Lo cierto es que, en el debate fiscal, dentro del propio Gobierno se inquietan ahora por el ajuste de Luis Caputo, “Toto”, que hasta él mismo cuestionó hace dos semanas, en una entrevista televisiva, cuando se sinceró: “Tenemos que recaudar más, seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil”. Más directo fue un altísimo dirigente del oficialismo, que planteó: “Es fácil tener superávit a lo ‘Toto’ si no le pagás a nadie”.

Por eso Vaca Muerta se transformó, transversal a todos los gobiernos, desde CFK -el kicillofismo saca pecho con la estatización- hasta Milei, en una política de Estado que puede ser la llave de esa disyuntiva para las próximas administraciones, con una generación de divisas fenomenal en un mundo, como el actual, que demanda energía. Algo similar sucede con la minería, en particular con el cobre: las grandes compañías a nivel global, desde Glencore y Río Tinto hasta BHP/Lundin, ya pusieron un pie en el país, con inversiones a largo plazo que, según los proyectos presentados en el RIGI, ascienden a más de USD40.000 millones. Según los expertos del sector, la minería podría convertirse, en unos 10 años, en un rubro tan trascendental para el desarrollo del país como el campo o Vaca Muerta.

El mes pasado, cuando se sancionaron en el Congreso las modificaciones a la Ley de Glaciares que reclamaban las empresas y las provincias mineras, los representantes de la cámara sectorial pidieron una reunión con Kicillof mientras se discutía el proyecto en audiencia pública. Dos días antes, la dieron de baja: la ministra de Medio Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, de La Cámpora, expuso en el Congreso con argumentos durísimos contra la iniciativa, lo que motivó la suspensión. Fastidiados, desde el sector explicaron que les hicieron llegar el mensaje de que, por ser de La Cámpora, el gobernador no tenía herramientas para dar de baja la exposición de su ministra. Desde La Plata lo desmienten: “Axel sí la podía bajar, pero no quiso, como tampoco rosqueó con el resto de los gobernadores para que no salga la ley, más allá de algunos reparos”. En Provincia explicaron, por caso, que nunca pusieron reparos a la minería para operar en ese distrito.

PBA en el ojo de la tormenta. El debate en torno a la minería y sus eventuales implicancias ambientales es uno de los temas que divide al peronismo. Durante la discusión en el Congreso, hubo innumerables posiciones de rechazo, desde La Cámpora hasta destacadas figuras del espacio y del kicillofismo, más allá de Vilar, y definiciones a favor. La UOCRA, por ejemplo, marchó en torno al Parlamento para apoyar la iniciativa.

La posición del gobernador bonaerense, y su hipotético modelo económico, es motivo de análisis en el círculo rojo y entre los inversores, que suelen formular dos preguntas a sus interlocutores domésticos: qué posibilidades tiene Milei de ser reelecto y, por el contrario, cuántas chances reales tiene el peronismo de volver al poder. En este último caso, la figura de Kicillof genera algún tipo de alarma en algunos sectores, a pesar de que un buen número de empresarios que se entrevistaron con él en estos meses salieron mucho menos espantados de lo que preveían antes de verlo.

Pero si existe cierta preocupación en el establishment, dentro del propio peronismo, en particular en territorio bonaerense, la situación es más bien parecida a la de la guerra feroz y a cielo abierto entre las dos facciones del gobierno lideradas por Karina Milei y Santiago Caputo. En la provincia de Buenos Aires, esos dos bandos están representados por el gobernador y por Cristina y Máximo Kirchner.

El vínculo entre Kicillof y el jefe de La Cámpora no tiene retorno en términos personales, y desde lo político cada uno inició su camino. Circularon incluso en estas semanas versiones en torno a que el diputado había pedido una reunión mano a mano, pero fueron desmentidas: por el momento, no pasó ni pasará. Tampoco con la ex presidenta, a pesar de los esfuerzos de algunas figuras como Federico Otermin, el intendente de Lomas de Zamora que quiere ser gobernador, que tiene buena relación con todos los sectores y que suele aconsejarle a Kicillof que intente visitar nuevamente a CFK. “En las últimas reuniones, Cristina le pidió lo mismo: que Axel valide todas y cada una de sus decisiones con Máximo, y eso no va a pasar”, respondieron desde La Plata. En el 2021, cuando el peronismo perdió las elecciones intermedias, la ex presidenta autorizó una intervención del gabinete provincial con el desembarco de Martín Insaurralde, socio del jefe de La Cámpora. Tanto el ex intendente de Lomas como Kirchner aspiraban a quedarse con la Provincia en el 2023, cuando desde el dispositivo cristinista se le pidió al gobernador que fuera el candidato presidencial para correrlo de ese territorio. Kicillof se negó, y esa negativa terminó por dinamitar los puentes, incluso antes de que CFK fuera por el PJ, ante la falta de apoyo de su ex ministro, y de que fuera presa, y desde ese sector se le achacara públicamente al gobernador que no se pronunció de manera enfática por ella.

