposición ante el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que preside Fernanda Mierez, en un almuerzo en la sede de la calle Montevideo, donde estuvo acompañada por los socios de algunos de los principales estudios jurídicos del país, entre ellos Marval O’Farrell Mairal, Cassagne, Beccar Varela, Bomchil, Allende & Brea, Martínez de Hoz & Rueda, PAGBAM y Bruchou, entre otros.

De acuerdo a lo que anticipó la senadora oficialista, la previsión es que la Cámara alta celebre ese día su séptima sesión del período ordinario. En la agenda económica también figura el proyecto denominado Inocencia Fiscal II, que cuenta con media sanción de Diputados y dictamen de comisión.

El oficialismo busca sumar al temario otras iniciativas, entre ellas la reforma del régimen de biocombustibles y convenios para transferir competencias judiciales penales de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires.

El proyecto redefine la misión del Banco Central y limita el financiamiento al Tesoro

La reforma del Banco Central ocupa un lugar central en la agenda del Gobierno. El texto fija como misión principal de la entidad “la preservación del valor de la moneda nacional”, modifica el esquema de objetivos vigente desde la reforma de 2012 y establece límites más estrictos al financiamiento del Tesoro.

La iniciativa también endurece las condiciones para destituir al presidente y a los integrantes del directorio del BCRA. Además, elimina el concepto de reservas de libre disponibilidad, modifica el régimen de distribución de utilidades y dispone un mecanismo para cancelar de forma progresiva las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados en el activo de la entidad.

Bullrich presentó los cambios como un intento de otorgar al Banco Central mayor autonomía frente al poder político y de fijar reglas que se mantengan con independencia de quien gobierne.

Según explicó, el objetivo es evitar que la autoridad monetaria vuelva a funcionar como “un apéndice más del Ministerio de Economía o del gobierno del Poder Ejecutivo”.

También destacó la prohibición de emitir para financiar al Estado y de “alimentar al Tesoro” entre los puntos centrales de la reforma.

La senadora -que llegó después de haber compartido una reunión de Gabinete con Milei y se retiró para participar del encuentro con legisladores en la sede del Gobierno- citó como referencias a Brasil, Chile, Perú y Uruguay, cuyos bancos centrales, según sostuvo, alcanzaron niveles de autonomía que aportaron estabilidad y previsibilidad a las políticas monetarias.

“Argentina lo va a hacer ahora”, afirmó Bullrich al anticipar el tratamiento legislativo.

La dirigente encuadró la discusión de la Carta Orgánica dentro de un programa más amplio destinado a consolidar reglas económicas e institucionales y a evitar que se modifiquen con cada cambio de administración.

Ese concepto atravesó buena parte de su intervención ante los abogados. Bullrich planteó la necesidad de construir continuidad institucional, preservar la seguridad jurídica y sostener reformas que, a su juicio, resultan necesarias para recuperar la confianza y aumentar la inversión.

El cambio y los dolores de la estabilización

Sin embargo, su exposición también incluyó uno de los reconocimientos más explícitos sobre las consecuencias sociales del programa económico.

La ex ministra de Seguridad se refirió al “dolor” provocado por la estabilización y planteó que uno de los interrogantes centrales para el Gobierno es si la sociedad podrá atravesar ese proceso sin abandonar el rumbo elegido.

“No digo que esto no sea un proceso doloroso. Es un proceso doloroso”, afirmó.

Luego agregó: “El dolor del proceso de estabilización genera un miedo social. ¿Pasamos este dolor? ¿Somos capaces de pasarlo? ¿Podemos aguantar el dolor que significa ese cambio tan profundo?”.

Bullrich vinculó ese escenario con la apertura económica y las dificultades que enfrentan empresas y sectores productivos después de décadas de operar bajo otras reglas. Para describirlo, habló de movimientos “tectónicos” y sostuvo que algunas compañías deberán adaptarse a un nivel de competencia diferente.

En ese contexto, la senadora planteó que una de las prioridades políticas debe ser preservar “la continuidad de un cambio” y evitar que “el cambio muera en el intento”.

La cuestión adquirió mayor relevancia durante la ronda de preguntas posterior al discurso. Bullrich hizo una interpretación de los gobiernos argentinos desde el regreso de la democracia y sostuvo que las administraciones no peronistas enfrentaron dificultades para consolidar y prolongar sus proyectos.

