A partir de este lunes 16 de marzo, la vuelta a clase en universidades públicas de todo el país se verá truncada por coincidir con el inicio de una semana de protestas del Frente Sindical, que nuclea a las federaciones de docentes y no docentes. En algunas casas de estudio y colegios preuniversitarios habrá paro toda la semana, mientras que en otras habrá movilizaciones, acciones de visibilización y otras medidas de fuerza.

Se trata de un nuevo capítulo del conflicto universitario que comenzó en 2024 y que afecta a más de 2 millones de estudiantes de las universidades estatales. Los gremios denuncian una pérdida salarial del 40% en los dos años del gobierno del presidente Javier Milei, cuestionan que el Poder Ejecutivo siga sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y reclaman la convocatoria a paritarias.

Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, el presupuesto nacional para la educación superior cayó 28,9% en términos reales, según datos del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía. Los salarios representan alrededor del 90% del presupuesto del sector.

La Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795) obliga al Estado a recomponer salarios de docentes y no docentes y las becas estudiantiles en función de la inflación registrada desde diciembre de 2023, exige actualizaciones en gastos de funcionamiento y partidas para hospitales, ciencia y técnica, y ordena la convocatoria periódica de paritarias con mecanismos de ajuste automático. Su impacto fiscal equivale al 0,23% del PBI, según un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Aquella ley se aprobó en octubre de 2025 luego de seis votaciones legislativas, tres marchas federales y dos vetos presidenciales –el primero exitoso, el segundo no–. El Gobierno suspendió su aplicación en el mismo decreto con que la promulgó, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó una cautelar. En diciembre, la Justicia avaló el planteo y exigió la aplicación “inmediata” de la ley.

En febrero el Gobierno apeló e intentó recusar al juez Martín Cormick, que interviene en la causa, pero ese intento fue rechazado la semana pasada por la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. En diciembre el Gobierno también había intentado derogar la ley por medio de un artículo del Presupuesto 2026, pero no tuvo los votos suficientes en el Congreso.

“La acción judicial que presentó el CIN sigue su curso y tiene un primer fallo favorable en relación con los salarios de docentes y no docentes y las becas estudiantiles. Hoy necesitamos que el Gobierno se siente en paritarias para empezar a actualizar estos valores”, dijo Oscar Alpa, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), a Infobae.

En paralelo a los intentos por neutralizar su aplicación, a fines de febrero, el Gobierno nacional anunció un proyecto alternativo que no deroga la ley aprobada, pero sí modifica varios de sus puntos centrales. El anuncio ocurrió luego de una reunión entre las autoridades del CIN y la Secretaría de Educación –el secretario Carlos Torrendell y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez–.

Las mayores diferencias entre la ley aprobada y la reforma que impulsa el Ejecutivo se refieren a la cuestión salarial: mientras el proyecto vigente implica un aumento del 51% para docentes y no docentes –para recuperar lo perdido desde diciembre de 2023–, la iniciativa oficialista ofrece un 12,3% en tres cuotas en marzo, julio y septiembre. La última actualización del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA estimó una inflación del 26,1% para este año.

El proyecto del Gobierno mantiene la convocatoria periódica de paritarias –con un plazo máximo de tres meses–, pero elimina la cláusula que garantiza la actualización mensual por inflación. Desde 2024, todas las actualizaciones para el sector fueron unilaterales y rechazadas por “insuficientes”.

La iniciativa del Ejecutivo contempla la actualización de los gastos de funcionamiento si la inflación supera el 14,5% –según la cifra prevista en el Presupuesto 2026–, pero no reconoce la pérdida de 2024. También prevé una partida de $80.000 millones para los hospitales universitarios, pero desestima los aumentos de partidas para becas, ciencia y extensión. Aunque en febrero se especuló con que la ley se tratara en las sesiones extraordinarias, aún no hay fecha para el debate.

Un reclamo que persiste

Las federaciones de docentes y no docentes que integran el Frente Sindical de las Universidades Nacionales expresaron un rechazo rotundo al proyecto del Gobierno: reclaman el cumplimiento de la Ley N° 27.795. En ese marco, anunciaron las medidas de fuerza para esta semana y advirtieron que “comienza un ciclo lectivo que no va a poder desarrollarse con normalidad”.

