La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) evalúa adelantar el Paro Nacional ante la “amenaza” de un nuevo recorte del 10% de la planta estatal, que pretende llevar adelante la gestión del presidente Javier Milei, y que “representaría aproximadamente 28.000 despidos”.

Según indicaron fuentes del sindicato a la Agencia Noticias Argentinas, las cesantías “apuntarían principalmente a los organismos descentralizados del Estado”, entre los cuales está la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el Inta, el Inti y el Enacom.

La medida de fuerza a la que se refieren, había sido definida en el plenario realizado el pasado 27 de noviembre, en la provincia de San Luis, sin embargo, ante el intento de una nueva ola de despidos por parte del Gobierno Nacional, ATE convocará “a sus instancias orgánicas” para adelantar el paro.

La iniciativa surgió ante la “amenaza” de un nuevo recorte del 10% de la planta estatal, que pretende llevar adelante el Gobierno de Javier Milei.

Paralelamente, el secretario general del gremio Rodolfo Aguiar apuntó contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y lo calificó de “siniestro” porque “viene por los trabajadores”.

“Tiene que saber que los estatales también vamos por él. El sector público no resiste más ajustes. No vamos a tolerar ningún despido y exigimos la renovación automática de la totalidad de los vínculos que vencen el 31 de diciembre”, afirmó el gremialista.

En la misma línea, sostuvo que el Gobierno Nacional “miente” porque “nunca se trató de una cuestión presupuestaria”, sino de una postura “ideológica”: “Los trabajadores contratados en la administración pública representan menos del 0,5% del presupuesto y la deuda externa se ubica por encima del 25%”, agregó.

Para finalizar, sostuvo que, “está más que claro” que Milei que no quiere destruir el Estado sino que pretende “moldearlo” para que sólo se aseguren “los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales” que tienen vinculaciones con Argentina.

“Para garantizar esa tarea, y como si quedara alguna duda, la máxima autoridad laboral está en manos del equipo jurídico de Techint”, concluyó Aguiar.

La senadora electa Patricia Bullrich presentó su renuncia al cargo de ministra de Seguridad Nacional a través de una publicación en redes sociales el domingo, donde difundió además la carta formal remitida al presidente Javier Milei, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

En su mensaje en redes, Bullrich escribió: “Al Señor Presidente de la Nación, Javier Milei, le presento mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional. Le agradezco profundamente, señor Presidente, la confianza y el respaldo para sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país”.

En la carta fechada con efectividad al 1° de diciembre de 2025, Bullrich señaló: “Tengo el honor de dirigirme a usted para presentar mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional, con efectividad a partir del día 1° de diciembre de 2025”.

Recordó que recibió “el mandato claro” de “cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles”, y agradeció “la confianza” y “el respaldo de todo el equipo” que la acompañó.

Bullrich confirmó que el 10 de diciembre asumirá como senadora nacional, donde aseguró que continuará defendiendo “las reformas que el país necesita” y los valores de “instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad”.

La funcionaria deseó “el mayor de los éxitos” a la futura ministra, Alejandra Monteoliva, a quien describió como alguien “capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden en el país”, destacando su “capacidad, experiencia y compromiso” para profundizar la política de seguridad. La carta concluyó con un agradecimiento final al Presidente y un saludo formal.

En la antesala de una sesión clave en el Senado, el senador de Fuerza Patria, Mariano Recalde, criticó en duros términos el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Según subrayó durante una entrevista en Infobae en vivo, la iniciativa “le baja los derechos a los trabajadores” y no genera condiciones para la creación de empleo. El debate legislativo, previsto para este miércoles, enfrenta a oficialismo y oposición en torno a más de doscientos artículos que buscan modificar de forma integral el régimen laboral argentino.

