El decreto 612, que corrigió los alcances de la reglamentación de la reforma laboral, está provocando el resultado que quería el Gobierno cuando aceptó negociar con la CGT esa norma aclaratoria que puso a salvo la caja sindical: se destrabó la renegociación de alrededor de 800 convenios colectivos de trabajo.

Es que la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral restringió aún más las cuotas solidarias y las contribuciones patronales que financian a los sindicatos y comenzó a frenar la rediscusión de los convenios, uno de los objetivos de la administración libertaria que amagaba con naufragar.

Las negociaciones reservadas entre el Gobierno y la CGT se intensificaron a partir del 1° de junio, cuando la publicación en el Boletín Oficial del decreto 407, que reglamentó la Ley 27.802, en el que sorpresivamente, según los sindicalistas, aparecieron dos puntos que jaqueaban el financiamiento de los gremios.

Por un lado, aquella norma cambió la base de cálculo de las cuotas solidarias y otros aportes pactados en los convenios colectivos de trabajo: mientras la ley decía que “no podrán superar el 2% de las remuneraciones de los trabajadores”, la reglamentación afirmaba que estaría constituida por el “salario básico convencional”, una fórmula distinta a la original que reducía potencialmente el volumen económico de esos montos acordados entre empresarios y dirigentes gremiales.

Por otro lado, la reglamentación de la reforma laboral establecía un tope del 2% que fija la Ley 27.802 para los aportes y contribuciones de los empleadores dentro de los convenios colectivos destinados a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales, algo que la norma original sólo fijaba para las cuotas solidarias, que proviene de los salarios de los trabajadores, sean o no afiliados, y va en forma directa a los sindicatos.

Esas “alteraciones” incluidas en el decreto reglamentario de la reforma laboral rompieron lo pactado originalmente entre el Gobierno y la CGT cuando se sancionó la ley y, según los dirigentes gremiales, tuvieron el sello del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el más firme detractor de las cuotas solidarias, a las que califica como “peajes sindicales”.

El efecto de la reglamentación “alterada” de la Ley de Modernización Laboral fue una oleada de presentaciones judiciales de sindicatos que interpretaron que ese decreto iba más allá que lo previsto en la propia norma. Pero, a la vez, lo que produjo fue la renuencia de empresarios y gremialistas a renegociar los convenios colectivos a la luz de esas inesperadas limitaciones.

Por eso no hubo respuesta positiva a las intimaciones enviadas a principios de junio por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para que se renegocien los convenios colectivos de trabajo que están vencidos y que, según la Ley de Modernización Laboral, deberán actualizarse en las cláusulas sobre las condiciones de trabajo y las cuotas solidarias o aportes pactados entre las partes.

Ese escenario preocupante aceleró lo que venían conversando reservadamente el Gobierno y la CGT, y que se concretó tras la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete: un decreto que aclarara y corrigiera la polémica reglamentación de la reforma laboral.

Así, el decreto 612 fijó que la base de cálculo para el límite del 2% de las cuotas solidarias no es sólo el salario básico: también incluye todas las sumas remunerativas normales y habituales que se cobran todos los meses y que tienen origen en el convenio colectivo. Es decir, si el trabajador cobra otros ítems fijos además del básico también cuentan para calcular el aporte sindical.

En otras palabras, la nueva norma amplió la base de cálculo de las cuotas solidarias y los aportes empresariales, haciendo que los sindicatos puedan recibir más fondos que con la reglamentación anterior, pero manteniendo el límite del 2% sobre los conceptos habituales y mensuales del salario.

A la vez, en el decreto 612 se excluyeron del tope del 2% que fija la Ley 27.802 los aportes y contribuciones de los empleadores dentro de los convenios colectivos que son destinados a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales, que también son cruciales para el financiamiento actual de los sindicatos.

Así se explica la tendencia actual que alivia y entusiasma al Gobierno: se destrabaron todas las discusiones para renovar los convenios colectivos y actualmente “todos los sectores están negociando, tanto los que tienen convenio de empresa como los de convenio de actividad”, según resaltaron a Infobae en despachos oficiales.

Todavía no se presentó ningún convenio actualizado ante la Secretaría de Trabajo, pero la misma fuente aseguró que representantes de varias actividades “comenzaron a consultar y manifestaron la intención de avanzar” en línea con la nueva legislación y las charlas bilaterales se mantienen en la órbita privada. Aun así, los cambios pueden demandar meses de negociaciones porque se trata de “acuerdos pensados para durar años”.

