Al cierre de una semana intensa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debió reprogramar la reunión de mesa política prevista para este viernes por “problemas de agenda”, y postergará para el próximo lunes a las 14 la definición de la estrategia legislativa que desplegará el Gobierno y que ejecutarán los alfiles negociadores para intentar aprobar el proyecto de reforma electoral enviado recientemente al Congreso Nacional.

Con complicaciones en la coordinación de horarios, la cita que estaba programada para las 11 de este viernes, en las oficinas del Ministerio del Interior de Casa Rosada, se pospuso para principios de la semana entrante debido a que la titular del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich, no podía dar el presente por cuestiones de agenda. La decisión se tomó a última hora del jueves luego de analizar la posibilidad de retrasar el horario.

Según anticiparon fuentes oficiales, el nuevo intercambio apunta a elaborar un primer estado de situación de la reforma, que ingresó al Congreso el pasado miércoles, para, en función de las primeras reacciones, diseñar una estrategia que permita avanzar con las modificaciones que el oficialismo aspira aplicar en el sistema democrático en la previa a las elecciones presidenciales de 2027.

Tras el anuncio del mandatario y el posterior envío al Senado, las bancadas aliadas, en particular el PRO y la Unión Cívica Radical manifestaron su rechazo al proyecto que contempla la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y una revisión profunda del sistema de financiamiento actual de los partidos políticos, entre otros puntos.

Ante ese escenario, el lunes, Adorni recibirá en su despacho a los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; al asesor presidencial, Santiago Caputo; y a la jefa de bloque de LLA, Patricia Bullrich, para intentar ordenar el paso a paso parlamentario. Todo bajo la supervisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“La clave de la reforma son las PASO. También el tema del financiamiento, pero la prioridad son las PASO y sabemos que es probable que no apoyen, veremos alternativas”, garantizaba a este medio una fuente que transita los pasillos de Casa Rosada. Sin los votos para aprobarlo, un sector del oficialismo se muestra abierto a dar lugar a la posibilidad de plantear alternativas como la suspensión o, eventualmente, la eliminación de la obligatoriedad de la misma.

Asimismo, Bullrich activó los primeros contactos con los jefes de las bancadas aliadas el mismo miércoles con intención de diseñar un primer panorama de apoyos sobre los que trabajar, lo que habilitará a Santilli a entrar en acción, quien tiene previsto retomar las recorridas por las provincias. “El primer sondeo se está haciendo en el Senado por ahora, pero también estamos trabajando en el de Propiedad Privada”, expresó ante este medio un integrante del reducido círculo.

En el oficialismo vaticinan que el panorama podría complejizarse en Diputados, puntualmente con las modificaciones previstas en la Ley de Financiamiento sobre los Partidos Políticos, por lo que esperan la sesión en la Cámara Alta para diseñar la estrategia. “Es probable que el tema de financiamiento esté más difícil en Diputados porque hay varios sectores que hacen rosca con la plata del Estado, pero Ficha Limpia oficia de señuelo”, admitió ante este medio una fuente legislativa.

El intercambio tendrá además una instancia de repaso de las iniciativas enviadas hasta entonces para delimitar los próximos pasos y fijar fechas de las medidas prioritarias. La hoja de ruta legislativa prevista para los próximos meses contempla además la medida diseñada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en defensa de la Propiedad Privada, pero también los cambios incorporados en la Ley de Salud Mental y el proyecto de Fraude de Pensiones por Invalidez.

La reunión se convocó sin la prensa acreditada, luego de que Milei ordenara la restricción en el acceso a Casa Rosada, y en la previa a una semana clave. El próximo miércoles, el ministro coordinador asistirá a la Cámara de Diputados a brindar su primer informe de gestión escoltado por el mandatario que confirmó hace algunas horas su asistencia.

Se espera que haya mención al detalle del contenido del mismo tras la recopilación de las más de 2200 preguntas en las que trabajan los equipos designados. Será el evento que marcará un quiebre en la dinámica comunicacional del exvocero, que se mantiene en reserva desde hace semanas, y activará la actividad legislativa suspendida desde la habilitación a las modificaciones a la Ley de Glaciares.

