La discusión interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires entrará en una etapa vertiginosa hacia el tramo final de 2026. Es que en el calendario que tiene por delante aparecen distintas fechas en las que el partido se moverá y debería acordar, entre otros temas, la presidencia de Máximo Kirchner al frente del Congreso partidario en el marco del acuerdo alcanzado con el MDF que resultó en que el gobernador Axel Kicillof termine como presidente partidario, cargo que asumió formalmente en marzo de este año.

Se espera que el Congreso del partido sea convocado para el mes de noviembre y que, en principio, los congresales terminen levantando la mano para que el líder de La Cámpora sea ungido como presidente de ese órgano, que es la máxima autoridad partidaria en la provincia y representa la soberanía de los afiliados. Sin embargo, así como sucedió con el consejo partidario, el Congreso también es territorio en disputa y más aún con la interna que atraviesa el peronismo en pos de las elecciones del año que viene. Una de las claves será la conformación de la Junta Electoral del partido y del resto de las autoridades del Congreso, que también deberán elegirse en el próximo encuentro. Actualmente, el presidente de la Junta electoral es el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini.

Entre sus principales atribuciones, el Congreso define el programa de acción política y la plataforma electoral en la provincia de Buenos Aires, además de autorizar al Consejo Provincial a avanzar en alianzas y otras decisiones de política electoral. Puede requerir informes a los organismos partidarios y a los afiliados con cargos electivos o ejecutivos, analizar la memoria, el balance y las cuentas del partido, intervenir Consejos de Distrito ante incumplimientos graves y convocar a elecciones si se produce la acefalía del Consejo Provincial. Asimismo, puede promover y sancionar reformas de la Carta Orgánica con las mayorías establecidas.

Si bien un dirigente cercano al gobernador confió a Infobae que el acuerdo “sigue vigente” —es decir, que Kicillof presida el consejo del partido y Máximo el Congreso—, también es cierto que desde el sector del gobernador empezarán en los próximos días a resolver nombres para proponer en la integración de la Junta Electoral y en la Junta Directiva del Congreso: otro ámbito que se compone de 22 integrantes. Será una de las señales que busca dar el MDF, en pos de su emancipación. Entre la dirigencia cercana al gobernador hay entusiasmo para que haya más gestos en esta dirección. Ese movimiento juega a varias bandas. Por ejemplo, en el rumbo electoral del peronismo para la sucesión de Kicillof a la gobernación, ya que no está descartado que a nivel provincial sí haya una PASO para ordenar la proliferación de candidatos de peso que hoy aparecen. Ahí, el sello del PJ hoy en manos de Kicillof tendrá peso propio, pero para que el PJ forme una alianza con otros partidos, esa determinación tiene que pasar por el Congreso partidario, que en principio será presidido por el líder de La Cámpora.

Ante la consulta de Infobae, en La Cámpora fueron determinantes: “Este viernes iba a haber una reunión por este tema y se suspendió; una vez más el que no cumple los acuerdos es Axel”.

Otro tema a resolver será la locación elegida para ese encuentro. Una discusión que es gestual, pero que ya fue materia de conflicto el año pasado cuando en una reunión del consejo del partido, en San Vicente, —que por entonces presidía Máximo Kirchner— hubo una fuerte discusión entre el propio diputado nacional y el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, por el lugar propuesto para la realización del Congreso. En ese momento, Katopodis, junto al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, pulsearon para que el Congreso se haga en La Matanza, ya que su intendente, Fernando Espinoza, ocupaba la presidencia del Congreso que ahora ostentará Kirchner.

Sin embargo, sobre la elección de Kirchner, las voces más duras del axelismo dejan entrever cierta inquietud de que, efectivamente, el líder de La Cámpora sea elegido. Según la Carta Orgánica, el presidente del Congreso se define con mayoría simple de los congresales presentes. El MDF dice tener la mayoría de los representantes. El año pasado, en el último encuentro de congresales, se registraron más de 690 presentes.

