El cristinismo de La Matanza reunió en las últimas horas su mesa de conducción local, con representantes del PJ, el movimiento obrero y la universidad nacional locales para apoyar la candidatura de la Expresidenta a diputada provincial por esa sección.

El evento se celebró una semana después del acto encabezado por Máximo Kirchner en el Congreso de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas en San Justo -junto al diputado provincial Facundo Tignanelli- donde trabajadores de distintos sectores manifestaron su respaldo a la postulación de Fernández de Kirchner para enfrentar a la administración actual.

En un comunicado se señaló que “el intendente Fernando Espinoza y la vicegobernadora Verónica Magario han mantenido silencio público sobre la confirmación de la candidatura“. Se trata del intendente de la ciudad y la vicegobernadora, alineados con el gobernador Axel Kicillof en la interna del PJ.

Los crisitnistas de La Matanza contrastaron que mientras Magario y Espoinoza siguen sin pronunciarse, la Mesa acelerta “con la organización de la campaña en el distrito más grande del país”.

Durante la reunión, los referentes destacaron que la fiscalización electoral en La Matanza, históricamente compleja, cuenta con el respaldo de una sólida articulación entre sindicatos, organizaciones políticas y la UNLaM, garantizando la transparencia del proceso.

Participaron del encuentro:

-Pablo Boschi (Secretario General, 62 Organizaciones Gremiales Peronistas)

-Esteban Cabello (Secretario General, UOM La Matanza)

-Luciana Potenza (Diputada Nacional, Ateneo Néstor Kirchner)

-Luis Lata (FAP, Secretario Legislativo del Senado bonaerense)

-Sergio Bogochwal (UNLaM)

-Orlando Benavidez (Sindicato de Alimentación)

-Esteban García (SMATA La Matanza)

-Laura Ramírez (SMATA La Matanza)

-Miguel Bampini (Prosecretario Legislativo, Senado PBA, FAP)

-Hugo Dell’Oglio (Sindicato ALEARA)

-Juan Cruz González (SECAFPI)

El gobernador bonaerense Axel Kicillof se reunió este jueves con funcionarios del gobierno provincial para “regularizar” la situación de las ferias de La Salada y que los trabajadores “puedan mantener sus fuentes laborales”.

Según indicó Kicillof en sus redes sociales, la gobernación se encuentra trabajando de manera conjunta con el Gobierno nacional, el municipio de Lomas de Zamora y la fiscal Cecilia Incardona para “regularizar la situación de las ferias de La Salada y que los trabajadores puedan mantener sus fuentes laborales”.

“Los tres niveles de Gobierno coincidimos en la necesidad de que reabran las ferias y vamos a destinar los recursos necesarios para concretarlo, mientras permanecemos a la espera de la resolución judicial”, aseguró el mandatario provincial en X.

Para lograr ese objetivo, este jueves Kicillof encabezó un encuentro a fin de instrumentar “las herramientas necesarias para que los trabajadores puedan cumplir con los requerimientos que la Justicia Federal solicitó para la habilitación” del predio.

Formaron parte de la reunión con el gobernador bonaerense el ministro de Seguridad Javier Alonso, el subsecretario de Comercio de la Provincia Ariel Aguilar y el asesor general de Gobierno Santiago Pérez Teruel y miembros de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) y el Banco Provincia.

El complejo ferial, ubicado en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, se encuentra cerrado tras la detención de Jorge Castillo, más conocido como “El Rey de La Salada”, luego de más de 60 allanamientos.

En tanto, una puestera de “La Salada” confirmó hoy que la feria reabrirá la semana próxima luego de una intensa negociación con las autoridades. “La feria no se cierra”, indicó la feriante ante la multitudinaria manifestación de los feriantes en la Municipalidad de Lomas de Zamora.

Desoyendo las advertencias de veto lanzadas por el Poder Ejecutivo -reiteradas esta misma noche por el Presidente-, la oposición en la Cámara de Diputados aprobó esta noche -con 142 votos afirmativos, 67 negativos y 19 abstenciones- una suba en los haberes jubilatorios. La medida incluye, por un lado, un incremento extraordinario del 7,2% en todas las escalas, correspondiente a la inflación de enero de 2024 que no fue contemplada, y por el otro, la actualización del bono que paga la Anses a quienes perciben la jubilación mínima, el cual pasaría de $ 70.000 a $ 110.000 mensuales, atado al índice de movilidad.

Cerca de las 22, el presidente Javier Milei se expresó en contra de la media sanción de los diputados y habló de “demagogia populista”. Deseó que los senadores no acompañen la propuesta, y aclaro que, “de cualquier forma”, vetará “cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO”.

“Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO. Fin”, publicó Milei en la red social X.

La propuesta, que ahora deberá tratar el Senado, obtuvo respaldo de los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y la izquierda, impulsores de la sesión especial. Llamativa fue la abstención de sectores de la UCR cercanos al oficialismo y de parte del PRO alineado con Mauricio Macri, entre quienes se contaron las diputadas María Eugenia Vidal, Silvia Lospennato y Luciano Laspina. Además, se registraron 28 ausencias, de acuerdo con el diario La Nación.

El oficialismo y sus aliados votaron en contra. Desde la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reiteró hoy que el presidente Javier Milei vetará la norma en caso de que sea convertida en ley. “El Estado no lo puede pagar salvo que volvamos a emitir dinero y endeudarnos”, advirtió.

El texto aprobado por la oposición incluye un artículo que confirma la vigencia de la fórmula de movilidad jubilatoria dispuesta por decreto presidencial en abril del año pasado. Otro apartado ordena que los envíos a las cajas previsionales provinciales no transferidas se automaticen y se actualicen según la inflación.

Como respuesta al planteo oficialista sobre el impacto fiscal del proyecto, los bloques opositores detallaron en su dictamen varias fuentes alternativas de financiamiento. Entre ellas, eliminar ciertos beneficios impositivos que hoy favorecen a sectores específicos y reducen la recaudación. También sugieren redireccionar los $ 33.000 millones asignados por el Gobierno a la SIDE hacia la ANSES, además del ahorro que implicó para el país la decisión del FMI de bajar los costos del endeudamiento de sus miembros. (DIB) GML