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Con el fin de las PASO y un plan para pagar la deuda, Milei prepara el terreno para la batalla por la reelección
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2 meses haceen
Por
Mayra Pastor
Mientras Luis Caputo y Santiago Bausili terminan de definir los detalles del programa financiero con el que el Gobierno buscará despejar las dudas sobre el pago de la deuda hasta fines de 2027, Diego Santilli afrontará esta semana otra negociación igual de decisiva para el futuro de Javier Milei: empezar a construir la mayoría política y las condiciones que el presidente necesitará para intentar la reelección.
Las dos discusiones avanzan en paralelo. Una apunta a convencer a los mercados de que la Argentina podrá cumplir sus compromisos financieros sin sobresaltos durante el próximo año electoral. La otra busca convencer a gobernadores y aliados de acompañar una reforma electoral que elimine o suspenda las PASO y, al mismo tiempo, amplíe la base política del oficialismo.
No son dos agendas independientes. Son los dos pilares sobre los que Milei empezó a preparar el terreno para la elección presidencial de 2027.
Después de un año y medio dedicado casi exclusivamente a estabilizar la economía, bajar la inflación, ordenar las cuentas públicas y sostener un programa de reformas con un Congreso donde nunca tuvo mayoría, el Presidente abrió una nueva etapa de gobierno. El objetivo económico sigue siendo el mismo. Lo que empezó a cambiar es la prioridad política.
Hasta hace pocos meses, la construcción del poder libertario giraba alrededor de una idea: consolidar La Libertad Avanza como una fuerza nacional con identidad propia, aun cuando eso implicara competir contra gobernadores y dirigentes que acompañaban al Gobierno en el Congreso.
Ahora la lógica empezó a modificarse.
La jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete dejó la primera imagen de esa nueva etapa. Los trece gobernadores que participaron de la ceremonia en la Casa Rosada no fueron invitados únicamente para respaldar al nuevo funcionario. El Gobierno buscó enviar un mensaje hacia adentro y hacia afuera: el segundo tramo del mandato necesitará más acuerdos políticos que el primero.
La fotografía volverá a repetirse parcialmente esta semana. El miércoles por la noche, Milei viajará junto con su Gabinete a San Miguel de Tucumán para participar de la vigilia por el Día de la Independencia. Varios gobernadores volverán a compartir esa escena con el Presidente, apenas unos días después de la asunción de Santilli. No será una imagen casual. La Casa Rosada quiere consolidar la idea de una nueva etapa en la relación con las provincias.
El cambio no supone abandonar la confrontación que caracterizó buena parte del primer año y medio de gestión. Tampoco implica renunciar a la identidad libertaria. Significa otra cosa: aceptar que un eventual segundo mandato requerirá una mayoría política mucho más amplia que la actual.
Santilli lo resumió con una frase que pronunció en la entrevista que este fin de semana publicó Infobae y que dentro del oficialismo interpretan como una definición de método: “En la etapa que viene, los colores no definen. Lo que va a definir el futuro es si volvemos para atrás o seguimos para adelante”.
La frase tiene destinatarios concretos.
Gobernadores del PRO.
Radicales.
Partidos provinciales.
Y también sectores del peronismo que empezaron a mirar con preocupación la interna abierta entre Axel Kicillof y el kirchnerismo.
La discusión sobre las PASO aparece, justamente, en ese punto.
En la Casa Rosada dejaron de verla como una reforma electoral. La consideran una pieza central de la estrategia para 2027.
La primera razón es parlamentaria.
El Gobierno necesita negociar con gobernadores que hoy concentran buena parte del poder real del Senado.
La Cámara alta dejó de ser solamente el lugar donde se votan las leyes.
Se transformó en el principal ámbito de negociación entre la Casa Rosada y las provincias.
La primera prueba llegará este miércoles.
Victoria Villarruel convocó a una nueva reunión de Labor Parlamentaria en un Senado donde el oficialismo sigue sin controlar los tiempos políticos. La vicepresidenta mantiene una relación distante con Milei y continúa administrando una Cámara en la que los gobernadores demostraron durante las últimas semanas que pueden construir una mayoría capaz de condicionar la agenda oficial.
