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Bullrich presentó, junto a Cúneo Libarona, el proyecto de juicio en ausencia para delitos graves

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El Gobierno anunció el envío del proyecto de ley para implementar el Juicio en Ausencia para graves delitos en el Código Procesal Penal al Congreso de la Nación. Así lo informaron los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia) desde el salón Héroes de Malvinas de Casa Rosada.

Dicho proyecto modificará el Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por Ley Nº 23.984, y el Código Procesal Penal Federal. En la actualidad, la regulación no permite tomar una decisión definitiva si el imputado no se encuentra presente en el proceso.

Según plantean en los fundamentos, esto configura un problema “en casos de graves violaciones a los derechos humanos y en los que la sociedad tiene un interés particular en conocer la verdad”, y agrega: “Permitir el juicio en ausencia en estas circunstancias podría contribuir a satisfacer este interés público, al garantizar que los procesos judiciales avancen incluso cuando el acusado no comparezca en el tribunal”.

De esta forma, la administración libertaria busca además juzgar a los libaneses y iraníes que se encuentran prófugos en la causa por el atentado a la AMIA, aunque ambos funcionarios aclararon que alcanzará otras causas vinculadas a genocidio, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, torturas, financiamiento del terrorismo y narcotráfico.

El titular de la cartera de Justicia especificó que “si el imputado no comparece o se fuga, seguirá el juicio sin su presencia con una defensa bien resguardada” al sostener que “se debe terminar con esa costumbre de los juicios en los cajones y archivos”.

A su turno, Bullrich planteó que la presentación del proyecto responde a “una respuesta del presidente Milei a la sociedad argentina que todos los días siente que hay impunidad”. Además, afirmó que el nuevo mecanismo procesal garantizará “la igualdad de toda víctima frente a la Justicia”.

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Aprobado el Presupuesto 2026 bonaerense: $43 billones y rebaja de la patente

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El Senado de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley los proyectos de Presupuesto 2026 y Ley Fiscal Impositiva, garantizando así la hoja de ruta financiera para el próximo año. La “ley de leyes” proyecta una inversión total de más de 43 billones de pesos y prioriza el gasto social y la infraestructura.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto busca garantizar la sostenibilidad fiscal, proteger a los sectores vulnerables y continuar con las inversiones clave. Se contemplan asignaciones de recursos esenciales como Promoción y Asistencia social ($1.7 billones), Salud ($1.7 billones), y Seguridad ($1.4 billones).

Un punto político central del Presupuesto es la creación de un Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional, destinado a reclamar recursos adeudados por el gobierno federal.

Alivio fiscal: rebaja de la Patente

En materia de recaudación, el proyecto Fiscal se enfocó en la progresividad y la reducción de distorsiones, sin incrementar la presión tributaria general.

  • Automotores: se proyecta una rebaja nominal en la patente que beneficiará al 75% de los contribuyentes de la provincia (aproximadamente 1,5 millones de automotores).
  • Impuesto Inmobiliario: se eliminan cuotas adicionales para el cien por ciento de los propietarios y se estima una reducción de impuestos a pagar en términos reales debido a las actualizaciones nominales.

El senador Marcelo Feliú destacó que la aprobación del Financiamiento garantiza “la viabilidad de la ejecución del plan de Gobierno” e incluye fondos necesarios para los 135 municipios. En la misma sesión, se aprobó la designación de Flavia Terigi como nueva Directora General de Cultura y Educación.

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Diputados aprobó el Presupuesto y la Ley Fiscal, pero se postergó el debate por el endeudamiento

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La Legislatura bonaerense se disponía este jueves a la madrugada a aprobar el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal que envió el gobernador Axel Kicillof, mientras que se propuso un cuarto intermedio hasta el viernes a las 10 por el proyecto de financiamiento.

Los diputados provinciales le dieron media sanción a la norma y ahora se esperaba idéntica respuesta en la Cámara alta bonaerense.

