A un mes y 9 días del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, los miembros del equipo que rodean a Javier Milei celebran la intervención directa del Presidente que designó a cuatro interlocutores formales para sumar apoyos legislativos y cierran filas detrás del equipo negociador para la sanción del paquete de reformas de segunda generación. “Estamos ordenadísimos, pura disciplina militar. Desde octubre en adelante parecemos soviéticos”, ironizó un importante funcionario ante Infobae que, en la previa a los comicios de medio término, no ocultaba su preocupación por la multiplicidad de voces del Poder Ejecutivo.

Lo cierto es que la plana fija que se reúne de manera semanal en Casa Rosada celebra que el mandatario haya designado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al ministro del Interior, Diego Santilli, al frente de la conversación con los gobernadores; y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto con la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich en la tarea de tender puentes con el Poder Legislativo. “Lo central es que nos ordenamos en las tareas y competencias de cada uno”, celebró un miembro de la mesa chica del libertario.

“Si acá hay desorden, también se desordena todo en el Congreso. Ahora todo va recto, lineal, porque aprendimos”, sintetizaron a este medio por los pasillos de Balcarce 50, y agregaron: “El desorden nos llevó a una situación de un año parlamentario complejo, lo que dio lugar a la incertidumbre”.

La incomodidad interna llegó a oídos del mandatario de boca de los propios y con el resultado electoral puesto, el libertario tomó nota e instrumentó: corrió funcionarios, ascendió a otros y conformó una mesa para acotar los debates.

En la previa al inicio de sesiones extraordinarias previsto para el miércoles 10 de diciembre, los emisarios de la administración libertaria trabajan en la sumatoria de voluntades para mejorar la magra performance legislativa que dejó este 2025. Con el Presupuesto 2026 y las reformas de segunda generación como objetivo, con particular importancia en la laboral, los 9 ministros y las dos secretarias con rango ministerial trabajan bajo la premisa de “ordenarse y ordenarse”, o por lo menos de eso se jactan.

“La sociedad nos dio en octubre un plus para que hagamos cosas. Si respondemos con nuevo desorden seríamos unos estúpidos”, sentenció un referente del ecosistema violeta comprometido con cumplir con las metas pensadas para el segundo tramo del gobierno rumbo al desafío por la reelección de 2027. El ejemplo que dan en las filas libertarias es el de la Ley Bases sancionada el 27 de junio de 2024: “Hubo diálogo y salió. Hay que repetir las fórmulas que funcionan”.

La necesidad de anotarse triunfos en materia legislativa es tal que Martín Menem y Patricia Bullrich concentran su atención en tender puentes, desde hace semanas, con los bloques aliados, lo que funciona en paralelo a la ronda de reuniones con gobernadores que protagoniza el tándem Adorni – Santilli. Incluso, la exministra de Seguridad retomó el diálogo frustrado con la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego de que rompiera relaciones con el mandatario. “Hasta Villarruel está ordenada”, destacó un tercero al tanto de las conversaciones.

A la espera de la oficialización de la prórroga en el recinto, que continuará durante el verano, el Poder Ejecutivo se prepara para impulsar -a través de sus representantes- la pelea por la composición de las comisiones. El desembarco de Bullrich, de las referentes con mayor cintura política del espacio, en el Senado no es casual. Tampoco la elección de su figura para postularla como presidenta de la Comisión Unicameral de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores con la única misión de dar tratamiento a Reforma Laboral.

Es amparados en la receta de “nuevo orden” y unidad que los miembros del Gabinete cierran filas y pelean de conjunto -al menos por ahora- para cumplir con los deseos del jefe de Estado. Los representantes designados tienen un espacio de síntesis colectiva que encabeza la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y que cuenta además con la participación del asesor presidencial, Santiago Caputo, en una suerte de cierre temporal de la grieta. “La multiplicidad de interlocución desordena. Ahora, desde hace un mes, si hay un cruce, se avisa”, confesó ante este medio una fuente legislativa.