En el Gobierno ya trabajan con la idea de que será muy difícil avanzar con una sesión. Varios senadores anticiparon que no estarán en Buenos Aires y los proyectos prioritarios volverán a depender, una vez más, del resultado de las negociaciones políticas.
Ese dato explica buena parte del cambio de método.
La muralla que levantaron los gobernadores no puede perforarse únicamente con discursos o confrontación.
Necesita acuerdos.
Y Santilli llegó, precisamente, para abrir esos canales.
Pero la eliminación de las PASO persigue un objetivo todavía más ambicioso.
El destinatario principal de esa decisión no son los gobernadores.
Es el peronismo.
Cristina Kirchner quedó fuera de la competencia electoral después de la condena y de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Axel Kicillof decidió avanzar con un proyecto presidencial propio.
Máximo Kirchner intenta preservar el liderazgo político de la ex presidenta y la centralidad de La Cámpora.
Mientras tanto, gobernadores, intendentes y otros sectores del PJ observan esa disputa sin terminar de definir quién conducirá el peronismo en la etapa posterior a Cristina.
Las PASO constituyen hoy el único mecanismo institucional capaz de ordenar semejante interna.
Sin primarias, el conflicto quedará trasladado exclusivamente a la negociación política entre los distintos sectores del justicialismo.
En la Casa Rosada están convencidos de que ese escenario favorece al oficialismo.
No solamente porque dificulta la reorganización del principal espacio opositor.
También porque abre una oportunidad para atraer a dirigentes peronistas que ya no se sienten contenidos por la conducción kirchnerista y buscan preservar su poder territorial sin quedar atrapados en una pelea de liderazgo.
Ahí aparece la segunda parte de la negociación.
El Gobierno ya no pretende que todos esos dirigentes se incorporen formalmente a La Libertad Avanza.
La Boleta Única de Papel permite pensar otra ingeniería electoral.
La candidatura presidencial de Milei podría convivir con listas legislativas de gobernadores o fuerzas provinciales que conservarían su propia identidad política.
Es el cambio de método que sintetizó Santilli cuando afirmó que “los colores no definen”.
Pero antes de salir a negociar con gobernadores y dirigentes de otros espacios, Milei decidió ordenar la política propia.
Y ese movimiento empezó mucho antes de que Santilli jurara como jefe de Gabinete.
La decisión de no abrir nuevos frentes internos quedó reflejada en un dato que pasó casi inadvertido fuera del oficialismo, pero que en la Casa Rosada consideran parte de la nueva etapa. Después de las tensiones que dejó la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete en medio de las investigaciones judiciales sobre su situación patrimonial y de las diferencias que provocó la abstención de Patricia Bullrich en la votación del pliego de la jueza María Verónica Michellini, el Gobierno optó por contener antes que confrontar.
Bullrich seguirá participando de la mesa política que volverá a reunirse esta semana y mantendrá actividades con el armado político que conduce Karina Milei en la Ciudad de Buenos Aires. No es un dato menor. Hace apenas unas semanas muchos imaginaban que esas diferencias podían convertirse en una ruptura. Ocurrió exactamente lo contrario. Milei y su hermana resolvieron congelar las disputas internas para no distraer energías en el momento en el que el Gobierno empieza a negociar hacia afuera.
La decisión también ayuda a entender el nuevo reparto de funciones dentro del oficialismo.
Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem siguen concentrando las decisiones políticas. Nadie les disputó ese lugar. Pero la ejecución empezó a distribuirse de otra manera. Santilli quedó a cargo de la negociación política cotidiana; Adrián Ravier asumió la vocería presidencial con una lógica más institucional; Fabián Fernández comenzó a coordinar una estrategia de comunicación orientada a ordenar el mensaje del Gobierno en una etapa menos atravesada por la confrontación permanente y más enfocada en la construcción de acuerdos.
No cambió el centro de gravedad del poder.
Cambió el modo de administrarlo.
La señal más evidente de ese cambio es que el Gobierno ya no discute solamente cómo aprobar una ley o cómo superar la próxima votación en el Congreso. Empieza a discutir cómo construir una mayoría política que sobreviva al mandato actual.
Por eso la semana que comienza tiene una importancia mayor que la de una agenda cargada de actividades oficiales.