La disputa se trasladó más tarde al gabinete y a la Legislatura, con epicentro en el Senado, desde donde el kirchnerismo entabló una guerra despiadada contra Verónica Magario por el control de la caja y el reparto de comisiones, recién saldado. En Diputados aún hay tierra fértil para La Cámpora y para que Insaurralde, desde la clandestinidad pública, ejerza todavía una influencia decisiva.

En esa Legislatura se debate, por ejemplo, la re-reelección de los intendentes. También la postulación de los cuatro aspirantes a la Corte Suprema provincial, que funciona con tres integrantes, como la Corte nacional. Es una negociación que está empantanada. De esas cuatro vacantes, tres les corresponden, según el peronismo, a ellos, y otra a la oposición. El problema es que no hay una sola oposición, tampoco un solo peronismo. Según trascendió, sería uno para Kicillof, uno para Massa y otro para el cristinismo, aunque desde la gobernación reclamaron dos para sentarse con más aire a la mesa de negociaciones: “Si vamos con uno, terminamos con nada”.

La Justicia es un rubro al que el gobernador no le dedica demasiado tiempo, pero hay funcionarios y operadores que empezaron a abrirle algunas relaciones.

Existieron, en los últimos meses, conversaciones subterráneas con la Corte, que acumula ocho demandas millonarias de la Provincia contra Milei por transferencias interrumpidas. Tuvo lugar, además, una cumbre reservada en Avellaneda, con Ferraresi como anfitrión, que convocó a los jueces Ariel Lijo, María Servini, Jorge Rodríguez, Diego Armella y la fiscal Cecilia Incardona. El gobernador llegó con el ministro Javier Alonso y Santiago Pérez Teruel, uno de sus asesores judiciales, y no conocía el detalle de la convocatoria. No participó Juan Martín Mena, el ministro de Justicia provincial, que tiene buen diálogo con el gobernador pero responde directamente a San José 1111. Los asistentes le preguntaron a Kicillof por su visión sobre la Justicia. “No les voy a pedir nada para no deberles nada”, respondió, según sus colaboradores.

Esa displicencia en un rubro tan sensible evidencia, según algunos dirigentes del peronismo, cierta debilidad en la construcción del proyecto presidencial de Kicillof. Es algo que ahora compromete al Presidente, inmerso en un pleito judicial entre dos bandos que se dirime en Comodoro Py. En el PJ apuntan, en ese sentido, a su temperamento, y a su estilo de conducción: para algunos sectores, no conduce, aunque tenga un diálogo fluido con otros gobernadores. La independencia definitiva de Cristina Kirchner es otra de las inquietudes, igual que la herramienta para determinar al candidato: no es lo mismo con o sin PASO. Una vez culminado el Mundial comenzarán algunas revelaciones. La eliminación o no de las primarias es una de ellas. El casi seguro adelantamiento del calendario provincial también cautiva a inquietos: algunos probables postulantes trabajan con la hipótesis de una elección posible en mayo.

“Axel no tiene que ser el candidato de la rosca, tiene que ser el candidato de la gente”, aseguraron en La Plata. Cualquier candidatura, de todos modos, está atada no solo a la rosca, las negociaciones y el debate por el modelo, si no también por la situación socioeconómica bonaerense. El programa de Milei ofrece, en ese sentido, una novedad: es la primera vez, en los últimos veinte años, que Buenos Aires no es un eje central de los proyectos nacionales porque es la primera vez que la conducción provincial no coincide con el poder central. En el 2015, con el triunfo de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, la Casa Rosada privilegió las transferencias a ese distrito, a pesar de que los tarifazos en los servicios públicos impactaron fuertemente en el Gran Buenos Aires. En el gobierno del Frente de Todos, esas transferencias se multiplicaron. En plena pandemia, Alberto Fernández recortó la coparticipación que Macri le había aumentado a la capital en el 2016 por el traspaso de la Policía y se la giró a Kicillof, presionado por un acuartelamiento de la fuerza provincial por demandas salariales. El experimento Milei, de asfixia a la principal provincia del país, pone al gobernador a prueba a diario: desde el año pasado, las cuentas bonaerenses cerraron con déficit. Una situación aún más acuciante puede tirar por la borda cualquier proyecto presidencial.

En la reunión de hace algunas semanas de intendentes del conurbano con la cúpula de la Iglesia se hizo especial hincapié en esa cuestión: “No hay explosión, pero no sabemos si mañana no puede llegar a haberla”, fue el mensaje de los jefes comunales. La jefatura eclesiástica pidió mayor cohesión en el peronismo, hasta que uno de los intendentes señaló: “Si llegó Milei es por culpa nuestra”.

La crisis en el conurbano es algo que se sigue con interés también desde la Casa Rosada, más precisamente en el despacho de Diego Santilli, que ya trabaja para ser gobernador, impulsado, según su entorno, por los hermanos Milei, que le hicieron saber de esa intención finalizadas las elecciones de octubre pasado. Sebastián Pareja, que intenta negociar con funcionarios bonaerenses por las vacantes en la Corte, ya tiene el dato.