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Costos oficialistas, recelos de aliados y hasta oxígeno a los duros de la CGT, en la prueba decisiva por la reforma laboral

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El Gobierno asumió el costo de la marcha atrás con el artículo de las licencias por enfermedad, logró dictamen después de esa poda y apuesta a la sesión de este jueves en Diputados para aprobar la reforma laboral. Será un paso decisivo, pero no el último, porque la coronación del proyecto deberá esperar a la segunda vuelta del Senado, la semana que viene. Todo fue disparado por el impacto del artículo 44, que se sintió en el interior del oficialismo, descolocó a aliados y dejó una imagen pobre del grueso de los senadores, porque el tema pasó sin ruido en el recinto -al parecer, sin lectura- – y estalló unos días después por las declaraciones de Federico Sturzenegger. Alcanzó para darle aire a los duros de la CGT, que hoy va al paro total.

El oficialismo decidió dar de baja el grosero tema de las licencias por causas de salud cuando comprobó que, sin ese giro, no tenía asegurada la sesión de Diputados. Es decir, no contaba con los apoyos para garantizar el quórum. La amplia gama de socios y aliados no estaba dispuesta a acompañar si no era liquidado el artículo en cuestión, sin parche alguno, aunque eso determinara un nuevo capítulo en la Cámara alta. Lo registraron Martín Menem en los contactos con el armado del PRO, parte de la UCR y otros sectores; y Diego Santilli en diálogo con gobernadores. De manera pública, lo hicieron saber después Cristian Ritondo, como bloque, y Gustavo Sáenz, como señal de jefes provinciales.

Los recelos habían ganado terreno. La reacción inicial del Gobierno, cuando fue sorprendido por el oleaje que provocaron los dichos de Sturzenegger, fue tratar de dibujar alternativas que agotaran el trámite en Diputados: corrección en la reglamentación de la ley o un proyecto específico para anular después el artículo 44. El problema era más complejo. No pesaba sólo la evidente fragilidad o improcedencia de esas alternativas, sino, sobre todo, la desconfianza en el cumplimiento del Ejecutivo. Y además, el malestar por un costo inesperado y atribuido a la interna violeta.

Ese último fue un ingrediente fuerte. Desde las filas de LLA nunca aclararon del todo cómo había sido incorporado el texto, cuyo efecto se añadió a la lista de daños autogenerados. En filas del PRO y entre legisladores que juegan como aliados por indicación de sus gobernadores -del PJ o provinciales- cargaron contra la “mala praxis” violeta. Una explicación más bien exculpatoria, porque el texto estuvo en poder de sus senadores y pasó la votación. Es más, trascendió que un señalamiento sobre el tema habría llegado al bloque amarillo de diputados.

Como sea, no resultó un dato menor que aliados del oficialismo hicieran pública su posición -dar de baja sin más vueltas el artículo de las licencias por enfermedad-, además de haberla anticipado en las conversaciones con Martín Menem y, de manera más informal, con Santilli. Ritondo lo expuso como decisión del espacio o interbloque. Y la suma terminó de dar negativo para el titular de Diputados cuando llegó el mensaje de Sáenz. El gobernador salteño difundió en X la decisión del conjunto integrado también por legisladores que responden a los jefes provinciales de Tucumán, Catamarca y Misiones.

El malestar con Sturzenegger en el interior del oficialismo venía de arrastre. Fuentes libertarias dejaban circular que el ministro había sido apartado del tema cuando se conversaba en reserva con negociadores cegetistas para moderar las reacciones frente a la reforma laboral. Eso explicaba la decisión de bajar del proyecto los puntos que podrían afectar a las estructuras sindicales, como las cuotas para los gremios y la reducción de aportes a las obras sociales.

El impacto primero mediático y después político de las declaraciones del ministro sobre el recorte de licencias por cuestiones de salud también fue registrado en la interna sindical. Los más críticos con los secretarios de la CGT -Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello- apuntaban ácidamente a una suerte de entendimiento para dar por cumplida la protesta con la marcha de la semana pasada. Latía también la posibilidad de algunas demandas judiciales una vez sancionada y promulgada la ley. Y se hablaba de contactos con algunos jefes cegetistas, por vía de Santiago Caputo y, al menos en este terreno, en la misma dirección que Karina Milei.

El nuevo capítulo en el trámite de la ley dio oxígeno a los gremios más duros de la CGT. El paro total no estaba planteado como alternativa real hace apenas una semana. Por supuesto, la dirigencia sindical arrastra el deterioro de su imagen. El punto, en todo caso, es que la exposición y caída del artículo 44 impactaron en la agenda pública -la conversación, en sentido amplio- muy por encima de lo que venía ocurriendo con la reforma laboral como título.

Fue notorio en las redes sociales. Y a ese cuadro se sumó el cierre de Fate. El Gobierno decidió imponer una conciliación obligatoria, para tratar de contener la situación, y además asoció la decisión empresarial con el clima de paro. En esa línea, Javier Milei no ocultó su enojo. Y vía trascendidos sobre la evaluación de Olivos y a través de las redes, la carga apuntó centralmente sobre el empresario Javier Madanes. También, sobre el sindicato.

Es sabido que Fate arrastra una situación crítica de años y también que es duro el conflicto gremial, en los últimos meses por el ajuste de salarios. Por supuesto, el otro factor -de mercado, por las importaciones- fue destacado en el mensaje de la CGT -tal vez, menos relevante en otro contexto- y por la UIA, tensionada por diferencias en su interior y últimamente más expuesta. Fue sacudida por el cruce del Gobierno con Techint y viene de un encuentro con Luis Caputo, que habría dejado poca respuesta a sus planteos.

