En una caótica sesión que se convirtió en carísima -por la falta de orden y control- para la Casa Rosada, el Senado pospuso la aprobación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. La oposición dialoguista se la desplumó en comisiones a la jefa libertaria, Patricia Bullrich, a quien se la vio con poca reacción en el recinto y, ante reclamos de más cambios y en medio del encuentro de esta tarde, se decidió frenarla.

“Hoy nos dedicamos a perder”, reconoció ante Infobae un ofuscado legislador libertario. Desde otros despachos apuntaron a solicitudes de modificaciones realizadas a último momento por el radicalismo, aunque otros aliados se plegaron a la idea de dilatar el tratamiento, que quedará para otra sesión.

¿Qué ocurrió en el plenario de mayo pasado, cuando se dictaminó? Fueron varios los batazos. Los más conocidos apuntaron a la eliminación del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), que significó una dura derrota para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el guiño a gobernadores para que definan -por su cuenta- el límite de venta de tierras a extranjeros, ahora observado; y la amortiguación del texto inicial de la Casa Rosada a la hora de desalojos exprés.

Durante el plenario de comisiones, Bullrich remarcó que, en el capítulo de expropiaciones, se incorporó un límite máximo sobre lucro cesante del 30 % -antes no había un porcentaje determinado-, excepto que el involucrado demuestre lo contrario. También se revisó la tasa de interés, que será IPC más la del Banco Nación a 30 días y, por último, la fecha para establecer el valor de un bien será la anterior a cualquier acto o hecho vinculado a la expropiación.

En cuanto a desalojos, se respetará la diferenciación de sujetos locatarios de usurpadores. Según explicó la porteña, “se ratificará que las condiciones ante una eventual falta de pago seguirán como las determinadas por las partes -si es habitacional- y, ante una intimación, el locador deberá hacerlo con un plazo de diez días”.

Sobre tierras rurales, la jefa oficialista confirmó el mayor poder a mandatarios provinciales, salvo la prohibición a favor de Estados extranjeros. Sin embargo, en zonas de frontera, habrá una intervención del distrito con autorización previa de Nación. Y, para el caso de la ley de fuego empujada por Máximo Kirchner en la gestión de su “compañero” Alberto Fernández, se dinamita el plazo de “60 años de prohibición de uso o cambio de dominio ante un incendio de bosques nativo o implantado”.

Durante esta tarde sí se votará, de lo poco que queda en pie, un acuerdo del Estado con dos holdouts que estipula que Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP aceptarán una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense. Según el texto, el Estado argentino cancelará los pasivos litigiosos con un pago de USD 67 millones al primero y USD 104 millones, al segundo. En total, UDS 171 millones.

Además, el mecanismo adoptado responde al formato internacional de “Entrega contra Pago” (DVP): los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos y los acreedores asumirán los costos legales creados por el litigio. E incluye una cláusula de “standstill”, que impide a los acreedores nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.

En la sesión también se espera que avance la creación una nueva sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. También, una iniciativa sobre organización de Salas y la creación de un cargo de Juez de Cámara en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

Miles de personas se movilizaron este miércoles en distintas ciudades del país al cumplirse once años de la primera marcha de Ni Una Menos.

Durante la jornada, las organizaciones feministas difundieron un documento en el que reclamaron justicia por los femicidios de Agostina Vega, Dulce María Beatriz Candia y Noelia Romero, cuestionaron las medidas del gobierno de Javier Milei y denunciaron el retroceso de las políticas públicas destinadas a prevenir la violencia de género.

En Bahía Blanca, la movilización concentró en la Plaza Rivadavia, marchó hacia el Teatro Municipal y luego volvió al frente de la Municipalidad para darle el cierre a la jornada.

Durante la lectura de un escrito subrayaron que “más de 10 años después del primer Ni Una Menos, de aquella marcha histórica y multitudinaria, seguimos organizadas y en las calles contra los femicidios, los discursos de odio, la legitimación y multiplicación de la violencia patriarcal y machista impulsados desde los gobiernos. Contra la represión, contra el ajuste y el acuerdo con el FMI, la deuda es con nosotras y nosotres”.

“Ni una menos porque, mientras el gobierno de Milei niega la violencia de género y la figura del femicidio. Sabemos que solamente 1 de 4 mujeres que sufren violencia de género llegan a hacer la denuncia. Entre 2023 y 2026 se redujo un 89% el presupuesto asignado a prevenir y atender la violencia de género. El programa acompañar para mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género, la Línea 144, el presupuesto destinado a la ESI son los puntos más duros del ajuste. Actualmente se destinan $1762 por mujer“, denunciaron.