“Cada vez que hay un gobierno que no pertenece al peronismo, el intento de hackearlo, de sacarlo, de impedirle su crecimiento como proyecto, es permanente”, afirmó.

En su repaso histórico mencionó a Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri. Recordó que Alfonsín adelantó la entrega del poder en 1989; De la Rúa dejó la Presidencia antes de completar su mandato, en 2001; y Macri terminó sus cuatro años de gobierno, aunque perdió la reelección en 2019.

Bullrich sostuvo que la capacidad del actual proyecto para lograr continuidad representaría una ruptura de esa secuencia.

La definición cobra relevancia en un momento en que, dentro y fuera del oficialismo, existen especulaciones sobre la sucesión presidencial y el papel que podría ocupar la propia Bullrich en una futura disputa. Ante el Colegio de Abogados, la senadora defendió que el proyecto iniciado por Milei se sostenga en el tiempo.

Su razonamiento vinculó el costo económico de la transición con la dimensión política del programa. Para Bullrich, la estabilización genera costos y “miedo social”, por lo que consideró necesario garantizar la continuidad suficiente para que las reformas muestren resultados.

Durante la ronda de preguntas, también abordó la estructura tributaria y enumeró impuestos que, a su criterio, deberían reducirse cuando las condiciones fiscales lo permitan.

Bullrich condicionó cualquier avance al mantenimiento del superávit fiscal, pero cuestionó el impuesto al cheque, las retenciones, el impuesto a las Ganancias que pagan las empresas, Ingresos Brutos y las tasas municipales.

“El impuesto al cheque es un impuesto totalmente regresivo”, sostuvo. También aplicó esa caracterización a las retenciones.

Sobre Ganancias, planteó que una reducción de la carga sobre las empresas puede favorecer la inversión y, como consecuencia, la creación de puestos de trabajo.

Asimismo, señaló que una eventual baja del IVA tendría un impacto directo sobre los asalariados, debido a que el gravamen alcanza prácticamente todo el consumo.

“Si en algún momento podés bajar el IVA, vas a ayudar muchísimo a la gente asalariada”, expresó.

Bullrich extendió la discusión tributaria a provincias y municipios. Cuestionó Ingresos Brutos y sostuvo que la presión fiscal argentina surge de la acumulación de impuestos y tasas de los tres niveles del Estado.

En ese marco, propuso trasladar a los regímenes de promoción de inversiones una condición para que las provincias y municipios donde se radiquen proyectos con incentivos nacionales también reduzcan su carga tributaria.

La senadora mencionó como ejemplos el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el denominado SuperRIGI. Según sostuvo, la Nación no debería asumir sola el costo fiscal de los beneficios destinados a estimular inversiones.

“Los tres tienen que acompañar esa decisión de tener inversiones”, dijo al referirse al Estado nacional, las provincias y los municipios.

La cuestión tributaria integró un planteo más amplio sobre el tamaño y las funciones del Estado. Bullrich cuestionó la acumulación de regulaciones nacionales, provinciales y municipales, y defendió una mayor autonomía para ciudadanos y empresas.

En ese sentido, afirmó que durante muchos años el Estado argentino fue “el mayor infractor” de las leyes y sostuvo que el objetivo actual es avanzar hacia un Estado más limitado, con menor intervención sobre la actividad privada.

También defendió la reforma de la Ley de Sociedades y cuestionó procedimientos de la Inspección General de Justicia que, según su visión, imponen controles y trámites innecesarios a las empresas.

En materia institucional, Bullrich reivindicó la independencia judicial y expresó su respaldo a la libertad de expresión y de prensa. Dijo que ambos principios forman parte de su concepción política y sostuvo que el Poder Ejecutivo debe actuar con prudencia ante derechos protegidos de forma expresa por la Constitución.

Además, destacó los recientes nombramientos de magistrados, la puesta en marcha del sistema acusatorio y el proceso de transferencia de competencias judiciales de la Nación a la Ciudad.

Dentro de ese conjunto de reformas, la votación prevista para el jueves aparece como el próximo paso concreto. Para Bullrich, una nueva Carta Orgánica debería darle al Banco Central objetivos más definidos, mayor autonomía frente al poder político y restricciones más fuertes para financiar al Estado.

