El reclamo de Javier Milei sobre la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y los anuncios para impedir la explotación de recursos en las inmediaciones del archipiélago generó fuertes críticas entre distintos sectores de la oposición. Dirigentes peronistas, de izquierda y de la Unión Cívica Radical cuestionaron el giro del Gobierno, señalaron que varias de las medidas anunciadas ya contaban con antecedentes legales o administrativos y apuntaron contra la política exterior de la actual gestión.

Uno de los cuestionamientos más duros llegó desde la provincia de Buenos Aires. Carlos Bianco, ministro de Gobierno de Axel Kicillof, sostuvo que el Presidente demoró la aplicación de herramientas que ya estaban disponibles.

“267 días tardó el fan de Thatcher en cumplir la ley. Ahora lo hace de manera oportunista”, afirmó Bianco. Según explicó, ese período transcurrió desde que Navitas y Rockhopper anunciaron, el 10 de diciembre de 2025, su decisión final de invertir en la explotación de Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte.

Bianco sostuvo que durante ese tiempo el proyecto “avanzó sin obstáculos” con una inversión prevista de US$1.800 millones, financiamiento cerrado, obras iniciadas en las islas y la preparación del buque destinado a la producción. También recordó que la Ley 26.659 prohíbe participar, financiar o prestar servicios para actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina y permite inhabilitar a quienes la infrinjan.

“En todo este tiempo, Milei no adoptó ninguna medida efectiva para afectar los intereses vinculados con este proyecto, ni frente al Reino Unido ni frente a Israel”, cuestionó.

“En 33 meses Milei no aportó nada significativo por la cuestión Malvinas; gobernó en contra de la soberanía nacional; e impidió todo tipo de consenso en el rumbo de la política exterior y la defensa nacional”, opinó Germán Martínez y agregó: “¿Por qué Milei no hizo el mismísimo 10 de diciembre de 2023 lo que hoy anunció? Tenía todos los elementos normativos disponibles y antecedentes concretos sobre todos los temas”.

Sebastián Galmarini, diputado nacional, también apuntó contra el Presidente. “Del admirador de Thatcher… Milei nacionalista y utilizando las Islas Malvinas es un chiste de mal gusto que no resiste una conversación adulta”, escribió. Y agregó: “Da ajena”.

Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman cuestionó además el anuncio de la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y el pedido de facultades especiales. “Es muy peligroso porque obviamente no será para perseguir a Netanyahu y los que mandaron a Navitas a Malvinas”, sostuvo. Su mensaje terminó con una consigna: “¡fuera ingleses de Malvinas, fuera yanquis de América Latina!”.

El ex canciller Jorge Taiana afirmó que las nuevas medidas llegaron después de una política que, según su interpretación, facilitó el avance británico. “Tras 3 años de persistente desmalvinización, Milei anuncia medidas que llegan tarde, después de haber flexibilizado normas y hecho concesiones que facilitaron el avance del Reino Unido sobre nuestros intereses”, señaló.

Taiana sostuvo que el Presidente busca “galtierizar” su figura y calificó como “peligroso” utilizar la Causa Malvinas para crear un Consejo de Seguridad en el marco de la estrategia del “Escudo de las Américas”. También recordó que las actividades de exploración y explotación en Malvinas ya cuentan con sanciones previstas en las leyes 26.659 y 26.915.

Agustín Rossi, ex ministro de Defensa, planteó una posición similar. “Bienvenido, Milei, a la Causa Malvinas”, escribió, antes de enumerar sus cuestionamientos. Señaló que el Presidente decidió aplicar una ley sancionada en 2011 y enviar fondos para una Base Naval en Ushuaia cuya construcción comenzó en 2022.

“Por primera vez Milei reconoce que los isleños son una población implantada”, destacó Rossi, aunque luego cuestionó que el mandatario hablara de soberanía y, al mismo tiempo, justificara sus acciones a partir de su alianza con Donald Trump.

“Si el Presidente finalmente adopta una posición que acerca a la Argentina a su política histórica de defensa de la soberanía sobre Malvinas, es un paso positivo”, admitió. Pero advirtió: “La política exterior no puede cambiar según el humor presidencial: necesita coherencia, previsibilidad y acciones concretas”.

