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“Concegarcas”, la dura calificación a sus colegas de una edil libertaria

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Una de las concejalas de Avanza Libertad, Valeria Rodríguez, tildó de “concegarcas” a su pares de diferentes bloques mediante un posteo en la red social X.

Fue luego de replicar los conceptos de su máximo referente político, José Luis Espert, y haciendo alusión a la situación política local en correlato con la nacional.

“En Bahía Blanca hay concegarcas que opinan que dar gobernabilidad es intercambiar ordenanza por ordenanza: esa vieja cobardía política de dar para recibir”, escribió la edil de Avanza Libertad.

Trascendió que el planteo de la representante legislativa local sería porque los bloques de Juntos y Unión por la Patria habrían acordado no ponerse trabas mutuas: ni cuestionar la rendición de cuentas del exintendente del Pro, Héctor Gay, ni impedir las actualizaciones de tasas que solicita el actual jefe comunal peronista, Federico Susbielles.

 

 

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Los motivos que esgrime el Gobierno para no haber votado en la ONU en contra de la violencia de género

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Javier Milei

En otra muestra de la posición geopolítica que la administración libertaria viene sosteniendo desde que asumió, el Gobierno se abstuvo nuevamente en una votación de las Naciones Unidas (ONU) para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, quedando así alineado con los Estados Unidos y ratificando las críticas contra el organismo y su rol, al considerar que la resolución en cuestión buscaba “incorporar agendas ideológicas” detrás de “un título noble”.

A pesar de las críticas por parte de la oposición, en el Poder Ejecutivo defendieron esta decisión y remarcaron que el rechazo estuvo en el contenido del texto y no en el objetivo que declara perseguir.

La medida se aprobó en la Tercera Comisión de la Asamblea General con 175 votos a favor, mientras que la delegación argentina quedó en sintonía con la norteamericana y las de Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso y Camerún, que también se abstuvieron. Somalia fue el único que votó en contra.

“La Argentina condena categóricamente todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Esto incluye, por supuesto, los femicidios. Nuestra abstención en esta votación no tiene absolutamente nada que ver con ese compromiso, que es claro e innegociable”, aseguró a Infobae una fuente de la Cancillería consultada sobre los motivos de la decisión.

En el Palacio San Martín remarcaron que la diferencia no pasa por el título de la resolución, “ni en el objetivo que dice perseguir“, sino en que el documento, a su entender, “incorpora conceptos ideológicos controvertidos y sesgados que desvían la atención de los problemas concretos de violencia que enfrentan” esos grupos sociales.

En este mismo sentido, en Balcarce 50 insisten en que “muchas veces, detrás de títulos nobles, se incorporan agendas ideológicas“, por lo que se debe “analizar el contenido de cada resolución, más allá de su nombre”.

“Del mismo modo que cuando se vota una ley se examina artículo por artículo y se evalúan las obligaciones que genera, en el ámbito internacional debemos hacer exactamente lo mismo”, explicaron.

La resolución, impulsada por un grupo de países europeos, insta a los Estados a reforzar sus políticas para prevenir la violencia de género, incluida la que ocurre en entornos digitales, y menciona garantías vinculadas con los derechos humanos de las mujeres y su salud sexual y reproductiva. Esos pasajes fueron, según el Gobierno, los que motivaron la decisión de no acompañar el texto.

“La Argentina considera que las resoluciones deben concentrarse en los problemas reales y en las soluciones concretas. Lo importante es prevenir la violencia, proteger a las víctimas y garantizar justicia. No alcanza con aprobar declaraciones que incorporan conceptos controvertidos sin resolver los problemas de fondo”, plantearon a este medio.

A esa objeción le sumaron una lectura sobre el enfoque general del texto, porque entienden que contiene “muchísimas referencias al género y muy pocas a la mujer“.

“Se termina imponiendo una mirada ideológica por encima de la realidad de las personas, de los Estados, de sus legislaciones y de las políticas públicas que cada país lleva adelante”, señaló la fuente consultada.