Conadu y Fagdut anunciaron paros durante toda la semana del 16 al 22 de marzo; Conadu también hará huelgas de cinco días las últimas semanas de marzo y abril. Fatun, la federación que nuclea a los no docentes de 55 universidades públicas, ya confirmó un paro nacional por semana, empezando el lunes 16 de marzo y terminando el jueves 23 de abril. Fedun adhirió al paro el lunes 16 y luego impulsará otras medidas de protesta.

Entre los rectores hay malestar con el proyecto oficialista de reforma, pero algunos reconocen –en off– que puede ser un “mal menor” frente a la posibilidad de que el Gobierno impulse de nuevo la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario, en un escenario en que la composición del Congreso es favorable a las necesidades del Ejecutivo.

“Todos queremos que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. Pero ya no podemos recurrir al Congreso; el Ejecutivo ahora tiene los números para sostener un veto. Entonces algunos preferimos que se apruebe la modificación que propone el oficialismo, para poder al menos recuperar lo perdido en 2025, abrir paritarias y asegurar la actualización de los gastos de funcionamiento y las partidas para los hospitales”, dijo a Infobae una alta autoridad universitaria.

“Tenemos que elegir entre la nada y una opción que es injusta, pero que al menos da algo de certidumbre hacia adelante. Si no podemos garantizar el comienzo de clases, muchos estudiantes van a empezar a buscar otras opciones. Y muchos profesores también”, agregó.

Esta lectura no es compartida por los sindicatos. “Frente al aumento del 51% que debería darnos el Gobierno, un 12,3% en tres cuotas no es un mal menor: es una cifra que volverá a perder con la inflación de este año. No representa ningún atenuante para el enorme malestar que tienen los trabajadores de las universidades y que surge en todas las asambleas”, aseguró Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, a Infobae.

Con respecto a las becas estudiantiles, un estudio del Centro de Investigación de Economía Nacional (CIEN) relevó que entre 2023 y 2025 se redujo un 62,4% la cantidad de beneficiarios de las becas Progresar, mientras que el poder adquisitivo cayó 46,5%. Para volver a los niveles de diciembre de 2023, la inversión en este rubro debería crecer 63%.

El miércoles pasado, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires volvió a pedir a los ministerios de Capital Humano y de Economía que apliquen la ley y ratificó la emergencia presupuestaria y salarial. También advirtió que el presupuesto nacional 2026 no solo desconoce la Ley de Financiamiento Universitario: tampoco prevé la actualización de los gastos de funcionamiento.

“La aplicación de esta ley permitiría contar con un presupuesto adecuado para garantizar las funciones de docencia, salud, investigación y extensión en todo el sistema universitario nacional”, señaló la resolución del Consejo Superior. Desde la UBA también resaltaron la situación crítica de los seis hospitales e institutos universitarios que no solo atienden a la población sino que tienen un rol clave en la formación de profesionales de la salud.

El desgaste por el conflicto y por el impacto de los recortes se siente en las universidades. Desde la UBA señalan que, si bien la situación no afectó la inscripción al CBC –con unos 50.000 ingresantes, cifra similar a la de 2025–, hay facultades como Agronomía que perdieron el 10% de los profesores con dedicación exclusiva. A la vez, reconocen que es difícil cuantificar el impacto del deterioro salarial, porque muchos profesores no renuncian sino que se toman licencia o reducen la dedicación para sumar otros trabajos.

Pese a las diferencias en torno a algunas cuestiones, desde el Frente Sindical –que representa a los docentes y no docentes–, el CIN –que nuclea a los rectores– y la Federación Universitaria Argentina –que reúne a los centros de estudiantes– aseguraron que mantienen el diálogo y la coordinación de medidas ante la situación presupuestaria. Desde la FUA y el Frente Sindical no descartan convocar a una cuarta marcha federal; la fecha podría ser el 23 de abril, a dos años de la primera movilización.

