Tras un inicio trastabillado en el Senado, el Gobierno libertario continúa con su afán de avanzar como sea con la reforma laboral. El ambicioso plan incluye, siempre según la perspectiva del oficialismo -no todo, ya que hay divergencias-, en hacer tres plenarios de comisiones, ver si se agrega a la agenda el Presupuesto 2026 y sesionar antes que termine el período extraordinario, el 30 de diciembre: con pocas ventanas para el recinto, la idea de la Casa Rosada es apurar un encuentro para el sábado 27 o, en todo caso, el lunes 29.

Antes que ocurra eso, varios pasos deben ser consumados. Una primera posta -clave- ya está anclada para el martes, cuando los jefes de bloque se presenten en la reunión de Labor Parlamentaria, desde las 11, con el objetivo de sellar la integración de las comisiones que intervendrán. Sólo se arman las que involucren proyectos que el Ejecutivo incorporó al temario. Para la reforma laboral, se decidió -a pesar de lo que pretendía la Casa Rosada- por las de Trabajo -cabecera-; y de Presupuesto y Hacienda.

El oficialismo, envalentonado con su volumen, no debe olvidar que, si se considera a los 21 propios, aún le faltarán 16 para el quorum. Para empezar. Antes, tendrá que contentar a todos los que pueda con la repartija de comisiones. Entre algunos libertarios nuevos que quieren pisotear a quienes ya forman parte para ganar algo de fama en sus provincias, aliados violáceos que reclaman abrazos y compensatorios, y bloques menores a los que sí o sí habrá que regalar guiños, la bola de nieve crece. El enojo suele ser moneda común en el Senado, con un par de calotas poco cargadas de materia gris. También hay intentos frustrados -aunque voluntariosos- de barrabravas que, en vez de aportar, empeoran todo. Ni siquiera son legisladores.

Sorteado el obstáculo del martes, La Libertad Avanza (LLA) pretende llamar miércoles, jueves y -casi seguro- el viernes para analizar el proyecto laboral y, al final, dictaminar. “Se eliminan leyes, se modifican tributos. En fin, me parece bastante acelerado”, sentenció a Infobae un libertario que conoce el hilado fino del asunto. Una eventual sesión el sábado 27 o el lunes 29 tiene un motivo: el kirchnerismo no prestará la habilitación con dos tercios -para una discusión sobre tablas- y habrá que esperar los siete días que impone el reglamento. Un par apostaba a un entendimiento con el peronismo para el lunes 22 y cerrar el año de manera anticipada. Imposible.

No es la primera vez -ni será la última- que se da este tipo de panoramas. La pregunta a hacerse es el costo político -de mínima, sin contemplar jugueteos y picardías- de todo el paquete. El kirchnerismo mostró sin cesar en el Congreso que, con número, todo es viable. O se inventa. Recién ahora se preocupa por las reglas. Pero los libertarios, por más que hayan acumulado volumen, aún no “disfrutan” de ello. ¿Valdrá la pena empujar a 10 radicales, a un PRO rotísimo y con fugas, y a silvestres provinciales mantecosos a acompañar como sea y en modo “Flash” al Gobierno? En febrero, las extraordinarias continuarían. El 1 de marzo, el Presidente abrirá un nuevo período ordinario. La alta sensibilidad para sentir “desgaste” que mostraron dialoguistas en la primera mitad de la gestión de Javier Milei no genera el mejor augurio.

A todo este embrollo se le añadiría el Presupuesto 2026. Diputados vislumbra una sesión el miércoles de la semana que viene. Si tiene éxito, Martín Menem pasaría de forma ágil la ley de gastos para que la Cámara alta lo ataque. Todo, en medio de la puja por lo laboral. Es lo que la Casa Rosada promocionó durante semanas. Ahora, la realidad golpea la puerta. Bullrich abraza todo y se tiene fe. Otros, dudan. Y queda un reducido grupo de marginales muy dolidos por el resultado electoral de octubre pasado. Son minúsculos fantasmas con sed de venganza, una receta que suele terminar mal. Desean un sendero peor y que el Gobierno posponga la reforma a febrero o, si es mejor, para marzo. Cuando vaya Milei.

