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Con la reforma laboral, el Gobierno enfrenta hoy su primera batalla en el Congreso que podría marcar el pulso de las extraordinarias

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Luego de meses de negociaciones, reuniones y planificación, el Gobierno pondrá en juego este miércoles los acuerdos a los que llegó con los diferentes sectores políticos -que le costaron varias conseciones-, cuando se trate finalmente en el Senado la reforma laboral, que podría significar el primer triunfo legislativo de La Libertad Avanza del 2026.

Las autoridades nacionales están confiadas de que tienen los votos necesarios como para que el proyecto acordado con la oposición “dialoguista” obtenga fácilmente la media sansión y pase a la Cámara de Diputados, donde el escenario es más complejo.

Fueron horas frenéticas las que se vivieron desde comienzos de esta semana, en las que los principales referentes del oficialismo se dedicaron casi exclusivamente a conseguir los apoyos para la iniciativa que originalmente se iba a debatir en diciembre pasado, pero que se postergó hasta esta fecha para evitar una posible derrota, ya que en ese momento no tenían un número de respaldos garantizado.

El ministro del Interior, Diego Santilli, comenzó el lunes recibiendo en la Casa Rosada al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, uno de los aliados electorales de los libertarios y que tiene influencia sobre la senadora Silvana Schneider.

El martes, en tanto, el funcionario se reunió directamente con la senadora por Misiones Sonia Rojas Decut, que junto a su compañero de banca Carlos Arce responden al mandatario de esa provincia, Hugo Passalaqcua, con quien “El Colo” conversó en noviembre.

En paralelo, la jefa del bloque oficialista en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, fue el nexo entre el Poder Ejecutivo y los aliados en el recinto, con los que terminó acordando las modificaciones sobre el proyecto que luego fueron avaladas por la mesa política nacional.

Una de las decisiones más importantes que se tomaron fue la de eliminar la baja al impuesto a las Ganancias prevista para las empresas, un punto que era fuertemente rechazado por los gobernadores, pero que también habría sido puesto en duda por el propio Ministerio de Economía.

No son pocos los mandatarios locales que aseguran que en la Casa Rosada los “usaron como excusa para retirar una medida que también perjudicaba al superávit fiscal”, prioritario para el presidente Javier Milei.

En total, fueron 28 los artículos que se modificaron o eliminaron del texto original, los cuales entre el lunes y el martes Bullrich discutió con los representantes de los otros bloques, y luego convalidó con el resto de la cúpula libertaria.

Una vez que tuvo el visto bueno, la ex ministra de Seguridad encabezó una conferencia de prensa en el Senado para anunciar el acuerdo al que había llegado con los otros espacios. Lo hizo acompañada por el jefe de la bancada de la UCR, Eduardo Vischi, y del PRO, Martín Goerling.

En la reunión del lunes no estuvieron los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, que hasta último momento no definirán su posición. El gobernador Claudio Vidal habla con ellos, pero suelen tener juego propio. Lo más probable es que terminen votando a favor, según pudo saber este medio.

En el Congreso, como es habitual en cada sesión importante, estarán siguiendo de cerca los acontecimientos algunos de los máximos referentes libertarios, como Santilli, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

No se descarta que en algún momento de la jornada aparezcan también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, o el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como ocurrió en el pasado.

En los alrededores del Palacio Legislativo, por otra parte, será protagonista la marcha a la que convocaron contra la reforma laboral las dos CTA y la CGT, a pesar de que esta última organización consiguió varios cambios en el proyecto que la benefician.

“Otra vez un grupo de sindicalistas eligió mantener sus intereses sectoriales y sus privilegios a costa de perjudicar a todos los argentinos”, consideró respecto de esta manifestación una fuente cercana a Milei.

En este sentido, las autoridades nacionales defendieron la norma que se va a debatir este miércoles, al considerar que “la modernización laboral es para los trabajadores informales, para las PyMEs y para los jóvenes que no consiguen su primer empleo”.

Al respecto, remarcan que “hoy, el 50% de los trabajadores argentinos, es decir, aproximadamente 5 millones de personas, trabajan en la informalidad, sin ningún tipo de derecho”.

