Horas antes de la cadena nacional que Javier Milei brindará en la noche del jueves para exponer el estado del reclamo de soberanía sobre las Malvinas, la administración británica de las islas hizo público el respaldo oficial de Londres en medio de la advertencia de Donald Trump a revisar la posición histórica de Estados Unidos sobre el conflicto.

La cuenta oficial de la Oficina del Gobierno de las Islas Malvinas en Londres (@FalklandsinUK) difundió un fragmento del debate celebrado el pasado martes en la Cámara de los Comunes, en el que la subsecretaria de Estado Uma Kumaran reafirmó que “el Reino Unido no tiene ninguna duda de su soberanía” sobre el archipiélago.

La sesión parlamentaria había sido convocada, en principio, para debatir los gastos futuros del Tratado entre el Reino Unido y Mauricio sobre el archipiélago de Chagos, pero derivó rápidamente hacia las Malvinas cuando Emily Thornberry, presidenta del Comité de Asuntos Exteriores de los Comunes y diputada laborista, tomó la palabra y calificó de “disparate” (nonsense) la sugerencia de Trump de revisar el apoyo estadounidense a la soberanía británica sobre las islas y exigió una respuesta oficial del gobierno.

Kumaran respondió con el argumento oficial de Londres sobre las islas: “Son y siempre serán un territorio de ultramar británico, de acuerdo con los deseos de sus habitantes”, señaló, y agregó que el Reino Unido es “firme en su apoyo al derecho de autodeterminación de los isleños”.

El contexto en que se produjo este intercambio no es menor. La sesión parlamentaria del 1 de septiembre comenzó con un debate sobre el Tratado con Mauricio por el archipiélago de Chagos, otro territorio insular cuya soberanía el gobierno de Keir Starmer negoció y firmó en mayo de 2025, en medio de fuertes críticas internas. El acuerdo, que el gobierno de Andy Burnham heredó sin resolver, contempla transferir la soberanía del archipiélago a Mauricio mientras el Reino Unido arrienda Diego García por 99 años para mantener la base militar conjunta con Estados Unidos. El tratado sigue bloqueado por Washington y genera tensiones crecientes dentro del propio Parlamento.

La oposición conservadora, representada en la sesión por Wendy Morton, fue directa en su pregunta: “En abril, tras la retirada del apoyo estadounidense, los ministros admitieron que el tratado sobre Chagos se había vuelto ‘imposible de acordar a nivel político’. Sin embargo, el Gobierno dice ahora que intenta nuevamente impulsar el acuerdo con Washington. ¿Qué ha cambiado?”. Kumaran esquivó la respuesta concreta: “No voy a hacer un comentario corrido sobre este asunto”, y se limitó a señalar que el Reino Unido trabaja “en sintonía con Estados Unidos” para encontrar una salida que proteja los intereses de seguridad nacionales de ambos países.

Para Argentina, el debate sobre Chagos no es un asunto ajeno. La Cancillería argentina lo mencionó en términos explícitos en al menos dos ocasiones. En mayo de 2019, cuando la Asamblea General de la ONU votó a favor de exigirle al Reino Unido que devuelva el archipiélago a Mauricio, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado oficial en el que sostuvo que la decisión era “un precedente muy positivo para países como la Argentina”, aunque aclaró que “el caso del archipiélago de Chagos no puede igualarse a la Cuestión Malvinas”.

En aquel momento, el entonces canciller Jorge Faurie (que en la actualidad ocupa el cargo de embajador en Chile), resaltó las “similitudes” con la causa Malvinas. “Tanto en el caso del archipiélago de Chagos, como en el Malvinas, se trata de una situación de desmembramiento territorial, donde la población que se encontraba en las islas fue trasladada contra su voluntad, en este caso al territorio continental argentino en 1833″, indicó.