El oficialismo confía en celebrar el paso de la reforma laboral por Diputados, aunque le reste el ultimo impulso en el Senado. Dará además batalla comunicacional por el paro de la CGT. De todos modos, lo más inquietante en ese frente sería hasta qué punto se impondrán respuestas duras desde la estructura sindical. En estas horas, renacen las especulaciones sobre judicialización de la ley o de algunos artículos, incluso más allá de movidas cegetistas. Pero por ahora, el foco sigue puesto en Diputados. El oficialismo revisa las cuentas de apoyos y espera superar cuestionamientos a otros puntos sensibles, como la creación del FAL. Javier Milei espera atento, en comunicación desde Washington.

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La justicia habilitó el cierre definitivo del plan “Volver al Trabajo”, que beneficiaba a 900.000 personas

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La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Estado a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, con lo cual el ministerio de Capital Humano quedó habilitado para discontinuar el programa, que entregaba unja prestación de unos $78.000 a unas 900.000 personas.

El fallo de la cámara anula una decisión previa del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien había ordenado continuar con los pagos tras un amparo colectivo de organizaciones sociales, presentada ante la decisión original del Ejecutivo de dar de baja este plan social.

Tras la decisión, la UTEP denunció que la Cámara Federal de San Martín priorizó la burocracia por encima del carácter alimentario de los programas sociales, cuya prestación –$78.000 mensuales por beneficiario– estaba congelada desde diciembre de 2023, una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei.

La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social”, añadieron.

La organización apuntó con esos argumentos contra el fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, porque avaló el planteamiento de Capital Humano en el sentido de que el programa tenía un “vencimiento de 24 meses” y habilitó al Gobierno a reemplazarlo por “vouchers de capacitación” para cada trabajador.

La UTEP denunció que “eliminar por completo el Volver al Trabajo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, expresó que su organización va a acompañar el 22 de julio “a los jubilados que son un ejemplo de lucha” en su marcha al Congreso, y anticipó que “el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Además, recalcó que como parte del plan de lucha de la CGT y las dos CTA la UTEP va a impulsar una movilización, sin fecha aún, “al Ministerio de economía para visibilizar la realidad de las familias”.

Fuente: Agencia DIB.

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Guiño del procurador para prohibir el cobro de tasas municipales en boletas de luz y gas

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La pelea entre los intendentes y el Gobierno en torno al cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas tuvo un nuevo capítulo y quedó más cerca de una resolución final. Es que la Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno de prohibir que las comunas cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.

En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. Y en ese sentido recomendó a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.

Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor” y que no podrán contener “sumas o conceptos ajenos” a esa prestación.

La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. Pese a la decisión que impulsó Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. De hecho, la Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.

En este contexto, La Libertad Avanza salió a impulsar más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia. Esta medida, le valió una crítica del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.

La resolución del Procurador sobre las tasas

En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Según el dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo. El dictamen también descartó que exista una afectación de la autonomía municipal.

En el expediente iniciado por la Municipalidad de José C. Paz, el procurador agregó otro fundamento vinculado con el régimen eléctrico nacional. Señaló que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas “no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”.

Aunque los dictámenes no son vinculantes, suelen funcionar como una suerte de “recomendación” hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto por la Procuración, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional.

Fuente: Agencia DIB

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Prórroga de las concesiones: la discusión en el Concejo pasa por el plazo

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El presidente de la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, afirmó que los sorprendió el ingreso la semana pasada del expediente en el que el Ejecutivo solicita la prórroga de las concesiones del transporte público de pasajeros.

“Nos encontramos con un expediente que vino de un momento a otro con el pedido de prórroga de una concesión ya vencida, ya caída, porque tenía plazo hasta el 1° de julio”, planteó en primer término esta mañana en diálogo con Radio Altos.

Desde una mirada política, el edil de Alianza La Libertad Avanza tildó de nuevo fracaso la necesidad de la gestión de Federico Susbielles de pedir una prórroga de las actuales concesiones debido a que aún no concluyó con el diseño de los pliegos de la nueva licitación del servicio.

“De aquellas famosas 500 páginas en las que se ofrecía una gestión de gobierno (presentado por el entonces candidato a intendente Federico Susbielles durante la campaña electoral de 2023), uno de los pilares era un moderno cambio en el sistema de transporte público que incluía no solo modificaciones en los recorridos, sino un anillo en la periferia y el macrocentro, un transporte multimodal, con tren urbano y demás, y todo eso finaliza con un pedido de un nuevo año de prórroga”, cuestionó.

Expuso que dentro de un año tanto oficialismo como oposición estarán en campaña electoral y no será momento para discutir un tema “de tamaña importancia para la ciudad”.

Más allá de la mirada política, Compagnoni enfatizó que el sistema de transporte público de pasajeros debe ser tratado con seriedad y prudencia y por eso como presidente de la comisión de Tránsito y Transporte se comunicó con integrantes de todos los bloques para darle tratamiento al expediente.

Según señaló, todos los sectores se mostraron predispuestos a tratar la prórroga, aunque no hay unanimidad en cuanto a los plazos. “Hay inclusive declaraciones públicas del intendente diciendo que prácticamente tienen todo listo, si es así, pedir un año de prórroga es demasiado”, remarcó.

El edil libertario entendió que el debate se centrará en ese punto: cuánto tiempo se extenderá la prórroga de los actuales contratos.

El expediente podría estar en la próxima sesión, el jueves 23 de julio, aunque recalcó que “la última palabra la tiene el oficialismo, que es quien decide cuándo bajará el expediente al recinto”.

Fuente: Frente al cano.

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