Cristina Kirchner publicó este miércoles una columna de opinión en medios internacionales —entre ellos El País, de España, y Libération, de Francia— en la que defendió su inocencia y cuestiona la condena que la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos, al tiempo que anunció una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). Así también, en sus redes sociales, dio a conocer un texto con el mismo tenor, intitulado: Carta abierta: El costo democrático de la politización de la justicia.

La exvicepresidenta formuló así una denuncia política, judicial y de derechos humanos: afirmó que la condena en la causa Vialidad busca su proscripción perpetua, sostuvo que esa exclusión afecta el derecho del electorado a elegir y anunció que ya presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para llevar el caso fuera de la Argentina.

La ex presidenta ligó esa decisión con un hecho preciso de su estrategia de defensa: convocó a dos abogados extranjeros, el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim, a quienes definió como juristas de prestigio internacional para esta nueva etapa. También recordó que en 2022, después del atentado del 1 de septiembre, un grupo de juristas internacionales ya había denunciado irregularidades y violaciones a sus derechos fundamentales.

La expresidenta, que cumple arresto domiciliario en Buenos Aires tras ser condenada a seis años de prisión por la causa Vialidad, abrió su documento en los medios internacionales con una advertencia sobre el rol del poder judicial en las democracias. “Cuando la Justicia deja de actuar como garante de los derechos fundamentales y comienza a interferir en la disputa política, la democracia se vacía de contenido”, escribió.

En ese marco, calificó su inhabilitación perpetua como una forma de “proscripción” y sostuvo que ese mecanismo representa “una de las formas más sofisticadas de erosión democrática de nuestro tiempo. No hay tanques en las calles ni clausura del Congreso. Las instituciones permanecen formalmente en funcionamiento. Pero, poco a poco, el espacio de la soberanía popular va siendo sustituido por decisiones judiciales que terminan definiendo quién puede o no participar en la disputa política”.

Por otro lado en su carta abierta, Fernández de Kirchner planteó que su caso no debe leerse como una suma de fallos equivocados. “Estamos frente a graves violaciones de derechos humanos, nacidas de un machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino”, escribió.

La ex mandataria sostuvo además que la sanción penal tiene un sentido político por encima del castigo judicial. “La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria”, afirmó.

La columna, firmada por la propia Kirchner, se publicó en simultáneo con la conferencia de prensa en la que su equipo de defensa formalizó la presentación de una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. El planteo sostiene que el proceso judicial violó garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado ratificado por Argentina.

“No se trata de recurrir a una instancia internacional por mera disconformidad con decisiones judiciales. Se trata de someter al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento”, precisó la exmandataria.

CFK también señaló que el proceso al que fue sometida estuvo “marcado por arbitrariedades incompatibles con los principios del debido proceso legal y por un ambiente de hostilidad que también expresa el machismo estructural todavía presente en sectores del sistema de justicia argentino”.

En ese pasaje, extendió el argumento más allá de su situación personal: “No se trata solamente de la persecución contra la única mujer electa y reelecta para ejercer la Presidencia de la Nación Argentina. Se trata del intento de excluir de la vida política a una dirigente elegida democráticamente por millones de ciudadanos. Cuando esto ocurre, la violación deja de afectar únicamente a quien ocupa el banquillo de los acusados. Alcanza el derecho político de cada elector a elegir libremente a sus representantes.”

Para conducir esa etapa internacional, la defensa incorporó a dos juristas extranjeros: el brasileño Rafael Valim, vinculado al equipo legal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ambos participarán, junto al abogado Alberto Beraldi, en la conferencia de prensa que se celebrará hoy a las 11 en el NH Hotel del microcentro porteño.

“No busco privilegios ni excepciones. Exijo únicamente aquello que todo ciudadano tiene derecho a esperar: un juicio imparcial, independiente y compatible con las garantías internacionales asumidas por el propio Estado argentino”, afirmó Kirchner en la columna.

La exmandataria fue condenada por el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en el marco de la causa Vialidad, que investigó irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015. La sentencia fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2024 y quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó los recursos presentados por las defensas. El 2 de julio de 2026, el máximo tribunal también dejó firme un decomiso de $684.990 millones de pesos contra Kirchner, el empresario Lázaro Báez y otros condenados.

