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Con expectativas por su discurso, Milei inaugura por primera vez las sesiones ordinarias

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El presidente Javier Milei inaugurará este viernes por primera vez el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, con un discurso que se transmitirá por cadena nacional, en el que expondrá “la realidad” del país y hará referencia a la situación económica heredada por su administración, a modo de balance de sus primeros dos meses de gobierno, en medio de un clima de tensión con los legisladores opositores y gobernadores de algunas provincias.

Milei romperá la tradición de abrir las sesiones al mediodía y hará su discurso a las 21, para dejar inaugurado el 142 período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, lo que motivó que algunos gobernadores modificaran el horario de sus presentaciones ante la Legislatura para poder viajar a Buenos Aires y asistir a la Asamblea Legislativa.

Razones del cambio

Según explicó el vocero presidencial Manuel Adorni, el horario de la asamblea fue modificado para que “la mayor cantidad de argentinos puedan escuchar el mensaje presidencial después de sus horarios de trabajo”.

El acto institucional -que comenzará formalmente a las 20- tendrá como telón de fondo la tensión entre el Presidente y algunos gobernadores, que acusan a su administración de querer disciplinarlos con la eliminación de transferencias discrecionales, tras el recorte en el envío de distintos tipos de fondos a los distritos.

Para terminar de preparar su discurso, el mandatario realizó su actividad oficial desde la residencia de Olivos, donde se dedicará a ultimar detalles del mensaje que pronunciará la noche del viernes ante la Asamblea Legislativa.

El discurso

En su mensaje, que podría extenderse aproximadamente por una hora, el presidente podría hacer mención al informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Secretaría de Transformación del Estado “con la situación de cada una de las reparticiones del Estado”, que determinó la existencia de deudas de “casi tres billones de pesos”, al defender la necesidad de impulsar una fuerte reestructuración del Estado.

En ese sentido, no se descarta que el mandatario ponga el acento además en los viajes realizados en aviones o cruceros por unas 120.000 personas que tenían planes sociales, los desvíos de fondos en organismos como la Anses y el PAMI y los hechos de corrupción descubiertos en el exministerio de Desarrollo Social como alimentos secos vencidos sin repartir, y compras de medicamentos oncológicos, prótesis y audífonos sin licitación previa.

En las últimas horas, el Presidente aseguró que, “mientras el Congreso tenga su composición actual”, va a ser “difícil aprobar las reformas” que propone su Gobierno, atribuyó esa situación a que “los políticos no tienen problema de dañar los intereses de los argentinos para mantener sus privilegios”, y dijo que, de acá a que se produzca la renovación parlamentaria en las elecciones de medio término, “hay otras reformas” que se pueden “hacer por decreto”.

Así lo expresó en una entrevista que brindó al medio británico Financial Times, en la que planteó que “lo que quedó claro” con el frustrado debate del proyecto de Ley Bases, de desregulación de distintos aspectos de la economía, es que “los políticos no tienen problema en dañar los intereses de los argentinos para mantener sus privilegios”.

Las expectativas de los legisladores están centradas en el tono que tendrá el discurso que formulará el presidente ante el Congreso, por sus referencias públicas hacia la política y en especial a los integrantes del Congreso, al que calificó recientemente como “un nido de ratas”.

El miércoles, el Presidente se reunió primero con diputados del bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA), a quiénes les anticipó que habrá “sorpresas” en su discurso pero no adelantó detalles del mensaje y luego recibió al jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo, para continuar las conversaciones sobre la confluencia de ambos espacios en el Congreso.

En su rueda de prensa de este viernes, Adorni apeló al “respeto y que se lo escuche atentamente y no ocurra ni dentro ni fuera (algo) que vaya en contra de instituciones y en contra de la salud de la democracia”, al descartar que el discurso vaya a tener “carácter violento”.

Adorni advirtió además en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada que “determinados grupos de personas están siendo extorsionados” para manifestarse frente al Congreso Nacional en rechazo al discurso que pronunciará el Presidente y recordó que “la línea telefónica 134 está habilitada, es anónima y gratuita” para denunciar presuntas intimidaciones.

De esta manera, hizo alusión a las manifestaciones convocadas por la Unidad Piquetera y organizaciones de izquierda, que anunciaron que se movilizarán el viernes por la noche frente al Congreso.

Paralelamente, militantes de La Libertad Avanza también anunciaron -por redes sociales- que se van a concentrar en las afueras del Congreso para dar su apoyo al Presidente.

Además del horario, en esta oportunidad, el Presidente modificará la práctica tradicional de hablar sentado desde el estrado del recinto de la Cámara de Diputados durante la Asamblea Legislativa, y lo hará, en cambio, desde un atril ubicado para esta ocasión entre las autoridades del cuerpo y las bancas de los legisladores.

Fuente: Telam.