En Balcarce 50 negaron, además, que la decisión no responde a una preocupación por la imagen internacional del país, porque no se hizo para cumplir con “las expectativas del establishment multilateral“.

“La posición responde a una evaluación del contenido de las resoluciones y de su capacidad real para atender los problemas de las mujeres. No vamos a acompañar textos simplemente para quedar bien en los organismos internacionales”, remarcaron.

En esta línea, en el Gobierno insistieron con que “las resoluciones de esta naturaleza no garantizan por sí mismas una reducción de los femicidios ni de las muertes maternas“, sino que “lo que produce resultados son las políticas públicas concretas”.

“De hecho, las políticas implementadas por el Gobierno del presidente Javier Milei han permitido, según los datos que manejamos, alcanzar el índice de femicidios más bajo en bastante tiempo”, argumentaron.

En septiembre, durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandatario cuestionó que el organismo hubiera dejado de concentrarse en su función de mediar entre los Estados y garantizar la paz y remarcó que “no faltan palabras ni resoluciones, lo que falta es que tengan consecuencias”.

Además, criticó lo que definió como una expansión de las atribuciones de la ONU sobre asuntos que, a su criterio, deberían resolver los países, por lo que lo calificó como “un leviatán burocrático” dedicado a decidir “cómo deben vivir los pueblos del mundo y sus ciudadanos”.

La decisión que tomó el país en la votación de este martes fue similar a lo ocurrido en noviembre de 2024, aunque en aquella oportunidad directamente rechazó una resolución sobre prevención y eliminación de la violencia contra mujeres y niñas, centrada en el entorno digital.

Esa vez, el texto fue aprobado por 170 países y 13 se abstuvieron, mientras que la delegación argentina quedó aislada incluso de Estados Unidos e Israel, que sí acompañaron la iniciativa.

De hecho, en la Casa Rosada destacaron el cambio de criterio y remarcaron que en esta oportunidad “no se votó en contra ni bloqueó la resolución”, ya que solamente se dejó expresada la opinión de la administración libertaria “frente a los conceptos incorporados”, pero “sin obstaculizar su tratamiento”, lo que consideran ”una diferencia fundamental.

“Nuestra posición es categórica en lo siguiente: estamos en contra de cualquier tipo y forma de violencia contra las mujeres y las niñas. Precisamente por eso creemos que esta causa debe abordarse con seriedad, sin subordinarla a agendas ideológicas y con medidas concretas que protejan efectivamente a las víctimas”, concluyen.

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Foro en la UNS: la UIBB expuso sobre la cadena de valor de la actividad petroquímica

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Una exposición sobre la cadena de valor de la actividad petroquímica llevó a cabo la Unión Industrial de Bahía Blanca. Fue durante el debate acerca del presente y futuro del Polo Petroquímico realizado ayer en el Aula Magna de la UNS.

El panel estuvo a cargo del coordinador-jefe del Centro de Estudios Económicos de la UIBB, Martín Goslino, quien complementó sus conceptos con experiencias formuladas por líderes de tres Pymes locales.

Se trató, en su conjunto, del primer Foro Petroquímico Bahía Blanca “Presente y Futuro del Polo Petroquímico” -organizado por el Instituto Petroquímico Argentino-, que reunió a referentes del sector productivo, académico y gubernamental para debatir sobre los desafíos y oportunidades de una de las principales actividades económicas del país.

“Nosotros, desde la UIBB, nos hicimos cargo de un panel relacionado con la cadena de valor de la actividad petroquímica, que puede ir hacia adelante o hacia atrás. Hacia adelante vemos cómo se le va agregando valor o riqueza a los productos. Hacia atrás, hay que hablar de los proveedores. Enfocamos entonces la charla ‘hacia atrás’, concretamente al desarrollo de los proveedores”, explicó Goslino.