Matías Kulfas, ex ministro de Producción, también marcó una contradicción entre los anuncios y el avance de Sea Lion. Citó declaraciones de Amit Kornhauser, directivo de Navitas, quien afirmó que la decisión de inversión se completó “sin ninguna interferencia del Gobierno argentino”.

Según Kulfas, el empresario sostuvo además que “se puede entender que Milei apoya el derecho de autodeterminación de los habitantes de las Falklands y que no ve esto como una cuestión política a tratar”.

Victoria Tolosa Paz calificó el anuncio como “puro oportunismo” y preguntó: “¿Por qué no hizo cumplir la Ley en su momento en lugar de flexibilizar las normas?”. También sostuvo que la Base Naval Integrada anunciada por el Gobierno comenzó a construirse en 2022.

“Milei es capaz de cualquier cosa con tal de capitalizar electoralmente el auge que tiene hoy la causa Malvinas en el pueblo gracias a la selección nacional. En unos días pasaron de libertarios admiradores de Thatcher y defensores de la autodeterminación de los kelpers, a manosear la causa Malvinas con la estrategia demagógica electoral más berreta de la historia. Mientras permiten el amarre de barcos petroleros británicos en el puerto de Ushuaia declaman soberanía con este discurso demagógico que no va a tener ningún efecto real”, agregó César Milani, ex jefe del Ejército.

Santiago Cafiero, ex canciller, resumió su crítica en una frase: “El admirador de Thatcher tuvo que recular en chancletas retomando el trabajo diplomático y político realizado por el peronismo hasta 2023”.

Malena Galmarini también cuestionó el giro. “¿Recién se entera? ¡Aplauso! Le costó unos años y un trapo en un partido de fútbol”, escribió. Y preguntó: “¿Quiere recuperar las Malvinas para ofrendarlas a Trump???”.

Pablo Avelluto fue todavía más directo: “Prefiero a los jugadores de la selección con su bandera a este irresponsable haciendo uso de la demagogia nacionalista berreta”.

Desde la UCR, Pablo Juliano reclamó que se convoque al Consejo Nacional de Malvinas y pidió revertir decisiones vinculadas con instalaciones militares y defensa. “Una política de Estado exige acuerdos amplios y duraderos”, afirmó.

Ricardo Alfonsín, por su parte, escribió: “Es increíble. Todo, absolutamente todo lo que dijo recién Milei, es lo que desde que asumió le reclamaba la oposición y él se negaba a hacer”.

Daniel Filmus, ex ministro de Ciencia y Tecnología y ex ministro de Educación, marcó una diferencia con el resto de las críticas y valoró parte del discurso. “Por supuesto que sí. Poner a Malvinas como una causa nacional, invitar a la oposición a trabajar en conjunto respecto a este tema es algo para celebrar”, dijo en TN.

Sin embargo, también señaló contradicciones. “Está diciendo todo lo contrario de lo que hizo”, afirmó, y cuestionó que las leyes que mencionó el Presidente no se aplicaran durante los últimos años. “Ahora, si va a aplicar esas leyes, ¿por qué no las aplicó estos dos años y medio, si las leyes están?”, preguntó.

“Malvinas y nuestros recursos naturales son una causa nacional que exige unirnos mediante una ley del Congreso. Pero la soberanía no se defiende con discursos mientras se desmantela la Base Punta Indio por las internas entre Nación y Provincia. La cuna de nuestros aviadores navales que hicieron historia con los Super Étendard atacando a la flota británica hoy se enfrenta a su posible cierre. Cuidar la Patria exige respaldar a las FF.AA. y a su gente”, agregó Sergio Vargas, senador provincial.

Sebastián Galmarini afirmó que el giro de Javier Milei sobre la causa Malvinas responde a una estrategia electoral y cuestionó la falta de novedades concretas en los anuncios realizados por el Presidente durante la cadena nacional. El dirigente del Frente Renovador sostuvo que el cambio de postura del Gobierno se produce en medio del escenario político previo a las elecciones y lo vinculó con una necesidad de reposicionamiento oficial.