En la columna, la expresidenta también recordó el atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022, al que describió como “un episodio de extrema gravedad que puso en riesgo mi vida y evidenció hasta qué punto la violencia política puede amenazar la convivencia democrática”. El texto cerró con una afirmación de alcance colectivo: “Continuaré defendiendo mi inocencia con todos los instrumentos que el Estado de Derecho pone a disposición de los ciudadanos. Lo hago por mí, pero también por todos aquellos que creen que ninguna democracia permanece íntegra cuando la Justicia deja de proteger derechos para decidir el destino de la política”.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, está integrado por 18 expertos independientes y no dicta órdenes a los Estados miembros, sino recomendaciones. Deberá realizar primero un examen de admisibilidad para determinar si la presentación reúne los requisitos necesarios para avanzar. Si supera esa instancia, el organismo podrá requerir información al Estado argentino antes de emitir un pronunciamiento sobre el fondo del reclamo.

La condena contra Cristina Kirchner quedó firme en junio de 2025 y, agotadas las instancias judiciales argentinas, la defensa anunció que recurrirá al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, ese organismo no puede anular la sentencia ni ordenar su libertad: su intervención se limita a evaluar si el Estado argentino vulneró garantías del debido proceso.

El fallo de la Corte Suprema agotó las vías judiciales internas, un requisito para acudir al Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, donde la presentación apuntará a garantías procesales, aunque una eventual opinión favorable no suspenderá la pena.

En su resolución, el máximo tribunal descartó cuestionamientos por falta de imparcialidad, supuestas violaciones al debido proceso y errores en la valoración de las pruebas, al sostener que los planteos defensivos no desvirtuaban los fundamentos previos.

El trámite ante el Comité prevé que el organismo reciba los argumentos de la parte denunciante y luego solicite la respuesta del Estado argentino a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Tras analizar ambas posiciones, el cuerpo emitirá una opinión.

El trámite ante el comité, de todos modos, no tendrá una definición cercana. Cualquier resolución definitiva del organismo demandará un proceso de análisis y tratamiento que insumirá varios años.

Función y alcance del Comité de la ONU

Tras la decisión de la Corte de dejar firme la condena contra CFK, los abogados de la expresidenta presentaron una “Comunicación Individual” ante la ONU, planteo que abrió una instancia internacional de revisión sobre estándares procesales, no una nueva discusión sobre los hechos del caso ni sobre la culpabilidad o inocencia de la exmandataria.

El organismo está integrado por 18 expertos independientes y emite observaciones y recomendaciones que no son de cumplimiento obligatorio, aunque suelen citarse como antecedentes en debates jurídicos e institucionales y pueden ganar relevancia política e internacional.

Según el alcance que tiene ese órgano, sus pronunciamientos son “observaciones” o “dictámenes”. No se trata de sentencias judiciales de cumplimiento obligatorio directo para revertir una condena penal, aunque sí pueden generar responsabilidad internacional para el Estado y tener peso político y jurídico.

Por ende, el organismo no puede anular la sentencia penal dictada por la justicia argentina: su intervención se limita a evaluar si el Estado violó garantías del debido proceso, un examen cuya tramitación podría demorar varios años.

La función del comité se concentra en determinar si hubo afectación de derechos protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre esos puntos puede analizar la independencia de los jueces, el derecho de defensa y la presunción de inocencia.

Lo que no hace ese organismo es volver a juzgar el expediente. Tampoco reevalúa pruebas ni dicta un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de la persona condenada. Las decisiones del Comité no son vinculantes como una sentencia nacional.

Si el comité concluyera que existió una violación de derechos humanos, podría recomendar al Estado argentino medidas de reparación, reformas legales o revisiones institucionales. Ese eventual dictamen, aun con ese alcance, no sustituye la decisión de los tribunales nacionales.

El antecedente de Lula y el caso de la OEA

La estrategia de la defensa busca apoyarse en un antecedente internacional ya utilizado en la región. El caso de Luiz Inácio Lula da Silva aparece como la referencia central del planteo.

En 2022, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que la causa Lava Jato contra Lula había vulnerado sus derechos políticos y las garantías de un juicio imparcial. Ese antecedente es el que intentan replicar los abogados de la expresidenta, reforzados por juristas internacionales vinculados con aquel caso.

La diferencia, según surge de ese precedente, es que la anulación de las condenas de Lula no fue ordenada por el comité sino que la dispuso el propio Supremo Tribunal Federal de Brasil por fallas de competencia jurisdiccional, mientras que el pronunciamiento de la ONU operó como un fuerte respaldo político y jurídico internacional.

Ese punto delimita la expectativa real del trámite iniciado por la defensa de Kirchner. Aun en el escenario de un dictamen favorable, la intervención del organismo internacional no equivaldría por sí sola a dejar sin efecto la sentencia argentina.

