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Contraofensiva de Abel Furlán: pidió a la Justicia la nulidad de la intervención a la UOM y su inconstitucionalidad

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La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) presentó un recurso ante la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para solicitar la nulidad de la intervención judicial dispuesta el 22 de mayo que afecta al gremio durante 180 días, impugnando la constitucionalidad de esa medida y pidiendo revisión por parte del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires.

El fallo de los camaristas Víctor Pesino y María Dora González designó un interventor temporal e incluyó dos puntos centrales que el gremio busca anular. La presentación de la UOM sostiene que esa sentencia judicial no respetó su estatuto ni la jurisprudencia previa en materia de intervenciones sindicales.

El recurso fue presentado por Daniel Daporta, secretario adjunto de la UOM y delegado administrador del sindicato, como fue designado esta semana por el Consejo Directivo de la UOM, que resolvió las medidas internas orientadas a resolver la situación institucional “conforme a las facultades otorgadas por el estatuto” sindical.

En su planteo, la UOM argumenta que la intervención externa resulta improcedente porque el propio estatuto del gremio contiene los mecanismos previstos para resolver situaciones de acefalía. Se señala que, según los artículos 21 y 22, el Consejo Directivo tiene la atribución de designar delegados administradores tanto para las seccionales como para el Secretariado Nacional si es necesario. La organización enfatiza en el documento que la omisión de este punto por parte del fallo representa un “error grosero” y fundamenta la presentación extraordinaria ante la Cámara.

El martes pasado, el Consejo Directivo de la UOM integrado por representantes de seccionales de todo el país, exceptuando la de Zárate-Campana, cuyas elecciones fueron objetadas por la Justicia, emitió la Resolución Nº 5/2026 por la que designó delegados administradores para normalizar la entidad.

La UOM, en ese sentido, insiste en que el Consejo Directivo no está intervenido y que la solución basada en el estatuto ya se encuentra en proceso.

El sindicato afirma también que la sentencia judicial se aparta de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según la presentación, la Ley 27.802 de Modernización Laboral exige a los magistrados laborales ajustarse a los fallos de la Corte Suprema. Alude al “caso García” de 2023, en el cual —según la UOM— el máximo tribunal restringió las facultades de intervención sobre los gremios y ratificó el principio de autonomía sindical consagrado en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Otro de los argumentos de la UOM es que en el momento del fallo aún no estaba firme la resolución del rechazo de recusación sobre dos de los jueces involucrados, lo que, según el gremio, impediría que el tribunal dictara sentencia con jurisdicción plena y comprometería las garantías del juez natural y el debido proceso.

El gremio dejó planteada, además, la reserva del caso federal y anticipó que agotará los demás recursos legales con el propósito de revertir la intervención.

Hace tres días, en desafío a la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el Consejo Directivo de la UOM rechazó la intervención judicial, impulsó el proceso interno de normalización estatutaria y declaró e estado de alerta y movilización en todo el país.

En ese sentido, se designó Delegado Administrador a Daniel Daporta, titular de la Seccional Avellaneda, y como Delegado Administrador de la seccional Zárate-Campana a Emiliano Gallo, de la UOM Vicente López.

Estas definiciones de la conducción metalúrgica se resolvieron el martes pasado al mediodía mientras ante la sede central de la UOM, en Alsina al 400, se realizó un “abrazo” en defensa de Furlán y el resto del secretariado del sindicato que fueron desplazados de sus cargos luego de la anulación de los comicios en la Seccional Zárate-Campana por la falta de garantías de una “elección confiable, segura ni transparente”.

En la calle, manifestantes de distintos gremios se concentraron en apoyo a los dirigentes afectados por el fallo judicial: estuvieron, sobre todo, miembros del Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), que integra la UOM, como las dos CTA, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Aceiteros, Papeleros, la Federación de Camioneros, SOMU, SUTNA, CONADU, Federación de la Carne y Metrodelegados, entre otros.

Aunque no hubo una columna de la CGT con una pancarta propia, concurrió el cotitular cegetista Octavio Argüello (Camioneros), quien se mostró al lado de Furlán cuando éste salió a la calle a hablar con los periodistas. Allí también estuvieron sindicalistas como Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma), Sergio Palazzo (bancarios), Roberto Baradel (CTERA), Claudio Marín (FOETRA), Clara Chevallier (CONADU) y Pablo Biró (APLA), además de los propios dirigentes de la UOM, entre quienes estuvo Horacio Otero, quien fue clave en la normalización de las regionales de la CGT en todo el país.