En ese sentido, en la Casa Rosada afirmaron que el sector del petróleo ya trabaja en posibles modificaciones en los convenios vinculados con la actividad y lo mismo está sucediendo en Comercio, donde el sindicato que dirige Armando Cavalieri y las cámaras iniciaron conversaciones extraoficiales para renegociar el convenio, aunque las tratativas están empantanadas por diferencias con el sector de supermercados.

Aun con cierta resistencia, los sindicatos comenzaron a aceptar la baja de las cuotas solidarias para adecuarse al tope del 2% que marca la ley. Uno de los que tenía uno de los descuentos más altos era el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), dirigido por Ricardo Pignanelli, que equivalía al 4% de la remuneración bruta. Ahora se analizaría respetar ese límite del 2% para los no afiliados y establecer el 4% de descuento salarial como cuota de afiliación.

El Sindicato de Camioneros, que lidera Hugo Moyano, también está negociando en forma reservada una reducción de aportes, aunque en este rubro el pionero fue la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que encabeza Gerardo Martínez, que antes del decreto 612 ya se había alineado con el tope del 2% para las cuotas solidarias y el mismo porcentaje para la cuota extraordinaria empresarial, que se destina a servicios sociales, culturales y asistenciales.

Mientras, en el Gobierno en el Gobierno hicieron hincapié en una innovación que trajo aparejada la reforma laboral: las nuevas empresas exploran la firma de convenios colectivos propios con los sindicatos de actividad y se perfila una tendencia favorable hacia los convenios por empresa, sobre todo en compañías más recientes.

Aún es una incógnita si el avance en la rediscusión de los convenios colectivos de trabajo permitirá que se extiendan distintas herramientas incluidas en la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que se incorporaron en las últimas semanas en algunas actividades: una es el llamado “salario dinámico”, incluido en el acuerdo que rige para el personal doméstico, y otra es el banco de horas, que se pactó en la empresa Mirgor, fabricante de electrónica y autopartes, con el aval de SMATA.

Mientras se espera el texto final de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada —que debe enviar la Cámara Alta a la Baja para su posterior giro a las comisiones—, el bloque de LLA buscará conseguir dictamen en las próximas semanas en dos proyectos que desde la Casa Rosada impulsan por considerarlos necesarios y porque quieren retomar la racha ganadora en el Palacio Legislativo.

Según adelantaron fuentes parlamentarias tanto del oficialismo como de la oposición, la intención del bloque que comanda Gabriel Bornoroni es volver a abrir el recinto el próximo miércoles 26 de agosto con un temario que incluya la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y la segunda versión de la ley de Inocencia Fiscal.

La duda en este contexto es si en el temario que trabaja La Libertad Avanza aparece el texto de inviolabilidad de la propiedad privada. “Veremos qué acompañamiento tenemos”, deslizó un diputado libertario. “En principio no va a ser para esa sesión, igual esto no implica que pronto comencemos a trabajar para tenerlo listo”, agregó.

En lo que se refiere a los otros dos proyectos de ley que impulsan el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el riesgo que analiza el oficialismo es que se extienda el clima del Senado y que el peronismo logre seguir articulando junto a otras fuerzas. Y hay algunas señales que así lo indican.

“Están buscando recuperar la iniciativa pero el problema es que está creciendo un contexto más difícil para LLA en el Congreso. Lo del jueves en el Senado es un ejemplo de eso y ahora hay que ver cómo lo transitan, porque lo tienen que procesar”, explicó un diputado opositor. “El clima anti coloso —por Federico Sturzenegger y sus proyectos desreguladores— se está extendiendo y ya no solo abarca a los proyectos que surgen desde esa oficina sino a todo”, añadió.

El otro punto por el cual el oficialismo busca retomar la iniciativa parlamentaria es que, en los cálculos de la mesa política que se reúne en la Casa Rosada, la aprobación de algunos textos viene retrasada. “Sabemos que el segundo semestre va a ser más difícil. Algunas provincias están acelerando sus procesos electorales y eso complica porque, por un lado, está la estrategia de pintar el país de violeta y, por el otro, salimos a pedirle a esos gobernadores —a quienes les vamos a poner candidatos a competir— que nos acompañen en el Congreso. La discusión de la casta ya no sirve y lo de la alta política no tiene el mismo impacto”, explicó un libertario que hasta ahora no ha tenido discursos grandilocuentes en el recinto.

