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Con Milei en EEUU y en medio de un nuevo paro general, el Gobierno enfrenta una sesión clave por la reforma laboral

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Luego del triunfo en el Senado y de la polémica que se generó por las modificaciones de último minuto sobre el texto, el Gobierno enfrentará este jueves una prueba decisiva en su objetivo de aprobar la reforma laboral, cuando el proyecto se trate en la Cámara de Diputados, durante una sesión que se prevé maratónica.

A pesar de que en el Congreso hubo horas de zozobra en la labor parlamentaria por los números ajustados para conseguir el quórum, finalmente el oficialismo y sus aliados convocaron formalmente al debate, que comenzará a las 14:00.

Así lo anunció el jefe del bloque de La Libertad Avanza en el recinto, Gabriel Bornoroni, quien también confirmó que se iba a eliminar el artículo 44 de la iniciativa, referido a las licencias médicas, después de las críticas que recibió por parte de distintos sectores de la oposición, algunos cercanos a la Casa Rosada.

Con este cambio ya decidido, en la bancada violeta confiaban en que contaban con los votos suficientes como para que la medida tenga el visto bueno también en esta Cámara, aunque se demorará su sanción definitiva.

Durante la reunión preparatoria, el ministro del Interior, Diego Santilli, estuvo desde temprano en el lugar conversando con algunos legisladores y juntando voluntades para este jueves.

Se espera que los funcionarios regresen para supervisar la sesión y a ellos se podrían sumar el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su mano derecha, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, como sucedió sobre el cierre de la discusión en el Senado.

Quien no podrá asistir esta vez es la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien viajó a los Estados Unidos para acompañar a su hermano a la cumbre inaugural del Board of Peace (Junta de la Paz).

Según anticipó Bornoroni, se va a eliminar el artículo que establecía que las empresas podían reducir hasta el 50% del salario de sus trabajadores en caso de ausentismo por enfermedad, como reclamaban varios espacios, entre ellos el PRO y algunos gobernadores.

Por el contrario, según precisaron a Infobae fuentes cercanas a la cúpula libertaria, no se va a modificar ningún aspecto del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), otro de los puntos cuestionados del texto.

“El FAL no se toca. Mañana nos instalamos en el Congreso para seguir todo el debate”, confirmó uno de los miembros de la mesa política nacional.

De igual forma, tampoco podrá estar en el debate de hoy la jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, debido a que estará trabajando en su propia Cámara para conseguir los respaldos para el régimen penal juvenil y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que también tiene en agenda.

La ex ministra de Seguridad espera que las autoridades de Diputados envíen la reforma laboral inmediatamente después de su votación para que, de esta forma, tenga tiempo para convocar a las comisiones correspondientes para el viernes, lograr el dictamen y después llamar a sesión para la semana que viene. Recién cuando se apruebe ahí, el texto se convertirá en ley.

Conflicto con los gremios y cierre de FATE

Por otra parte, la discusión en el Cogreso se da en medio de fuertes cruces entre los principales representantes del Gobierno, los sindicatos y algunos empresarios que rechazan la iniciativa.

Un día antes de la sesión de este jueves, sucedieron dos hechos relevantes: la CGT confirmó en conferencia de prensa el paro de 24 horas y la histórica empresa de neumáticos FATE anunció el cierre definitivo de la planta y el despido de sus más de 200 empleados.

La central obrera hizo un “llamado a la reflexión” a los diputados para que tengan “responsabilidad política” y no apoyen el proyecto oficial, con el fin de “representar a los trabajadores, que también los votaron”.

Como consecuencia de esta medida de fuerza, durante toda la jornada no habrá servicios en la mayoría de las actividades, incluidos los bancos, la recolección de residuos, trenes, subtes y personal aeronáutico.

Además, el cese también alcanzará a los colectivos urbanos, a pesar de que la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, había dictado la semana pasada la conciliación obligatoria por un conflicto en el interior del país.

“La Unión Tranviarios Automotor (UTA) informa a sus afiliados, trabajadores del transporte y a la sociedad en su conjunto que ha resuelto adherir al paro general convocado, en defensa de los derechos laborales, cercenados por la pretendida reforma laboral”, aclaró mediante un comunicado el gremio, ante la presión de los líderes de la CGT para que se hiciera pública esta decisión.

En el Gobierno advirtieron a este medio que, si no cumple con la conciliación obligatoria, la UTA podría perder la personería, al igual que ocurre con los ferroviarios de La Fraternidad, que se encuentran en una posición similar.

Las empresas del sector, hasta último momento, esperaban que el sindicato diera marcha atrás y no se sumara a la protesta, considerando que “varios delegados les habían dicho eso a sus directivos”.

“Nosotros ya les avisamos formalmente a los choferes que este jueves van a estar todas las unidades listas y a disposición para que los recorridos se hagan con total normalidad, pero si no aparecen los conductores no podemos hacer nada. Lo que nos preocupa es que por esto el Gobierno nos terminen multando”, señaló a este medio un integrante de una de las principales cámaras empresarias de colectivos urbanos.

En cuanto al cierre de la planta de FATE, fue el propio presidente Javier Milei el que insinuó, a través de un posteo que hizo en las redes sociales, que se anunció el miércoles para generar ruido durante la discusión de la reforma laboral.

“¿Conspiranoico yo? Fin”, escribió el mandatario nacional, en un mensaje que aparentemente estaba dirigido a Javier Madanes Quintanilla, dueño de la compañía fabricante de neumáticos, quien se mostraba crítico de la gestión libertaria.