El lunes, Caputo y Bausili buscarán responder una pregunta que inevitablemente aparece cuando un gobierno entra en la antesala de un proceso electoral: de dónde saldrán los dólares para afrontar los vencimientos de deuda.
El mensaje está dirigido a los mercados, pero también a la política.
La Argentina atravesó demasiadas campañas presidenciales condicionadas por la incertidumbre económica como para subestimar esa discusión.
La Casa Rosada pretende demostrar que el Estado dispone de un programa financiero capaz de garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos durante lo que resta de este año y durante 2027. El objetivo no consiste únicamente en presentar números. Busca instalar una idea de previsibilidad.
En el Gobierno consideran que esa previsibilidad es un activo político.
La apuesta consiste en llegar a la próxima elección presidencial con una economía creciendo, una inflación estabilizada, una recuperación gradual de los ingresos, creación de empleo privado, un mercado cambiario sin sobresaltos y un esquema de financiamiento que elimine las dudas sobre la deuda.
No es una discusión técnica.
Es la plataforma política sobre la que Milei pretende construir su proyecto de reelección.
Los antecedentes pesan.
Desde 2015 ningún oficialismo consiguió conservar el poder presidencial dentro de su propio espacio político.
El kirchnerismo perdió con Daniel Scioli frente a Mauricio Macri.
Macri no consiguió renovar su mandato frente a Alberto Fernández.
Y el Frente de Todos tampoco logró sostener la Presidencia con Sergio Massa frente a Milei.
Las razones fueron diferentes en cada caso, pero todos esos procesos compartieron un elemento común: la economía terminó condicionando la política.
Milei pretende romper esa secuencia.
Por eso decidió trabajar simultáneamente sobre los dos factores que considera decisivos para llegar competitivo a 2027.
La política.
Y la economía.
Mientras Santilli intenta ampliar la base de sustentación del oficialismo y negociar con gobernadores una salida para las PASO, Caputo busca reducir la incertidumbre financiera que suele reaparecer cuando un gobierno entra en un año electoral.
Las dos tareas están íntimamente vinculadas.
Una economía previsible facilita los acuerdos políticos.
Y una mayoría política más amplia fortalece la credibilidad del programa económico.
La vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán volverá a mostrar esa lógica.
Después de la fotografía que dejó la jura de Santilli con trece gobernadores en la Casa Rosada, Milei volverá a compartir una escena con mandatarios provinciales en un momento en el que el Gobierno necesita reconstruir puentes sin resignar liderazgo.
No será una postal inocente.
Será la continuidad de una estrategia que empezó a desplegarse hace pocos días y que busca transmitir que el oficialismo está dispuesto a negociar sin alterar el rumbo.
El Presidente no dejó de confrontar con el kirchnerismo ni abandonó la batalla cultural que convirtió en una marca de su gestión.
Lo que empezó a hacer fue diferenciar a sus adversarios de sus potenciales aliados.
Ese matiz explica buena parte de los movimientos de las últimas semanas.
El Gobierno ya no mira solamente el próximo dato de inflación o la próxima sesión del Congreso.
Empezó a mirar el calendario de 2027.
Y, desde esa perspectiva, cada decisión adquiere otro sentido.
La eliminación de las PASO deja de ser apenas una reforma electoral y se convierte en una herramienta para rediseñar el escenario en el que deberá reorganizarse el peronismo.
La negociación con los gobernadores deja de ser una necesidad parlamentaria y pasa a formar parte de la construcción de una mayoría para un eventual segundo mandato.
La presentación del programa financiero deja de ser un anuncio económico y se transforma en una señal de estabilidad para el año electoral.
Incluso los cambios dentro del propio Gobierno responden a esa lógica.
Santilli, Ravier y Fabián Fernández no llegaron para modificar el rumbo de la administración libertaria. Llegaron para ejecutar una etapa distinta del mismo proyecto político.
Durante el primer año y medio, Milei construyó poder diferenciándose del resto del sistema político.
Ahora empezó a construir poder seleccionando con quiénes está dispuesto a compartir parte de ese camino.
No cambió el objetivo que se fijó el 10 de diciembre de 2023.
Cambió el método con el que pretende alcanzarlo.
Y esa, probablemente, sea la principal novedad política de un Gobierno que ya empezó a preparar el terreno para la elección presidencial de 2027.