Por el lado del peronismo ya comenzó la ofensiva, y lo dejó en claro en el Senado. Todas las “tribus” que hoy conviven dentro del espacio y que no logran encontrar un punto de equilibrio que les permita avanzar con una estrategia electoral clara definieron que llegó el momento de tener un eje común en el debate parlamentario.

“Todos trabajaron para hacer caer la ley en el Senado. El que quiera verlo, lo tiene a simple vista en algunos tuits que parecen enigmáticos”, señaló una alta fuente del partido.

La semana próxima no hay llamado a comisiones para dictaminar los proyectos. La Libertad Avanza tiene que asimilar la sesión en el Senado y sopesar los riesgos en Diputados. El Congreso entró de lleno en el último semestre previo a las elecciones de 2027.

El Gobierno se consumió esta semana el último crédito político que le quedaba en la víspera electoral y se chocó de frente con un nuevo escenario, completamente adverso. Esta vez le costó caro. La oposición le desguazó el primer proyecto reformista que intentó Javier Milei de una tanda que incluía, según la promesa presidencial, 90 iniciativas este año. El Gobierno perdió en 24 horas la confianza de los gobernadores aliados, poniendo en serios riesgos su gobernabilidad. La radicalización lo llevó a un callejón sin salida. El todo o nada lo dejó expuesto para perder mucho más que varios capítulos de una ley. Perdió sobre todo la conexión popular.

En cuestión de horas, la mayoría de 44 senadores que ostentaba el oficialismo disparó una crisis política en sus siempre débiles alianzas que lo deja aislado hasta nuevo aviso. “Así no se puede seguir, no cumplen nada”, se quejaba el viernes, entre la bronca y la resignación, una senadora que supo tener buen diálogo con los libertarios. La Casa Rosada se vio obligada a repensar sus próximos pasos y cada proyecto que envíe tendrá que pasar la autopsia de los aliados. “La mayoría automática se terminó”, advierte otro senador.

La derrota oficialista con la caída de la mitad de la llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que sufrió la baja de tres de sus seis capítulos originales, derivó en un futuro incierto para lo que sobrevivió. La oposición en Diputados se prepara para resistir mientras el Gobierno levanta el pie del acelerador. Lejos de los habituales apuros, esta vez ni se inmutó para comunicar la media sanción.

En paralelo, el peronismo se despartidizó y ganó. El desmembramiento de la ley tuvo a la Iglesia, sectores militares, científicos y artistas entre sus principales detractores. La política le dio paso a la sociedad. La mala praxis oficial terminó por coronar el fatal desenlace.

La agenda del Gobierno en el Congreso se reducirá a lo puramente indispensable. Lo más urgente será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que ingresó por Diputados y que ya anticipan tendrá modificaciones. No la pasó bien Santiago Bausili en su primera defensa, al que acorralaron con la imposibilidad de blindar el cargo. La oposición instalará el debate de inocencia fiscal, con la imposibilidad de que los funcionarios se sumen al blanqueo permanente. El Presupuesto 2027 será otro de los temas de acá a diciembre, y se esperan definiciones sobre la reforma electoral. No hay ni un borrador de la propuesta. La desconfianza entre los gobernadores y los libertarios llega a tal punto que la opción que se analiza por estas horas es patear el debate para el próximo año. Sí. Una reforma electoral en medio de la campaña. Con este antecedente, los mandatarios no quieren darle los votos por anticipado a Milei ante el temor de que no cumpla el tácito acuerdo de dejarlos reelegir. “Si estiran el tema al año que viene los tiempos dan para la suspensión de las PASO y nada más”, vaticina un senador sobre el poco avance de las negociaciones.

Con la derrota, se terminó para el Gobierno la posibilidad de enviar leyes ómnibus. Tampoco aparece en el horizonte oficialista la idea de poder avanzar con el nuevo régimen de Zona Fría, aún sin acuerdo en el Senado.

Sin guión para la batalla cultural

La interna del Gobierno volvió a ser protagonista en el declive político de esta semana. El jefe de gabinete, Diego Santilli, se ausentó del debate. Solía instalarse en el Congreso para las sesiones clave. Esta vez nadie lo vio. Responde a Karina Milei. La secretaria general de la Presidencia desconfía de Patricia Bullrich, a quien dejaron en soledad. La comunicación, que estaba centralizada en Santiago Caputo hasta el avance del karinismo, tampoco apareció. No hay guión para la batalla cultural. Ningún funcionario del Gobierno tomó como propio el proyecto al punto que el canciller Pablo Quirno dejó en evidencia la desconexión oficial cuando dio por cierta la posibilidad de que cualquier inversor extranjero podría comprarse una provincia entera. “Cuando lo escuché avisé que no acompañaba”, confesó una senadora, que se dio vuelta. Lo sacaron crudo a la cancha.