“Hasta ahora hemos logrado mantener un bloque unido de todos los actores del sistema universitario. Creo que todos tenemos la voluntad de seguir construyendo en ese marco”, afirmó Joaquín Carvalho, presidente de la FUA y estudiante de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). “El Gobierno no da respuesta a la necesidad de invertir en educación, y está empujando la situación hacia un escenario de gran conflictividad”, consideró Carvalho.

Varias universidades se preparan para elecciones estudiantiles en el primer cuatrimestre, entre ellas la UBA, la UNR, la UNC y la Universidad Nacional de Cuyo. También el CIN renovará sus autoridades el próximo 27 de marzo, cuando se reúna el plenario en la ciudad de Santa Rosa. Se espera que asuma la presidencia Franco Bartolacci, actual vicepresidente y rector de la UNR; lo secundará un rector del bloque peronista del CIN.

Después de dos años, todo indica que el conflicto por el presupuesto volverá a dominar la agenda de las universidades en 2026. En un escenario que, además de los recortes, estuvo signado por acusaciones de adoctrinamiento y falta de transparencia, varios rectores lamentaron que el diálogo con las autoridades nacionales aún no haya podido enfocarse en políticas constructivas para el futuro del sistema. Las bajas tasas de graduación, la escasa articulación con la escuela secundaria, la irrupción de la inteligencia artificial, la actualización de las carreras, la evaluación de la calidad educativa, la necesidad de fortalecer la conexión con las demandas productivas y de profundizar la internacionalización aparecen como algunos de los desafíos pendientes.

El Presidente se posicionó esta semana nuevamente en el frente de batalla de su propia guerra, reagrupando nuevos enemigos en sus conflictos permanentes. De los empresarios prebendarios a las operaciones mediáticas en contra de su Gobierno; de la industria corrupta y chorra, a la denuncia de un complot para derrocarlo. Un líder bélico que reedita la herramienta del disciplinamiento. La inflación le dio una mala noticia, al cumplir 9 meses al alza y se dio vuelta una ecuación clave sobre la que se levantaba la construcción del relato libertario: por primera vez, la responsabilidad por la situación económica actual ya no recae en el gobierno anterior sino en Milei.

En ese contexto de tensión constante, el Gobierno se desentendió del impacto de la crisis por el viaje en el avión presidencial de Betina Angeletti, la mujer del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Demoró tres días en ensayar una única estrategia para enfrentar la crisis interna: convertir en víctima al funcionario, instalar un supuesto complot opositor para perjudicar a Milei y salir a contrarrestar el efecto nocivo con una campaña de apoyo en redes sociales. El ministro del Interior, Diego Santilli, fue el más enfático. “No vamos a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al Gobierno”.

Es una obviedad. Nadie sube a una comitiva oficial sin el aval de Presidencia. Lo dijo el propio Adorni. A su mujer la habían invitado. ¿Mensaje hacia arriba para socializar el daño? Fue durante su primera defensa, la misma en la que contó que llevar a su esposa a Nueva York era una necesidad por el tiempo que debía “deslomarse” trabajando. Era lunes, el caso crecía y todavía ningún ministro había salido a defenderlo. La presencia de Betina Angeletti en la delegación la reveló, posiblemente sin querer, Radio Jai el domingo a través de un posteo en redes sociales, cuando la pareja visitaba la tumba del rebe de Lubavitch. No había en el lugar otros medios acreditados. Difícil probar con los hechos las teorías conspirativas.