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Los proyectos para paliar el endeudamiento ganan terreno en el Congreso y tensionan al Gobierno
Publicado
21 horas haceen
22 agosto, 2026Por
Mayra Pastor
La mesa de entrada de la Cámara de Diputados se va llenando de proyectos de distintos legisladores de la oposición que apuntan a resolver un tema que hoy se volvió central en la discusión política y en la cotidianeidad de los ciudadanos: el endeudamiento de las familias.
Mientras el Gobierno nacional intenta, a través de todos sus voceros —sean legisladores, ministros o el propio Presidente—, establecer que es un problema entre privados en el que no se va a inmiscuir, los legisladores de la oposición acumulan casi 30 proyectos con diferentes soluciones a la mora y al papel que debe tener el Estado nacional en esa resolución.
Las propuestas incluyen planes de refinanciación, topes al peso de las cuotas sobre los ingresos, regulaciones al crédito y mecanismos especiales para consumidores que ya no pueden cumplir con sus obligaciones. La acumulación de proyectos plantea un desafío para la oposición y un problema para el oficialismo y sus socios parlamentarios.
Para los primeros, esa cantidad de iniciativas genera una fragmentación de los votos que dificulta avanzar. “Obviamente que cada uno entiende que el propio es mejor y es difícil encontrar puntos en común para avanzar con uno solo si hay buena cantidad de proyectos y varios de ellos nacen del mismo bloque”, explicó el autor de uno de los ya presentados.
Para La Libertad Avanza el conflicto es que esa cantidad demuestra que el tema está instalado y que existe el riesgo real de un acuerdo parlamentario para avanzar. “Si eso sucede, se veta”, reflexionó un libertario con cierta frialdad. En el caso de los socios el impacto podría ser más de carácter político: con seis millones de personas endeudadas y la mitad en modo incobrable, será difícil diferenciarse del discurso oficial.
La idea de avanzar en una especie de “emergencia crediticia” genera más que resquemor en el oficialismo, que en medio de todo esto busca que los bancos sean quienes lo resuelvan.
La oposición, en cambio, quiere avanzar, y los proyectos —del peronismo, de la izquierda y de sectores de Provincias Unidas y lo que era Innovación Federal— se van acumulando en busca del número que les permita hacerlo.
En ese contexto comenzaron las conversaciones, porque sin el apoyo del bloque del radicalismo y del PRO la oposición sabe que debe recorrer el camino “largo” para llegar al principio del debate.
“Hay que conseguir el número para poder ir al recinto y a partir de ahí emplazar a las comisiones para tratar el tema porque los libertarios no las abren para esto. Después necesitamos acordar para bajar la cantidad de proyectos y dictaminar. Y ahí, nuevamente, conseguir el número para ir al recinto”, explicó un diputado opositor. “Y necesitamos un número importante para que los socios de LLA no tengan opción y se sumen”, agregó.
Los números hoy no están, pero todos hacen cuentas. Las reuniones se multiplican en los pasillos del Palacio Legislativo y en las comisiones, donde se puede ver cómo los legisladores de los diferentes bloques conversan sobre el tema.
Marchas
El jueves pasado se realizó una movilización al Ministerio de Economía de la Nación. La CGT, la UTEP y las dos CTA marcharon a la sede de la cartera para visibilizar una crisis de morosidad. Jorge Sola, secretario general de la CGT, estuvo presente y habló con los canales de televisión: “Marchamos al Ministerio de Economía a mostrar esta pandemia de endeudamientos que está atravesando a la ciudadanía argentina. Efectivamente, no es un asunto entre privados, es una responsabilidad de la política económica del Gobierno. El endeudamiento lo produce el proyecto político del gobierno, efectivamente tienen la responsabilidad”, remarcó. La discusión respecto del rol del Gobierno se enmarca en la desregulación de las tasas que pueden cobrar las entidades financieras, y también en el impacto del DNU 70/2024, que, entre otras cosas, permite que no haya piso ni techo.
Destacado
A la par del debate por el Código Penal, el Gobierno trabaja en una reforma de la Justicia: los detalles
Publicado
21 horas haceen
22 agosto, 2026Por
Mayra Pastor
A pesar de que todavía sigue frenado el envío del nuevo Código Penal por diferencias internas, el Gobierno ya trabaja en un proyecto para reformar todo el Poder Judicial, que contempla la eliminación de algunos tribunales y la creación de otros, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema.