“Argentina tiene la misma cantidad de trabajadores formales en blanco que hace 12 años y es el país que menos empresas crea en América Latina cada 100.000 habitantes. Además, está en el top 3 de países con mayor presión impositiva. La modernización laboral no quita derechos, sino que soluciona estos problemas”, aseguran en Balcarce 50.

Sobre la protesta, en el Gobierno sostienen que, “si los sindicalistas realmente se preocuparan por los trabajadores, buscarían una solución a la informalidad”.

“Se oponen a la modernización, pero no tienen ninguna propuesta para defender a quienes supuestamente dicen representar”, cuestionó uno de los integrantes del Gabinete.

Por otra parte, el oficialismo ya comenzó a preparar la batalla en Diputados, Cámara a la que será enviada esta reforma una vez que -si todo sale según los planes de LLA- sea aprobada en el Senado.

Aquí la situación es diferente, ya que los números para la Casa Rosada son más finos y no hubo tantas conversaciones, más allá de un encuentro entre Santilli y el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo.

Uno de los puntos que acordó Bullrich fue que la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se creará para que las empresas puedan pagar las indemnizaciones en caso de despido injustificado, sea controlado por la comisión de Previsión y Seguridad Social.

El martes por la tarde, la bancada de La Libertad Avanz se juntó en el Congreso para hablar de todos los temas que había en agenda, ya que el jueves el oficialismo se jugará otra apuesta importante con el tratamiento del régimen penal juvenil.

Por la mañana, el Ejecutivo retiró el texto que había conseguido dictamen el año pasado y envió uno nuevo, que tiene varios aportes de los aliados -como Ritondo- y fija la edad de imputabilidad en los 14 años y no en los 13, entre otros cambios.

Si bien todavía no comenzó a discutirse, en el bloque que lidera Gabriel Bornoroni ya tienen en mente pedir la presidencia de la mencionada comisión, que todavía no fue constituida luego del recambio legislativo.

No obstante, y a pesar de que es un escenario más adverso, el espació asegura que la reforma laboral será también aprobada en Diputados sin ningún cambio respecto de lo que llegue del Senado.

De todas formas, y como precaución, Milei va a extender el periodo de sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero, lo que le da margen al Congreso para terminar de votar el proyecto, si es que tiene que volver eventualmente a la Cámara Alta.

Como justificación, se alude a una cuestión técnica, ya que por reglamento interno tiene que haber una ventana de al menos 10 días entre el dictamen de una iniciativa -en Diputados se firmaría el 18 de este mes- y el final de las sesiones.

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AySA: el Gobierno adjudicó las acciones y la Provincia se prepara para impugnar

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El Gobierno adjudicó la venta del 90% del paquete accionario de AySA, la empresa que presta servicios de agua y cloacas en el AMBA, por US$340,2 millones al grupo que había hecho la mayor oferta durante el proceso de licitación. Si bien el 13 de noviembre debe formalizarse el traspaso, la Provincia se prepara para impugnar el proceso.

La decisión fue oficializada este jueves con la resolución 1818 del Ministerio de Economía, publicada este jueves en el Boletín Oficial. En ella, la cartera que lidera Luis Caputo aprobó lo actuado en la segunda etapa de la licitación y adjudicó la venta al consorcio por orden de mérito. Además, instruyó a la Tesorería General de la Nación a notificar al adjudicatario la cuenta para la transferencia del valor ofrecido por el 90% de las acciones.

El grupo que se hará cargo de Aysa es el integrado por Rowing; Arcos Saneamento e Participacoes SA, PHX AQUA AR BV y Transclor. El contrato de compraventa de acciones se firmará el 13 de noviembre de 2026, según lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

El paquete accionario de AySA adjudicado está compuesto por 135.000 acciones ordinarias escriturales Clase A, representativas del 90% del capital social y votos de la empresa, con un valor nominal de $1000 cada una. De esta manera, la privatización avanza hacia su etapa final, con la firma del contrato prevista para el 13 de noviembre de 2026 y la transferencia del control accionario al consorcio adjudicatario.