Antes de la realización del Congreso. El sector de Kicillof hará un acto por el Día de la Lealtad que se realizará el 17 de octubre en La Matanza. No será un acto de grandes dimensiones, aunque sí se buscará una liturgia propia, atada a la estructura de Espinoza, recientemente reelecto como presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM).

Tras ello, se espera que el consejo del partido que preside Kicillof se reúna y haga la convocatoria formal para la constitución del Congreso, que al menos una vez al año debe llevar adelante una sesión. Pese a la discusión interna, el calendario del PJ obligará así a un diálogo entre los distintos sectores.

La Cámara Nacional Electoral aprobó la creación de una plataforma para que la ciudadanía reúna firmas electrónicas en apoyo de proyectos de ley que se presenten ante el Congreso. El sistema será gratuito, estará bajo control del tribunal y convivirá con las adhesiones manuscritas en papel previstas hasta ahora para las iniciativas populares.

La medida fue resuelta este jueves mediante la acordada extraordinaria 173. El tribunal, presidido por Alberto Ricardo Dalla Via, deberá definir las condiciones operativas de una herramienta que podrán utilizar personas particulares, agrupaciones políticas y organizaciones de la sociedad civil.

La incorporación de este mecanismo digital no altera los requisitos de fondo de la iniciativa popular, incluida la cantidad de respaldos necesaria ni las materias que la Constitución y la ley excluyen de este procedimiento. Sí habilita una vía electrónica para registrar y verificar las adhesiones.

El artículo 39 de la Constitución Nacional, incorporado con la reforma de 1994, reconoce el derecho de los ciudadanos a presentar proyectos de ley ante la Cámara de Diputados. La norma dispone que el Congreso debe dar tratamiento expreso a esas propuestas dentro de los doce meses posteriores a su ingreso.

La Ley 24.747, sancionada en 1996, reglamentó ese derecho y estableció las condiciones para ejercerlo. A diferencia de las iniciativas impulsadas por legisladores o por el Poder Ejecutivo, estos proyectos nacen por fuera de las estructuras estatales y requieren reunir adhesiones ciudadanas antes de avanzar en el trámite parlamentario.

Para presentar una propuesta, los impulsores deberán obtener firmas equivalentes a al menos el 1,5 % del padrón electoral utilizado en la última elección de diputados nacionales. Además, los respaldos deberán provenir de un mínimo de seis distritos electorales.

En las iniciativas de alcance regional, el porcentaje se calcula únicamente sobre los padrones de las provincias incluidas en esa región. La nueva plataforma no modifica esas exigencias y podrá complementar las planillas tradicionales.

La legislación excluye de este mecanismo los proyectos sobre reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. Los promotores también tendrán que identificar a los responsables de la iniciativa, presentar el articulado con formato de ley, fundamentar la propuesta e informar los gastos y el origen de los recursos utilizados.

La Justicia Electoral administrará y controlará el sistema

La acordada fue firmada por Alberto Ricardo Dalla Via, los jueces Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas, junto con los secretarios Hernán Gonçalves Figueiredo y Sebastián Schimmel. La resolución asignó la administración exclusiva de la plataforma a la Cámara Nacional Electoral.

La Oficina de Coordinación General de Sistemas Informáticos Electorales será la encargada de administrar, mantener y operar el servicio. También deberá realizar controles periódicos y fijar los resguardos técnicos para garantizar la identificación de los firmantes, la autenticidad de las adhesiones y la protección de los datos personales.

Quienes quieran utilizar la plataforma tendrán que solicitar previamente su habilitación ante esa oficina. El procedimiento no tendrá costo. La resolución todavía no estableció una fecha para la apertura pública del sistema ni detalló los pasos que deberá cumplir cada ciudadano para emitir su adhesión.

El tribunal consideró que las firmas electrónicas podrán respaldar las iniciativas populares si cumplen las condiciones técnicas exigidas. La decisión se apoya en la Ley 25.506 de Firma Digital y en antecedentes judiciales sobre la eficacia jurídica de modalidades electrónicas de suscripción documental.