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La justicia habilitó el cierre definitivo del plan “Volver al Trabajo”, que beneficiaba a 900.000 personas

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La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Estado a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, con lo cual el ministerio de Capital Humano quedó habilitado para discontinuar el programa, que entregaba unja prestación de unos $78.000 a unas 900.000 personas.

El fallo de la cámara anula una decisión previa del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien había ordenado continuar con los pagos tras un amparo colectivo de organizaciones sociales, presentada ante la decisión original del Ejecutivo de dar de baja este plan social.

Tras la decisión, la UTEP denunció que la Cámara Federal de San Martín priorizó la burocracia por encima del carácter alimentario de los programas sociales, cuya prestación –$78.000 mensuales por beneficiario– estaba congelada desde diciembre de 2023, una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei.

La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social”, añadieron.

La organización apuntó con esos argumentos contra el fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, porque avaló el planteamiento de Capital Humano en el sentido de que el programa tenía un “vencimiento de 24 meses” y habilitó al Gobierno a reemplazarlo por “vouchers de capacitación” para cada trabajador.

La UTEP denunció que “eliminar por completo el Volver al Trabajo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, expresó que su organización va a acompañar el 22 de julio “a los jubilados que son un ejemplo de lucha” en su marcha al Congreso, y anticipó que “el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Además, recalcó que como parte del plan de lucha de la CGT y las dos CTA la UTEP va a impulsar una movilización, sin fecha aún, “al Ministerio de economía para visibilizar la realidad de las familias”.

Fuente: Agencia DIB.

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Guiño del procurador para prohibir el cobro de tasas municipales en boletas de luz y gas

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La pelea entre los intendentes y el Gobierno en torno al cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas tuvo un nuevo capítulo y quedó más cerca de una resolución final. Es que la Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno de prohibir que las comunas cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.

En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. Y en ese sentido recomendó a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.

Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor” y que no podrán contener “sumas o conceptos ajenos” a esa prestación.

La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. Pese a la decisión que impulsó Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. De hecho, la Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.

En este contexto, La Libertad Avanza salió a impulsar más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia. Esta medida, le valió una crítica del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.

La resolución del Procurador sobre las tasas

En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Según el dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo. El dictamen también descartó que exista una afectación de la autonomía municipal.

En el expediente iniciado por la Municipalidad de José C. Paz, el procurador agregó otro fundamento vinculado con el régimen eléctrico nacional. Señaló que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas “no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”.

Aunque los dictámenes no son vinculantes, suelen funcionar como una suerte de “recomendación” hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto por la Procuración, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional.

Fuente: Agencia DIB

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Prórroga de las concesiones: la discusión en el Concejo pasa por el plazo

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El presidente de la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, afirmó que los sorprendió el ingreso la semana pasada del expediente en el que el Ejecutivo solicita la prórroga de las concesiones del transporte público de pasajeros.

“Nos encontramos con un expediente que vino de un momento a otro con el pedido de prórroga de una concesión ya vencida, ya caída, porque tenía plazo hasta el 1° de julio”, planteó en primer término esta mañana en diálogo con Radio Altos.

Desde una mirada política, el edil de Alianza La Libertad Avanza tildó de nuevo fracaso la necesidad de la gestión de Federico Susbielles de pedir una prórroga de las actuales concesiones debido a que aún no concluyó con el diseño de los pliegos de la nueva licitación del servicio.

“De aquellas famosas 500 páginas en las que se ofrecía una gestión de gobierno (presentado por el entonces candidato a intendente Federico Susbielles durante la campaña electoral de 2023), uno de los pilares era un moderno cambio en el sistema de transporte público que incluía no solo modificaciones en los recorridos, sino un anillo en la periferia y el macrocentro, un transporte multimodal, con tren urbano y demás, y todo eso finaliza con un pedido de un nuevo año de prórroga”, cuestionó.

Expuso que dentro de un año tanto oficialismo como oposición estarán en campaña electoral y no será momento para discutir un tema “de tamaña importancia para la ciudad”.

Más allá de la mirada política, Compagnoni enfatizó que el sistema de transporte público de pasajeros debe ser tratado con seriedad y prudencia y por eso como presidente de la comisión de Tránsito y Transporte se comunicó con integrantes de todos los bloques para darle tratamiento al expediente.

Según señaló, todos los sectores se mostraron predispuestos a tratar la prórroga, aunque no hay unanimidad en cuanto a los plazos. “Hay inclusive declaraciones públicas del intendente diciendo que prácticamente tienen todo listo, si es así, pedir un año de prórroga es demasiado”, remarcó.

El edil libertario entendió que el debate se centrará en ese punto: cuánto tiempo se extenderá la prórroga de los actuales contratos.

El expediente podría estar en la próxima sesión, el jueves 23 de julio, aunque recalcó que “la última palabra la tiene el oficialismo, que es quien decide cuándo bajará el expediente al recinto”.

Fuente: Frente al cano.

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