La suerte de la ley empezó a configurarse el fin de semana pasado. Bullrich sabía que no tenía los votos, pero simuló optimismo. Por eso redujo el porcentaje de extranjerización al 25%, cuando antes era ilimitado. A esa altura, el número no le daba. Fue una manera de resguardar al radicalismo, que cuando se debatió la ley de tierras en 2011 había propuesto ese tope. Entonces la ley salió con un solo voto en contra, de Juan Carlos Romero. No alcanzó. Para la conferencia se rodeó de karinistas, como Agustín Coto y Nadia Márquez, pero los senadores aliados denuncian que no había negociado los cambios con ellos. Eso precipitó la huida en masa.

Uno a uno, los gobernadores se fueron dando vuelta. Hubo rebelión de senadores. Pendientes del escenario social que se venía, avisaron a tiempo del malestar. La debilidad del Gobierno en las encuestas también juega su rol. Nadie quería quedar expuesto. Esta vez los mandatarios no se escondieron. Salieron casi de manera coordinada, el miércoles previo a la sesión, a exponer sus posturas. Primero fue Osvaldo Jaldo, de Tucumán, que sacó un comunicado para avisar por escrito y de manera oficial, que Beatriz Avila, la senadora que le responde, se había manifestado en contra. Después llegó el video de Rolando Figueroa, de Neuquén, con la confirmación de su oposición. La tarde anterior, la propia Bullrich había contado de su lado a la senadora por esa provincia, Julieta Corroza. A esa hora, la salteña Flavia Royón ya había avisado que en esas condiciones no iba a acompañar. Llamó al gobernador Gustavo Sáenz para comunicarle su decisión. Le avisó a Bullrich que tampoco contara con ella para la definición por capítulos.

La exposición que asumieron los gobernadores fue el tiro final para el debate y abrió la puerta a una nueva relación con la Casa Rosada. “Son unos prepotentes”, se le escuchó decir a uno de los senadores aliados, sobre los funcionarios. El estallido final se dio el mismo jueves de la sesión cuando en la madrugada, caía también el capítulo que modificaba el actual marco legal del manejo del fuego. Los últimos en abandonar al Gobierno fueron los senadores por Misiones, Sonia Rojas Decut y Carlos Arce. Le avisaron a Bullrich. Todos tuvieron la gentileza de evitarle al Gobierno la derrota explícita. El Gobierno los convenció para que acompañaran en general, lo que cumplieron. Sin ellos dos, se daba el escenario de empate y cualquier abstención podía derivar en un fracaso total. “Es la última vez, la próxima les digo que voto a favor y les voto en contra”, mascullaba otro senador, a modo de advertencia. Es cierto que para salvarse del papelón, el oficialismo contaba con la información previa de la falta de acompañamiento.

El desguace del proyecto trajo además algunas señales de alarma para los negociadores oficiales. El bloque misionero se partió, en medio de la pelea del gobernador, Hugo Passalacqua, y el mandamás provincial, Carlos Rovira. El Gobierno, que antes negociaba una vez por dos votos, ahora tendrá que hacer un doble acuerdo. El otro espacio que expuso sus diferencias internas fue el de Alejandra Vigo y Carlos Espinola, ambos con posiciones contrapuestas.

En las horas cruciales, en el peronismo cuentan que medió un llamado de Sergio Massa a pedido de Eduardo Wado de Pedro para convencer a los misioneros. Fue cerca de las 23. La oposición ya había conseguido 36 votos para que cayera el cuarto capítulo, pero para entonces temían que Corroza y Edith Terenzi se dieran vuelta. “Fue para asegurar”, contaron en el bloque. Juliana Di Tullio publicó un mensaje encubierto hacia el ex candidato presidencial, cuando al otro día de la sesión escribió en mayúsculas las iniciales del tigrense. Dicen que fue una apuesta, de las que suele hacer pagar Massa.