En mayo de 2025, cuando el acuerdo entre Londres y Mauricio se firmó formalmente, la Cancillería volvió a pronunciarse: señaló que el tratado “constituye un ejemplo que demuestra que es posible resolver las controversias de esta naturaleza por medios pacíficos” y renovó el llamado al Reino Unido a reanudar las negociaciones sobre la soberanía de las Malvinas.

La entonces canciller Diana Mondino fue más directa aún. El mismo día en que se anunció el acuerdo sobre Chagos, en octubre de 2024, publicó en su cuenta oficial de X: “Celebramos este paso en la dirección correcta y terminar con prácticas obsoletas. Transitando el camino empezado, con acciones concretas y no retórica vacía, vamos a recuperar la soberanía plena de nuestras Islas Malvinas.”

La oposición conservadora británica, por su parte, también estableció el vínculo. Cuando el entonces canciller David Lammy anunció el acuerdo con Mauricio en los Comunes en octubre de 2024, el portavoz conservador de Exteriores Andrew Mitchell advirtió que la decisión “da oxígeno a los enemigos del Reino Unido en un mundo peligroso y socava la red estratégica de los intereses de defensa británicos”. Lammy intentó cerrar el debate: “Las situaciones no son comparables. La soberanía británica sobre las Malvinas y Gibraltar no está en negociación”. El argumento no convenció a la oposición, que desde entonces repite la comparación cada vez que el tratado sobre Chagos vuelve al debate.

El detonante inmediato de toda esta cadena fue una respuesta de Trump el 31 de agosto en la Oficina Oval. Cuando un periodista le preguntó si su gobierno estaba revisando su posición de neutralidad sobre las Malvinas —en el marco de presiones a Londres para que aumente su gasto militar en la OTAN—, el presidente estadounidense respondió: “Siempre reviso cada posición. Esa es solo una de muchas”. Suficiente para agitar el tablero internacional.

En el gobierno nacional hay cautela en relación a la frase del presidente de EEUU, aunque el martes el propio Milei anunció una cadena nacional para abordar la cuestión Malvinas en la noche de este jueves. Hay hermetismo tanto en Casa Rosada como en la Cancillería en relación al contenido del mensaje.

En Londres, en tanto, el Gobierno del Reino Unido insistió en que su posición es “inquebrantable”. “Las islas son y seguirán siendo un territorio de ultramar británico, de acuerdo con los deseos de los isleños”, reiteró un vocero de Downing Street. Y recuerdan el referéndum de 2013, el 99,8% de los votantes eligió permanecer bajo administración británica, con una participación del 92% del padrón electoral.

La reactualización de la causa Malvinas se da, además, en un contexto de creciente presión económica sobre el archipiélago. En diciembre de 2025, la israelí Navitas Petroleum —con el 65% del proyecto— y la británica Rockhopper Exploration tomaron la decisión final de inversión para desarrollar el campo petrolero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas. La Fase 1 del proyecto, con una inversión de 1.800 millones de dólares, apunta a producir 50.000 barriles diarios con primer petróleo previsto para 2028.

Es precisamente esa explotación la que el Gobierno, a través de la Cancillería, calificó de “unilateral” por parte de los británicos, algo “incompatible con lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas se encuentran sujetas al proceso de negociación”. Este reclamo podría ser uno de los ejes del mensaje de Milei en cadena nacional.

Desde que el presidente Javier Milei anunció que hablaría en cadena nacional sobre el tema, el Gobierno mantuvo bajo un fuerte hermetismo toda información respecto de las últimas novedades respecto al reclamo de soberanía de las islas Malvinas, aunque se concentró en, al mismo tiempo, generar expectativa sobre el comunicado.

El mandatario viene enfrentando las críticas de la oposición por la situación económica, principalmente por la morosidad, por lo que buscó pasar de página recuperando la agenda con un nuevo asunto.

El miércoles, en un evento organizado por la Fundación Libertad y Progreso en el Hotel Sheraton, el jefe de Estado volvió a defender el rumbo de su administración y sostuvo que “estará en manos de los argentinos la decisión de volver al pasado o continuar por el camino que hará a la Argentina grande nuevamente”.