La acordada diferenció la firma digital de la firma electrónica, aunque sostuvo que esta última puede equipararse a una rúbrica manuscrita cuando ofrece garantías de autenticidad, integridad y no repudio. Los magistrados citaron fallos comerciales y civiles para extender esos criterios al ámbito electoral, bajo las condiciones de seguridad y verificación correspondientes.

Una prueba piloto antecedió a la decisión del tribunal

La decisión se basó, entre otros elementos, en una experiencia piloto autorizada por la Cámara el 21 de mayo de 2026. En aquella oportunidad, el tribunal habilitó una plataforma propuesta por una organización no gubernamental para complementar la recolección de respaldos en iniciativas populares.

Las verificaciones posteriores concluyeron que existían condiciones técnicas para vincular de manera unívoca a cada firmante con el documento que apoyaba. También se evaluaron procedimientos para autenticar las adhesiones, identificar a los usuarios y preservar su información personal.

A partir de esos resultados, la Cámara resolvió avanzar con una herramienta de alcance general que quedará administrada de forma directa por la Justicia Electoral y podrá emplearse en distintas propuestas ciudadanas.

La resolución además mencionó experiencias de Alemania, España, Estonia, Finlandia y Letonia con modalidades electrónicas para reunir apoyos ciudadanos. Según el tribunal, esos sistemas ofrecen antecedentes favorables en participación, trazabilidad y validación de identidad.

La validación de las adhesiones seguirá bajo control judicial

La digitalización no reemplazará la revisión institucional prevista por la Ley 24.747. La norma dispone que la Justicia Electoral debe verificar las adhesiones mediante un procedimiento de muestreo, con un plazo máximo de veinte días que puede extenderse a través de una resolución fundada.

Ese control determinará si cada iniciativa cumplió las condiciones legales para ser presentada. La plataforma apunta a facilitar la recepción y comprobación de los respaldos, pero no modifica la intervención judicial ni el posterior trámite legislativo.

Una vez verificados los requisitos, los proyectos ingresarán a la Cámara de Diputados de la Nación para su tratamiento parlamentario. La obligación constitucional de tratarlos dentro de los doce meses permanece vigente, aunque no implica que el Congreso deba aprobarlos.

La Cámara Nacional Electoral dispuso comunicar la acordada a la Cámara de Diputados y a los jueces federales con competencia electoral de todo el país. La puesta en marcha del sistema quedará sujeta a las definiciones técnicas que adopte el área informática del tribunal.

La Iglesia lanzó una advertencia por el avance del narcotráfico en los barrios populares y vinculó ese fenómeno con el retroceso de la presencia estatal. El obispo de San Justo, Eduardo García, sostuvo que la falta de servicios, oportunidades y respuestas institucionales favorece a las redes criminales. Sus palabras fueron escuchadas por funcionarios bonaerenses, jueces, fiscales y organizaciones sociales.

“La ausencia del Estado permite que el narcotráfico ocupe su lugar al ofrecer una falsa salida que destruye vidas”, alertó García durante la Jornada de Acceso a la Justicia, que se realizó el martes en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), y que llamativamente no contó con la presencia ni del intendente local, Fernando Espinoza, ni de la vicegobernadora y ex mandataria, Verónica Magario. Allí, el prelado describió un circuito que resumió con una fórmula: “Las tres C de la muerte: calle, cárcel y cementerio”. Como contrapartida, reclamó fortalecer “las tres C de la vida: colegio, capilla y club”.

El planteo excedió a un distrito específico y apuntó a una problemática presente en numerosos barrios del conurbano bonaerense: la combinación de exclusión social, economías delictivas y dificultades de acceso a derechos. García relacionó la expansión del narcotráfico con la falta de educación, atención sanitaria, cloacas y oportunidades de desarrollo.

También cuestionó el momento en que las instituciones judiciales toman contacto con esas realidades. Según afirmó, la Justicia ordinaria en los barrios populares “suele llegar tarde, interviniendo únicamente cuando el daño ya está hecho y el delito se ha cometido”. La observación expuso la tensión entre la respuesta penal ante hechos consumados y la prevención de las condiciones que facilitan el ingreso de adolescentes y jóvenes a circuitos criminales.