El apoyo ministerial lo arrancó Sandra Pettovello en la madrugada del martes, a las 2.20. “Siempre juntos”, le dedicó a Adorni. Para entonces, las versiones de un nuevo capítulo de la interna oficialista crecían al calor del escándalo. Todas las miradas se dirigían a Santiago Caputo, herido tras los últimos cambios del elenco de gobierno que volvieron a dejarlo al margen de áreas clave. Agustín Romo, diputado provincial y su mano derecha, se anticipaba al dedo acusador. “El que diga que Santiago Caputo opera contra el Gobierno, ese es el traidor”, escribió en redes sociales. En ese momento ya circulaba el video, en alta definición, que probaba el viaje familiar de Adorni a Punta del Este, en un taxi aéreo, en el último feriado de carnaval. Karina Milei posteó a las 14.51, cuando ya se replicaba el operativo en todo el gabinete. La sugerencia de salir a respaldar al funcionario quedó en evidencia por la sincronización con la que los ministros y principales dirigentes del oficialismo salieron a solidarizarse. Según relataron dirigentes libertarios, hubo un pedido de accionar en redes para defender al jefe de Gabinete y resaltar la Argentina Week, completamente opacada. Todos se plegaron. Menos una: Patricia Bullrich. La jefa del bloque libertario en el Senado se limitó a repostear. Detalles sutiles. Lo conversó con su equipo cuando llegó el pedido de la Casa Rosada. El solapado apoyo estaba estudiado. Nadie sabe hasta dónde llega el escándalo. Está claro que el temor no pasa por el devenir judicial, mínimo, del vuelo en el avión presidencial, sino que ahora la lupa se posará en todos los movimientos económicos y políticos de Adorni.

De influencia aún en las fuerzas de seguridad, Bullrich también quedó en la mira por el video filmado sobre la pista de San Fernando. “La poli no filma”, aclara un conocedor del área y apunta hacia agentes de inteligencia. Pasado mañana todos volverán a verse las caras, cuando Adorni encabece una nueva reunión de la mesa política en la Casa Rosada. La explosión interna que vive el gabinete alcanzó al ex intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, marginado por decisión de la ministra Alejandra Monteoliva. El hoy senador provincial quedó sorpresivamente corrido de la nueva Agencia de Seguridad Migratoria cuya creación fue anunciada el 6 de diciembre por Bullrich. “La ministra define su equipo y la impronta de trabajo”, se limitaron a decir cerca de Valenzuela, quitándole responsabilidades a Karina Milei en la decisión. Mientras tanto, Valenzuela escribe un libro, de historia, con prólogo del Presidente. Cuentan cerca de Bullrich, que patrocinaba a Valenzuela, que ella tiene matices con Monteoliva, pero que siguen actuando de manera coordinada. En los despachos del ministerio sostienen que el exintendente pretendía el cargo mayor del área, y que eso precipitó la anulación de su nombramiento.

El vocero sin estrategia

Milei perdió algo más que su reciente slogan “la moral como política de estado”. Perdió sobre todo al jefe de operaciones de su batalla cultural. Pocas personas del círculo presidencial podían ponerse en la primera línea de fuego como Adorni para defender al Gobierno. La mayoría de los ministros no habla. Adorni es Milei. Pero es también el brazo comunicacional de la Casa Rosada, el portavoz oficial, el representante más fiel de Karina, la socia fundadora.

Sin una orientación clara, la comunicación de crisis terminó siendo anárquica. Es lógico. Nadie está preparado para ser vocero de sí mismo. Y eso le pasó a Adorni, que evitó admitir como un error que su mujer integrara la comitiva oficial, y en cambio, se disculpó vía redes sociales por una palabra: deslomarse. Regla número uno de comunicación de crisis: no exponerse a un vivo.

Lejos de quedar clausurado, el caso ya tiene causas judiciales en marcha. Sobre todo por la caja de pandora que se abrió por el vuelo a Uruguay en relación al patrimonio declarado por el jefe de Gabinete y su pareja. Hasta ahora, se sabe que pagó 5000 dólares por el pasaje a Nueva York que no usó y dudosos 3600 dólares por el taxi aéreo a Punta del Este para un destino con sobrada ruta comercial. El cuestionamiento moral impacta sobre todo porque llega en un momento complicado para el Presidente, que en todas las encuestas tocó su piso de popularidad. Según Pulso Research, la mitad de la población ya responsabiliza a Milei por la situación económica. “Por primera vez, quienes atribuyen la situación negativa a las decisiones actuales del gobierno (46,9%) superan prácticamente a quienes culpan a la gestión anterior (41,6%), quebrando una tendencia que sostuvo al oficialismo durante 2024 y 2025”, es la conclusión general del estudio.

