El Senado sancionó este jueves la ley que introduce cambios en la regularización de armas de fuego -agilizar procedimiento-, por un lado, y prorroga el sistema de entrega voluntaria hasta el 31 de diciembre de 2027. El texto obtuvo 40 adhesiones y 26 en contra durante la votación en general.

Durante la sesión, en la que oficialismo y dialoguistas devolvieron a comisión un acuerdos con dos holdouts, el pleno también validó la continuidad, por cinco años, del vocal de la Cámara Federal de Casación Penal Carlos Mahiques. Y se aprobaron convenios internacionales con Singapur, San Marino y Suiza.

El convite también sirvió para darle ingreso formal a un ramillete de pliegos judiciales que envió el Ejecutivo en los últimos días, los cuales eran reclamados por aliados. De esta manera, los mismos tomaron estado parlamentario y serán girados a la comisión de Acuerdos para que se inicie el proceso de avales y antecedentes que derivará, en las próximas semanas, en audiencias públicas.

Para la discusión sobre armas, el kirchnerismo advirtió como “peligrosa” la iniciativa, a pesar de que se trata de un programa que transcurrió en diversas administraciones nacionales. Y que el Gobierno libertario permitió en su gestión, con la baja de edad requerida, que 1.191 elementos pasaran a estar en tenencia de personas de entre 18 y 21 años. Como era de esperar, el cristinismo, vía Martín Soria (Río Negro), trató de atar esto a una reciente masacre escolar.

Cerró el debate la titular de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Recordó que el régimen comenzó con Néstor Kirchner, en 2024, y que el Gobierno de Alberto Fernández olvidó enviar un proyecto a fines de 2023 “para dejar cubierto ese hueco” ante la asunción de Javier Milei. La porteña manifestó: “¿Saben lo que pasaba cuando llegamos? Había un mecanismo de pobres indigentes que tenían la tarjeta de compra de municiones y armas. Lo hacían por fuera de toda razonabilidad. Las armerías fueron imputadas con la ley antimafia“.

Al inicio de la sesión, el Senado quedó en pleno funcionamiento en cuanto a autoridades, con la jura de Patricio Federico Finochietto como prosecretario de Coordinación Operativa. Obtuvo 45 adhesiones, un rechazo y 24 abstenciones. Significó una victoria para la pseudo PRO Beatriz Ávila (Tucumán), quien hasta hace poco comandó la -jugosa- bicameral que administra la Biblioteca del Congreso.

Homenajes y dardos

El legislador del radicalismo Maximiliano Abad (Buenos Aires) rindió un sentido homenaje a Luis Brandoni, quien murió el 20 de abril pasado. “Fue un artista excepcional y su inmenso talento fue una expresión más del extraordinario valor humano y cívico con el que honró a nuestro país”, aseveró. Seguido a ello, sumó que el también ex político “trascendió el arte para erigirse como un ciudadano cabal, profundamente comprometido con sus pares y con su patria”.

Otro reconocimiento fue el que quiso hacer el filo kirchnerista santiagueño José Neder por un nuevo aniversario del nacimiento -7 de mayo- de Eva Perón. Aprovechó para criticar a la Casa Rosada. Bullrich respondió: “Lamento que se lo haya politizado. Es una manera de sesgar el homenaje e impide acompañarlo”.

Tras ello, aparecieron varias cuestiones de privilegio que el cristinismo y otras ramas PJ solicitaron para denostar la gestión mileísta. Por caso, la justicialista Florencia López (La Rioja) volvió a plantear lo irracional del incumplimiento desde Balcarce 50 sobre la insistencias de las leyes -con dos tercios en ambas Cámaras- de universidades y de discapacidad vetadas tiempo atrás por el jefe de Estado.

En tanto, su colega Pablo Bensusán (La Pampa) se quejó por la distribución de los recursos en detrimento de las provincias. La Libertad Avanza sí tendrá que tomar nota de la cuestión de privilegio de la peronista disidente Flavia Royón (Salta) por inconvenientes en el abastecimiento y transporte de gas en el norte del país, más obras inconclusas. Todo voto aliado es clave.

Más de 300 intendentes e intendentas de distintos puntos del país se reunieron en Rosario y elevaron un reclamo unificado al gobierno nacional por la restitución de fondos retenidos para el transporte público, la educación y la discapacidad. La convocatoria, articulada bajo el Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), reunió a jefes comunales de extracción política diversa y contó con la presencia de cuatro gobernadores, lo que le dio al encuentro una dimensión política que excede la agenda municipal.