A dos semanas de que la Cámara de Diputados aprobara la reforma de la Ley de Glaciares (Ley N° 27.804), este viernes a la madrugada el Gobierno nacional promulgó las modificaciones que quedaron asentadas en el Boletín Oficial. A partir de esto, se introdujo un cambio sustancial en el régimen de protección de los glaciares y ambientes periglaciares en Argentina.

“En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la Constitución Nacional, promúlgase la Ley Nº 27.804 (IF-2026-35955743-APN-DSGA#SLYT), sancionada por el H. Congreso de la Nación en su sesión del día 8 de abril de 2026″, comunicaron por medio de la publicación del Decreto N° 271/2026.

De esta manera, entraron en vigencia los cambios realizados a la normativa que fue originalmente promulgada en 2010, con la intención de regular la preservación de glaciares y áreas periglaciares como reservas estratégicas de agua dulce, encuadrándolos como bienes públicos para el consumo, la recarga de cuencas hidrográficas, el turismo, la investigación científica y la protección de la biodiversidad.

No obstante, la nueva ley redefinió el alcance de esa protección, debido a que le otorgó a las provincias la facultad de establecer criterios propios para determinar qué glaciares y ambientes periglaciares serán preservados, una demanda sostenida por distritos con actividad minera. En ese caso, dejarán de estar cubiertos específicamente por esta legislación, aunque seguirán comprendidos bajo la Ley General del Ambiente y otras normas vigentes.

Uno de los cambios centrales residió en el enfoque sobre los Glaciares de Escombros (GdE) y las áreas periglaciares. Mientras la ley original establecía una protección general, la reforma limitó su resguardo a aquellos cuerpos y geoformas que cumplan una “función hídrica comprobada o relevante”.

Por este motivo, solo estas zonas serán protegidas estrictamente, lo que habilitará la posibilidad de autorizar actividades productivas y extractivas en sectores antes vedados. Durante las audiencias públicas realizadas previas al tratamiento, este se constituyó como un punto que generó cuestionamientos de especialistas y organizaciones ambientales.

Por otro lado, la sanción también desplazó el control científico nacional, debido a que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que hasta ahora tenía el rol principal en la identificación de glaciares, pasará a una función más acotada y registral.

El inventario nacional elaborado por el IANIGLA será de “ineludible consulta y consideración” para las provincias, pero sin restarles atribuciones. No obstante, cuando se trate de zonas fronterizas aún no demarcadas, la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto será obligatoria antes de registrar los datos en el inventario.

Otra de las modificaciones relevantes corresponde al cambio en el sistema de prohibiciones. Se deja atrás el esquema de prohibiciones generales y se adopta un sistema basado en la evaluación de impacto ambiental caso por caso, bajo control de las mismas provincias. Así, la autorización de actividades productivas dependerá del análisis de impacto y no de un veto previo general.

Luego de que la reforma fuera aprobada con un total de 137 votos afirmativos frente a 111 negativos y tres abstenciones en la Cámara Baja, el Poder Ejecutivo Nacional defendió la reforma señalando que permitirá ordenar el marco normativo, evitar interpretaciones arbitrarias y fortalecer el federalismo ambiental, dando mayor protagonismo a las provincias en la gestión de sus recursos.

“Esta reforma histórica aclara con precisión científica que se debe continuar protegiendo los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas, permitiendo, en función de evaluaciones técnico-científicas provinciales, la explotación de los minerales en los terrenos que estaban mal catalogados como glaciares y no formaban parte del objeto protegido de la ley”, enumeraron en un comunicado emitido por la Oficina del Presidente.

Al mismo tiempo que celebraron que eliminará “las distorsiones ideológicas y las trabas artificiales que impedían el progreso”, enfatizaron que los cambios legislativos reafirmaron que “el cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos”.

Y concluyeron que “los intentos de interferencia de organizaciones extranjeras fracasaron y los ecologistas empeñados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder. Las agendas que buscan impedir el progreso de los argentinos encontraron en este Gobierno su mayor enemigo”.

Todo está roto y baila. Como dice la canción de The Doors. Que la relación entre Karina Milei y Santiago Caputo está quebrada, no es una novedad; pero que piensen en la Justicia como el árbitro de esa pelea, sí. Mientras Comodoro Py avanza contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la causa por enriquecimiento ilícito; en la justicia porteña tomaron impulso al menos cuatro expedientes contra tuiteros libertarios. No se salva ninguno. Hasta Daniel Parisini –Gordo Dan en X y principal referente de los tuiteros mileistas–, está imputado por hostigamiento, amenazas e incitación a cometer delitos por sus declaraciones en X y el stream Carajo.

