La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) evalúa adelantar el Paro Nacional ante la “amenaza” de un nuevo recorte del 10% de la planta estatal, que pretende llevar adelante la gestión del presidente Javier Milei, y que “representaría aproximadamente 28.000 despidos”.

Según indicaron fuentes del sindicato a la Agencia Noticias Argentinas, las cesantías “apuntarían principalmente a los organismos descentralizados del Estado”, entre los cuales está la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el Inta, el Inti y el Enacom.

La medida de fuerza a la que se refieren, había sido definida en el plenario realizado el pasado 27 de noviembre, en la provincia de San Luis, sin embargo, ante el intento de una nueva ola de despidos por parte del Gobierno Nacional, ATE convocará “a sus instancias orgánicas” para adelantar el paro.

La iniciativa surgió ante la “amenaza” de un nuevo recorte del 10% de la planta estatal, que pretende llevar adelante el Gobierno de Javier Milei.

Paralelamente, el secretario general del gremio Rodolfo Aguiar apuntó contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y lo calificó de “siniestro” porque “viene por los trabajadores”.

“Tiene que saber que los estatales también vamos por él. El sector público no resiste más ajustes. No vamos a tolerar ningún despido y exigimos la renovación automática de la totalidad de los vínculos que vencen el 31 de diciembre”, afirmó el gremialista.

En la misma línea, sostuvo que el Gobierno Nacional “miente” porque “nunca se trató de una cuestión presupuestaria”, sino de una postura “ideológica”: “Los trabajadores contratados en la administración pública representan menos del 0,5% del presupuesto y la deuda externa se ubica por encima del 25%”, agregó.

Para finalizar, sostuvo que, “está más que claro” que Milei que no quiere destruir el Estado sino que pretende “moldearlo” para que sólo se aseguren “los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales” que tienen vinculaciones con Argentina.

“Para garantizar esa tarea, y como si quedara alguna duda, la máxima autoridad laboral está en manos del equipo jurídico de Techint”, concluyó Aguiar.

La senadora electa Patricia Bullrich presentó su renuncia al cargo de ministra de Seguridad Nacional a través de una publicación en redes sociales el domingo, donde difundió además la carta formal remitida al presidente Javier Milei, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

En su mensaje en redes, Bullrich escribió: “Al Señor Presidente de la Nación, Javier Milei, le presento mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional. Le agradezco profundamente, señor Presidente, la confianza y el respaldo para sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país”.

En la carta fechada con efectividad al 1° de diciembre de 2025, Bullrich señaló: “Tengo el honor de dirigirme a usted para presentar mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional, con efectividad a partir del día 1° de diciembre de 2025”.

Recordó que recibió “el mandato claro” de “cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles”, y agradeció “la confianza” y “el respaldo de todo el equipo” que la acompañó.

Bullrich confirmó que el 10 de diciembre asumirá como senadora nacional, donde aseguró que continuará defendiendo “las reformas que el país necesita” y los valores de “instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad”.

La funcionaria deseó “el mayor de los éxitos” a la futura ministra, Alejandra Monteoliva, a quien describió como alguien “capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden en el país”, destacando su “capacidad, experiencia y compromiso” para profundizar la política de seguridad. La carta concluyó con un agradecimiento final al Presidente y un saludo formal.

La aprobación en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires de la ley que crea un organismo provincial de fomento audiovisual, popularmente bautizado como el “INCAA bonaerense”, dejó en la madrugada del jueves una postal nítida de contraste con la política de repliegue histórico y achicamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales que impulsa Javier Milei.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales, la ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual impulsada por el gobernador Axel Kicillof declara la actividad audiovisual como “estratégica y productiva”; crea un Fondo de Fomento inicial de $675 millones; instituye un Servicio Audiovisual Provincial, un Consejo asesor con representación sectorial y una red de salas y programas de profesionalización.

La norma fue aprobada con amplio consenso político, incluso en un contexto de fuerte tensión legislativa por el paquete de leyes que envió el oficialismo, que incluye el Presupuesto y la Ley Fiscal, ya aprobados por el parlamento provincial, y el proyecto de financiamiento, que se cayó el viernes por falta de quórum.

Para el gobierno provincial, el objetivo es claro: blindar una política cultural considerada motor productivo, fortalecer el empleo audiovisual y compensar el vacío federal por parte de la administración libertaria.

Dos modelos sobre el rol del Estado en la cultura

El contraste aparece al observar la política nacional: desde el inicio de la gestión, el gobierno de Milei aplicó una combinación de recortes presupuestarios, reordenamientos administrativos y cambios regulatorios sobre el INCAA.

Entre las medidas dispuestas se registraron la reducción práctica del financiamiento a proyectos, la paralización o ralentización de convocatorias y ajustes que afectaron áreas técnicas y de fomento.

También hubo disposiciones para trasladar plataformas como CINE.AR fuera del organismo, luego parcialmente revertidas, y un proceso de reducción estructural que funcionarios libertarios justificaron como parte de un “sinceramiento” de un sector, según señalaron, sobredimensionado.

Para los sectores de la industria, festivales y asociaciones de realizadores, esas decisiones configuraron un proceso de desfinanciamiento que afecta la producción independiente, el circuito federal de festivales y la exhibición de cine nacional.

La diferencia ideológica entre ambos modelos es explícita: para Kicillof, el audiovisual es parte de la economía del conocimiento, genera empleo calificado y exportaciones, y necesita política pública estable.

Mientras que para Milei, la cultura debe sostenerse con mecanismos de mercado y aportes privados. En esa lógica, el INCAA es un organismo que debe “reducir su tamaño”, “ordenar gastos” y limitar su participación en la financiación de contenidos.

Un capítulo más en la puja Kicillof–Milei

El contraste audiovisual funciona como espejo de una disputa más amplia entre ambos modelos políticos: el peronismo bonaerense apuesta a una presencia activa del Estado, especialmente en sectores estratégicos; los libertarios, a una reducción al mínimo de la intervención pública.

Para el ecosistema audiovisual, el escenario que se abre es doble: un polo provincial que busca reforzar producción, identidad y empleo; y un Gobierno cuyo repliegue obliga a replantear la sostenibilidad de la actividad en el resto del país.

En este escenario, la verdadera “batalla cultural” sumó un nuevo capítulo y promete seguir escalando. Más allá de los discursos vacíos, las diferencias entre la oposición peronista y el oficialismo liberal empiezan a plasmarse en cuestiones concretas.