El proyecto de reforma laboral que envió al Senado el presidente Javier Milei apenas regresó del viaje a Oslo encontró una sorpresiva y pública resistencia, por fuera de la previsible oposición del sindicalismo, el peronismo y la izquierda. La principal agrupación de jueces emitió una declaración de rechazo a un artículo que propuso la “progresiva disolución” de la Justicia Nacional del Trabajo.

El extenso proyecto de 196 artículos que moderniza la legislación y las relaciones de trabajo en la Argentina ingresó el jueves al Senado y tendrá a partir del lunes una intensa actividad, con la conformación de comisiones para iniciar el debate. El objetivo del Gobierno es que la Cámara alta lo pueda discutir y dar media sanción antes de fin de año.

Pero la inclusión de dos artículos sumó un actor a la compleja negociación que se avecina: el de los jueces. La polémica -que tuvo el rechazo explícito de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional- se basa en los artículos 90, que limitan la discrecionalidad de los fallos, y 91, que propone la eliminación futura de la Justicia Nacional Laboral. El propio presidente Milei apuntó en varias oportunidades contra esos jueces en los dos primeros años de gestión.

¿Qué dicen esos dos ítems?

“ARTÍCULO 90.- Los jueces que resuelvan causas de índole laboral deberán, de forma obligatoria, adecuar sus decisiones a los precedentes establecidos por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en la materia. El apartamiento infundado de los magistrados respecto de dichos criterios configurará una causal de mal desempeño en sus funciones.

ARTÍCULO 91.- Vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo. La Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de traspaso de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Una vez formalizado dicho acuerdo se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos“.

Este último párrafo fue el que generó el rechazo de los jueces. “La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional rechaza de manera categórica las pretendidas modificaciones que contiene el proyecto de Ley de Modernización Laboral (…) tendientes a la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo.

“Resulta inadmisible la redacción de los arts. 90 y 91 y de todos aquellos allí propuestos que impliquen atentar contra la vida del fuero nacional citado. Por tanto, instamos una vez más a que cualquier modificación que se pretenda introducir lo sea dentro de un marco de respeto a las instituciones que garantice la independencia judicial y el no avasallamiento de los fueros nacionales”, continuó.

Y concluyó el comunicado firmado por el presidente de la asociación, el juez Andrés Fabián Basso: “Mantenemos el estado de alerta permanente mientras avanzamos en el estudio minucioso de las acciones a adoptar y la comunicación fluida con los miembros de nuestra Institución”.

La industria del juicio y el traspaso a CABA

El objetivo del Gobierno, según explicaron en la Casa Rosada, es acelerar el proceso de transferencia de esos juzgados, donde detectaron una serie de fallos polémicos que complican la sustentabilidad económica de las pequeñas y medianas empresas. En el Ejecutivo pusieron el caso del restorán al que le impusieron una indemnización de 250 millones de pesos por un mozo que se consideró despedido, como ejemplo de fallos antiempresas.

Los jueces del fuero laboral nacional enfrentan un escenario complicado, tanto por los cuestionamientos a sentencias abusivas, como por un proceso de transferencia que viene encarando la ciudad de Buenos Aires y que tiene previsto absorber de manera total.

Ese proceso tuvo reparos de la propia Justicia Nacional, que ordenó paralizar todos los preparativos. Con el proyecto, la Casa Rosada espera que el Congreso Nacional apruebe la ley para reforzar el traspaso.

Sin embargo, se expone a que, como ocurrió con el capítulo laboral de la Ley Bases, la Justicia declare inconstitucional su contenido y complique su aplicación. Por eso, la declaración de la Asociación de Magistrados fue observada con preocupación en el oficialismo. ¿Es un anticipo de otro fallo similar que hará impracticable su aplicación?

De todos modos, la inclusión de esos artículos fue recibida de manera positiva por el Gobierno y la Justicia de la Ciudad, que vienen avanzando desde el año pasado con la conformación de un nuevo fuero laboral, que reemplazará la mayoría de los juzgados nacionales. De hecho, ya está en marcha el concurso para seleccionar 10 jueces, dos camaristas y fiscales, tras la aprobación de un Código de Procedimientos para regir en la Capital Federal.

Una calificada fuente de la administración de Jorge Macri, en diálogo con Infobae, calificó como “muy auspicioso el artículo” que respalda el proceso de transferencia de la Justicia Laboral de Nación a Ciudad. “No hace más que reflejar el compromiso de cumplir con la letra de la Constitución en torno a consolidar la autonomía porteña y terminar de transferir aquellas competencias aún pendientes, entre ellas las judiciales”, afirmó en diálogo con este medio.

