El Gobierno continúa esta semana con las negociaciones para aprobar en el Congreso las reformas que tiene en agenda, en medio de los avances de la oposición para frenarlas y a la expectativa de un posible encuentro de las provincias que podría marcar el desarrollo del tramo final de las conversaciones.

Los mandatarios locales le vienen reclamando a la Casa Rosada algún tipo de medida para paliar la caída en las recaudaciones que implicaría especialmente el capítulo fiscal de la reforma laboral.

Los dirigentes se mostraron preocupados por la reducción de las alícuotas que pagan las sociedades en concepto de Ganancias, aunque tímidamente, ya que no condicionaron en ningún momento su apoyo a la iniciativa.

En este escenario, un reducido grupo de gobernadores -los más críticos de la gestión libertaria- convocó para el próximo miércoles, al mediodía, a una reunión de urgencia en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El pedido de encuentro fue confirmado por los administradores del organismo, que ya tienen reservado para esa fecha el edificio ubicado sobre la calle Azopardo al 750, en el barrio porteño de San Telmo.

Normalmente, este tipo de eventos se hace en la sede que la entidad tiene en la esquina de San Martín y Tres Sargentos, pero ese lugar se encuentra desde hace algunos meses en refacción.

Los mandatarios provinciales tienen previsto juntarse para debatir en persona los detalles de los proyectos que el presidente Javier Milei envió para su tratamiento en estas sesiones extraordinarias, principalmente el laboral.

Sin embargo, en las últimas horas la reunión, que nunca fue anunciada formalmente, corría riesgo de caerse, ya que muchos de los invitados tenían prácticamente decidido no asistir.

Tal es el caso, por ejemplo, de los aliados del oficialismo, como Leandro Zdero, de Chaco; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Ignacio Torres, de Chubut; Marcelo Orrego, de San Juan, y Alfredo Cornejo, de Mendoza.

En tanto, otros líderes regionales más independientes, como Raúl Jalil, de Catamarca, u Osvaldo Jaldo, de Tucumán, se encontraban analizando qué hacer si es que el encuentro finalmente se realiza.

Incluso algunos mandatarios que por momentos son más duros, como el cordobés Martín Llaryora o el santafecino Maximiliano Pullaro, desconocían la convocatoria, que comenzó a planificarse la semana pasada, justo antes de que iniciaran las sesiones extraordinarias.

Por su parte, los referentes del oficialismo siguen con las gestiones para intentar garantizarse los votos que necesitan para que tanto la reforma laboral como e resto de las iniciativas sean sancionadas.

En este sentido, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, encabezará este martes una charla junto a otros espacios cercanos en el salón que tiene la bancada de la UCR en el recinto.

Asimismo, el miércoles mismo se llevará adelante una nueva reunión de la mesa política del Gobierno, que también integran la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor, Santiago Caputo; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

“No vamos a dar ningún detalle que entorpezca la negociación. Lo único que se puede anticipar es que toda la primera parte de la ley no se toca, si cambiamos, son cuestiones que no son significativas”, planteó días atrás un integrante del oficialismo.

Si no hay cambio de planes, este encuentro se daría prácticamente en simultáneo con el que estarán haciendo en el CFI los gobernadores más opositores, como Axel Kicillof (Buenos Aires), quien busca quedar al frente del PJ bonaerense en las elecciones partidarias del 15 de marzo.

De todas formas, en la Casa Rosada confiaban en que tenían el apoyo suficiente como para aprobar la reforma laboral, incluso con el rechazo de todo el peronismo, que además está molesto por el reparto de los lugares en las comisiones.

Tal como precisó este medio, del bloque de LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni, adelantó de manera informal a sus pares de la oposición que la presidencia de la Cámara enviará a cada uno de los espacios que componen el recinto el pedido para que el próximo jueves remitan los nombres de los diputados que integrarán tres comisiones encargadas de debatir los proyectos que enviará el Ejecutivo.

Se trata de las de Relaciones Internacionales – Mercosur, que analizará el acuerdo con la Unión Europea; la de Justicia y la de Familia, que debatirán el Régimen Penal Juvenil.

Con las sesiones extraordinarias en curso, el Gobierno se prepara para encarar una semana clave en el diseño de la estrategia legislativa que desplegará para intentar aprobar la reforma laboral, como objetivo de mínima, pero también el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (EU), aplicar modificaciones en la Ley de Glaciares y avanzar en la sanción de la Ley Penal Juvenil.

Bajo la directiva de concretar las metas que el presidente Javier Milei pensó para antes del 1° de marzo, la mesa política se dará cita nuevamente este miércoles, en lo que será la cuarta reunión del año. Durante el intercambio intentarán ordenar el calendario y ultimar los últimos contactos que le permitan al equipo negociador acumular las voluntades necesarias para aprobar el primero de los cuatro desafíos: el proyecto de modernización laboral.