La iniciativa, aunque ya está bastante avanzada e incluso tendría un posible nombre -que podría generar algún comentario pícaro por sus siglas, si se llega a confirmar-, todavía está en manos del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
De acuerdo con lo que pudo saber Infobae, el texto va a abordar varios aspectos de cómo funciona actualmente este sector, aunque el cambio principal es la reorganización de juzgados federales.
Para esto, el oficialismo quiere modificar la ley de Organización de la Justicia Federal y, por ejemplo, bajar de 12 a ocho los juzgados de primera instancia de Comodoro Py y de 13 a nueve los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, la última instancia penal por debajo de la Corte Suprema.
“La propuesta va más allá de eso, no solo se van a cerrar determinados tribunales, sino que también se van a abrir otros. Todo esto se está pensando todavía”, explicó a este medio una persona que está trabajando en el tema.
Aunque no es el efecto prioritario al que el Gobierno está apuntando, sí esta iniciativa se envía al Congreso y se aprueba, también se van a reducir las vacantes en el Poder Judicial, una problemática de larga data en el ambiente.
“Hay que ver cómo queda finalmente redactado, pero posiblemente también ayude con eso. Lo estamos terminando”, precisó la fuente consultada.
Para el Ejecutivo, esta situación viene siendo un dolor de cabeza y, aunque ya envió 203 pliegos al Senado en lo que va del año (144 para jueces, 26 para fiscales, 25 para defensores y cuatro listas de conjueces), hasta el momento solo fueron designados 96 funcionarios.
En este contexto, otros 85 candidatos siguen a la espera de acuerdo parlamentario y en la Casa Rosada se pusieron la meta de alcanzar unas 300 postulaciones antes de fin de año y reducir la vacancia judicial del 35% inicial al 27 por ciento.
La iniciativa también apunta a una fuerte disminución de causas que todavía están en trámite y en una nueva distribución del poder dentro de los juzgados, reduciendo las subrogancia.
Asimismo, el Ministerio de Justicia evalúa transferir a las provincias los fondos que queden disponibles por esa reducción de cargos y, al mismo tiempo, seguirá impulsando el traspaso de la Justicia nacional ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires, una deuda que lleva décadas.
Dentro de este proceso, de todas formas, hay un capítulo que el Gobierno maneja con cautela: los juzgados con competencia electoral en cada lugar del país, sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene hay presidenciales.
Estos despachos intervienen en cuestiones sensibles para la construcción territorial de poder, como la oficialización de listas, la personería de los partidos y el calendario de votación.
Por otra parte, el Ejecutivo todavía tiene pendiente el envío al Congreso del nuevo Código Penal, una iniciativa que quedó trunca por diferencias de criterios entre los propios miembros del oficialismo.
Aunque en la mesa política aseguran que “es probable que este sea el próximo asunto para discutir”, todavía no hay un consenso respecto del texto que finalmente se presentará.
El proyecto original se presentó a finales del 2025 y fue elaborado por un equipo de especialistas en la materia encabezado por el abogado y Doctor en Ciencias Jurídicas, Jorge Buompadre.
El grupo estuvo compuesto por los jueces Mariano Borinsky, María Eugenia Capuchetti, Ricardo Ángel Basílico y Julio César Báez, y los juristas Carlos Alberto Manfroni, Horacio Jaime Romero Villanueva, Fernando Oscar Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena.
Los expertos entregaron un primer borrador que consistía en un Código completamente renovado -el que está vigente data de 1921- y que contenía un total de 912 artículos.
Este prototipo había sido autorizado por el entonces ministro saliente, Mariano Cúneo Libarona, pero fue congelado cuando llegó su sucesor, Mahiques, que decidió revisarlo antes de mandarlo al Congreso.
Tan solo unos días después, el funcionario fue a la Quinta de Olivos para reunirse con el Presidente y sugerirle postergar el proyecto para trabajar en otro “que contenga más el espíritu libertario”.
Puntualmente, Mahiques propuso implementar “otra técnica” para, “en lugar de hacer tantos agregados, modificar la base del Código actual“ y que así la nueva versión no sea tan pesado el contenido.