El debate social y el encuadre moral

El peronismo, con todas sus diferencias, consiguió enhebrar una estrategia que emprendió De Pedro cuando en medio del escándalo por la salida de Manuel Adorni, convocó a la comisión de Ciencia y Tecnología, que poco tenía que ver con el tema, para reinstalar el debate. Sucede que el proyecto se dictaminó casi sin discusión el 20 de mayo. Ya entonces Royón y otros senadores habían quitado el capítulo que eliminaba el registro de barrios populares. En ese debate silvestre aparecieron actores anónimos que se viralizaron sin más, como el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, Martín Paleo, o el obispo de Chascomús, Juan Liébana, que habló en nombre de la Iglesia y la Pastoral Social. La bandera con el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, la actitud rebelde de los jugadores de una selección tan querida, y los artistas populares y menos politizados que se sumaron sobre el final dieron forma a un sentimiento nacional que apabulló al Gobierno. Desde aquel partido contra Inglaterra Milei ya no pudo hilvanar una idea nacionalista convincente.

La falta de estímulo de los propios libertarios quedó expuesta. Según un estudio de QSocial sobre la conversación digital, el Gobierno perdió la batalla hasta por el nombre: “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” generó solo el 0,9% de las interacciones. “Ley de tierras” dominó en el 100% de las provincias. La asimetría fue brutal: por cada interacción a favor, sólo hubo 76 en contra. El interés ciudadano explotó tarde: el 52% de las interacciones se dio en los últimos 7 días y tuvo 3 capas: la académica, con 21% de interacciones, la afectiva, donde se concentró en Malvinas, con 897 mil interacciones y cultural, con inclusión de famosos de por medio, con 787.000. Según esta consultora, el tema logró instalar un “encuadre moral de la soberanía”. Para Ad Hoc, el día de la sesión, las menciones a Milei registraron un 54,3% de negatividad contra un 34,2% de positividad. En este trabajo, el tema Ley de Tierras abarcó cerca del 95% de las publicaciones, lo que indica “el alto interés de la opinión pública”. Más de 82.000 usuarios hicieron mención en redes sociales a la “ley de tierras” o la “venta de tierras a extranjeros” en agosto, con pico de publicaciones el 5 y 6 de agosto, en la previa.

De Lula a China

El Gobierno llegó de capa caída. Había arrancado la semana con la disputa diplomática con Brasil, después de que Luiz Inacio Lula Da Silva anunciara que reducía su representación en la Argentina a un vínculo solo comercial. Lo hizo por las nuevas declaraciones de Milei, en las que insistió en tratarlo de “ladrón y presidiario”. La relación comercial podría verse resentida. “Los países no se mudan”, solía decir José Pepe Mujica cuando peleaba con la Argentina por las pasteras. Lo cierto es que experimentados funcionarios del Palacio San Martín ven poco probable que pueda retomarse el diálogo con los modos de Milei. Podría verse afectada la Argentina si las grandes inversiones eligen irse a Brasil, como ya está pasando. El país vecino recibió en 2025 diez veces más inversiones, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en los que la Argentina registró el nivel más bajo entre las principales economías de América Latina. Brasil logró captar inversiones por USD 76.877 millones y el país apenas USD 3.134 millones netos. A eso se suman los últimos datos del Banco Central que muestran una cifra récord en salidas de dividendos. Se registraron salidas por USD 1.891 millones, el máximo nivel desde 2017, con apenas una inversión neta de utilidades de USD 852 millones. El flujo neto de Inversión Extranjera Directa (IED) fue positivo por USD 1.794 millones en el primer trimestre, pero representa un desplome de 62% en comparación con el mismo período de 2023, según el análisis de CEPA.

Desde Itamaraty sostienen que no van a profundizar las diferencias. El problema es que en el medio se mete la disputa entre Lula y Donald Trump, principal sostén de Milei. Estados Unidos declaró al Comando Vermelho (CV) y al Primeiro Comando da Capital (PCC) como terroristas globales. Si la Argentina sigue el lineamiento norteamericano, como ha hecho con otros grupos, podría agrietarse aún más la relación con el país vecino.

El Gobierno se juega dos elecciones extranjeras como propias. Primero la de Brasil, en octubre, y un mes después, la de Estados Unidos. Esta última será la más importante en función de la dependencia económica de la Casa Rosada con el Tesoro norteamericano. Por las dudas, esta semana, sin demasiado ruido, el Banco Central renovó el swap con China. Y no sólo eso, sino que amplió el plazo de vencimiento del nuevo acuerdo, de 3 a 5 años, “lo que permitirá brindar una mayor previsibilidad sobre la continuidad de esta herramienta”, destacó la entidad monetaria en el anuncio. Está claro que el gigante asiático no va a abandonar su intento de influencia en la región, donde tiene una estrategia subnacional. Esta operación se dio en medio del silencio diplomático argentino por la denuncia de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF), sobre la posibilidad de que EEUU le revoque las visas a las autoridades de la compañía por un contrato con la compañía china Huawei.