Furlán acusó a los jueces que ordenaron la intervención del sindicato de recibir “incentivos económicos y políticos”, en medio del conflicto entre el gremio y el Gobierno por la política de “desindustrialización”.

Durante una entrevista en el estudio de Infobae a las Nueve, el dirigente señaló que detrás del fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo se esconde una intromisión política para presionar al sindicalismo.

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Se extendió hasta el viernes 17 de julio la inscripción para el Concejo Deliberante Joven

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El Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca informa que se extendió hasta el viernes 17 de julio el plazo de inscripción para participar del programa Concejo Deliberante Joven, una iniciativa destinada a promover la participación ciudadana de estudiantes y jóvenes de la ciudad.

Los establecimientos educativos interesados en formar parte de esta propuesta podrán inscribirse completando el formulario disponible en el siguiente enlace:
https://forms.gle/87jWNwGknScCet9w6

El Concejo Deliberante Joven acerca a las nuevas generaciones al funcionamiento del Poder Legislativo local, brindándoles la posibilidad de conocer de primera mano cómo se elaboran y debaten los proyectos que impactan en la comunidad.

Durante el desarrollo del programa, las y los participantes trabajan en comisiones, intercambian ideas sobre las principales problemáticas de Bahía Blanca, reciben acompañamiento para la elaboración de iniciativas y viven la experiencia del proceso legislativo, fortaleciendo valores como el diálogo, el consenso y el compromiso ciudadano.

La propuesta busca generar un espacio donde las voces jóvenes sean escuchadas y puedan transformarse en proyectos concretos para la ciudad, promoviendo una ciudadanía activa, informada y comprometida con el presente y el futuro de Bahía Blanca.

Desde el Honorable Concejo Deliberante se invita a todas las instituciones educativas a aprovechar esta extensión del plazo de inscripción y sumarse a una experiencia que fomenta la participación democrática y el protagonismo de las juventudes.

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Propiedad privada: se vuelve a tensionar la ley en el Senado, pero el Gobierno confía en que la aprobará mañana

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La ley de propiedad privada, que el oficialismo confía aprobar mañana en el Senado -quorum y números ajustados, hasta anoche- se convirtió desde hace largas semanas en un embrollo difícil de resolver y sumó un nuevo ruido en las últimas horas, con legisladores dialoguistas que dudan sobre el aval o no del “silencio administrativo” incluido en el capítulo de venta de tierras a extranjeros.

Este tema se encuentra detallado en el artículo 10 de la norma 19.549 de procedimiento administrativo. Allí, se expresa: “El silencio o la ambiguedad de la Administración frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa. Sólo mediando disposición expresa podrá acordarse al silencio sentido positivo. Si las normas especiales no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de SESENTA días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros TREINTA días sin producirse dicha resolución, se considerará que hay silencio de la Administración”.

Ahora, vayamos a la iniciativa que intenta destrabar -a los ponchazos- la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich. En el ya delirante borrador 13 post dictamen se enuncia que “cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites de conformidad con los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional”, y que “los extranjeros gozan de los derechos reconocidos por el artículo 20 de la Constitución Nacional”.

Seguido a ello aparece lo más jugoso. “Las únicas restricciones para la adquisición del dominio de tierras rurales serán las siguientes: a) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros; b) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”, se plantea.

En tanto, sobre el final, se manifiesta: “La autorización prevista en el inciso b) se regirá por el régimen de silencio administrativo de conformidad con el artículo 10 de la Ley Nº 19.549 y sus modificatorias, operando el vencimiento del plazo como una autorización de pleno derecho. Este régimen de silencio administrativo comenzará a regir a los ciento ochenta (180) días corridos a la entrada en vigencia de la presente ley.

Misma situación se repite en la “la adquisición de inmuebles rurales ubicados en zonas de seguridad de frontera por extranjeros“, que se regirá por las disposiciones, excepciones y procedimientos establecidos en el Decreto-Ley N° 15.385/44, modificado por la Ley N° 23.554 y sus normas complementarias”, y la cual “deberá contar con la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional, en los términos de dicha normativa”. En un momento se pensó en incorporar un guiño del Congreso, ahora descartado.

Mientras se definen detalles y La Libertad Avanza peina la cantidad de soldados dispuestos a ayudar mañana, en la Cámara alta cayó pésimo el mensaje que partió desde un sector minoritario del oficialismo -aunque de peso- para desdramatizar el reboleo de borradores antes de una sesión. Modificar un dictamen en el recinto no sólo abre ventanas para que ingrese el diablo -sobre todo, si el número estuviese apretado-, sino que implica un eterno ida y vuelta con asesores de los senadores que estudiaron el tema, intercambiaron ideas y llevaron a sus jefes a firmar un despacho de mayoría ya muy manoseado. Casi como despreciar una labor trascendental -de muchos agentes- en el Congreso. Penoso.