Kuka risk

Milei se abrazó a la idea de reflotar el pasado en el discurso que dio en Nueva York. ¿Lo habrán traducido como Kuka risk? En el auditorio de la Argentina Week, organizada por la embajada en Estados Unidos, el JP Morgan y el Bank of America, volvió a mencionar esa variable como explicación del parate económico. Milei eligió promocionar el país desde la retórica política. Pidió aplausos para Karina Milei, sentada en la mesa principal con Betina Bulgheroni, por haber logrado reconvertir el Congreso a su favor, y prometió otra vez las misteriosas 90 reformas que ingresarán al parlamento. En su marketing político, resaltó la reforma laboral como puntapié para la libertad empresarial a despedir y cargó duramente contra los empresarios Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla.

“Fue un evento similar a IDEA en Mar del Plata, con 95 por ciento de argentinos”, relató uno de los asistentes. Estaban todos, salvo los dos apuntados por el Presidente. Les dijo prebendarios, corruptos y chorros, golpeando el atril. La Unión Industrial Argentina (UIA) salió con una comunicado en queja y este martes tendrá reunión de su junta directiva. Se espera otro pronunciamiento. Entre los propios empresarios coinciden, sobre todo en los más críticos, que parte de la pasividad de respuesta industrial está dada por el interés particular de los principales jefes de la central fabril. De hecho, Techint, que coronó la llegada de Martín Rapallini al organismo, volcó sus inversiones al sector energético y necesita contener la relación con Milei en función de las licitaciones que están en marcha en ese área, en las que compite. El propio Rapallini es socio en el proyecto minero San Jorge, en Mendoza.

Nadie fue a buscar al Argentina Week financiamiento. Ya lo tenían. Para los empresarios y, sobre todo, para los inversores, no hay plan B. Incluso entre hombres de negocios no tan afines al oficialismo reconocen que si el peronismo no logra consolidar un candidato de centro, pro mercado, como opción electoral, el empresariado seguirá apoyando a Milei aunque lo ataque. El mano a mano con quienes deciden es lo que cuenta. Lo sabe Luis Caputo, que se reunió con representantes de Dow Chemical, Río Tinto, Chevron, Dreyfus o Coca Cola, en paralelo al foro.

El misterio Talvi

Más allá de los anuncios de inversiones prepactadas, el discurso de Milei transparentó las diferencias tras bambalinas con el equipo económico cuando le advirtió a Santiago Bausili que tuviera cuidado al comprar reservas con los dólares porque le iban a salir por las orejas. “Si fuera por mi…”, aclaró, y lo dejó ahí, para sonrisa incómoda del presidente del Banco Central. A pesar de lo ideológico, pareciera imponerse en Milei el pragmatismo en los hechos porque a contramano de su negativa a acumular reservas, terminó aceptando la decisión de fortalecerlas. Lo que no aceptó fue tomar deuda en Wall Street al 9% anual en dólares, otra propuesta, esta vez rechazada, que terminó con la salida de quien era el secretario de finanzas, Alejandro Lew.

El ruido político económico sigue dando vueltas a partir de la incorporación, hace solo una semana, de Ernesto Talvi, economista uruguayo, en el equipo de Caputo. Entre sus últimas declaraciones, reconoce que puede resultar más efectivo un mecanismo gradual de reducción de la inflación y focalizarse en la actividad económica. “Argentina necesita, como en su momento le pasó a Uruguay, acumular reservas propias, y eso obliga a emitir para comprar dólares. Eso puede implicar que haya que tolerar una inflación algo más alta de lo deseable”, declaró hace 4 meses ¿Cambio de rumbo? Esa es la incógnita que genera algún tipo de incertidumbre, el factor clave para la toma de decisiones entre los inversores. “Ni en pedo”, suele responder Milei ante la pregunta de un giro en el plan.

De Macri a Kicillof

El dato clave estuvo en la presencia de los gobernadores aliados. Muchos de ellos con serios conflictos desatados en sus provincias. Esta semana hubo reclamos de estatales en Santa Cruz, Catamarca y Jujuy, en esta última con protesta policial incluida. La incógnita es cuánto dura ese apoyo de los gobernadores a Milei si la protesta social gana las calles por mucho tiempo. Son aliados efímeros.

