La jueza federal Macarena Marra Giménez resolvió un conflicto de competencia entre la Justicia Nacional del Trabajo y el fuero Contencioso Administrativo Federal tras la demanda presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado Nacional por la constitucionalidad de varios artículos de la Ley N°27.802 de Modernización Laboral. El fallo determina que debe ser la justicia federal la que trate la acción de la CGT, desplazando a los tribunales laborales nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La senadora nacional Patricia Bullrich se refirió este viernes a las denuncias que pesan sobre el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni. En una charla en la Bolsa de Comercio de Córdoba, la ex ministra de Seguridad pidió respetar “el principio de inocencia” e invitó a “desjudicializar la política”.

“Sin duda que genera un impacto, pero nosotros hemos tomado una decisión. El presidente Milei ha tomado la decisión de siempre, que es no involucrarse en los procesos judiciales y que solo juzgue la Justicia. Que no juzguen los medios, que no juzguemos los políticos: que juzgue la Justicia. Es duro, para él y para todos, atravesar este momento, pero no queremos romper el principio de inocencia de nadie”, comenzó su larga respuesta al ser consultada sobre el espinoso tema que incomoda al Gobierno.

En ese sentido, recordó que esta semana, en el Senado, fue parte de “una jornada muy emocionante” relacionada al proyecto sobre falsas denuncias que impulsó Carolina Losada.

“El otro día, en el Senado, hubo una jornada muy emocionante, que lloramos todos, que fue el día de las falsas denuncias, y tuvimos los testimonios de todos aquellos padres, madres, chicos de colegios que habían recibido una falsa denuncia. Hubo chicos suicidados, padres que no pudieron ver a sus hijos durante 10 años, hasta que se comprobó que eran inocentes. Mientras tanto, se destruye la vida. Entonces, nosotros tenemos que desjudicializar la política. La política no puede cumplir el rol de la Justicia, y los medios no pueden cumplir el rol de la Justicia. Esperemos que la Justicia juzgue, y esto va también para nosotros, que no tenemos que hablar antes de tiempo sobre casos que la Justicia aún no decidió, porque le podemos destruir la vida a una familia y después eso no se reconstruye nunca más”, insistió Bullrich.

Si bien apuntó que “el Presidente ha tomado una decisión, que es mantener a Adorni en su cargo”, admitió que el jefe de Gabinete “está, por supuesto, muy tocado, personalmente y en su familia”.

Ante el planteo de si el funcionario señalado debería pedir licencia hasta que se resuelva su situación judicial, consideró que esa decisión en realidad “tiene que ver con el impacto que le produce a él y su familia”, por lo que debería tratarse de “una conversación de él con el Presidente”.

“No es una conversación de la que yo pueda participar. El impacto es fuerte, él es una persona que no viene de la política. Los que venimos de la política tenemos el cuero más duro, nos hemos comido muchas operaciones, muchas denuncias, muchas cosas. Él está viviendo su primera vez. Esperemos que salga todo bien. Y si la Justicia decide otra cosa, se tomará la decisión correcta”, concluyó.

Los próximos testigos en la investigación sobre las propiedades de Adorni

Después del paso esta semana por tribunales de la escribana de Adorni, Adriana Nechevenko, sin lograr en ninguna de las dos ocasiones en que compareció que mostrara su celular, la fiscalía ordenó notificar a los futuros convocados a declarar bajo juramento de verdad que deben llegar a Comodoro Py “con toda la documentación relativa al origen de los fondos vinculados con las operaciones inmobiliarias en las que intervinieron”.

También tendrán que facilitar “la compulsa, extracción, copia, preservación y resguardo del contenido de sus teléfonos celulares vinculado con las referidas operaciones inmobiliarias”, incluyendo “chats, audios, mensajes de texto, correos electrónicos, imágenes, documentos, registros de llamadas y cualquier otro archivo digital de interés, con la debida preservación de cadena de custodia”.

Se trata de Claudia Sbabo, Beatriz Viegas -las vendedoras del departamento que compró Adorni en Miró al 500 en Caballito-, Pablo Martín Feijoo -hijo de una de ellas- y Juan Consentino, este último vendedor de la casa en el barrio privado de Exaltación de la Cruz.

Los concejales del PRO, Gisela Caputo y Emiliano Álvarez Porte, presentaron este viernes un proyecto de resolución para expresar el rechazo a las sanciones disciplinarias aplicadas por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires al comisario Gonzalo Bezos, superintendente de la Región Sur de la Policía bonaerense, y al comisario Gonzalo Sandobal, titular de la Jefatura Departamental.

La iniciativa solicita al Ministerio de Seguridad bonaerense que revea las suspensiones a ambos luego de los episodios de violencia ocurridos en el Bahía Blanca Plaza Shopping, en el marco de una manifestación de la entidad gremial de Empleados de Comercio, al considerar que hubo “falta de accionar policial”.

En el proyecto, los ediles sostuvieron que sancionar a la conducción policial para dar una respuesta rápida ante un conflicto de esta naturaleza no puede ser la salida, y remarcaron que las fuerzas de seguridad deben actuar con criterio, preservando a terceros y avanzando luego en la identificación y detención de los responsables.

“Creemos que esta decisión es injusta y equivocada. No se puede responsabilizar a quienes tuvieron que actuar en un contexto complejo, con el deber de resguardar a los vecinos y evitar que la situación escalara aún más”, señaló Caputo.

Por su parte, Álvarez Porte afirmó que “la policía no necesita castigos apresurados para dar una señal política. Lo que corresponde es respaldar a quienes actuaron con criterio y avanzar contra los verdaderos responsables de los hechos de violencia”.

Asimismo, el proyecto destaca el compromiso de ambos jefes policiales con la ciudad y advierte que los responsables de haber generado un clima de caos y violencia son quienes deben rendir cuentas ante la Justicia y recibir las sanciones que correspondan.