Con la necesidad de cerrar el año con algunas victorias, en las filas libertarias acusan tener garantías suficientes para la sanción del Presupuesto 2026, pero admiten que necesitan intensificar esfuerzos para aprobar la “modernización” laboral, las modificaciones tributarias y los cambios que diseñan para el Código Penal. Por eso, insisten en mantener la estructura diseñada. Como dicta el tradicional juego infantil Antón Pirulero: “Cada cual atiende su juego”. El tiempo dirá cuánto durará.

El presidente Javier Milei firmó el decreto que convoca a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. En ese período, el oficialismo de La Libertad Avanza buscará sancionar el proyecto de Presupuesto 2026, al mismo tiempo que busca iniciar las gestiones administrativas para comenzar los debates en comisión de las diferentes reformas que son impulsadas desde el Poder Ejecutivo.

El anuncio fue hecho esta tarde por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que comunicó que el Presidente se aprestaba a firmar el decreto de la convocatoria, el cual incluirá el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal, la reforma laboral (o Ley de Modernización Laboral), la reforma tributaria, la modificación de la Ley de Glaciares (que incluye cambios en otras normativas) y la reforma del Código Penal.

La medida se publicará en el Boletín Oficial el martes 9 de diciembre, día en el que se prevé que el Consejo de Mayo -el organismo creado por el Gobierno que convocó a múltiples sectores para el debate de varias reformas mencionadas en el Pacto de Mayo- realice una conferencia en Casa Rosada para presentar los proyectos oficiales. Hasta entonces, el oficialismo afirma que todos los borradores y anteproyectos no son oficiales.

La letra chica del Presupuesto 2026 dependerá exclusivamente de lo que determinen Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Es decir, cuánto están dispuestos a sacrificar del superávit fiscal como para redistribuir entre los aliados pueden aportar los votos, entre ellos los gobernadores.

El Gobierno ya se reunió con 18 de los 20 mandatarios provinciales que habían sido invitados días después de las elecciones a la Casa Rosada. Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli, anotaron los pedidos de cada uno de ellos, pero no se los convalidarán a todos por igual.

Priorizarán a quienes fueron aliados electorales o aportaron masa legislativa para La Libertad Avanza, a quienes “hayan cumplido los deberes en materia fiscal en sus distritos” y los que tengan una masa de legisladores propios que se haga imprescindible darles gestos por arriba de la media. En este último copón están gobernadores como Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Raúl Jalil, de Catamarca; y Hugo Passalacqua, de Misiones.

La Casa Rosada cree que este año debe darse una aprobación presupuestaria. No como los dos años anteriores, que utilizaron las prórrogas del proyecto de 2023 para pisar gastos a los fines de cumplimentar el objetivo de déficit cero. La ratificación de la Ley de Leyes es algo que pide la oposición (dialoguista e intransigente) como los agentes económicos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Es por esto que dada la importancia que revisten estas iniciativas para el Presidente, el oficialismo tiene previsto convocar a los jefes de bloque en Diputados y Senado. Esa invitación se podría extender a los gobernadores.

El Presupuesto vendrá con dos iniciativas complementarias: una es la Ley de Inocencia Fiscal que el Gobierno busca aprobar para incentivar a que los ahorristas ingresen a la formalidad los “dólares del colchón”. Además, buscarán implementar una iniciativa “de regla fiscal” para que no se pueda aprobar un incremento presupuestario si no se informa cómo se puede financiar.

Pese a que el Gobierno quería mantenerlo lo más guardado posible, resultó inevitable que salieran versiones muy aproximadas a la reforma laboral que se revelará el martes que viene. Se prevé dos grandes grupos de reformas en materia laboral. El primero incluye modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, con énfasis en la eliminación de las denominadas “zonas grises” que inciden en los montos pagados por indemnizaciones.

