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Con la espada de Damocles del veto presidencial, Diputados opositores buscan votar una ley de discapacidad

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Los bloques opositores buscarán sancionar este miércoles con una amplia mayoría en la Cámara de Diputados un proyecto para declarar la emergencia en discapacidad, que es rechazado de plano por el Gobierno Nacional debido al impacto fiscal que tiene esa iniciativa.

Con la espada de Damocles del veto presidencial, los bloques opositores buscan alcanzar los dos tercios en la aprobación de esta iniciativa, para evitar como sucedió en otras oportunidades que se impongan la voluntad del presidente Javier Milei.

Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, y Democracia para Siempre, pidieron una sesión para el miércoles al mediodía que tiene como eje central, el aumento de las jubilaciones del 7,2 por ciento, y del bono de los que cobran la mínima, y la declaración de la emergencia en discapacidad que contempla una actualización de las prestaciones y de las pensiones.

Sobre esta sesión, El presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem acusó a los bloques opositores de
“intentar romper el equilibrio fiscal” con la intención de aprobar aumentos en jubilaciones y de las pensiones y prestaciones de discapacidad ya que implican un costo de unos 12000 millones de dólares.

Menem dijo que “una vez más, el kirchnerismo con sus actuales aliados -que hasta ayer eran enemigos íntimos- con falsa demagogia y total irresponsabilidad, proponen una sesión con proyectos de ley que, de aprobarse, tendrían un costo fiscal de más de 12.000 millones de dólares. (1.8% PBI)”
A través de la red social X señaló que “se esconden una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de intentar romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó conseguir”

El proyecto impulsado por Unión por la Patria y aliados tiene tres ejes: declarar la emergencia hasta diciembre del 2027, un aumento de las prestaciones mensuales de acuerdo a la inflación, y fija que las prestaciones deberán tener un valor al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.

La oficina de Presupuesto del Congreso determinó que el impacto fiscal por el aumento de las pensiones significa un refuerzo fiscal de 1.889.371 millones de pesos y 3,627.495 millones.

Esta diferencia entre 1,8 billones de pesos y 3,6 millones de pesos se debe al numero de beneficiarios “por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios” que podrían suceder con la nueva ley.

En tanto, la compensación por el desfasaje entre el valor de la prestación y la inflación del 2024 tiene un costo $278.323 millones y el refuerzo para los talleres de producción de 7,160 millones de pesos.

La sanción de declaración de emergencia en discapacidad es reclamada por diversos sectores en todo el país, que vienen realizando marchas para reclamar a los legisladores que sancionen una ley para actualización los valores de las prestaciones y de las pensiones.

Para la sesión del miércoles hay cuatro dictámenes promovidos por UP-CC-EF y la izquierda; por el sector del PRO macrista; Democracia para Siempre y la UCR.

El oficialismo, aliados provinciales, y el PRO que responden a Patricia Bullrich, los radicales peluca (Liga del Interior= no presentaron ningún despacho con lo cual rechazan de plano todas las iniciativas.

Las principales diferencias están centradas en la extensión que tendrá la emergencia ya que UP propone que se establezca hasta el 31 de diciembre del 2027, y DPS y la UCR en un año, mientras que el PRO considera que haya una emergencia vigente.

Otros de los puntos centrales está en las prestaciones ya que el dictamen de mayoría y de DPS fija que se debe compensar la diferencia entre los valores establecidos desde fines de diciembre del 2023 hasta fines del año pasado,  mientras que el PRO y la UCR no contemplan esta diferencia y solo el mecanismo que se aplicará desde la sanción de la ley.

En ese punto todos los proyectos comparten en establecer que las prestaciones se actualicen con el aumento de la inflación desde la sanción de la ley.

El tema mas controvertido son el aumento de las pensiones ya que el dictamen de mayoría propone que se pague el 70 por ciento del haber mínimo y eso punto no es respaldado por los radicales de DPS, la UCR ni el PRO.

El presidente de la comisión, de Discapacidad, Daniel Arroyo, dijo a Noticias Argentinas que el dictamen de mayoría que “tiene acompañamiento de Unión por la Patria, de la izquierda, del Bloque de Encuentro Federal, de Innovación Federal, que son diputados de provincias que en general acompañan al gobierno, de la Coalición Cívica, con lo cual deberíamos claramente tener quórum y poder empezar la sesión”

“ El sistema está totalmente colapsado, desacomodado mal, el gobierno desacomodó las prestaciones, generó un gran lío con el tema de las pensiones, nadie sabe qué se evalúa, de qué manera se evalúa, la gente corre de un lado para otro, hace diez horas de cola, no sabe dónde tiene que ir para mostrar los papeles que ya mostró veinte veces, y además ha avanzado con el maltrato del gobierno”, agregó.

.El dictamen de mayoría tuvo 59 firmas, y los despachos de minoría del PRO reunieron 9 firmas, el de DpS 8 firmas y el de la UCR 7 rúbricas.

Los diputados que promovieron los despachos de discapacidad mantendrán contactos desde el lunes para limar algunas diferencias y así lograr que la iniciativa se apruebe con el mayor consenso y en lo posible con los dos tercios para resistir un veto presidencial.