Esta semana vuelve a escena Mauricio Macri, que cerrará el Consejo Nacional del Pro en Parque Norte, el jueves próximo. Ya anticipó que su partido tendrá candidato a presidente y su presentación se da en plena tensión con los libertarios, sobre todo después que Milei se defendiera de las críticas a su discurso en la asamblea legislativa bajo la comparación de que “a Macri se lo llevaron puesto”. Retrucó María Eugenia Vidal. “Sin Macri no había Milei”, le aclaró a la Casa Rosada. Un armado paralelo de la centro derecha podría derivar en un verdadero caos para el Gobierno en su esquema electoral. “Dará un mensaje de futuro, poniendo al Pro como opción para el 2027 en todos los distritos del país”, reflejan cerca del expresidente.

El saludo con Axel Kicillof en Expoagro despertó curiosidad. No fue más que un gesto protocolar. Se dieron la mano y cenaron juntos, pero no se escuchaban. Había 20 personas más y mala acústica, para satisfacción de ambos protagonistas.

El gobernador bonaerense arranca una tenue instalación de su campaña nacional con la presentación de su centro de estudios desde el Coliseo Podestá, en La Plata, pasado mañana. El think tank Axel 2027. Desde ese lugar, los equipos técnicos recorrerán las provincias para clasificar las necesidades de cada sector. El jueves presentará el MDF Caba con Augusto Costa, un espacio pensado para sumar dirigentes que no se sienten representados por el cristinismo porteño. Tiene previsto estar el 2 de abril en Tierra del Fuego, aunque todavía no confirmó su asistencia ante la invitación del gobernador Gustavo Melella. Una de las fotos políticas de la semana que llamó la atención en La Plata fue la de Victoria Tolosa Paz con Guillermo Michel y Miguel Pichetto en la planta de Sidersa. La diputada venía trabajando en el kicillofismo. “Que armen todos”, se desligan.

General de un campo de batalla sin adversario, la dispersión opositora por ahora sigue siendo el principal activo de Milei. El problema presidencial es que las malas noticias de esta semana fueron básicamente por atributos propios.

Este martes a las 9 de la mañana, Cristina Kirchner volverá a atravesar las puertas de los tribunales federales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria en el juicio por la causa de los cuadernos. Llegará en su automóvil particular, acompañada por la custodia presidencial que mantiene por su condición de ex jefa de Estado, en una escena que combina la dinámica judicial con un fuerte componente político.

La audiencia se realizará en la Sala AMIA, el auditorio principal del edificio judicial de los tribunales federales porteños, que en los últimos meses fue remodelado y ampliado para aumentar su capacidad. Allí se desarrollan los debates orales de mayor envergadura del fuero federal y será el espacio donde el Tribunal Oral Federal N°7 recibirá a la expresidenta para tomarle declaración.

El dispositivo de seguridad que rodeará la jornada ya empezó a organizarse. La Policía Federal Argentina y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires trabajan en operativos coordinados tanto en las inmediaciones del domicilio de Cristina Kirchner —donde cumple arresto domiciliario por la condena en la causa Vialidad— como en el edificio de los tribunales federales.

Los preparativos contemplan controles de tránsito, vallados y presencia policial en los alrededores de la calle San José, en el barrio de Constitución, así como en el perímetro de Comodoro Py 2002, donde se espera una fuerte presencia mediática y política durante la jornada.

En el kirchnerismo, según pudo confirmar Infobae, se preparan para un día de fuerte exposición pública. Militantes convocados por distintas organizaciones políticas se concentrarán desde las 7 de la mañana frente al departamento de la exmandataria, en San José 1111. Allí aguardarán su salida hacia los tribunales y, según explican en su entorno, permanecerán en el lugar hasta su regreso.

La convocatoria circula bajo el sello “Argentina con Cristina”, un espacio que reúne a agrupaciones políticas y sociales vinculadas al kirchnerismo y donde tiene una fuerte presencia La Cámpora, la organización política que lidera el diputado nacional Máximo Kirchner. En ese ámbito confluyen distintas organizaciones militantes que habitualmente se movilizan en respaldo de la expresidenta.