Privatización de AySA

Más allá de esta resolución, la privatización enfrenta una ofensiva judicial que podría demorar el traspaso. Las acciones judiciales impulsadas a través de la Defensoría del Pueblo, y un grupo de legisladores kirchneristas se focalizan en dos puntos clave de la privatización: la reducción de los estándares ambientales, sanitarios y de protección a los usuarios que contempla el nuevo contrato de concesión y el ocultamiento de la tasación oficial de la empresa que realizó el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para determinar la razonabilidad de las ofertas.

En este contexto, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodisadvirtió que la privatización condena a millones de argentinos a seguir sin agua potable ni cloacas y aseguró que buscarán impugnar el traspaso. En el AMBA, el 24,5% de los habitantes (3,7 millones) no tiene acceso a agua de red y el 36,4% (5,5 millones) no cuenta con cloacas.

“En el mundo todos los Estados modernos administran de forma pública este recurso estratégico. En la Argentina teníamos una empresa superavitaria y con sus cuentas equilibradas, pero no hay mejor idea que rematarla. La ganancia de los nuevos prestatarios y los tarifazos aplicados no garantizan ninguna obra de expansión, ni un solo metro de agua y cloaca”.

Y ahondó: “El 26 de octubre vamos a participar de la audiencia pública para impugnar y rechazar el tarifazo de AySA y exigir un plan de obras. Nunca nadie dañó tanto a la Provincia de Buenos Aires como el gobierno del presidente Milei.”.

En estos tres años, AySA aumentó la tarifa, recaudó mucho más, pero paralizó todas las obras, explicó el funcionario. En este sentido, dijo que las tarifas aumentaron 555% en valores nominales y la recaudación por cobro de tarifas creció 135% en términos reales, pero la inversión en obras cayó 75% en términos reales.

Fuente: Agencia DIB

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Detalle de los cortes de calles y cambios de recorrido de colectivos

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La Municipaliad informó que hoy continuarán los cortes de calles en Necochea y Sócrates por una obra de bacheo y en Drago y Chubut por empalme y reparación de pavimento.

La línea 513 modifica parte de su recorrido desde Stella Maris hacia el centro, circulando por Remedios de Escalada, Estados Unidos, Brown y desde allí recorrido habitual.

Mañana jueves, en tanto, de 10.30 a 14.30 no se podrá transitar por Mitre al 300, por izaje de pallets de hormigón, mientras que de 10 a 12 habrá un corte en Lautaro al 2900 por actividad comunitaria en el exterior del Centro de Salud.

Además, adelantaron que el sábado 24 de octubre estará interrumpido el tránsito de 7.30 a 16 en Euzkadi e Yrigoyen, por trabajos con una grúa.

Hasta el domingo 25, continuará el corte en Zelarrayán y Felipe Varela por la ejecución de la obra “Acueducto Planta Patagonia – Bosque Alto- Los Chañares. El desvío vehicular se realiza desde calle El Resero y calle Facundo Quiroga.

Dos lineas de colectivos tiene que modificar sus recorridos:

  • 500: desde Sesquicentenario hacia Ingeniero White circula por Paraguay, Zapiola, 19 de mayo, Mitre y Sarmiento.
  • 509: desde Klostermann y Castelli hacia Rojas y Garay transita por Zelarrayán, Quiroga, Mitre, El Resero y nuevamente Zelarrayán; y en el regreso por Zelarrayán, El Resero, Mitre, Quiroga y nuevamente Zelarrayán.

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Por trabajos programados no tendrán agua en el barrio Juan Lopes

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ABSA informó que mañana se verá afectado el servicio de agua potable en el barrio Juan Lopes por trabajos programados en el marco del plan de recambio de cañerías que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DiPAC) en Bahía Blanca.

Las intervenciones serán en las intersecciones de Thompson y Arango; y de Cittá y Chubut.

“Por lo expuesto, se solicita a las personas usuarias realizar reservas domiciliarias y utilizar el recurso únicamente para cubrir las necesidades esenciales hasta la normalización del servicio”, pidieron desde la prestataria.

Fuente: Frente al cano.

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