El acto tuvo como sede la ciudad que encabeza Pablo Javkin, quien ofició de anfitrión. Junto a él estuvieron los mandatarios provinciales Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

“El equilibrio fiscal es una meta que compartimos y practicamos, pero es ilegal e inmoral si se financia con el despojo a las provincias y municipios. La retención de fondos para transporte público, educación y discapacidad no es ‘ahorro’, es un incumplimiento de la ley que castiga a quienes producen”, señala el texto firmado por los intendentes.

El eje del comunicado fue el federalismo, al que los intendentes presentaron como un principio constitucional que el poder central estaría vulnerando de manera sistemática.

“El federalismo no es una concesión del poder central, sino la base fundacional de nuestra Nación. Mientras el poder central se refugia en la frialdad de las métricas macroeconómicas, nosotros gestionamos la urgencia diaria. No somos observadores de la crisis: somos quienes garantizamos que el transporte circule, que los hospitales atiendan y que el tejido social no se termine de quebrar. No tenemos seguidores virtuales; tenemos ciudadanos de carne y hueso que demandan respuestas hoy”, sostiene el documento.

Javkin fue aún más directo en sus declaraciones durante el encuentro. “No se pueden seguir municipalizando las responsabilidades mientras se centralizan los recursos a nivel nacional. Argentina no puede seguir diciéndose federal y no incluir a las ciudades en un esquema de coparticipación. La Argentina va a ser federal desde las ciudades”, afirmó el intendente de Rosario, cuya ciudad acogió el encuentro, apenas horas después de la cumbre principal.

El argumento económico más concreto del comunicado giró en torno al impuesto a los combustibles. Según consignaron los intendentes, durante el primer cuatrimestre de 2026 ese tributo fue el único que superó la inflación —y la duplicó—, pero sus recaudaciones no se destinan al financiamiento del transporte público del interior del país ni al mantenimiento de las rutas nacionales. La denuncia apunta a una brecha entre lo que los ciudadanos aportan a través de ese gravamen y lo que sus comunidades reciben a cambio.

Sobre esa base, el COFEIN articuló una agenda legislativa con demandas puntuales. Los intendentes reclamaron el tratamiento de proyectos de ley que garanticen la coparticipación a municipios del impuesto a los combustibles, cuyos fondos sin distribuir alcanzaron los 2 billones de pesos en el primer cuatrimestre del año. A eso sumaron la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) retenidos, que en el mismo período acumularon 1,3 billones de pesos, y la exención del IVA en las contrataciones municipales, una medida que, según el documento, representaría un ahorro del 9% del total de los gastos operativos y permitiría mejorar la prestación de servicios a los vecinos.

El tono del comunicado rechazó cualquier lectura asistencialista del reclamo. “No pedimos asistencia: exigimos la restitución de los recursos que nuestras comunidades generan y que el Ejecutivo Nacional retiene de forma arbitraria“, sostiene el texto.

Desde su comunicado se reivindicó la gestión de los propios intendentes: “Hablamos desde la autoridad de quienes ya hemos aplicado la austeridad y la modernización tecnológica. Hemos optimizado cada peso con transparencia y eficiencia. Las provincias y las ciudades no son un gasto, es el motor que sostiene a la Argentina”.

El documento cerró con un llamado directo a los legisladores nacionales para que reciban de forma inmediata a los representantes del COFEIN y den tratamiento a los proyectos consensuados. “No buscamos privilegios, buscamos soluciones”, plantearon. La última línea del texto condensó la postura del bloque: “Cuando la realidad golpea al pueblo, la responsabilidad debe estar por encima de cualquier bandera partidaria. No hay República posible sin ciudades de pie“.

El Presidente Javier Milei celebró este jueves el dato de la baja de la inflación en abril que publicó el INDEC y afirmó: «Retornando a la normalidad».

Y agregó: «A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente».

El mandatario se pronunció así en su cuenta de X minutos después de que se confirmara que la inflación de abril fue del 2,6 por ciento quebrando la racha alcista del índice.

También se hizo eco el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que «la inflación de abril fue de 2,6%, la mas baja en cinco meses».

«El IPC Nacional registró una variación mensual de 2,6% en abril, desagregada en una suba de 2,3% en el IPC Núcleo, 4,7% en la categoría Regulados y 0% en Estacionales. La variación en el nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde octubre», continuó en X.

Y agregó: «Si se excluye 2020, fuertemente influido por el incremento transitorio en la demanda de dinero durante la pandemia, la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017. La variación interanual del nivel general fue de 32,4%, con subas de 32,4%, 43% y 12,1% en las categorías Núcleo, Regulados y Estacionales, respectivamente».