“Todo esto porque pensamos en los proveedores no como unos meros prestadores de servicio que hoy los tenés, mañana ya no y se reemplazan por otros, sino pensarlos como aliados estratégicos de mediano-largo plazo. No como un prestador de servicio de corta duración”, señaló.

El economista invitó a tres empresarios Pymes para que cuenten sus experiencias y opiniones en base a una serie de preguntas sobre qué instancias se podrían llevar a cabo para mejorar la cantidad y calidad de los proveedores para que las empresas puedan calificar. Y qué pueden hacer éstas para fomentar dicha relación.

Se trató de Valeria Alonqueo, de AVG Servicios Industriales; Santiago Martín, de ERS Soluciones Industriales; y Ariel Rodríguez, titular de Francisco Lonas SRL.

“Los tres son proveedores de empresas del Polo Petroquímico local e, incluso, algunos de otros lugares como Vaca Muerta. Ariel Rodríguez, por ejemplo, tiene unos cuantos años en el rubro. Valeria Alonqueo, la particularidad de pertenecer a la segunda generación de una empresa proveedora, siendo su papá y su tío los fundadores; y en el caso de Santiago Martínez, lidera una empresa relativamente nueva que hace trabajos y mantenimiento en altura a través de cuerdas.

“Cada uno de ellos fue dándonos ideas de cómo se puede mejorar esta relación entre las grandes empresas y los proveedores. Les preguntamos cómo se han tenido que adaptar a cada requerimiento, en qué cosas se sintieron más acompañados. Qué transformaciones tuvieron que hacer las empresas, por ejemplo, en cuanto a los procedimientos de documentación y certificaciones. Un trabajo codo a codo con los integrantes de las empresas para ver qué solución le encontraban a cada problema. Una situación que mencionaron como muy interesante es que una vez que se encontraron adentro de la empresa, empezaron a detectar otras oportunidades donde se pueden prestar soluciones. Eso, obviamente, te fortalece, te hace muy fuerte”, relató.

El cierre derivó, en la voz de Goslino, en la carencia de un programa integral de desarrollo de proveedores.

“Más bien detectamos la existencia de acciones aisladas, incluso dentro de nuestra propia institución. Con la mejor de las intenciones a veces éramos más reactivos que proactivos o llevábamos a cabo una actividad que después no era sometida a un seguimiento. Entonces nos propusimos lanzar para el año que viene un programa integral de desarrollo de proveedores no sólo de las empresas del Polo Petroquímico, sino de todas las grandes empresas, incluso las que están viniendo por las grandes inversiones o las que ya están acá como las firmas cerealeras”, señaló.

El programa, manifestó Goslino, tiende a acompañar a las Pymes en su crecimiento como proveedores.

“Que haya certificaciones, capacitaciones y formación. Y que nosotros seamos la entidad que articule todo ese contexto. Lo tomamos como un desafío en virtud de lo que fue la jornada petroquímica, pero en realidad apuntamos a vincular a todas las Pymes de Bahía y la Región con las grandes empresas”, cerró el economista de la UIBB.

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Advierten que renovar los colectivos no alcanza si las calles están en mal estado: “Todo está relacionado”

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Después de varios años de demoras, el proyecto para reorganizar el transporte público de Bahía Blanca comenzó a transitar su camino institucional. Para Cecilia Metlicich, integrante de la Comisión de Usuarios Testigos, la presentación representa un paso esperado desde hace tiempo, aunque advirtió que todavía falta conocer uno de los aspectos centrales de la iniciativa: el diseño de los nuevos recorridos.

“Es algo que está demorado desde 2018. Se fue prorrogando por distintas razones y, finalmente, llegó el día”, señaló, en diálogo con Panorama, por LU2.

La principal expectativa está puesta en la modificación de las trazas. Según explicó, el esquema actual presenta superposiciones entre distintas líneas, mientras que otros sectores de la ciudad carecen de cobertura o tienen que caminar entre 10 y 15 cuadras para acceder a un colectivo.