Con énfasis local, también se exigió justicia por la madre e hija asesinadas y luego prendidas fuego en su casa del barrio Thompson el año pasado: “Seguimos marchando por justicia por Myriam Velázquez y Mariana Bustos. Desde la familia y allegados exigimos que el acusado siga preso por el doble femicidio y que la Justicia rechace el pedido de prisión domiciliaria. ¡No a los privilegios para los femicidas!“.

A su vez lanzaron una serie de pedidos:

• “A la Dirección de Géneros y Diversidades de la provincia y, a nivel municipal, un protocolo accesible y eficaz para atender situaciones de violencia en articulación con organizaciones feministas y de la diversidad, y trabajadoras y trabajadores con perspectiva de género. Reclamamos soluciones a mediano plazo, medidas y presupuesto acorde que amparen a las víctimas de violencia de género. La desidia estatal profundiza las situaciones de violencia que conducen a los femicidios. Sin decisión política ni presupuesto, no hay ni una menos”.
• “Nos oponemos a la baja de edad de imputabilidad, que implica profundizar la criminalización de la juventud, especialmente de niñas y adolescentes que viven en contextos de vulnerabilidad y violencia. En vez de garantizar derechos como educación, salud, vivienda y protección frente a la violencia machista, el Estado responde con castigo y encierro, reforzando la lógica punitivista y dejando de lado políticas de prevención y cuidado. Por eso exigimos políticas públicas de acompañamiento integral con presupuesto para la salud física y mental, acompañamiento en consumo problemático, espacios de alimentación sociocomunitaria y educación en todos los niveles”.
• Defendemos nuestro derecho al aborto y decidir sobre nuestros cuerpos. Basta de desfinanciamiento del sistema de salud. Denunciamos la falta de medicamentos para realizar la IVE y la persecución a las y les profesionales de la salud, por eso seguimos en Campaña: por la defensa y la plena garantía de nuestro derecho a decidir. Ley 27.610. A la clandestinidad no volvemos nunca más. Aborto legal, seguro y gratuito. Rechazamos los dichos de Milei al responsabilizarnos de la disminución de la tasa de natalidad.
• “NI UNA MENOS POR REDES DE TRATA. Las cifras de mujeres sometidas a la trata ascienden día a día. La desaparición de mujeres y niñas y niños viene en ascenso. Hay grandes entramados que atraviesan también a nuestra ciudad y mueven millones de pesos en forma clandestina se mantienen intactos, con el amparo de distintos sectores del Estado como policías, jueces y funcionarios públicos y el poder político. Exigimos al Estado el desmantelamiento de las redes de trata. A su vez, que se garantice el presupuesto para la asistencia integral de las víctimas. Sin clientes no hay trata! Justicia por TODAS LAS MUJERES VÍCTIMAS DE LAS REDES DE TRATA”. 

Fuente: Frente al cano.

El Concejo Deliberante no realizará una sesión especial para reclamar por mantener a Bahía Blanca dentro de la Zona Fría como reclamó la semana pasada el intendente Federico Susbielles.

La iniciativa fue anunciada por el jefe comunal el viernes pasado, para que las diferentes bancadas del legislativo se expresen por la posibilidad de que en los próximos días el Senado nacional vote a favor de restringir los beneficios del 30 y 50% de descuento en las tarifas de gas que se otorgaron a nuestra ciudad en 2021.

Sin embargo, hasta entrada la tarde de ayer no había ningún pedido al legislativo y en los pasillos de Sarmiento 12 varios concejales aseguraron no estar de acuerdo con la realización de una sesión especial, por lo cual no habría consenso para realizarla.

Desde La Libertad Avanza y el PRO negaron avalar el pedido del jefe comunal, lo que trabaría la convocatoria y la posible aprobación de cualquier expediente.

No obstante, pese a la imposibilidad de sesionar esta semana, desde el oficialismo pretenden que el tema se debata en la próxima sesión ordinaria y ya presentaron un proyecto de resolución que se tratará el jueves 11 de junio en el que manifiestan el rechazo a la idea de la eliminación de Zona Fría, al igual que Fabiana Úngaro (Avanza Bahía) que promueve una iniciativa similar. Es decir que todos los espacios políticos darán a conocer sus posicionamientos en la misma y el tema no se irá de la agenda.

En esos proyectos solicitan a senadores nacionales que no den apoyo a la idea impulsada por el gobierno nacional. ”

Hay dos posiciones: o estás a favor de Bahía Blanca y sus vecinos o estás en contra. Estoy dispuesto a defender judicialmente a la ciudad de este despojo que pretende hacer el gobierno nacional”, dijo el jefe comunal a través de las redes.

Días atrás en un mensaje difundido en redes sociales, Susbielles sostuvo que la eventual quita del beneficio implicaría una situación crítica para cientos de familias en pleno invierno.

Fuente: La Nueva.