Según indicaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas, la ley de leyes y la impositiva están en condiciones de ser aprobadas con mayoría simple, aunque sectores de la oposición, como el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, votarán en contra.

Con esta postergación, el oficialismo busca estirar los plazos de la negociación con la oposición por lugares en el directorio del Banco Provincia y otros organismos públicos.

El aplazamiento también abre una ventana de tiempo para continuar las tratativas con los intendentes por los fondos para realizar obra pública en los municipios, que buscan recibir el 8% de los USD 3.685 millones del endeudamiento.

De acuerdo a lo que pudo saber NA de fuentes legislativas, el Senado bonaerense podría tratar en espejo las iniciativas que envió el gobernador.

La convocatoria en la Cámara Alta bonaerense era a las 19, pero el horario se atrasó hasta la aprobación de este miércoles por la noche en Diputados.

Paralelamente, el titular del bloque del PRO en Diputados bonaerenses, Matías Ranzini ya anticipó que el bloque amarillo va a votar en contra la Ley Fiscal que envió Kicillof a la Legislatura.

Ranzini acusó al kirchnerismo de “imponer” la eliminación de la exención a ingresos brutos a operaciones con títulos públicos y obligaciones negociables en su Ley Impositiva en la provincia de Buenos Aires.

“Quieren recaudar más a toda costa a expensas de encarecer el financiamiento del sector privado, en definitiva el bolsillo de los que quieren invertir”, sostuvo Razini en redes sociales, al tiempo que adelantó que su espacio rechaza la ley impositiva del gobernador.

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Ruido del Consejo de la Magistratura: Lista Bordó advierte medidas antirreglamentarias en expedientes

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La Lista Bordó del Consejo de la Magistratura expresó este miércoles su “creciente preocupación” por resoluciones adoptadas en las Comisiones de Disciplina y Acusación que, según afirmó, habilitaron la recepción de testimonios de cargo en expedientes sin haber dado previamente traslado de las denuncias a las juezas involucradas, situación que -advirtió- vulnera el derecho de defensa y el debido proceso.

Según averiguó la Agencia Noticias Argentinas el pronunciamiento se difundió pocas horas después de una votación ajustada en la Comisión de Disciplina, que resolvió -con el voto doble del presidente César Grau– rechazar el planteo de nulidad presentado por la jueza María Eugenia Capuchetti en el sumario disciplinario que impulsó en su contra el kirchnerismo.

La magistrada había denunciado que se había avanzado en la investigación, incluso con la convocatoria de testigos, sin haber sido notificada conforme al artículo 11 del reglamento, que obliga a informar al juez investigado para que pueda ejercer su defensa.

En ese expediente, los consejeros Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero y María Alejandra Provítola -los tres jueces-, junto con Eduardo Vischi y Hugo Galderisi, votaron a favor de Capuchetti.

Sin embargo, fueron derrotados por la postura de Luis Juez, Alberto Lugones, María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde y el propio Grau, cuyo voto de desempate definió la resolución.

La Lista Bordó remarcó que tanto en el caso de Capuchetti como en el de la jueza Sandra Arroyo Salgado -investigada por su actuación en la causa de la agresión al diputado José Luis Espert- se verificó la recepción de declaraciones testimoniales en procesos donde aún no se les había dado vista de las denuncias, lo que, según la agrupación, “priva a las magistradas de ejercer su defensa y controlar la prueba”.

El sector advirtió además que en ambos expedientes se tomaron testimonios a personas imputadas en causas penales radicadas en los juzgados donde las juezas investigadas ejercen su función, lo que crea “escenarios propicios para que los acusados intenten mejorar su situación procesal mediante testimonios falaces brindados ante un órgano administrativo”.

La agrupación afirmó que seguirá de cerca el desarrollo de ambos procesos disciplinarios y que sus representantes, Barroetaveña y Díaz Cordero, continuarán reclamando que se respeten las garantías constitucionales y el debido proceso de las magistradas involucradas.

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