De cara al jueves existe una urgencia de la Casa Rosada por el pliego judicial -para que continúe en vigencia- del camarista Víctor Pesino, relacionado con la reforma laboral -si no se aprueba antes de fin de mes, el magistrado se tendrá que jubilar-, más la aprobación de la ley de inviolabilidad de propiedad privada que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y que aliados ya se la desplumaron a la propia Bullrich, sin defensa alguna de parte de la porteña.

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Cautela y preocupación en el Gobierno por la lenta negociación para suspender las PASO

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La suspensión o eliminación de la PASO se transformó en una obsesión para Karina Milei, que está convencida de que las primarias podrían transformarse en el principal obstáculo para la reelección de Javier Milei. Sin embargo, en la más reciente “mesa política”, ayer, a diferencia de los encuentros de los últimos meses, el tema ni siquiera se conversó, o al menos eso es lo que dejaron trascender en la Casa Rosada.

“No fue por nada en especial, no surgió. Ya se había hablado la semana pasada”, dijo un funcionario nacional.

Desde el poroteo de hace siete días al de ayer hubo un sinfín de conversaciones y reuniones políticas vinculadas con el tema. Y el eje PASO estaba prácticamente fijo en el temario de la mesa política desde la era Adorni. Pero ayer, en el segundo encuentro sub-liderado por Diego Santilli junto a Karina Milei, ni siquiera se mencionó. Y si bien en el oficialismo no se muestran preocupados, sí se muestran cautos.

Esperan llevar la reforma política al recinto en agosto, después del Mundial. Y los más optimistas se basan en las declaraciones on the récord de los referentes de las provincias brindando distintos grados de apoyo. Citan, primero, al aliado catamarqueño del PJ, Raúl Jalil, como uno de los que se mostraron a favor del proyecto con mayor ímpetu.

Jalil fue el más explícito al calificarlas de “una encuesta muy cara” que “no fortalece a los partidos políticos”, aunque marcó distancia del esquema de colectoras. En la misma línea se ubicaron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), que remarcó el ahorro fiscal que implicaría; y Claudio Poggi (San Luis), que ratificó su respaldo tras una reunión con Diego Santilli. Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), que ya anticiparon su acompañamiento. A ellos se suman Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Marcelo Orrego (San Juan), favorables a la reforma tal como la plantea Casa Rosada, y Martín Llaryora (Córdoba), que no objeta el cambio porque el peronismo local siempre rechazó ese sistema.

Pero en el oficialismo admiten que aún no alcanza. “Le falta al tema, le falta…”, dijeron en el Gobierno. Por ahora no están los números, reconocen, a pesar de las fotos con los gobernadores en Tucumán por el 9 de Julio y la importante asistencia de los mandatarios “amigables” con el poder central a la jura de Santilli como jefe de Gabinete.

Por lo pronto, aseguran que no se rinden. Puertas afuera, Santilli seguirá con la convocatoria a gobernadores. Anteayer recibió a Claudio Poggi de San Luis. Ayer, a Claudio Vidal, de Santa Cruz. Y el viernes será el turno del pampeano Sergio Ziliotto, ferviente opositor a quien, de todos modos, no creen que podrán convencer.

Después de cada encuentro, en Balcarce 50 deslizan que hubo manifestaciones de apoyo. Pero después, en el Congreso, las buenas señales de los mandatarios no se traducen siquiera en promesas.

A priori, reina la prudencia: “Nadie promete nada. El espíritu es que hay que trabajar mucho”, dijo un importante armador legislativo de La Libertad Avanza. En el bloque confesaron: “Es difícil ir narrando una negociación a varias bandas. No es fácil medir el grado de avance”, en referencia a la cantidad cada vez mayor de de referentes, gobernadores y operadores con los que hablan los delegados del Gobierno. Principalmente, Santilli y los Menem, que introdujeron el tema de las colectoras hace dos semanas con la esperanza de que sirviera para sumar adhesiones.

Hoy ese capítulo es un misterio, y en las provincias siguen analizándolo. Está en marcha como posibilidad en el oficialismo, que deja todas las puertas abiertas con tal de que se suspendan las Primarias y Milei pueda evitar que una gran encuesta negativa dos meses antes de la elección general condicione sus posibilidades de reelegir.

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