“Nosotros no vamos a flexibilizar nuestra política fiscal, el resultado fiscal no se negocia, y tampoco vamos a negociar la política monetaria porque no vamos a parar hasta terminar de derrotar la inflación”, remarcó ante un auditorio lleno de funcionarios, empresarios, académicos y muchos jóvenes estudiantes de economía que lo aplaudieron efusivamente.

Sin embargo, en este discurso, que a diferencia de otros fue totalmente improvisado -no leyó en ningún momento-, Milei también reconoció que “si no se muestran los resultados, se hace difícil acompañar”, porque se trata “de un modelo que implica riesgos”.

En la previa de su exposición, el vocero, Adrián Ravier conversó justamente sobre esto con varios de los presentes en el salón, quieres se mostraron preocupados por la confianza del electorado en el Presidente.

Una de las personas que estuvo varios minutos hablando con el portavoz fue el español Gabriel Calzada, exrector de la Universidad Francisco Marroquín, con quien tuvo una extensa charla intelectual.

Antes del mandatario, tomó la palabra Alberto Benegas Lynch, padre del diputado y senador de La Libertad Avanza, Bertie y Joaquín, respectivamente, quienes también defendieron las medidas de esta gestión.

El liberal rechazó los reclamos de “mayor sensibilidad por parte del Ejecutivo” y remarcó que en estos tres años “les sacó las botas de encima a los ciudadanos y estableció las reglas, que es la función del gobierno”.

“Cuando se dice que es necesaria una ayuda, hay que preguntarse, como digo, la ayuda por parte de quién, porque si se procede a arrancar el fruto del trabajo ajeno, esto va a derivar inexorablemente en menores inversiones y, por lo tanto, en peores salarios“, opinó.

En este sentido, Benegas Lynch destacó que “tiene un peso muy grande la batalla cultural que muchos han objetado”, porque consideró que el crecimiento de un país “no es un tema de recursos naturales, sino de valores, de principios, de instituciones civilizadas”.

Esto es lo que transmitió también Ravier en sus conversaciones informales con los empresarios locales e internacionales, a los que escuchó durante toda la jornada en el Sheraton: “A casi todos los conoce desde hace años por el ámbito académico y liberal“, resaltaron en su círculo íntimo.

De lo que no hizo ningún comentario en ningún momento fue de Malvinas, una orden específica que le transmitió la cúpula del oficialismo en la última reunión de Gabinete, cuando se decidió hacer la cadena nacional.

En todas las áreas del Gobierno estaba la instrucción clara de no adelantar nada de la cadena nacional que el Presidente va a encabezar, de la cual solamente se sabe que será a las 21:00.

La información que brindará el líder libertario fue coordinada con los equipos de Cancillería, que comanda Pablo Quirno, y de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que dirige Cristian Auguadra.

Según trascendió, en los últimos días habría habido una reunión de los dos funcionarios con Milei. El miércoles también sorprendió el ingreso a la Casa Rosada de un empresario británico que, de igual forma, tuvo una reunión bajo un estricto hermetismo.

Uno de los últimos conflictos que se registraron vinculados a las islas fue el proyecto de exploración de petróleo de las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, de capitales ingleses e israelíes.

El asunto generó especial repercusión debido a la buena relación que hay actualmente entre Argentina y el país de Medio Oriente, que argumenta extra oficialmente que se trata de una compañía privada y de una iniciativa que recién está en la etapa de evaluación.

Por lo pronto, Milei viajará este jueves por la mañana a Santiago de Chile para participar del Foro de Madrid, organizado por la Fundación Disenso, y mantener encuentros con la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sarah Rogers, y con el mandatario chileno José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda.

A su regreso, el libertario se dirigirá a la Casa Rosada para, desde las 16:00, grabar el mensaje que luego será emitido en cadena nacional. No se descarta la presencia de Quirno, que llegó a último momento al acto en el Sheraton para escuchar el cierre del discurso. “Qué política exterior estamos metiendo”, celebró el Presidente al verlo entrar.