La presentación ante la ONU también condiciona otra vía posible en el plano internacional. Las normas del derecho internacional impiden litigar en simultáneo el mismo caso en múltiples foros multilaterales.

Al optar formalmente por la comunicación ante ese comité, la defensa debe desistir de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del sistema regional de la OEA. Esa incompatibilidad entre vías obliga a elegir un único canal para el reclamo internacional.

La diferencia entre ambos sistemas no es menor. A diferencia del mecanismo de la ONU, el sistema interamericano cuenta con un tribunal judicial formal, la Corte IDH, cuyas sentencias suelen ser vinculantes y tienen mecanismos de revisión local dentro de la jurisprudencia argentina.

El Gobierno nacional impulsa la derogación de la Ley del Libro, que establece un precio de venta uniforme para los ejemplares en todo el país. En ese contexto, librerías y referentes del sector expresaron su rechazo a la iniciativa al considerar que favorecería a las grandes empresas, afectaría a las editoriales pequeñas e independientes y priorizaría la comercialización de los títulos con mayor rentabilidad.

En diálogo Panorama, por LU2, el librero bahiense Enrique Martinelli defendió la vigencia de la Ley del Libro. “Esta ley se sancionó en 2001, la 25.542, porque el mercado se estaba desvirtuando y, en cierta manera, se manejaba de forma muy leonina”, sostuvo.

“Con esta ley, el librero no fija el precio; lo único que hace es discutir su rentabilidad con la editorial y, de esa manera, nadie sale dañado. Hay una organización que permite que se mantengan las librerías independientes, chicas, medianas y grandes, sin verse afectadas. Todos coincidimos en que la ley no debe derogarse porque realmente funciona, y funciona muy bien. Estamos a favor, desde quien vende el papel hasta el último librero independiente”, afirmó.

Mientras que desde el Gobierno sostienen que no debería existir ningún tipo de restricción en el mercado para la comercialización de productos, incluidos los libros, Martinelli consideró que la Ley del Libro surgió precisamente para evitar la desprotección del sector.

“¿Para qué tocar algo que funciona? No es una cuestión de ideología ni de que nosotros queramos manejar el precio de los libros. Ya tenemos el ejemplo de Chile: cuando derogó la ley e incorporó el IVA al libro, muchas librerías independientes, el 80 %, terminaron cerrando. Lo que decimos es que nos vamos a ver afectados en la cantidad de títulos que podremos ofrecer al público, porque solo se van a editar los que sean comercialmente rentables”, aseguró.

Martinelli advirtió que una eventual derogación de la ley podría tener consecuencias para toda la cadena del libro. “Liberar el mercado lleva a la desregulación del sistema, porque solo se va a priorizar la publicación de aquello que sea rentable. Eso va a reducir inmediatamente en un 50 % la cantidad de títulos que tenemos a la venta. Las grandes editoriales se van a dedicar únicamente a publicar libros que aseguren ventas”, afirmó.

En ese sentido, explicó que las editoriales dejarían de apostar por obras de menor circulación. “Una editorial que hoy publica 69 títulos pasará a hacerlo solo con aquellos que sean rentables. Entonces corremos riesgos todos. Acá no hay nadie que se vea favorecido“, puntualizó.

Quienes impulsan la derogación de la Ley del Libro sostienen que la medida contribuiría a reducir el precio de los ejemplares. Sin embargo, Martinelli rechazó esa posibilidad y aseguró que el principal componente del costo es el papel.

“Hoy el papel es el que determina el mayor costo y eso no va a cambiar. Nosotros hacemos la diferencia con la variedad de ejemplares, los descuentos bancarios y la atención que le damos al cliente. Si se desregula el precio, las editoriales se van a volcar a vender solo aquello que les genera ganancias y eso va a tener un impacto directo en las pequeñas y medianas editoriales, además de reducir la oferta que nosotros podamos hacerles a los lectores”, sostuvo.

El librero también remarcó que la Ley del Libro permitió ordenar el funcionamiento del sector. “La ley vino a poner orden en el mercado, porque antes de 2001 era un descalabro; era tierra de nadie, aunque la gente no lo advirtiera. El libro tenía un precio, pero todo estaba gobernado por las editoriales grandes, en detrimento de las más chicas”, señaló.

“Queremos que las editoriales independientes y las librerías chicas, medianas y grandes sigan existiendo. Si uno analiza lo que ocurrió desde 2001 en adelante, la ley permitió la creación de un gran número de editoriales que antes no existían”, concluyó.

Fuente: La Nueva.