“Una de las cosas más importantes que tenemos que cuidar es la continuidad de un cambio”, resumió.

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Discapacidad y ley de Tierras: dos temas que vuelven a tensionar la agenda legislativa y superan los límites del Congreso

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El Congreso vuelve a girar sobre temas irresueltos. El oficialismo dedica sus principales esfuerzos en Diputados a desarticular la sesión motorizada por espacios opositores con la intención de bajar el famoso DNU 70, que entre sus muchos artículos incluyó la derogación de límites a la compra de tierras por extranjeros. Y a la vez, teje para armar una sesión que incluya su proyecto sobre Discapacidad, después del descalabro provocado por el propio Ejecutivo con el texto del Presupuesto 2027. En los dos casos, se trata de cuestiones con repercusión e ingredientes que superan a la política.

Los dos temas, además, fueron repuestos por la oposición, en un contexto más amplio que, de mínima, incomoda al Gobierno. La reposición del debate sobre la ley de Tierras fue gatillada por una decisión de la Corte Suprema de Justicia, al dejar sin efecto el amparo promovido por un grupo de ex combatientes de Malvinas que frenaba el artículo específico del referido Decreto de Necesidad y Urgencia. Y el nuevo capítulo sobre un área tan sensible como la discapacidad añade, de manera creciente, mensajes de la Iglesia cuando falta poco más de un mes para la visita del papa León XIV.

La más reciente señal de la Iglesia acaba de producirse y fue transmitida de manera directa al Gobierno. La semana comenzó con un encuentro entre funcionarios del Ministerio de Salud y representantes de la Conferencia Episcopal Argentina, en especial integrantes de la Pastoral Social y, dentro de esa comisión, del área de discapacidad. Desde el Gobierno dejaron trascender que no se trató del primer contacto. La convocatoria, de todos modos, fue anunciada formalmente por canales de la Iglesia.

El diálogo fue calificado como cordial. Los funcionarios recibieron un documento con planteos vinculados a la situación de “muchas familias y numerosas instituciones vinculadas con la discapacidad que están atravesando momentos particularmente difíciles”. No es poco en letra eclesiástica. La reunión fue evaluada como una señal positiva, aunque con una consideración que resumiría las urgencias: “Los gestos solos no alcanzan”.

Por supuesto, el hecho en sí mismo tiene vínculo directo con la visita del Papa y la relación del Gobierno con el episcopado local. El oficialismo viene haciendo esfuerzos para evitar la exposición de su malestar frente a los señalamientos sobre la situación social. Sin embargo, no oculta los cuestionamientos por la vía del trascendido. Y a la vez, potencia algunos temas, como el de la discapacidad, al dejar circular disgusto sobre la visita al Cottolengo Don Orione en el primer día de la actividad pastoral.

Esa señal no pasó inadvertida para nadie. El arzobispo de Córdoba, cardenal Angel Rossi, dijo en recientes declaraciones que León XIV encontrará una Argentina “cascoteada” en el plano social, lamentó mensajes políticos “triunfalistas” frente a ese cuadro y relacionó -como gesto a los sectores vulnerables- la visita al Cottolengo Don Orione con el viaje a la isla de Lampedusa realizado por Francisco para expresar solidaridad con los migrantes. Allí también estuvo su sucesor.

Con todo, los mayores enojos del Gobierno tienen como centro al arzobispo de Buenos Aires. Jorge García Cuerva habló de una “Argentina herida” por la intolerancia y “donde duele un porcentaje muy alto de hermanos que la están pasando mal”. Reiteró algunos de esos conceptos en la misa que coronó la peregrinación a Luján. La reacción libertaria fue visible en redes sociales. La casi totalidad de funcionarios mantuvo el silencio. Salvo Luis Caputo, que retuiteó un mensaje de Felipe Núñez, asesor suyo y director del BICE, que dijo estar “cansado de este tipo” y agregó: “Menos política y más predicar la palabra de Dios, Cuerva”.

En ese contexto, y después de buscar un acuerdo con aliados y dialoguistas para dejar de lado el duro ajuste incluido en el Presupuesto, el bloque de LLA buscará imponer en el recinto su proyecto sobre discapacidad. El punto es cuándo tratarlo y, más aún, cómo jugarlo en la pulseada para desarmar la convocatoria a sesión especial impulsada por espacios de la oposición en Diputados.