El encuentro se realizó en el Salón de las Américas de la UNLaM y reunió a representantes de la Iglesia, el Poder Judicial, el gobierno de Axel Kicillof y organizaciones territoriales. Participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena; el juez federal de Morón Jorge Rodríguez; la fiscal general Patricia Ochoa; el diputado provincial Facundo Tignanelli y el rector de la universidad, Daniel Martínez.

Mena coincidió en ubicar a la desigualdad en el centro de la discusión. “Hablar de justicia en la región es hablar fundamentalmente de desigualdad”, afirmó. También se refirió a la relación entre los sectores más postergados y las instituciones: “La mayoría de los ciudadanos vulnerables conocen el sistema judicial a través de su peor cara, que es la Justicia Penal”.

El ministro defendió la necesidad de modificar ese vínculo y ampliar los mecanismos para resolver conflictos antes de que deriven en un expediente penal. Como ejemplo, destacó las visitas de integrantes del Ministerio Público Fiscal al barrio Puerta de Hierro, donde reciben las inquietudes de los vecinos.

Además, valoró la apertura de espacios de los Hogares de Cristo dentro de la Unidad 43 del Servicio Penitenciario Bonaerense. Esos ámbitos buscan acompañar a personas privadas de la libertad y ofrecer herramientas para reconstruir sus proyectos de vida.

El debate giró en torno a cómo evitar que el sistema penal se convierta en la única presencia estatal reconocible en los sectores marginados. Para los organizadores, acercar la Justicia supone garantizar la intervención de jueces y fiscales, facilitar el acceso a dispositivos de acompañamiento y promover la cooperación entre organismos públicos y organizaciones comunitarias.

La convocatoria fue organizada por áreas académicas de la UNLaM, el Obispado de San Justo, Cáritas, la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, la Pastoral Judicial y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza. También participaron el defensor general Marcelo García, el presidente del Colegio de Abogados local, Martín Rivas, y el juez Franco Fiumara, entre otros referentes judiciales.

Durante la apertura, el rector Martínez sostuvo que el debate sobre los tribunales debe partir de las condiciones materiales de vida de la población. “Cuando hablamos de Justicia, lo primero que tenemos que hablar es de vida, de la gente”, expresó. También aludió a la decisión judicial que ordenó al Poder Ejecutivo Nacional cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y vinculó la educación pública con la garantía de derechos.

Uno de los anuncios políticos de la jornada estuvo a cargo de Tignanelli, vicepresidente del Consejo de la Magistratura bonaerense. El legislador anticipó que impulsará la incorporación de las denominadas “Reglas del Papa Francisco” como material obligatorio en la Escuela Judicial provincial. La propuesta busca que quienes aspiren a integrar la magistratura conozcan principios orientados a una Justicia cercana a las personas vulnerables y atenta a las desigualdades que condicionan el ejercicio de los derechos.

Tignanelli a su vez destacó el trabajo de la Iglesia a través de los Hogares de Cristo en los barrios más vulnerables de La Matanza: “La Iglesia es el gran articulador de toda esta actividad, es quien convoca a todos los actores que pueden hacer algo para poder dar una respuesta clara a las necesidades que están viviendo hoy los vecinos y vecinas de la Matanza”.

“Es muy importante el trabajo que vienen haciendo en distintos barrios de La Matanza, ahí dónde es más urgente y el Estado abandonó”, afirmó.

La jornada incluyó mesas de trabajo sobre adicciones en el sistema penal juvenil, violencia de género y derecho a la identidad en contextos de marginalidad. Los debates serán sistematizados en un documento académico con conclusiones y propuestas. Según informó la universidad, el material será remitido al papa León XIV y servirá de insumo para continuar el intercambio entre las instituciones participantes.

Los organizadores proyectan conformar una Mesa Territorial de Acceso a la Justicia de La Matanza. La iniciativa busca establecer un ámbito permanente de coordinación para identificar obstáculos, compartir experiencias e impulsar respuestas conjuntas entre los equipos judiciales y las organizaciones que trabajan en los barrios.