La movilización tendrá un carácter acotado pero simbólico. Según fuentes del círculo más estrecho de Cristina Kirchner, la idea es que la militancia se acerque para acompañarla cuando salga rumbo a Comodoro Py y permanezca en el lugar hasta su regreso. No está previsto que la movilización se traslade a los tribunales federales.

El gesto político será despedirla cuando parta hacia la audiencia y luego esperarla en el mismo lugar. En el kirchnerismo creen que esa escena tendrá un fuerte valor simbólico: mostrar respaldo político a la principal figura del espacio en el momento en que vuelva a quedar en el centro de la escena judicial, de acuerdo a lo que pudo reconstruir este medio de fuentes cercanas a la expresidenta.

Mientras tanto, dentro de los tribunales se espera la presencia de dirigentes del peronismo y del kirchnerismo que intentarán presenciar la audiencia. Entre ellos habría diputados nacionales, senadores y referentes políticos del espacio que ya realizaron el trámite de inscripción para asistir.

Sin embargo, la autorización final para ingresar a la sala quedó en manos del tribunal, que deberá definir quiénes podrán acceder hasta completar la capacidad del auditorio donde se desarrollará la indagatoria.

Entre los dirigentes que evalúan asistir todavía no está confirmada la presencia de figuras de alto perfil político. En particular, no está definido si el gobernador bonaerense Axel Kicillof será uno de los que acompañen a la expresidenta.

Cristina Kirchner llegará a los tribunales por sus propios medios, en su vehículo particular, como ocurrió en otras ocasiones en las que debió presentarse ante la justicia. En su entorno remarcaron en diálogo con Infobae que la comparecencia responde al cumplimiento de la citación judicial y descartan cualquier versión sobre supuestas negociaciones o condiciones especiales vinculadas a su presentación ante el tribunal.

“Está sujeta a derecho como cualquier persona en su situación”, señalaron colaboradores directos de la ex vicepresidenta.

La audiencia del martes forma parte de la etapa de indagatorias del juicio por la causa conocida como “los cuadernos de las coimas”, que investiga un presunto sistema de recaudación ilegal de sobornos vinculado a contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

El proceso se originó a partir de los cuadernos escritos por el chofer Oscar Centeno, en los que se registraban supuestos recorridos de recolección de dinero provenientes de empresarios de la obra pública. La investigación derivó en decenas de declaraciones de empresarios bajo el régimen de imputado colaborador y terminó con más de ochenta acusados entre ex funcionarios y hombres de negocios.

La fiscalía sostiene que durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner funcionó un mecanismo sistemático de recaudación de sobornos a empresarios que buscaban contratos de obra pública. Según esa hipótesis, los pagos eran recaudados por funcionarios del Ministerio de Planificación y luego distribuidos dentro de la estructura del poder político.

Cristina Kirchner rechaza esas acusaciones y sostiene que el proceso forma parte de una persecución judicial. En el kirchnerismo, la causa de los cuadernos es considerada desde hace años el ejemplo más claro de lo que describen como “lawfare”, una estrategia judicial y mediática destinada a perseguir políticamente a dirigentes opositores.

El juicio se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N°7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero. La acusación está a cargo de la fiscal general Fabiana León.

En el entorno político más cercano a la ex presidenta aseguraron a Infobae que la citación presencial a Comodoro Py tiene un significado que trasciende el expediente judicial. Según explicaron, el juicio venía desarrollándose hasta ahora de manera virtual, con audiencias que se realizaban de forma remota y que, según sostienen, permitieron avanzar con rapidez y sin inconvenientes operativos.

“Todo se venía llevando de manera normal, rápido y ágil. Todos declararon y pudieron ejercer su defensa sin problemas”, indicaron colaboradores directos de la exmandataria que siguen de cerca la evolución del juicio.

Por eso interpretaron el cambio hacia una audiencia presencial como una decisión cargada de simbolismo político. En ese sector sostienen que la verdadera razón es instalar una imagen de alto impacto mediático: la de Cristina Kirchner ingresando nuevamente a Comodoro Py y sentándose en el banquillo de los acusados.

Según esa lectura, la escena del martes tiene un objetivo claro: “la foto”.