Abogados con acceso a uno de los expedientes aseguran que la fiscal de delitos complejos de la Ciudad, Celsa Ramírez, preparaba ayer por la mañana las cédulas para citar a indagatoria a todos los imputados. Incluidos Dan y el biógrafo de Milei, Nicolás Márquez. Sin embargo, según pudo averiguar Infobae, por ahora esas cédulas no saldrán. Pero las causas no se cierran. Solo es cuestión de timing.

Además de Parisini y Márquez, están imputados algunos de sus compañeros en Carajo: Pablo Sebastián Pazos, Alejandro Sarubbi Benítez y Mariano Pérez. Los acusan de los delitos previstos en los artículos 149 bis (amenazas), 209 (instigación a cometer delito), 212 (incitación a la violencia colectiva), 213 bis (imponer sus ideas a otros a través de la fuerza o el temor) del Código Penal. El dato es importante. La fiscal decidió pasar del “hostigamiento digital”, una contravención que se resuelve con el pago de una multa, a una figura penal que podría terminar con prisión efectiva para los acusados si se los encontrara culpables de todos los delitos que se les imputan.

La investigación se inició en junio del año pasado por una denuncia del diputado Esteban Paulón, quien advirtió estar siendo víctima de hostigamiento agravado y discriminación. En su presentación, Paulón aporta posteos y fragmentos de Carajo en los que se lo acusa, según él refiere, “por mi orientación sexual gay”, de pédofilo y abuso infantil. Entre algunos de los ejemplos, el diputado incluye este posteo de Pazos del 24 de junio de 2025: “Pedófilo, operador, comunista y cara de pelotudo. SIDA PARA VOS”.

Parisini no es funcionario público, pero su poder de influencia, sobre todo en el electorado libertario, supera por escándalo el de muchos con silla en el Ejecutivo Nacional. Goza de ingreso irrestricto a la Casa Rosada. Aunque no a todos los despachos. No se le ocurriría entrar sin golpear a la Secretaría General de la Presidencia; eso lo hace en las oficinas de Santiago Caputo. Parisini es, junto al diputado bonaerense Agustin Romo, el máximo referente de las Fuerzas del Cielo. Esa agrupación, con estandartes bordó y narrativa de la antigua Roma, es la que construyó la militancia digital mileista.

La semana pasada, en el marco de un duelo a quemarropa, la diputada Lilia Lemoine, leal a los hermanos Milei, le escupió a Parisini:“Twitter no es la vida real”. Es cierto. Pero para la LLA, las redes, son lo que para el macrismo los timbreos y para el peronismo la movilización. Los referentes de las Fuerzas del Cielo están convencidos que su militancia digital redunda en votos que permitieron llevar a Milei a la Rosada y que ese trabajo y lealtad no fueron reconocidos por la conducción de LLA. Por ahora no se animan a decir –quizá ni admitir– que tampoco por el Presidente.

Para los libertarios Caputistas, la embestida judicial contra los tuiteros no es un avance independiente de la justicia porteña, sino una estocada más contra Caputo que salió “desde el propio Gobierno”, como dijera Adorni para explicar la aparición del video de su vuelo privado a Punta del Este. Para sostener la hipótesis, anotan que hasta el 5 de marzo, el jefe de los fiscales de la Ciudad, por tanto también de Ramírez, era Juan Bautista Mahiques, hoy ministro de Justicia de la Nación. Telarañas.

En la justicia insisten en la imparcialidad de la fiscal Ramirez. “No es la interna, es la convicción de lucha contra la violencia en redes y un criterio. Trabajar para poner un límite y definir qué es libre de expresión y que insultos, agresiones, amenazas cometidas sistemáticamente por el mismo grupo de tuiteros violentos”, apuntan.

El debate está planteado: ¿Las expresiones en redes sociales, sin importar su nivel de agresividad o difamación, supone inexorablemente el ejercicio del derecho a la libertad de expresión o podrían interpretarse y juzgarse, según el tenor y reiterancia, como delitos penales?

“Cuando la actividad es permanente y la agresión constante no se trata solo de un hostigamiento digital. Se hace una trazabilidad del delito: no es un solo hecho, son un montón. Tiene que haber un límite porque la violencia que ejercen es dramática”, analiza un sector de tribunales.