En este sentido, en el Poder Ejecutivo señalaban que desde 2019 la firma afrontaba un plan preventivo de crisis y que desde hace meses tenía riesgo de cerrar, pero “justo lo vienen a anunciar ahora”.

En X, algunos referentes libertarios consideraron que la decisión de Madanes Quintanilla tuvo que ver con el hecho de que es también propietario de Aluar, una de las compañías más importantes en la venta de aluminio, producto que no formó parte del acuerdo comercial con Estados Unidos.

En este contexto complejo se votará este jueves en la Cámara de Diputados la reforma laboral, durante una sesión que podría durar más de 15 horas, según estiman en la Casa Rosada.

Si es aprobada, debido a sus modificaciones, deberá volver al Senado. El oficialismo quiere convertirla en ley antes de la finalización de las sesiones extraordinarias.

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La justicia habilitó el cierre definitivo del plan “Volver al Trabajo”, que beneficiaba a 900.000 personas

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La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Estado a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, con lo cual el ministerio de Capital Humano quedó habilitado para discontinuar el programa, que entregaba unja prestación de unos $78.000 a unas 900.000 personas.

El fallo de la cámara anula una decisión previa del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien había ordenado continuar con los pagos tras un amparo colectivo de organizaciones sociales, presentada ante la decisión original del Ejecutivo de dar de baja este plan social.

Tras la decisión, la UTEP denunció que la Cámara Federal de San Martín priorizó la burocracia por encima del carácter alimentario de los programas sociales, cuya prestación –$78.000 mensuales por beneficiario– estaba congelada desde diciembre de 2023, una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei.

La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social”, añadieron.

La organización apuntó con esos argumentos contra el fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, porque avaló el planteamiento de Capital Humano en el sentido de que el programa tenía un “vencimiento de 24 meses” y habilitó al Gobierno a reemplazarlo por “vouchers de capacitación” para cada trabajador.

La UTEP denunció que “eliminar por completo el Volver al Trabajo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, expresó que su organización va a acompañar el 22 de julio “a los jubilados que son un ejemplo de lucha” en su marcha al Congreso, y anticipó que “el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Además, recalcó que como parte del plan de lucha de la CGT y las dos CTA la UTEP va a impulsar una movilización, sin fecha aún, “al Ministerio de economía para visibilizar la realidad de las familias”.

Fuente: Agencia DIB.

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Guiño del procurador para prohibir el cobro de tasas municipales en boletas de luz y gas

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La pelea entre los intendentes y el Gobierno en torno al cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas tuvo un nuevo capítulo y quedó más cerca de una resolución final. Es que la Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno de prohibir que las comunas cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.

En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. Y en ese sentido recomendó a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.

Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor” y que no podrán contener “sumas o conceptos ajenos” a esa prestación.

La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. Pese a la decisión que impulsó Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. De hecho, la Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.

En este contexto, La Libertad Avanza salió a impulsar más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia. Esta medida, le valió una crítica del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.

La resolución del Procurador sobre las tasas

En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Según el dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo. El dictamen también descartó que exista una afectación de la autonomía municipal.

En el expediente iniciado por la Municipalidad de José C. Paz, el procurador agregó otro fundamento vinculado con el régimen eléctrico nacional. Señaló que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas “no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”.

Aunque los dictámenes no son vinculantes, suelen funcionar como una suerte de “recomendación” hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto por la Procuración, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional.

Fuente: Agencia DIB

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Prórroga de las concesiones: la discusión en el Concejo pasa por el plazo

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El presidente de la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, afirmó que los sorprendió el ingreso la semana pasada del expediente en el que el Ejecutivo solicita la prórroga de las concesiones del transporte público de pasajeros.

“Nos encontramos con un expediente que vino de un momento a otro con el pedido de prórroga de una concesión ya vencida, ya caída, porque tenía plazo hasta el 1° de julio”, planteó en primer término esta mañana en diálogo con Radio Altos.

Desde una mirada política, el edil de Alianza La Libertad Avanza tildó de nuevo fracaso la necesidad de la gestión de Federico Susbielles de pedir una prórroga de las actuales concesiones debido a que aún no concluyó con el diseño de los pliegos de la nueva licitación del servicio.

“De aquellas famosas 500 páginas en las que se ofrecía una gestión de gobierno (presentado por el entonces candidato a intendente Federico Susbielles durante la campaña electoral de 2023), uno de los pilares era un moderno cambio en el sistema de transporte público que incluía no solo modificaciones en los recorridos, sino un anillo en la periferia y el macrocentro, un transporte multimodal, con tren urbano y demás, y todo eso finaliza con un pedido de un nuevo año de prórroga”, cuestionó.

Expuso que dentro de un año tanto oficialismo como oposición estarán en campaña electoral y no será momento para discutir un tema “de tamaña importancia para la ciudad”.

Más allá de la mirada política, Compagnoni enfatizó que el sistema de transporte público de pasajeros debe ser tratado con seriedad y prudencia y por eso como presidente de la comisión de Tránsito y Transporte se comunicó con integrantes de todos los bloques para darle tratamiento al expediente.

Según señaló, todos los sectores se mostraron predispuestos a tratar la prórroga, aunque no hay unanimidad en cuanto a los plazos. “Hay inclusive declaraciones públicas del intendente diciendo que prácticamente tienen todo listo, si es así, pedir un año de prórroga es demasiado”, remarcó.

El edil libertario entendió que el debate se centrará en ese punto: cuánto tiempo se extenderá la prórroga de los actuales contratos.

El expediente podría estar en la próxima sesión, el jueves 23 de julio, aunque recalcó que “la última palabra la tiene el oficialismo, que es quien decide cuándo bajará el expediente al recinto”.

Fuente: Frente al cano.

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