Este miércoles, en el despacho ubicado en la planta baja de Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, bajo supervisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, volverá a recibir a Bullrich y Martín Menen, con la asistencia del ministro del Interior Diego Santilli; el secretario de Asuntos Legislativos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo, y posiblemente el ministro de Economía, Luis Caputo, quien dio el presente en las últimas reuniones para habilitar las respuestas a los pedidos de los mandatarios provinciales.

Hasta entonces, la idea es que el articulado que aplicará cambios en el esquema de trabajo inicie su tratamiento el miércoles 11 de febrero en la Cámara de Senadores, dado que la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, asegura contar con un piso de respaldos favorables, para luego ser discutida en Diputados.

Para eso, este martes, la ex funcionaria convocó a una reunión con senadores radicales luego de que la asesora y abogada Josefina Tajes recopilara sugerencias al proyecto que genera reticencias en el sindicalismo, algunos sectores del empresariado y gobernadores aliados. Además, prepara una reunión del bloque libertario para centralizar la estrategia que quedará saldada luego de la reunión en Casa Rosada.

El rechazo de las provincias a la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades lo tiene al ministro del Interior, Diego Santilli, en el centro de la escena. Santilli intenta resolver los resquemores planteados sin ceder en la reducción tributaria. Luego de una segunda instancia de recorridas por el interior, y con Misiones como próximo destino y la reunión con el pampeano Sergio Ziliotto por concretar, desde su entorno aseguran que el ex legislador del PRO monitorea los apoyos en el Congreso Nacional.

En diciembre, cuando el Ejecutivo tenía como prioridad el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, el funcionario se volcó a escoltar la negociación legislativa que tuvo como principales alfiles a Patricia Bullrich en la Cámara alta y a Martín Menem en la Baja con la colaboración del secretario de Asuntos Legislativos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt, y el armador del interior, Eduardo “Lule” Menem.

Hasta el momento el representante del Ejecutivo estableció contactos con Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta), Leandro Zdero (Chaco), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).

En paralelo a las negociaciones con el Ejecutivo, los gobernadores maduran un intercambio que podría tener lugar este miércoles en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para centralizar estrategias que hagan frente a la pérdida de recaudación que supone la reducción en Ganancias.

Con la Reforma Laboral liderando el podio de prioridades, la administración libertaria se muestra abierta a conversar cambios en el articulado, en especial si el capítulo tributario complejiza su sanción. Sin embargo, algunas voces del Gabinete respaldan el planteo de Luis Caputo, que presiona para resistir las modificaciones y brega por mantener el diseño de la ley actual.

Pese al desafío que supone Ganancias, en Casa Rosada aseguran contar con los apoyos necesarios para su sanción, aunque no esconden las dudas que genera el punto en cuestión. “Patricia cuenta con un bloque de 44 en el Senado, por lo que consideramos que en varios artículos contamos con mayoría. Lo complicado es Ganancias”, aseguró una importante fuente a este medio.

En la primera semana de extraordinarias, que se espera esté atravesada por reuniones y alguna comisión, en Balcarce 50 se muestran optimistas con la aprobación de las modificaciones que aspiran a aplicar a la Ley de Glaciares tras argumentar que su tratamiento responde a un pedido directo de los gobernadores.

Algo similar descuentan que ocurrirá con el debate por el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. “Trabajaron todos los gobiernos en el tema y lo concretamos después de 25 años, no debería haber ningún sector en contra”, sintetizó una fuente con acceso al despacho presidencial a Infobae. El respaldo legislativo al entendimiento, al que se opuso el Parlamento Europeo, esperanza a un sector del oficialismo que asegura que entraría en vigencia desde su sanción.

A una semana de haber resuelto la inclusión de la Ley Penal Juvenil en el temario de febrero, desde la mesa política aclararon a este medio que el principal objetivo de su tratamiento es la instalación del tema por lo que descuentan introducir algunos cambios en el proyecto, principalmente en la edad de imputabilidad pensada en 13 años, pero que podría aumentar a 14. Además, vaticinan la obtención de media sanción en Diputados para trabajar en su aprobación durante el periodo ordinario.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habló de la renuncia de Marco Lavagna a la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que se dio en un contexto de disputas internas sobre la nueva fórmula de medición de la inflación. Tras esto, el Gobierno confirmó la postergación del cambio metodológico originalmente previsto para enero y el funcionario aseguró que “se va a cambiar cuando la inflación sea cero”.