Las otras causas: qué se investiga y a quiénes

No son los únicos complicados. La fiscal tiene al menos otras tres causas contra tuiteros libertarios, incluida la iniciada por la denuncia del diputado nacional, Sebastián Pareja. En septiembre del año pasado, el hombre de Karina en la provincia de Buenos Aires pidió que se los investigue por amenazas después de recibir mensajes y llamadas en su celular. En su entorno insisten en que el Diputado “es de los que cree que no hay que judicializar la política” pero que tomó la decisión de ir a la Justicia cuando las amenazas llegaron a su hija.

Pareja denunció once cuentas de X, entre ellas ASB @GordoLeyes (Sarubbi Benitez), @TRADUCTORTEAMA (xxx), @JERERODRIGUEZOK; @LIBERADORDEARGY1; @TYLERDELCIELOM; @SOYBORTINA; y @ERNESTODIAZ_56. La fiscalía trabajó en el rastreo de IP hasta que logró identificar usuarios de X con personas reales y los llamó a declarar. Las indagatorias comenzaron este lunes y ya se presentaron cinco imputados. Uno de ellos admitió, esta semana, haber tomado el número de celular de Pareja, publicado en otra de las cuentas libertarias, y enviarle amenazas por WhatsApp.

Jerónimo Rodríguez es un abogado libertario, enemistado con Pareja desde su paso por el ministerio de Sandra Petovello. Rodríguez había denunciado a Pareja por inclumplimiento de los deberes de funcionario público por no denunciar presuntos hechos de corrupción cometidos durante el Gobierno de Alberto Fernández en la gestión del FISU. La causa nunca prosperó. Ahora él es denunciado por Pareja por amenazas y también por la Fiscal Ramírez.

Es que en distintas intervenciones en La Trinchera, Rodríguez dijo que había que empezar a investigar a la fiscal: “Tiene un nivel de vida que la verdad con un sueldo de fiscal no sé cómo hace. Tiene créditos, tiene deudas en bancos por más de $32 millones de pesos. Vive en Puerto Madero, en un departamento que vale aproximadamente, uno similar de donde vive ella, 800 mil dólares y paga expensa de un millón de pesos”. A raíz de esas afirmaciones, la fiscal pidió que se iniciara una nueva causa por enemistad con la fiscalía.

Rodríguez no se amedrenta y contraataca en su idioma. El 20 de abril, escribió en X: “VIVA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. La Fiscal Celsa Ramírez, me denunció junto a @GordoLeyes, por hablar en el programa @TrincheraCarajo, de la denuncia que me hizo @SPareja_ , y contar que no se sabe cómo con su sueldo de @MPFCABA, vive en un lujoso departamento de puerto madero, que según la información pública del BCRA, tiene créditos de más de 32 Millones y además maneja, al menos una ONG , cuyo objeto es incompatible con su función. Consulta @CPACF, ¿cuando una Fiscal te denuncia, te puede seguir investigando?”.

Si bien fue la denuncia de Pareja la que desató la furia tuitera y habilitó la guerra a cielo abierto entre el Gordo Dan y Lemoine, hay una causa anterior. La primera en denunciar por amenazas a una de las caras de Carajo fue la diputada, ex LLA, Marcela Pagano.

En junio del año pasado denunció al conductor de La Trinchera, Sarubbi, por amenazas a ella y a su hija, además de publicación de datos personales como domicilio particular. Aunque el militante libertario ya declaró en esa investigación, Ramírez volvió a citarlo para el martes para que amplíe esa indagatoria. ¿Por qué? Porque siguió hostigando a Pagano.

También el periodista Pablo Duggan inició una demanda contra Sarubbi Benítez por hostigamiento y amenazas. Y también en ese expediente la fiscal lo acusó por los delitos previstos en los artículos 149 bis, 209, 212, 213 bis.

Si la justicia decide ir a fondo y avanzar contra los tuiteros, y juzgar sus insultos y dichos en X como amenazas e instigación a cometer delitos, sentaría un precedente singular. Podría leerse ese fallo judicial como una suerte de muestra gratis de lo que puede ocurrir hacia delante. Una advertencia del Poder Judicial a la política. Hay que recordarlo: el Presidente de la Nación es el tuitero más furibundo.