Se introducirán cambios en los requisitos para demostrar la existencia de un “daño” al empleado, con el objetivo de limitar la posibilidad de que los jueces eleven los montos que deben afrontar las empresas en caso de despido. Los equipos encargados del proyecto sostienen que será el trabajador quien deba acreditar la existencia de un daño.

También se propone modificar el principio de “ultraactividad”, que extiende la vigencia de los convenios vencidos, y se plantea incorporar la “prelación”, para que un acuerdo laboral de alcance menor (por empresa, municipio o provincia) tenga prioridad sobre uno general que abarque toda la actividad.

La propuesta libertaria para las modificaciones penales estará compuesta por más de 900 artículos que centrarán sus modificaciones en intensificar la política criminal, para dotar a los magistrados de herramientas y, a su vez, evitar “arbitrariedades” a la hora de evaluar cada causa. Bajo esa premisa, habrá una “actualización” de penas para delitos que revisten gravedad como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas.

La letra chica contempla -hasta entonces- el cumplimiento efectivo de la pena en el 82% de los delitos y, por consecuencia, la elevación de los mínimos de las penas que tendrá estrecha “relación” con el delito cometido y el daño causado. A su vez, si bien estuvo la posibilidad de incorporar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, finalmente no estará incluido en esta versión de la reforma. En función de eso, la Casa Rosada estudia la posibilidad de impulsar una comisión bicameral en el Congreso que acelere los tiempos y unifique el diseño del dictamen con el objetivo primordial de evitar modificaciones y dilaciones en su tratamiento.

La modificación penal no tendrá un tratamiento prioritario si se la compara con la reforma tributaria. Esta podría incluir la creación de un “Súper IVA” para que sean las provincias quienes comiencen a recaudar una parte de estas, pero debiendo competir con otros distritos para atraer inversiones.

Esto mismo se pretende con la modificación de la Ley de Glaciares para que sea cada provincia la que defina a partir de cuántos kilómetros de una zona periglaciar puede desarrollarse una actividad minera. A esa reforma se le prevé incluir cambios en la Ley de Promoción Minera y en la Ley de Tierras para limitar la compra de inversores extranjeros.

El próximo llamado a sesiones extraordinarias se producirá en la segunda quincena de enero y pretende llegar hasta finales de febrero, unos días antes de que se produzca la Apertura de Sesiones.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, consiguió que la Legislatura aprobase su paquete económico que incluyó el Presupuesto, la Ley Fiscal y endeudamiento para el año 2026 y con ello, también, se calmaron las tensiones que atravesó el peronismo durante todo este año. Una instancia que incluyó otros debates como el desdoblamiento electoral o la estrategia del peronismo para enfrentar a los libertarios y generó críticas públicas tras la elección de octubre -y la derrota del peronismo— como aquella carta escrita por la expresidenta y presidenta del Partido Justicialista, Cristina Kirchner. Esa misiva fue un pico de tensiones y nerviosismo dentro del universo peronista.

Por ahora, deslizan cerca del mandatario bonaerense, no habrá cambios de Gabinete para la etapa final de su mandato. Siempre con la aclaración del “por ahora”. Lo cierto es que de no haberse aprobado la ley de financiamiento, uno de sus impactos se iba a sentir automáticamente en la composición ministerial: el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, tenía todos los números para asumir como senador provincial —banca a la que accedió por encabezar la lista de Unión por la Patria por la Primera sección electoral—; con el objetivo de ordenar el espacio y defender los activos del propio Kicillof en la Cámara alta.

Sin embargo, Katopodis seguirá como ministro. Así, confirmaron desde su entorno a este medio. Jurará su banca como legislador el próximo lunes y luego solicitará licencia para continuar al frente de la estructural cartera de la obra pública bonaerense. En su lugar, asumirá la camporista Roxana López. Aún no hay certezas de cómo se va a ordenar ese bloque en la Cámara alta que, a priori, tendrá algunas figuras de peso como el intendente de José C. Paz, Mario Ishii; la dirigente del Frente Renovador, Malena Galmarini o el ex ministro de Seguridad, Sergio Berni, entre otros.