La otra derrota

A la pelea con Lula, el Gobierno sumó otra derrota política cuando debió dar marcha atrás con la decisión de “desregular” el servicio de practicaje y pilotaje que paralizó gran parte de la actividad portuaria y del comercio exterior. Fue insólito. Sturzenegger intentó regular una actividad entre privados. Hay sospechas de todo tipo respecto del accionar oficial sobre todo porque las grandes navieras se verían favorecidas por la medida. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que venía en baja por la frase “mapita” durante el Mundial, se peleó con el ministro de Modernización, y terminó dándole un cierre al asunto. En los ámbitos técnicos sostienen que el funcionario le mintió a sus colegas de gabinete. El avance que intentó y fracasó da por tierra ahora con su intención mayor, la de permitir que barcos con bandera extranjera puedan realizar transporte de cargas y pasajeros entre puertos de Argentina, es decir, transporte de cabotaje, que históricamente estuvo reservado de forma exclusiva para embarcaciones nacionales.

La pelea interna en Casa Rosada es que la mesa política le frena a Sturzenegger las iniciativas. No llama la atención que estos últimos proyectos, como la desregulación del mercado de libros o la venta de medicamentos, aparecieron “filtrados” a los medios, sin anuncio oficial. “Él los mandó a la prensa porque la mesa política se los bajaba”, sospecha un funcionario. La desconfianza avanza.

Bienvenida con emojis

La única noticia destacable que tuvo el Gobierno fue la confirmación de la visita del Papa. Milei lo celebró escuetamente, sin mostrar emociones, con dos emojis de leones, ajenos a la diplomacia. En el resumen que hace el portavoz Adrián Ravier, titulado “Una semana más cambiando la Argentina”, el hecho apareció mencionado recién en el quinto lugar. Cierra el listado de los 11 hitos destacados que el Gobierno declaró a la organización ecuatoriana Chone Killers como organización terrorista. El Vaticano venía trabajando desde el 2023 en un viaje de Francisco a la Argentina, que iba a realizarse en el 2024 y no se dio por su estado de salud. En círculos eclesiásticos aclaran que la decisión se tomó en Roma. “Por lo menos es exagerado pensar que es un triunfo diplomático del Gobierno”, refuerza una fuente al tanto de la agenda que emprenderá León XIV. La iglesia argentina ya anticipó que el mensaje que traerá podría no gustarle al Presidente. Marcelo Colombo, presidente del Episcopado, planteó en la previa que la misión es “dar cuenta de cuando algo no está bien, cuando algo daña el tejido social, cuando se vulneran los derechos fundamentales de las personas”. El Gobierno la dejará pasar. “No descarten algún simbolismo fuerte con los sectores marginados de la sociedad”, se anticipa en ámbitos eclesiásticos. Es un Papa que ha tenido fuertes diferencias con Trump. También será escenario para Axel Kicillof, Martín Llaryora y Jorge Macri, los otros tres anfitriones.

Caída en los jóvenes

La debilidad política que mostró el Gobierno esta semana tiene su correlato en la sostenida baja en la imagen presidencial. La última medición de Atlas Intel para Bloomberg vuelve a tocar su récord de desaprobación con el 62,4% (el máximo fue 63). Este sondeo refleja un problema entre los jóvenes. Entre los 16 y 24 años el rechazo alcanza el 76,9% y entre los de 25 a 34 años llega a 71,9%. El otro dato llamativo es la preocupación por el mercado de trabajo. Quienes evalúan como mala la gestión en este punto llegan al 73% y el desempleo aparece dentro de los principales problemas del país, solo superado por la corrupción. Para Management & Fit, la mirada negativa futura supera a la positiva en 8,7 puntos. Entre los principales problemas la muestra destaca los aumentos de precios y las tarifas y en el plano personal, la dificultad para llegar a fin de mes sigue en primer lugar con el 24%.

Ese declive popular de Milei pesa sobre todo a la hora de las alianzas circunstanciales en un Congreso que se le va cerrando.