La Casa Rosada definió que sus funcionarios se tomen unos días de descanso en enero y eso también incluye a sus principales referentes en el Congreso de la Nación. El objetivo es que mantengan conversaciones pero también “junten energía” para lo que viene. Entre ellos se destacan Martín Menem y Patricia Bullrich, quienes tendrán la responsabilidad de sumar voluntades en el Palacio Legislativo para lograr una pronta sanción de la reforma laboral.
La fecha establecida para llevar el proyecto de ley al recinto de la Cámara Alta es el 10 de febrero. Para ello, el Ejecutivo debe convocar nuevamente a los legisladores a un período de sesiones extraordinarias, algo que, según fuentes de la Casa Rosada, sucederá en los próximos días para iniciar el proceso el 2 de febrero. La reforma laboral ya cuenta con dictamen, por lo que está lista para ser debatida en el recinto. El retraso se debe a que La Libertad Avanza no cuenta con el apoyo del radicalismo.
Bullrich, con una extensa experiencia legislativa, frenó el proceso durante diciembre por la perspectiva de que en el recinto le desguacen la norma. “El dictamen queda abierto para escuchar propuestas“, aclaró la presidenta del bloque libertario cuando anunció que tenían las firmas, pero que no iban al recinto.
Menem realizará una tarea similar en la Cámara Baja, donde debe recomponer relaciones con varios de los socios del oficialismo y sumar a los sectores más dialoguistas. Como presidente de la Cámara de Diputados, tendrá que acercar posiciones con el PRO que, aunque en lo sustancial coincide con la propuesta libertaria, se muestra distante. Sus legisladores, liderados por Cristian Ritondo en general y Mauricio Macri en particular, manifestaron su malestar por el accionar de Menem en las designaciones en la Auditoría General de la Nación. En ese momento, La Libertad Avanza desplazó al PRO y votó junto al kirchnerismo.
Uno de los principales argumentos de La Libertad Avanza para explicar la reforma laboral es que busca “terminar con la industria del juicio”. No obstante, no todos consideran que ese sea el objetivo, y tampoco está claro que la propuesta de la ley sea el camino adecuado.
El Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires emitió un comunicado señalando que entiende que el trabajo atraviesa un proceso de cambios, principalmente por el uso de la tecnología. Sin embargo, afirma que la modernización “no puede desconocer la desigualdad estructural entre trabajadores y empleadores ni la función protectora del Derecho del Trabajo”. Y advierte: “Resulta necesario advertir que cualquier proceso de actualización normativa en materia laboral debe encuadrarse estrictamente dentro de los límites del bloque de constitucionalidad federal y de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de derechos de los trabajadores y trabajadoras”.
En este sentido, la institución que aglutina a los abogados porteños remarcó que la sustitución de la negociación colectiva por acuerdos de voluntad individual o el intento de asimilar el contrato de trabajo a un contrato de derecho privado común “importa un desconocimiento de la protección constitucional vigente”.
El comunicado no pasó inadvertido en la Casa Rosada. Mucho menos teniendo en cuenta que el presidente del Colegio porteño es el constitucionalista Ricardo Gil Lavedra, hombre del radicalismo y ex diputado nacional entre el 2009 y el 2013.
Este dato es relevante porque, aunque Gil Lavedra se retiró de los procesos electorales, sigue formando parte de la UCR, el partido cuyo bloque en el Senado ya le negó los votos a Bullrich en diciembre para avanzar con el proyecto. Y sin sus 10 legisladores es poco probable que la iniciativa prospere.
En este contexto, la intención oficial es descansar y luego retomar el trabajo en la búsqueda de apoyos antes de mediados de enero. Menem en Diputados, Bullrich en el Senado y Diego Santilli con los gobernadores buscarán los votos necesarios para avanzar con el segundo intento libertario de aprobar una reforma laboral.
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