De hecho, está planteada una especie de contrapunto de sesiones. La oposición decidió motorizar la suya, para el jueves 15, con foco en la ley de tierras, pero añadió al temario otros dos puntos: discapacidad y morosidad (endeudamiento familiar). Parece realmente difícil el acompañamiento de legisladores alineados con sus gobernadores para voltear el mega DNU del 2023. Los cálculos opositores indican hasta ahora que no cuentan con número para lograr quórum.

El impacto de la decisión de la Corte que repuso del tema de la ley de Tierras -significativo incluso socialmente- y el añadido de la movida opositora alcanzaron para que el oficialismo se pusiera a estudiar alternativas propias para bajar o neutralizar el artículo 154 de aquel decreto presidencial. Y para completar, apuntó a despegarlo del resto de los debates pendientes, entre ellos los motorizados por bloques de la oposición.

En esa línea, buscarían una sesión para el 21 de este mes, con un temario que colabore a “vaciar” la convocatoria opositora. De esta manera, el oficialismo incluiría morosidad y Discapacidad, junto al proyecto sobre biocombustibles, que viene del Senado, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que regresa a Diputados con cambios negociados para la aprobación en la Cámara alta.

Por otras vías, aunque con los mismos interlocutores, el Gobierno busca definir un entendimiento sobre la reforma electoral, con eje en la anulación o suspensión de las PASO. Las conversaciones con los jefes provinciales, reavivadas durante el viaje a Partís junto a Javier Milei, aún no están cerradas. Pueden ir de la mano con los acuerdos que demanda el Proyecto de Presupuesto 2027, pero el punto central es la contraprestación de LLA en cada distrito para no complicar los planes reeleccionistas de los gobernadores. Las conversaciones pueden ser grupales -por espacios políticos-, aunque al final serían tratos individuales. Eso va a ocupar la agenda de Diego Santilli en estos días.

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Milei prioriza el plano internacional y el ala política se enfoca al máximo en construir puentes con los aliados

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Cuando el presidente Javier Milei comenzó a planificar su nuevo viaje a España, sabía que su visita tendría un fuerte tinte político, pero no se imaginaba que iba a coincidir con el momento en el que se empezarán a definir las candidaturas en el país europeo, con su amigo Sebastián Abascal como probable competidor de Pedro Sánchez, justo después de que otro de los dirigentes que apoyó, Flávio Bolsonaro, ganara la primera vuelta en Brasil.

El mandatario nacional, que busca mantenerse como uno de los referentes de la derecha mundial, no descarta ahora volver a respaldar activamente a los líderes de VOX y del Partido Liberal, ya en el tramo final de ambas campañas.

El libertario le confirmó a su círculo más cercano, en la última reunión de Gabinete, que partirá a Madrid el próximo 19 de octubre, y se quedará allí al menos dos días para participar de diferentes actividades.

Aunque no fue informado oficialmente, el jefe de Estado tendrá en esa ciudad un evento programado para el 21, misma fecha en la que se comenzarán a anunciar a los candidatos para los comicios españoles.

El otro foco está puesto en Brasil: Milei ya viajó a San Pablo para respaldar la campaña de Bolsonaro, que ganó la primera vuelta y enfrentará a Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje del 25 de este mismo mes.

El dirigente del país vecino anticipó en declaraciones televisivas que tenía previsto invitar al presidente argentino luego de la victoria y, aunque por el momento tampoco se anunció un nuevo encuentro entre ambos antes de la elección definitiva, en el Gobierno tampoco descartaban esa posibilidad.

Tras los buenos resultados para el bolsonarismo, el mandatario argentino y su entorno destacaron los triunfos de todos aquellos candidatos de derecha o liberales que respaldaron, como los de José Antonio Kast, en Chile; Daniel Noboa, en Ecuador; Keiko Fujimori, en Perú; Abelardo de la Espriella, en Colombia, y Nasry Asfura, en Honduras, entre otros.

Mientras tanto, en Buenos Aires se suspendió la reunión de la mesa política que había sido convocada para este martes, desde las 13:00, en la que se planeaba debatir la estrategia legislativa, especialmente de cara a la sesión convocada por la oposición para la semana que viene.