El senador opositor argumentó que el proyecto representa un retroceso en materia de derechos laborales. Insistió en que “no hay un solo artículo que mejore la vida de quienes trabajan”, y enumeró una serie de puntos que, a su entender, perjudican tanto a empleados como a pequeñas y medianas empresas: “Todo lo que está, se está achicando. No es la jornada de trabajo de ocho horas. Desde 1929 que se consiguieron las ocho horas de trabajo y esta ley la tira por la borda. Una conquista centenaria de los trabajadores”.

La reforma, que será discutida artículo por artículo, introduce cambios en licencias, indemnizaciones, contribuciones patronales y el régimen de pago de haberes, entre otras áreas. Recalde expuso que “no se amplía la licencia por paternidad, no se mejoran ni las licencias ni las vacaciones” y advirtió sobre la reducción de la licencia por enfermedad, así como la reducción en el pago durante ese período.

“Un trabajador se enferma y va a cobrar el cincuenta por ciento de su salario básico”, señaló, al tiempo que cuestionó la eliminación de la gratuidad y del límite de extracción en las cuentas sueldo.

El dirigente peronista también reprobó la orientación económica de la reforma, que a su juicio prioriza incentivos a la especulación financiera y la desregulación por sobre la industria nacional. Repasó que durante los gobiernos kirchneristas, según datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y ARCA, “se inscribieron doscientas treinta y tres mil empresas”, incluso cuando regían dobles indemnizaciones y licencias extendidas: “Los derechos laborales no fueron un impedimento para que lleguen las inversiones, para que se abran empresas, para que las empresas abran sucursales”.

En el mismo sentido, el legislador recordó que experiencias previas de flexibilización laboral en la Argentina no generaron el efecto esperado. “Con De la Rúa dijeron que iban a crear empleo. Terminamos con el pico de desempleo más alto de la historia argentina. Con Menem, flexibilización laboral dos veces, en el 90, en el 94. Terminamos con 18% de desempleo”, subrayó. Citó incluso estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que, según mencionó, muestran que “nunca se creó empleo bajando derechos”.

Recalde puso el foco también en el impacto de la reforma en el sistema de indemnizaciones y en la tercerización laboral. Afirmó que el nuevo esquema “favorece la interposición fraudulenta de personas insolventes para no cumplir con las obligaciones” y elimina normas antifraude que, en su visión, protegían a los trabajadores: “El que cumple con la ley no tiene juicios. El que las hace, las paga. Y con este gobierno, el que las hace, las paga es menos en materia laboral, porque eliminaron las sanciones por trabajo negro”.

En cuanto a la situación de las pequeñas y medianas empresas, Recalde diferenció entre quienes cumplen con la legislación y aquellos que evaden sus obligaciones. “Todas las empresas que despiden sin causa tienen que pagar una indemnización. Y si no es solvente, es un problema para el trabajador”, explicó, y señaló que la reforma “favorece la tercerización y la evasión”.

El debate parlamentario se da en un contexto de acuerdo entre oficialismo y sectores dialoguistas del Senado que, según informó Infobae, consensuaron modificaciones importantes al dictamen original. Entre los cambios, se destaca la eliminación de una baja en Ganancias para grandes empresas, la reducción menor de contribuciones patronales y ajustes en el fondo de indemnizaciones. Pese a estas correcciones, Recalde reiteró que “no hay una sola que le dé un beneficio al trabajador”.

Por último, el senador de Fuerza Patria rechazó la eliminación de sanciones para empleadores con trabajadores no registrados y cuestionó la amnistía implementada con la ley Bases, que, según relató, no tuvo impacto positivo en la generación de empleo.

Respaldándose en cifras oficiales, concluyó: “Hace un año y medio hicieron una amnistía, una moratoria, un perdón a todos los que tenían trabajo negro con la ley Bases, con la promesa de que con esa modificación, con la eliminación de las multas, que incrementaban las indemnizaciones, a partir de ahí los empresarios no iban a tener miedo de contratar y ahí se iba a generar empleo. El tema es que pasó en un año y medio, cerraron 21.900 empresas”.