“En la transición, trabajaremos junto al Congreso de la Nación en el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y en la incorporación de nuevos delitos“, precisó el ministro en aquel momento.
Sin embargo, cuando el proyecto reducido llegó a la Secretaría de Legal y Técnica no pasó el filtro de María Ibarzábal Murphy, que responde al asesor presidencial, Santiago Caputo, quien se inclina por la modificación total.
A partir de ese momento, entre el Ministerio de Justicia y la Secretaría circularon varios borradores que fueron revisados y rechazados hasta que se llegó a una última versión que, si bien no es un Código entero, sí es más amplio que el paquete de leyes que pretendía presentar Mahiques.
Se trata de una iniciativa que incluye unos 300 artículos y que ya contaría con consenso por parte de los dos sectores en pugna, aunque cerca del consultor político remarcan que podrían continuar presionando hasta llegar a los 500.
En el oficialismo algunos sospechan que una maniobra similar podría repetirse con la reforma judicial, aunque otras fuentes afirman que esta vez el contenido ya fue acordado y no debería bloquearse.
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Al Gobierno le preocupa la pérdida de apoyo entre los jóvenes y hay lecturas disímiles por la estrategia electoral
Publicado
22 horas haceen
22 agosto, 2026Por
Mayra Pastor
Con los tiempos electorales anticipados, como admiten varios funcionarios, el Gobierno apuesta a que la gestión sea su principal herramienta de campaña y sigue de cerca la evolución de sus apoyos. Con margen todavía para corregir el rumbo, uno de los sectores que observa con particular atención es la juventud, clave para la llegada al poder de Javier Milei. En los últimos días, algunas mediciones sobre el respaldo de los jóvenes instalaron el debate en despachos karinistas y caputistas, donde admitieron que deben atender el tema.
Dentro del oficialismo el diagnóstico no es uniforme. Si bien el mandatario perdió apoyos en todos los estratos de la sociedad, la merma detectada entre los jóvenes, aunque las cifras varían según el interlocutor, activó algunas alertas. “Hay un 21% del electorado que hay que volver a enamorar, pero se fue a no sabe/no contesta. Es cierto que bajamos un poco en los jóvenes, pero no los perdimos”, admitió con optimismo una fuente del oficialismo.
Los primeros llamados de atención surgieron del Índice de Confianza en el Gobierno elaborado por la Universidad Di Tella, que mostró que, por primera vez, el respaldo entre los menores de 30 años se ubicó por debajo del indicador general.
Otro dato clave que grafica el complejo panorama es que los jóvenes de entre 18 y 29 años constituyen el segmento con menor participación electoral, según un informe elaborado por el politólogo Facundo Cruz. Representan el 23,3% del padrón y, en las elecciones de 2025, la participación fue de apenas el 65,5%, frente al 73,4% de los adultos de entre 30 y 49 y al 80% de los de entre 50 y 69.
Pese a que la preocupación por la potencial fuga de jóvenes es compartida, los números y los argumentos que maneja el oficialismo son múltiples. Algunos proyectan una deserción del 39% respecto de 2023, difícil de “volver a enamorar”, mientras otros hablan de un 23%, aunque con perspectivas de recuperación. Para unos, la explicación está en el desencanto con la línea adoptada por la administración libertaria; para otros, en el “amesetamiento” económico.
No parece casual que, luego de varias semanas concentrado en lo estrictamente económico, Javier Milei haya sumado una caminata con la militancia en Rosario, algo que no hacía desde principios de año, cuando estuvo en Mar del Plata en el marco del olvidado Tour de la Gratitud, y haya anunciado un nuevo recital, que en el pasado le permitió reconectar con los propios.
Por detrás del índice subyace una discusión que marcó el cierre de listas en 2025 y gira en torno a la militancia libertaria. Por un lado, los métodos tradicionales de construcción política, con fuerte presencia territorial, encarnados por los armadores karinistas, y por el otro, las estrategias digitales y el uso de las redes sociales como arena de disputa, representadas por Las Fuerzas del Cielo.