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Muerte en el gym: “La familia Cafasso no está en contra de los trabajadores”

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El abogado de la familia de Juan Roberto Cafasso(68), el cliente del gimnasio Sport Club que falleció hace más de dos meses al caer desde un entrepiso que no tendría protección, remarcó su posición acerca de mantener preservado el lugar del hecho.

El lunes 3 de este mes, lanueva.com difundió una nota en la cual daba detalles de la clausura del gymubicado en la avenida Cabrera al 4.100, situación que está a resolución de la Cámara Penal.

Luego de esa publicación, un grupo de trabajadores de Sport Club se manifestó públicamentey presentó un escrito ante el juzgado de faltas municipal, a fin de obtener la reapertura del local porque está en juego la fuente de trabajo de casi 30 personas.

“La familia Cafasso no está en contra de los trabajadores, ni de los empleadores, ni del lugar. Quiere que se investigue, que se conserven los medios probatorios y que se pueda dilucidar, eventualmente, quiénes son los responsables”, explicó Martiniano Greco.

“Uno entiende que hay trabajadores detrás, pero también que existió un homicidio y que la familia Cafasso no va a recuperar a su padre, a su esposo, a su abuelo”, agregó.

El planteo de la querella tiene que ver con que están pendientes los resultados de una pericia de ingenieros sobre las medidas de seguridad del lugar y que los profesionales pueden llegar a tener la necesidad de regresar al gimnasio para tomar algunas medidas o realizar otros estudios.

Y, por otro lado, con la eventual intención de la acusación de pedir una inspección ocular al momento del juicio, medida que prevé el Código Procesal Penal bonaerense.

“No buscamos una sanción punitiva, sino que se conserve el lugar”, remarcó Greco.

Fuente: La Nueva.

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El Gobierno acelera obras y rutas para blindar su alianza con los gobernadores rumbo a 2027

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Convenios de obras y traspaso de rutas a cambio de acuerdo político. Con esa lógica el Gobierno busca profundizar su relación los gobernadores aliados para sostener un diálogo constante que tiene como horizonte las elecciones del próximo año.

La estrategia se reforzó este viernes con el viaje del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, a Catamarca. Ambos funcionarios firmaron junto al mandatario local Raúl Jalil, y su par de Santiago del Estero, Elías Suárez, un convenio para poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

En el acto realizado en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) de la capital catamarqueña, el ministro Caputo centró su discurso en la idea de federalismo que tienen la Casa Rosada: dijo que el objetivo del Gobierno es que cada provincia pueda explotar sus propios recursos para mejorar la calidad de vida de su población.

En el mismo acto, Santilli confirmó que también avanza el estudio del traspaso de las rutas nacionales 38 y 157, que conectan a Catamarca con Tucumán y con Santiago del Estero. El esquema replica el que el Gobierno ya ofrece a otros distritos: las rutas seguirán bajo dominio nacional, pero la provincia se haría cargo de la conservación, el mantenimiento y eventuales concesiones, por un plazo de hasta 20 años.

En el Gobierno reconocen que la seguidilla de anuncios de obras y traspasos busca reforzar el vínculo con los gobernadores aliados en un contexto de creciente clima electoral, de cara a las negociaciones políticas para el 2027, donde Javier Milei buscará la reelección, al igual que muchos mandatarios provinciales.

Esta semana Santilli participó en Misiones del encuentro de los gobernadores del Norte Grande, donde recibió reclamos por la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos, fondos viales y tarifas de energía diferenciadas para las provincias del norte. El funcionario respondió entonces que “casi el 90%” de esos pedidos ya está resuelto.

La obra clave para Catamarca y Santiago del Estero

La obra del acueducto anunciada en Catamarca, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con una inversión de $99.769 millones, prevé una cañería troncal de unos ocho kilómetros desde el Bolsón de Albigasta hasta Vallecito, y otros doce kilómetros hasta la ciudad de Frías, en Santiago del Estero, donde funcionará una planta potabilizadora. El plazo de ejecución de esta primera etapa es de 36 meses y alcanzará a más de 35.000 beneficiarios entre ambas provincias.

Jalil calificó la obra como un reclamo histórico -dijo que la región la espera “desde la primera presidencia de Roca”- y adelantó una segunda etapa hasta la localidad de Casa de Piedra, con foco en el abastecimiento ganadero. Suárez, por su parte, remarcó que Santiago del Estero sostiene “20 años de equilibrio presupuestario”, lo que le permite afrontar inversiones sin endeudarse.

Rutas nacionales, la otra pata de la negociación con las provincias

El esquema de traspaso de rutas nacionales a las provincias se inició formalmente con Santa Fe: el 22 de julio, el gobernador Maximiliano Pullaro firmó en la Casa Rosada el traspaso de la ruta A012 por 20 años. Luego siguió San Juan, que el 10 de agosto firmó la delegación de cinco corredores viales -las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149- por 20 años. Córdoba, por su parte, negocia con Nación el traspaso completo de la ruta 19, un pedido que el jefe de Gabinete ya adelantó que el Gobierno aceptará.

No todas las provincias acompañan el esquema: Tucumán rechazó hacerse cargo de las rutas nacionales. El gobierno de Osvaldo Jaldo sostuvo que cada nivel del Estado debe asumir el mantenimiento de la infraestructura que le corresponde y que asumir esa obligación implicaría un costo millonario para las cuentas provinciales. (Fuente: TN).

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