Hasta la noche del lunes, varios de los integrantes del reducido grupo reconocían que todavía no era del todo seguro que se hiciera el encuentro debido a que algunos de ellos tenían “problemas de agenda” y estaban esperando las órdenes de la secretaria general, Karina Milei.

Finalmente, el Gobierno confirmó la suspención debido a que varios de los funcionarios viajarán por la mañana a Salta para supervisar el desarrollo de las etapas III y IV del Proyecto Sal de Oro, una planta que tiene el objetivo de alcanzar 100.000 toneladas de productos de litio al año.

Sin embargo, el viaje también podría servir para seguir acercando posiciones, ya que participarán del acto el gobernador local, Gustavo Sáenz, y el de Catamarca, Raúl Jalil.

Además de Karina Milei y Santilli, a la provincia del norte también irán el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, por lo que la mitad de la mesa política estará allá.

La cúpula libertaria tenía previsto analizar el resultado de las negociaciones que la funcionaria y Diego Santilli mantuvieron con los 13 gobernadores que participaron de la Argentina Week.

“Es posible que se toque el tema, sobre todo después de las repercusiones positivas de Paris”, anticipaba uno de los miembros de la mesa antes de que se cancelara el encuentro.

La delegación oficial regresó de Francia con la expectativa de haber mejorado su vínculo con los mandatarios provinciales y de haber conseguido apoyos para avanzar con la reforma electoral, cuyo principal objetivo para el Gobierno es eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

A la mesa política también iban a asistir el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

En tanto, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que también integra habitualmente ese espacio, ya estaba en duda después de no participar de la última reunión de Gabinete porque se sentía mal.

En París, el Gobierno buscó fortalecer el diálogo con 13 gobernadores que participaron de la Argentina Week. El primer paso fue una cena encabezada por Santilli en la embajada argentina, donde se combinaron las conversaciones sobre inversiones con la discusión por los proyectos que el oficialismo necesita aprobar en el Congreso.

Luego, Karina Milei mantuvo una reunión política con los mandatarios, acompañada por Santilli y Caputo. En la Casa Rosada consideran que ese encuentro permitió acercar posiciones con los dirigentes provinciales, especialmente después de que la secretaria general les transmitiera que La Libertad Avanza no buscará competirles con candidatos propios en sus distritos.

El oficialismo interpreta esa señal como parte de un principio de entendimiento para negociar la eliminación de las PASO y eventuales acuerdos electorales hacia 2027. Sin embargo, varios gobernadores evitaron hacer definiciones públicas y dejaron pendiente la discusión sobre la estrategia en cada provincia.

La agenda legislativa se volvió más compleja después del fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras y de la convocatoria que distintos bloques opositores hicieron para una sesión especial en Diputados el próximo 15 de octubre.

El temario incluye la derogación definitiva del DNU 70/2023, la prórroga de la emergencia en discapacidad y proyectos para atender la situación de los endeudados.

Para el Gobierno, la posible caída del mega decreto representa uno de los principales riesgos parlamentarios. La norma fue rechazada por el Senado en marzo de 2024, pero la oposición no había conseguido hasta ahora los votos necesarios para que Diputados completara su derogación.

La Casa Rosada analiza alternativas para evitar que los gobernadores y los bloques dialoguistas acompañen esa iniciativa. Una de las opciones es incorporar una regulación sobre la venta de tierras a extranjeros dentro de la ley de Propiedad Privada, que ya tiene media sanción del Senado, para separar ese debate del resto del DNU.

En paralelo, el oficialismo intenta ordenar el tratamiento del Presupuesto 2027 y de la reforma política. La discusión sobre discapacidad ya obligó al Gobierno a modificar su propuesta inicial y a negociar con aliados para conseguir un dictamen que preserve el nomenclador único de prestaciones, las actualizaciones por inflación y la compatibilidad de las pensiones con el empleo.

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Milei se proyecta como el “impulsor de la derecha” en la región y busca un liderazgo compartido con Bolsonaro

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El día después de la ventaja en primera vuelta del senador Flávio Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil, el Gobierno se ilusiona con la consolidación de un cambio de tendencia y vaticina un liderazgo compartido en la región. El planteo surge ante la posibilidad de que el hijo de Jair Bolsonaro se imponga en el balotaje del 25 de octubre ante Luiz Inácio Lula da Silva, lo que podría consolidar a otra figura de derecha con peso en el continente.