“No queremos que el kirchnerismo utilice como excusa el que nosotros estamos falseando los datos de inflación”, aseguró Adorni. Por ello, el oficialismo decidió mantener el actual método de medición del índice de precios. Y agregó: “De hecho, lo hubiésemos modificado antes si hubiese sido así”

Luego de que se conociera la salida de Lavagna, Guentes de la Casa Rosada señalaron a Infobae que las diferencias entre el ex titular del INDEC y el ministro de Economía, Luis Caputo, tenían larga data y combinaban aspectos técnicos, políticos y personales. Entonces, la nueva metodología para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue vista como la oportunidad para un recambio de conducción.

Caputo explicó en Radio Rivadavia que la discrepancia esencial residió en el momento adecuado para la transición: Lavagna prefería implementarla de inmediato, mientras que el Presidente y el ministro defendieron retrasarla hasta que la desinflación estuviera consolidada, buscando evitar “especulaciones mediáticas” sobre la manipulación de las cifras.

Al respecto, en un diálogo con LN+, Adorni analizó: “Evidentemente, quiso aplicarlo ahora y no vio en su cargo la posibilidad de no hacerlo y se fue. Y esto no es nada ni bueno ni malo ni nada para cuestionar o no cuestionar. Se han ido un sinfín de funcionarios del Gobierno porque tal vez no estaban de acuerdo, y está muy bien que así sea. Es hasta sano que así sea. Sería muy hipócrita que se sostenga en el cargo pensando que está haciendo algo en contra de lo que cree”.

“Nosotros somos respetuosos de los datos y somos muy respetuosos con las estadísticas. La única manera de mostrarle a la gente si el índice de inflación mejora, empeora o sigue igual, o cuál es la tendencia, es tener datos comparables. Vos tenés datos comparables cuando no cambias la metodología. Entonces, no era justo en términos de transparencia hacia la gente cambiar hoy la canasta de medición. Esa canasta se va a cambiar cuando la inflación sea cero”, detalló el jefe de Gabinete.

Respecto a la proyección del Gobierno sobre cuándo la inflación alcanzará esa cifra, Adorni se basó en los dichos de Javier Milei y ratificó: “A partir de mitad de año vamos a empezar a tener un cero adelante”.

La nueva canasta, resultado de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, reemplazará a la que se aplica desde 2004, con el objetivo de captar con mayor precisión los hábitos actuales de consumo. Según un informe de Qualy, el impacto más notorio recaerá en el peso de los servicios públicos, dado que Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles pasarán de una incidencia del 9,4% al 14,5% en el índice, mientras que Transporte subirá de 11% a 14,3%, Comunicaciones de 2,8% a 5,1% y Educación de 2,3% a 3,1%. En contraste, Alimentos y Bebidas disminuirán de 26,9% a 22,7%. Los expertos de Qualy puntualizaron que “la disminución del peso de los alimentos reduce la sensibilidad del IPC frente a variaciones estacionales y climáticas, así como a la volatilidad de los mercados internacionales de materias primas”.

Este ajuste técnico tiene consecuencias políticas, ya que la administración actual y las futuras dispondrán de mayor capacidad para incidir en la inflación mediante los ajustes tarifarios, dado que “cada ajuste en las tarifas de electricidad o gas tendrá una incidencia mayor en el índice general que con la canasta anterior”. Con la postergación de la nueva fórmula y la continuidad de la actual, el Gobierno busca reducir cualquier margen de sospecha sobre la manipulación de los datos, en especial ante las acusaciones de los sectores opositores y el antecedente de las intervenciones durante la gestión de Guillermo Moreno.

“Si hay algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer es lo que hizo el kirchnerismo: falsear datos. No lo vamos a hacer. En diciembre tuvimos 2.8% de inflación. Entonces, si nosotros tuviésemos alguna intención de querer especular con el cambio de metodología, que en algún momento lo vamos a hacer, porque es efectivamente lo que hay que hacer, lo hubiésemos hecho antes”, afirmó Adorni.

Y continuó: “Esto no se va a modificar, porque es instrucción del Presidente. No estamos dispuestos a que la gente tenga la menor duda del trabajo que estamos haciendo en materia inflacionaria”.

“Lo dijo el ministro Caputo. Cuando haya inflación cero y la no inflación sea una realidad definitiva, ahí podremos cambiar la base de la canasta de consumo”, concluyó el jefe de Gabinete.

Por su parte, Caputo anunció este lunes que el que era segundo en el INDEC, Pedro Lines, asumirá como nuevo titular del organismo y aseguró que la decisión de hacer el reemplazo responde a la implementación de la nueva fórmula de inflación, prevista para enero.

En cuanto al nuevo director, el ministro remarcó que “es un funcionario de excelente trayectoria, intachable” y recordó que, “cuando estaba la sospecha de la manipulación de (Guillermo) Moreno, incluso él se fue”.