El enfrentamiento entre el Gobierno nacional y la administración de la provincia de Buenos Aires alcanzó un nuevo punto de tensión con la amenaza del presidente Javier Milei de intervenir el gobierno bonaerense. En una entrevista con Radio Mitre, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, respondió a las críticas de Milei y la ministra Patricia Bullrich. Señaló que existe un intento de utilizar la inseguridad con fines políticos y vinculó los ataques del oficialismo con la publicación de un artículo del diario The New York Times sobre presuntos casos de corrupción ligados al gobierno nacional.

“El presidente no puede amenazar con una intervención fe deral”. Durante la entrevista, realizada por Marcelo Bonelli y Daniel Mollo, Alonso cuestionó las declaraciones de Milei, quien en redes sociales pidió la renuncia del gobernador Kicillof y sugirió una intervención federal. “Nos parece que no hay límites, incluso en el uso de Twitter. No sabemos si lo hizo como presidente o como economista”, ironizó el ministro.

El debate se intensificó cuando Bonelli reprodujo un audio de Patricia Bullrich, quien cuestionó la capacidad de la provincia para manejar la seguridad: “Lo que está diciendo el presidente es que, si usted no está en condiciones de hacer lo que tiene que hacer, renuncie”. Alonso respondió: “El presidente no puede amenazar con una intervención federal. Explíqueme cuáles son las causas del desborde”.

El ministro desestimó las acusaciones y subrayó que el gobierno provincial toma medidas concretas para mejorar la seguridad, como la creación de nuevas plazas carcelarias y el refuerzo de la Policía Bonaerense.

Destacó el aumento de plazas carcelarias y el crecimiento de la población penitenciaria: “Hoy hay 10.000 presos más que cuando llegó Kicillof”, afirmó. Según el funcionario, la provincia tiene 326 presos cada 100.000 habitantes, mientras que el promedio nacional es de 180.

Las cifras en discusión: homicidios, presos y recursos

Uno de los ejes del debate fueron las estadísticas del delito en la provincia. “El gobernador Kicillof es el que menos homicidios tuvo en los últimos 25 años”, aseguró Alonso. Según sus datos, en 2023 se registraron 810 homicidios en Buenos Aires, una cifra inferior a la de gestiones anteriores. Entre los gobernadores anteriores se encuentran Daniel Scioli, funcionario de Milei, y la actual diputada María Eugenia Vidal, defensora del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que Milei lanzó su gestión para sentar las bases de la reconstrucción de la economía argentina.

La discusión sobre la imputabilidad y la liberación de presos

Aunque Alonso ya era blanco de críticas por parte de quienes intentaban desgastar la gestión de Kicillof, la situación escaló tras el asesinato de la niña Kim Gómez en La Plata, a manos de un ladrón de 17 años. El ministro afirmó que el asesino “debía estar preso y no lo estaba”, y señaló que “la policía lo había detenido anteriormente” pero fue liberado por la Justicia.

Cuando Daniel Mollo insistió con la supuesta liberación de presos durante la pandemia de coronavirus, el funcionario se puso firme: “No, no. Usted es periodista, se tiene que informar como corresponde. Eso es un mito. No hubo ningún preso liberado. El gobernador no puede liberar presos. Los presos los liberan los jueces, señor. Los jueces no dependen del gobernador. Dependen de la Corte Suprema de la Provincia. Es un poder autónomo”.

También descartó que la fiscal que intervino en el caso de Kim haya sido designada directamente por el gobernador, para lo que tuvo que explicar a los periodistas que el proceso de selección involucra a la Legislatura y al Consejo de la Magistratura.

La coincidencia con el escándalo del ‘criptogate’

En un tramo de la entrevista, Alonso sugirió que los ataques contra la gestión de Kicillof no eran casuales y que coincidieron con la publicación de un artículo del New York Times sobre presuntos casos de corrupción en el Gobierno nacional. “Cinco minutos antes de que se publique la nota, el presidente amenaza con una intervención”, señaló el ministro.

La investigación del diario estadounidense reveló presuntas conexiones entre empresarios del mundo cripto y funcionarios del gobierno, que incluían pagos irregulares para acceder a reuniones con el presidente. Alonso sugirió que la ofensiva del oficialismo contra la provincia busca desviar el foco de ese escándalo, por lo que se instala la discusión sobre la inseguridad en Buenos Aires.