Si bien hay quienes sostienen que la proyección del dirigente del Partido Liberal (PL) supondrá una competencia directa para Milei por el lugar de principal nexo regional con Donald Trump, en la Casa Rosada relativizan esa posibilidad y plantean que ambas figuras podrían coincidir y potenciar al conservadurismo.

Para eso, aspiran a consolidar al libertario como el impulsor del despliegue ideológico en la región, dado que fue uno de los primeros gobiernos de la nueva ola de derecha en asumir. Con ese objetivo, el oficialismo comparte un mapa comparativo de la Sudamérica de 2023, con fuerte predominio rojo, con el escenario actual, marcado por el avance de expresiones conservadoras.

En Balcarce 50 anticiparon la estrategia, que les permitirá sintetizar las contradicciones entre los deseos genuinos del libertario y los diagnósticos internos en torno a la elección de Brasil, la tercera economía más grande del mundo y el país con mayor peso del continente.

“Milei se va a subir al triunfo de Bolsonaro para vender que es por su influencia en la región y algo de eso hay. Para Argentina no es necesariamente bueno porque perdés singularidad e importancia dado que para Trump sos un socio estratégico clave, pero estando Brasil vales un poco menos”, admitió ante Infobae una fuente en estricta reserva.

En paralelo, el propio mandatario salió al cruce de quienes plantearon que el triunfo de Bolsonaro “era malo” para el país y apuntó contra “las mierdas humanas con micrófono” y a “los analistas zurdos y progres”. “El odio los tiene ciegos. Se van a seguir peleando con la realidad por exceso de odio, envidia y resentimiento”, planteó en X.

Tras los vientos positivos para la derecha brasileña, en el Poder Ejecutivo fantasean con un liderazgo compartido y no lineal, que se construya en relación con otro referente de peso como Bolsonaro. Según exponen, Brasil fue históricamente reconocido por su peso económico en la región, mientras que la Argentina buscó ocupar un lugar de referencia “política y cultural”.

“Puede seguir habiendo un liderazgo dialéctico, porque Milei resultó ser una suerte de fenómeno que trascendió las fronteras”, enfatizó un hombre que transita a diario Casa Rosada.

Sin haber sido conversada, la postura es compartida en otra de las tribus del espacio. “Néstor (Kirchner) y Lula (da Silva) convivieron durante casi 8 años porque tenían particularidades distintas y economías complementarias. Milei fue a Brasil, se peleó con Lula, retiró el embajador y demostró estar dispuesto a poner el cuerpo por Flávio como no lo hizo ningún otro político”, ejemplificó un funcionario del entorno del mandatario.

Luego de publicar una serie de mensajes en respaldo del carioca y contra Lula da Silva, y de celebrar la victoria derechista con el Gabinete, en el oficialismo se muestran cautelosos ante los comicios definitorios del 25 de octubre y aseguran que la participación de Milei estará supeditada a las necesidades de campaña del candidato brasileño. “No está previsto que vaya, pero va a depender de lo que necesite Bolsonaro”, sostuvieron desde la mesa chica de Milei.

El mayor de los hijos de Bolsonaro parece apoyarse en el libertario: el domingo invitó al Presidente a Brasil, luego de pronunciar la frase “viva la libertad, carajo”, popularizada por el argentino. Este mediodía, el exdiputado federal y hermano del candidato, Eduardo Bolsonaro, calificó de “profeta” a Milei por su trabajo en la región desde su cuenta de X.

En Balcarce 50 tampoco desvinculan la agenda española del nuevo escenario geopolítico. No es casual que el libertario tenga en agenda un nuevo viaje a España, previsto para el 19 de octubre, ni que lo confirmara a horas de que Pedro Sánchez, con quien mantiene una pésima relación, convocara a elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, en medio de una crisis social.

Pese a que la sintonía de Milei es con VOX, en la administración libertaria anticipan que un eventual triunfo del Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, que actualmente aventaja en las encuestas también sería bien recibido.

“Es una buena noticia sobre todo si gana la derecha después de que Milei vaya y se involucre. Es loco lo que pasa con el Presidente”, destacaron desde el karinismo, luego de que el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) hiciera referencia a la “motosierra” de Milei.

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