Galmarini vinculó el cambio de discurso con el calendario electoral

El diputado nacional Sebastián Galmarini señaló que hasta ahora el presidente Javier Milei había mantenido una actitud distante respecto de la causa Malvinas y consideró que sus recientes declaraciones marcaron una modificación abrupta. “Su giro sobre la causa Malvinas, que hasta acá parecía no reconocer, es absolutamente pura especulación electoral”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que el mandatario había dado antes señales opuestas. Recordó sus elogios al exdictador chileno Augusto Pinochet y su admiración declarada por la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, figura asociada en la Argentina a la guerra del Atlántico Sur. Para Galmarini, ese antecedente vuelve más visible el cambio de posición oficial frente al reclamo de soberanía.

El legislador dijo que varias medidas ya existían desde años anteriores

Galmarini también puso en duda el alcance de los anuncios presentados por el Gobierno y sostuvo que varias de las iniciativas mencionadas ya habían sido planteadas en gestiones anteriores. En tono irónico, advirtió que “es peligroso cuando hacen tanto humo con mucha gente junta, porque puede intoxicarse”.

Sobre la creación del Consejo de Seguridad Integral, indicó que existen proyectos desde 2020 y aseguró que la propuesta no introduce elementos nuevos. En relación con la base naval en Ushuaia, afirmó que la administración libertaria no avanzó en su desarrollo y que, por el contrario, la desfinanció. Según detalló, durante 2022 ya se había colocado la piedra fundamental para esa obra y también se había impulsado la creación de una guarnición militar.

Recordó antecedentes de la base naval y la visita de Laura Richardson

El dirigente massista mencionó además la visita a Ushuaia de Laura Richardson, entonces jefa del Comando Sur de Estados Unidos, al comienzo de la gestión de Milei. Según dijo, en ese momento ya se había planteado la necesidad de poner en marcha obras vinculadas a esa infraestructura.

A partir de ese antecedente, Galmarini insistió en que el anuncio presidencial no representa un punto de partida, sino una reformulación de proyectos previos. En su planteo, el eje del cuestionamiento no estuvo centrado sólo en el contenido del discurso, sino en la distancia entre lo anunciado y las decisiones adoptadas hasta ahora por la administración nacional.

También cuestionó el anuncio sobre sanciones económicas a empresas

Otro de los puntos objetados por el diputado fue el referido al endurecimiento de penas económicas para petroleras y compañías que operan en el Atlántico Sur. Sobre ese aspecto, sostuvo que “esa es una ley del 2011” y que el Gobierno ya contaba con herramientas legales para intervenir sin necesidad de presentar la medida como una novedad.

Galmarini mencionó en ese marco a la empresa Rockhopper y consideró que el Ejecutivo podría haber promovido auditorías o revisiones sobre compañías vinculadas a la explotación de recursos en la zona en disputa. A su entender, esas acciones podían realizarse sin apelar a una cadena nacional.

Mencionó vínculos empresarios y reclamó explicaciones oficiales

En el tramo final de sus declaraciones, el legislador hizo referencia a ADNOC y a su participación accionaria en XRG, grupo involucrado en el proyecto de gas natural licuado en la Patagonia y asociado a YPF. También nombró al directivo Paul Mayland, a quien vinculó con empresas que, según expresó, ya desarrollan actividades económicas en la Argentina.

Con esos señalamientos, Galmarini sostuvo que las autoridades nacionales deberían explicar por qué no avanzaron antes con la aplicación de herramientas legales ya vigentes. El cruce se sumó a la discusión política abierta tras la cadena nacional de Milei, en la que el Gobierno buscó instalar una nueva agenda en torno a Malvinas y la presencia argentina en el sur del país.

El oficialismo de La Libertad Avanza en el Senado convocó a continuar con la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales que está tratando la Reforma Política con la que el Gobierno busca eliminar o suspender las PASO. El encuentro anterior había sido pausado a través de un cuarto intermedio y se reanudará el martes 15 de septiembre a las 15.30 horas.

La convocatoria fue realizada por el presidente de la Comisión, el senador fueguino de La Libertad Avanza, Agustín Coto, que emitió esta tarde una comunicación a los senadores para invitarlos a la continuación del cuarto intermedio. La fecha de la nueva cita se corresponde con lo que había acordado la Mesa Política este martes, cuando acordaron reanudar las negociaciones formales por la iniciativa que impulsa el oficialismo, denominada formalmente como Proyecto de Ley de Reforma Electoral Integral.