“Un solo pasajero no puede subir a dos o tres líneas al mismo tiempo. Esa superposición hace que se pierda kilometraje, mientras hay barrios que directamente no tienen servicio“, analizó.

Metlicich anticipó que la Comisión espera ser convocada para estudiar el expediente y participar de las discusiones. También consideró fundamental incorporar la opinión de los vecinos, ya que cualquier modificación de recorridos puede generar tanto beneficios como dificultades para los usuarios.

“Cuando se mueven las trazas, algunos sectores pueden quedar mejor conectados, pero otros quizás pierdan el colectivo que les pasaba a una o dos cuadras y tengan que caminar un poco más. Habrá que evaluar cómo se desarrolla esta nueva etapa”, sostuvo.

Las frecuencias, una deuda que dejó la pandemia

Más allá de los recorridos, la frecuencia de los colectivos aparece entre los problemas que la nueva concesión deberá atender. Metlicich señaló que el servicio nunca recuperó los niveles anteriores a la pandemia, especialmente durante la noche y los fines de semana.

“Perdimos el servicio nocturno. No lo prestaban todas las líneas, pero algunas circulaban y hoy eso ya no ocurre. Los fines de semana también tenemos esperas muy prolongadas”, indicó.

En ese contexto, valoró el funcionamiento del boleto combinado, una herramienta que la propia Comisión había impulsado años atrás y que permite realizar conexiones entre líneas. Sin embargo, advirtió que su utilidad queda condicionada por los tiempos de espera.

“Nosotros habíamos presentado un proyecto entre 2012 y 2013 y finalmente se hizo realidad hace un par de años. Funciona muy bien, pero si una persona tarda en esperar el primer colectivo y después tiene que esperar otro, el viaje se hace eterno, sobre todo los fines de semana”, explicó.

Por eso, consideró que una redistribución de las líneas podría mejorar las conexiones y reducir los tiempos de traslado.

Barrios nuevos y recorridos condicionados por las calles

La expansión urbana también plantea un desafío para el transporte. De acuerdo con Metlicich, numerosos barrios nuevos no tienen colectivos cerca y sus habitantes deben trasladarse hasta las rutas o avenidas principales para acceder al servicio.

Como ejemplo, mencionó la línea 521, que llega hasta el Conicet, pero no ingresa en los barrios ubicados a los costados de su recorrido. “Va por una traza principal, pero los barrios de alrededor quedan afuera. Los vecinos tienen que llegar hasta la ruta para poder tomar el colectivo”, describió.

A esa dificultad se suman las condiciones de algunas calles por las que circulan las unidades. La Comisión realiza relevamientos periódicos de los recorridos y presentó su último informe durante el año pasado.

En esas recorridas detectaron sectores donde fue necesario modificar las trazas para evitar arterias que no estaban en condiciones. Uno de los casos señalados es el de la línea 506: “Se me viene a la cabeza la esquina de Corrientes y Brandsen. Actualmente, la línea circula por Darwin”.

“Es una calle chiquita, que no está preparada para semejante tráfico… Tuvimos que observar situaciones en las que los recorridos debían alejarse o acercarse para esquivar alguna calle”, explicó.

Para la referente, la renovación de las unidades tampoco puede analizarse por separado del estado de la infraestructura vial. “Por más que el colectivo sea nuevo, si en su recorrido encuentra dos o tres pozos seguidos y eso se repite durante todo el trayecto, no va a durar mucho tiempo en buenas condiciones. Todo está relacionado”, advirtió.

El precio del boleto y los costos del sistema

Otro de los puntos que planteó la representante de los usuarios es el esquema de financiamiento del transporte. Desde la Comisión consideran que los subsidios distorsionaron el valor real del pasaje y que una distribución más eficiente de los kilómetros recorridos podría contribuir a aliviar los costos del sistema.

“Todo lo que no paga el usuario lo termina pagando el resto. Por eso también es importante que el kilometraje esté bien distribuido y que los colectivos puedan levantar pasajeros a lo largo de todo el recorrido”, concluyó Metlicich.

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