Para sostener la unidad, Kicillof debió conceder algunas de las demandas de propios y ajenos que se materializaron en la extensa sesión del último jueves por la madrugada. El control de la Cámara de Diputados sigue lejos del radar kicillofista. La reforma a la carta orgánica del Banco Provincia y la ampliación del directorio de la banca pública bonaerense fue otra de las concesiones. Allí, en clave interna, hubo más lugares para el Frente Renovador de Sergio Massa y para el kirchnerismo. También para el propio Kicillof que dispuso cuatro lugares a terminales del Movimiento Derecho al Futuro.

El massismo pasó de tener a Sebastián Galmarini como director a contar para sí en el nuevo esquema a Javier Bordoni —intendente de Tornquist— y Javier Osuna —intendente de General Las Heras—. La Cámpora sumó al saliente diputado Rodrigo Rodra Rodríguez en el directorio y retendrá a la quilmeña Laura González, que ya ocupa una silla. Por el kicillofismo habrá espacios para el ex intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra; el saliente diputado provincial, Carlos “Cuto” Moreno; seguirá el actual director Alejando Formento y también desembarcará el actual secretario del Concejo Deliberante y ex secretario de Seguridad de La Matanza, Carlos Orsingher.

El único cambio ministerial que hubo fue la salida de Alberto Sileoni como director general de Cultura y Educación. En su lugar, el Senado prestó acuerdo para que jure Flavia Terigi; quien desde la semana pasada ya oocupa funciones en Educación.

Los socios políticos de Kicillof siguen con presencia en el Gabinete. Según pudo reconstruir este medio, el mandatario siguió de cerca y ya con cierto agotamiento las negociaciones que aparecieron para la aprobación del endeudamiento. De hecho, en el medio, tuvo que hacer una demostración de fuerza propia para pedirle nuevamente a la Legislatura la aprobación de la ley que le habilitaba a tomar deuda.

La interna y las tensiones siguen y seguirán; pero por el momento hay una paz coyuntural. En el temario quedan asuntos por resolver. La conducción del Partido Justicialista bonaerense, a la que su presidente Máximo Kirchner planteó que someterá a una renovación -—ue puede ser mediante unidad o internas— o la integración de la Suprema Corte bonaerense, son algunas. La oposición también pide pista las vacancias del máximo tribunal de Justicia provincial, que actualmente funciona con tres de los siete lugares: Hilda Kogan, Sergio Torres y Daniel Soria están al frente.

Los lugares en la Corte sobrevolaron por un momento la discusión del Presupuesto y la Ley Fiscal; sin embargo, hubo cierto acuerdo con todos los sectores para que el tema quede pendiente. Se espera que en los primeros meses del 2026 se vuelva sobre esta arista; algunos sectores harán valer su voto afirmativo al endeudamiento, para el que se requirió los dos tercios de los presentes en ambas cámaras legislativas.

En lo que respecta al Gabinete, La Cámpora seguirá en la cartera de Justicia, el Instituto Cultural, Salud y Ambiente con Martín Mena, Florencia Saintout, Nicolás Kreplak y Daniela Vilar respectivamente. El Frente Renovador seguirá el frente de Transporte con Martín Marinucci. En medio de las negociaciones de esta semana también irrumpió la posibilidad de que la gestión de los puertos bonaerenses pasen del ministerio de Producción a Transporte.

En vistas al 2027, el peronismo en la Provincia sigue en un esquema alejado de una conducción verticalista que es uno de los ejes rectores. El gobernador buscará disputar esa condición, pero al momento sigue la mesa tripartita bonaerense con el kirchenrismo y el Frente Renovador.