En el entorno de la expresidenta creen que el traslado presencial responde a la necesidad de construir una postal política que luego se multiplicará en los medios y en la agenda pública. En ese diagnóstico consideran que el impacto mediático estará concentrado en la imagen de la exmandataria atravesando los pasillos de Comodoro Py y sentada frente al tribunal.

“Necesitan esa foto”, sostuvieron en su círculo político.

Pero esa interpretación no se limita a la escena del tribunal. También incluye una mirada sobre el contexto político en el que se produce la indagatoria.

Fuentes con acceso directo a la estrategia de la expresidenta consideraron que el tribunal que lleva adelante el juicio viene sometido desde hace tiempo a presiones políticas y mediáticas para acelerar el proceso y avanzar hacia una eventual condena.

Según esa visión, determinados “sectores del poder” buscan acelerar el ritmo del juicio con la expectativa de que la sentencia llegue antes de las elecciones de 2027. En ese marco interpretan que la citación presencial forma parte de esa dinámica de presión para mostrar avances en el proceso.

En el kirchnerismo consideran que ese contexto se combina con el momento político complicado que atraviesa el gobierno nacional. En el entorno de la expresidenta creen que la exposición mediática del juicio coincide con una agenda pública atravesada por polémicas que involucran a funcionarios del oficialismo.

Entre los temas que mencionan aparecen los cuestionamientos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y las revelaciones del llamado caso $Libra, que en los últimos días volvió a generar repercusiones políticas. Según esa lectura, la escena de Cristina Kirchner en Comodoro Py podría irrumpir en ese contexto político y desplazar durante algunas horas la atención pública hacia el juicio.

La expresión que utilizan en el entorno de la ex mandataria para resumir ese diagnóstico es simple y directa, de acuerdo a lo que dijeron a Infobae en su entorno: “Pan y circo”.

En el kirchnerismo creen que la imagen de la ex presidenta sentada en el banquillo de los acusados generará una fuerte repercusión mediática durante la jornada del martes. Sin embargo, también sostienen que ese impacto será efímero frente a los problemas estructurales de la economía argentina.

“La noticia durará un día. Después la economía seguirá igual de complicada para los argentinos”, explicaron a este medio cerca de la expresidenta.

Desde el tribunal, en cambio, la explicación sobre la citación presencial es completamente distinta.

En una resolución reciente, los jueces rechazaron un planteo presentado por la defensa del exministro Julio De Vido, quien había solicitado no asistir de manera presencial a su indagatoria por motivos de salud. En ese fallo, el tribunal recordó que la regla del debate oral es la presencialidad y sostuvo que la modalidad de las audiencias había sido definida previamente durante el desarrollo del proceso.

Los magistrados también señalaron que la convocatoria presencial responde a principios básicos del proceso penal como la oralidad, la inmediación y el derecho de defensa de las partes.

Ese contrapunto resume el clima que rodea el juicio. Para el tribunal se trata de una etapa procesal dentro de un expediente complejo. Para el kirchnerismo, en cambio, la audiencia del martes forma parte de una escena política que tendrá un fuerte impacto mediático.

En medio de ese escenario, uno de los interrogantes que todavía permanece abierto es qué estrategia adoptará Cristina Kirchner durante su indagatoria.

En su entorno aseguran que aún no está definido si la expresidenta hará uso de la palabra ante el tribunal o si optará por reservar esa posibilidad para una instancia posterior del juicio.

La decisión final, explican colaboradores cercanos a la exmandataria, se tomará en coordinación con su defensa en las horas previas a la audiencia.

Ese detalle no es menor. Cada vez que Cristina Kirchner habló en tribunales, sus intervenciones trascendieron el expediente judicial y se convirtieron en discursos políticos dirigidos a la opinión pública.

El martes, cuando la expresidenta salga de su casa rumbo a Comodoro Py, volverán a cruzarse esas dos dimensiones: la judicial y la política. En ese cruce de planos se jugará también el significado público de una escena que, para unos, es apenas un paso más dentro de un juicio; y para otros, una postal cuidadosamente buscada para instalar en el centro de la agenda nacional.