El Gobierno tiene tan solo siete días más para continuar negociando informalmente con la oposición antes del inicio de las sesiones extraordinarias, en las que buscará aprobar la demorada reforma laboral, que ya consiguió varios apoyos, pero también algunas críticas.
La iniciativa, que surgió de un trabajo elaborado por el Consejo de Mayo, se presentó originalmente el año pasado para ser tratada durante diciembre, pero la presión de la CGT y la estrategia política de La Libertad Avanza postergaron el debate.
La central obrera había anunciado un paro con movilización para el día en el que se iba a discutir la medida, pero la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, decidió suspender su votación.
La ex ministra de Seguridad optó por concentrarse en la sanción del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia fiscal, pero antes de hacerlo, consiguió que el proyecto tuviera dictamen para ahorrar pasos en febrero.
Ahora, la referente libertaria busca tener el respaldo suficiente en la Cámara alta como para aprobar la reforma laboral durante una sesión a la que convocaría para la segunda semana de ese mes.
Para esto, durante el receso legislativo armó una comisión técnica, encabezada por la abogada Josefina Tajes, que en los últimos días recibió a representantes de diferentes sectores para escuchar cuestionamientos o sugerencias.
De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes parlamentarias, en total Bullrich tuvo alrededor de dos mil pedidos de audiencia por parte de dirigentes tanto políticos como sociales.
Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, retomó sus recorridas por el país para reunirse con gobernadores y así logró el respaldo público de varios de ellos, aunque también las críticas de otros.
Por caso, los mandatarios de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, se mostraron juntos en la previa de la primera noche del Festival de Cosquín y expresaron algunas quejas para con la Casa Rosada.
“Nosotros creemos en el trabajo, creemos en la producción y eso es lo que vamos a defender. Si desde el Gobierno nacional se mirara más a este interior que se esfuerza todos los días, a la Argentina le iría mejor”, sostuvo el primero de ellos.
Puntualmente, muchas provincias manifestaron su preocupación por el artículo de la reforma laboral que establece una baja del impuesto a las Ganancias para sociedades, lo que afectaría sus ingresos.
Para los tramos 2 y 3 de este gravamen -que es coparticipable-, se pretende pasar de una alícuota del 30% a 27% y 35% al 31,5%, respectivamente, por lo que los gobernadores piden rever la medida o algún tipo de compensación.
Además, algunos sectores aparecen reticentes a otros cambios que plantea la norma, como plazos más veloces de devolución de IVA y otros beneficios tributarios para incentivar la formalización del empleo.
Bajo este escenario, este lunes volverá a reunirse en la Casa Rosada la mesa política del Gobierno, para hacer un análisis de situación y terminar de definir la estrategia legislativa que se va a implementar en estas sesiones extraordinarias.
Además de Santilli y Bullrich, este grupo lo integran la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial, Santiago Caputo.
El encuentro sería por la mañana, ya que a la tarde varios de ellos deben trasladarse a Mar del Plata para participar de una recorrida que hará Javier Milei por el centro de la ciudad balnearia, para agradecer por el apoyo en las últimas elecciones, pero también en tono de campaña, mirando ya al 2027.
El lunes de la semana que viene ya inicia formalmente en el Congreso el periodo de actividad convocado por el jefe de Estado, por lo que diputados y senadores comenzarán con las negociaciones más intensas.
Por parte del gremialismo, el miércoles pasado, por ejemplo, se reunieron los secretarios de ATE, Rodolfo Aguiar, y de la UOM, Abel Furlán, y coincidieron en “no esperar hasta el día que se trate la iniciativa en el Congreso para realizar una medida de fuerza”.
“Estamos frente a un proyecto que directamente tiene por finalidad eliminar los sindicatos y construir un nuevo ordenamiento jurídico en el que no existan los derechos individuales y colectivos”, opinó el sindicalista estatal.
La CGT ya expresó su rechazo a algunos puntos de la medida, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se utilizará para el pago de indemnizaciones por despido; la no obligatoriedad de que las empresas sean agentes de retención de los aportes y los cambios en los convenios colectivos de trabajo.
“Hasta ahora estamos escuchando a todos y las cosas que sean razonables y que vayan hacia el objetivo de que realmente haya un mercado laboral que crezca, las vamos a tomar. Somos abiertos y flexibles. Lo que no queremos es que todo quede igual. Eso seguro que no”, remarcó la abogada Tajes, durante una entrevista con Infobae.
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