En ese evento, rodeado por personas afines a su ideología, Milei bajó del escenario una vez que terminó de hablar y se sacó fotos con los presentes. Uno de ellos se le acercó y le pidió que “salve al país“. ”Estamos en eso”, respondió el jefe de Estado.

La Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados comenzará este miércoles a las 16 a debatir un proyecto de la oposición para prorrogar por un año la Emergencia en Discapacidad que el Congreso aprobó el año pasado. Por primera vez el principal funcionario del área, Alejandro Vilches, contestará preguntas. También lo acompañarán el subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos, Esteban Giler, y el subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, ⁠Gianfranco Scigliano.

Antes de ocupar el cargo de secretario Nacional de Discapacidad, Vilches había sido designado interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en agosto de 2025, luego de la salida de Diego Spagnuolo en medio del escándalo por presuntas coimas y sobreprecios.

En julio de 2025, distintos bloques de la oposición lograron aprobar la ley 27.793 que declaraba la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, pero prorrogable por otro año. Luego el presidente Javier Milei vetó la norma alegando que no podía cumplirse sin romper el orden fiscal, pero el Congreso logró juntar dos tercios de los votos en ambas Cámaras para poder insistir con el proyecto.

El Gobierno perdió la batalla política pero mediante un decreto dejó en suspenso la ejecución de la ley hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento e incluyera las partidas necesarias en el presupuesto nacional. Sin embargo, finalmente la Justicia intervino y ordenó la inmediata aplicación de la ley, tal cual había sido aprobada.

La normativa creaba una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, compatible con empleos formales siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. Además, disponía un régimen de emergencia para regularizar deudas tributarias de los prestadores (hogares, escuelas, centros de día, transportistas), con condonación de intereses y multas, y refinanciación de planes de pago vigentes y caducos. A su vez, establecía una actualización mensual automática de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral según el índice de movilidad. Este era uno de los principales reclamos de las familias ya que los prestadores habían dejado de brindar servicios básicos como transporte o escuelas especiales debido a que los aranceles habían quedado congelados.

Ahora la oposición impulsa una ley para hacer efectiva la prórroga por un año que estaba contemplada en el proyecto original. El proyecto, que lleva las firmas de Juan Marino (UxP), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Germán Martínez (UxP) y Oscar Herrera Aguad (Argentina Federal), busca extender la facultad que autoriza al Jefe de Gabinete a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias sin reducir los créditos de la finalidad Servicios Sociales”. “Esa es la fuente de financiamiento de la ley, y así lo resolvió la Justicia Federal”, aclaran.

En ese sentido, exponen como principal argumento la reticencia del gobierno nacional a aplicar la normativa. “La ley 27.793 tuvo, en los hechos, una fracción mínima de la vigencia real que el Congreso quiso darle. Un veto, una traba en la promulgación, un intento de derogación presupuestaria, dos años de litigio y una intimación judicial mediante. Cada una de esas etapas fue tiempo perdido para las personas con discapacidad, y ese tiempo perdido es lo que la prórroga viene a recuperar”, señalaron.

La oposición también reclamó que organizaciones civiles puedan participar de la audiencia pero el oficialismo argumentó que esa posibilidad quedará abierta para futuras reuniones de la comisión. Desde la oposición aseguran que se trata de una maniobra para estirar la discusión, por eso mantienen la convocatoria a sesión para el 9 de septiembre en la que planean emplazar a las comisiones para obligarlas a dictaminar el proyecto en una fecha determinada.

A diferencia de lo que ocurrió en 2025, La Libertad Avanza ahora cuenta con más de un tercio del recinto por lo que un eventual veto del presidente Milei no podrá ser revertido por la oposición. “No importa, hay que ver si están dispuestos a pagar el costo político otra vez cuando ya se acercan las elecciones”, opinó un diputado dialoguista.