Asimismo, en el espacio hay quienes detectan que el distanciamiento de la juventud se da en medio del predominio de las lógicas tradicionales, en particular luego del categórico triunfo en las elecciones legislativas de octubre, y la marginación de la organización juvenil que responde al asesor, Santiago Caputo, con una participación más limitada en las decisiones de la administración.
“No es tan trágico como se plantea, pero no tenemos la sintonía tan fina como en 2021, 2020 o 2023. Puede que tenga que ver con que se resintió la relación con las Fuerzas del Cielo, que antes tenían más lugar dentro del mileismo, y eso hizo que se enfriara la relación con la juventud”, expresó un referente libertario.
Signo de época es la notoria merma de la actividad digital, que terminó relegando a personalidades como el Gordo Dan -que en algún momento llegó a anticipar despidos- al papel de meros comentaristas de la realidad. “Dejaron hasta la batalla cultural. Perdieron espacio en el ecosistema, que ahora parece estar mucho más disperso que antes”, observó una fuente violeta. “Es gente a la que hay que hacer parte y escuchar. A veces se van activando o desactivando en función de los respaldos o rechazos a los proyectos”, agregó un hombre del entorno de Karina Milei.
Por su parte, desde el karinismo argumentan que la juventud constituye un segmento particularmente demandante y adjudican la distancia a factores económicos, que consideran reversibles de cara a 2027. “Es cierto que el apoyo bajó, pero sigue siendo alto. Milei sigue siendo el que mejor está entre los jóvenes”, precisó un funcionario al respecto.
“Los jóvenes de entre 18 y 24 años siguen siendo todavía el segmento de la población que más apoya a Milei y no hay otro político que performe mejor. Lo que se perdió se perdió y se fue a desencanto”, coincidió, aunque con matices, un conocedor de los números.
Algunos estudios permiten medir el impacto del programa económico sobre este segmento de la población y dan cuenta de una mayor vulnerabilidad entre los jóvenes. Según datos de Empiria Consultores, entre los deudores de 18 a 25 años, el 38% está en mora, una proporción que apenas baja al 37% entre quienes tienen entre 26 y 35 años.
“El reclamo es económico. Les está costando llegar a fin de mes, pagar la tarjeta. Además, el joven es demandante, tiene la rebeldía innata, pero si les gustan las nuevas metas de Milei, van a volver. No hay que descuidarlos, tienen una demanda y hay que atenderla”, sintetizó un alfil libertario que sigue con atención la situación.
Pese a que el mandatario considera “una estupidez” las versiones que aseguran que “la gente no llega a fin de mes”, en el oficialismo se muestran receptivos a los reclamos en la materia. Esa preocupación también se reflejó en algunos pasajes del discurso -que redactó en colaboración con el asesor presidencial- que pronunció el pasado lunes en la Plaza San Martín, con menciones a la necesidad de que la sociedad alcance el bienestar y la prosperidad económica.
También aparecen señales en los mensajes de algunos funcionarios, como el titular del Banco Central, Santiago Bausili, que admitió que la economía crece “mucho más despacio” de lo que se espera o la senadora Patricia Bullrich, quien pidió “más velocidad en los resultados” para que “se sienta en la vida cotidiana”.
A más de un año de los comicios presidenciales y con el cronograma electoral todavía sin definir, en La Libertad Avanza trabajan con la expectativa de otros cuatro años de gestión y reafirman que, en función del ajuste que la administración llevó adelante, el Presidente conserva buenos niveles de imagen positiva, que estiman en torno al 35%. Incluso, remarcan que en la comparativa con Alberto Fernández y Mauricio Macri para el mismo momento de sus respectivas gestiones, Milei está en alza.
“Todo lo que tuvo que hacer fue impopular. En abstracto, es cierto que perdió imagen, pero la realidad es que si se considera la magnitud del ajuste que tuvo que hacer Milei, ningún otro político hubiera podido sin que le estallara la calle. Es casi milagroso en el buen sentido de la palabra”, argumentaron ante este medio.
En las antípodas de la ideología libertaria, León Trotsky consideraba a la juventud el “barómetro” más sensible de un espacio político. Con un diagnóstico que oscila entre la preocupación y la confianza, el Gobierno todavía tiene tiempo para interpretar las señales, definir cuál de las dos lecturas se acerca más a la realidad y actuar en consecuencia si aspira a un nuevo mandato.







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