La convocatoria a comisión no implica necesariamente que La Libertad Avanza consiga dictamen ese mismo día. “Vamos a continuar el tratamiento. Se supone que el llamado de acá a las próximas dos semanas va a hacer que en ese interín se puedan seguir negociando aspectos para mejorar nuestra posición”, consignó una importante fuente del oficialismo.

Karina Milei presidió este martes una nueva reunión de la mesa política del Ejecutivo en Casa Rosada, donde la reforma electoral acaparó el debate central junto con otros proyectos de la agenda legislativa. El encuentro de poco más de dos horas marcó el inicio formal de la estrategia para avanzar con los cambios antes de fin de año.

Según una fuente que participó del encuentro, el círculo íntimo del Gobierno definió impulsar el tratamiento de la reforma electoral en la Cámara de Senadores a partir del 15 de septiembre, en una reunión de comisión. La fecha coincide con la presentación del Presupuesto 2027 ante la Cámara de Diputados. No obstante, otra fuente de Balcarce 50 dejó abierta la posibilidad de que el debate se anticipe: “Quizás arranca antes”, deslizó.

La propuesta abarca la eliminación de las elecciones PASO, un punto que el Gobierno considera estratégico de cara a los comicios de 2027. En Balcarce 50 entienden que prescindir de esas primarias le quitaría al peronismo una herramienta para ordenar su interna. El proyecto también contempla la incorporación de la Ficha Limpia y modificaciones al sistema de financiamiento de los partidos políticos.

La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, había anticipado días atrás el regreso de la iniciativa al Congreso y ratificó el alcance de los cambios que busca impulsar el Poder Ejecutivo. “Vamos a discutir toda la cantidad de partidos políticos, cómo se va a afiliar, qué va a ser digital. Queremos terminar con los partidos truchos, no usar tanto dinero público, no usar tantos espacios cedidos que terminan siendo un desastre porque no los ve nadie”, detalló la legisladora, en declaraciones recogidas por Infobae.

Además de la reforma electoral, los asistentes al encuentro abordaron la estrategia frente a una convocatoria impulsada por la oposición en Diputados para el 9 de septiembre, que pone sobre la mesa dos temas sensibles para la gestión: la prórroga por un año de la emergencia en discapacidad y los niveles récord de mora en el endeudamiento familiar. Una fuente cercana al despacho presidencial restó importancia a los movimientos opositores: “Eso es humo”, resumió.

La convocatoria se da después de una semana con ciertos reveses para el Gobierno. El dictamen del Súper RIGI naufragó este miércoles en el Senado antes de llegar a plasmarse en papel. Senadores aliados del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y el peronismo disidente bloquearon la firma del despacho al exigir una protección más amplia para los insumos nacionales, en un traspié que dejó expuesta la fragilidad de la coalición legislativa que sostiene al oficialismo.

Los legisladores Maximiliano Abad (UCR, Buenos Aires), Carlos Espínola (peronismo no kirchnerista, Corrientes) y Martín Goerling (PRO, Misiones) fueron los protagonistas del freno. Los tres reclaman ampliar el alcance del concepto “precio/calidad” para que el régimen no favorezca automáticamente a los proveedores extranjeros por sobre los locales. Además, proponen que una oferta nacional se considere competitiva cuando su precio no supere en más de un 15% el valor comparable de la oferta de origen extranjero, siempre que cumpla condiciones equivalentes de calidad, especificaciones técnicas, cantidad y plazos de entrega.

Sin luz verde del Ejecutivo para aceptar los cambios adicionales, la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en la Cámara alta, solo convalidó dos modificaciones que ya venían anticipadas: el beneficio del 20% a favor de bienes de producción local y la exigencia de que las inversiones superiores a 1.000 millones de dólares garanticen capacidad de conexión al sistema eléctrico y un esquema de abastecimiento para cubrir la demanda máxima sin comprometer la seguridad energética.

Ante la resistencia de sus propios aliados, Bullrich fue tajante frente a la prensa acreditada en el Congreso: “Si tiene tanto problema, nos quedamos con el RIGI”, advirtió, en referencia al régimen de incentivos ya vigente.