Además, recordó que “desde principio de año estamos transitando una comisión de transferencias de competencias judiciales integrada por Nación y Ciudad donde estamos escuchando a todos los actores, tanto la Justicia ordinaria nacional y porteña, como también las diversas asociaciones, con el fin de avanzar en convenios de transferencias de competencias judiciales”.

“La Ciudad de Buenos Aires, en lo laboral, ya está preparada para recibir esas competencias. En diciembre del año pasado pusimos en funcionamiento el fuero local para conflictos individuales con prestación efectiva del trabajo en la CABA, sancionamos el Código de Procedimientos Laboral y avanzamos con los concursos, que hoy en etapa de revisión de exámenes”, abundaron las fuentes.

Más allá del compromiso del gobierno de Milei de avanzar con la reforma laboral y desarticular ese tribunal -donde muchos de los jueces fueron ubicados a propuesta de sectores ligados a la CGT- el debate quedará en manos del Congreso, donde La Libertad Avanza deberá conseguir el apoyo de al menos 15 senadores más de los 21 propios y de 25 diputados a los más de 110 que orbitan cercanos al oficialismo.

Olivos quiere cerrar el año con un maratón legislativo que le permita coronar el Presupuesto 2026 y avanzar con la reforma laboral, tema que divide aguas en medios oficialistas sobre las chances reales. La ofensiva, que el lunes debería asegurar la integración de comisiones al menos en Diputados, va a exponer sin demoras los alcances y costos del pacto con gobernadores, el juego de internas y los riesgos que podría arrastrar el juego violeta, por falta de cálculo según algunos socios o, de acuerdo con los más críticos, por cerrazón política.

La negociación por el Presupuesto pareció enderezarse desde mediados de esta semana, lo que explicaría la demora inicial para integrar la Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados. Quedó para el lunes y mostraría premiados y castigados desde la óptica ofcialista.

Según trascendió, no sería esa la única convocatoria para iniciar la semana, aunque sí la prioritaria para los planes del Gobierno. La hoja de la presidencia de la Cámara baja, a cargo de Martín Menem, incluye la integración de otras comisiones atadas a las iniciativas oficiales: Legislación del Trabajo, a la espera de los pasos del Senado con la reforma laboral, y Recursos Naturales, por el sensible capítulo de la ley de Glaciares, además de Legislación general y Asuntos Constitucionales.

Es probable que una primera discusión en el ámbito de Diputados esté centrada en un tema que, de todos modos y para operadores con kilometraje legislativo, sería un hecho consumado: el reparto de asientos en las referidas comisiones, empezando por PyH, para asegurar socios y aliados. En medios opositores como Provincias Unidas y, por supuesto, en la franja dura del peronismo/K señalan que finalmente terminarían ganando lugar, por encima de su peso, espacios de gobernadores del PJ que fisuraron a UxP y algunos provinciales.

La ofensiva por el Presupuesto y los primeros movimientos por la reforma laboral están mostrando acuerdos que, como en la política tradicional, tienen contraprestación clara: la distribución de fondos manejados discrecionalmente por el poder central. También, y a pesar de los tiempos consumidos para elaborar los proyectos y encarar tratativas públicas y reservadas, problemas que podrían derivar en la Justicia -sobre todo, en el caso laboral- y pulseadas domésticas.

Las señales de cierre de trato con gobernadores no estuvieron dadas por nuevas negociaciones, sino más bien por respuestas a reclamos que anotó el Gobierno en la ronda de conversaciones de Diego Santilli con gobernadores. No incluye al menos por ahora a la totalidad de los gobernadores convocados por el Ejecutivo. Y se trata sin vueltas de demandas a cambio de votos en el recinto. “Están cumpliendo”, resumió en el cierre de la semana una fuente cercana a varios jefes de provincias, que apenas unos días antes definía como “lenta” a la reacción de la Casa Rosada. El filtro de Economía asomaba como el principal factor de duda sobre el resultado final de las tratativas.

La inusual atención a Tucumán con el giro de ATN asomó como un dato expreso, tosco, del tipo de convenio no escrito. Osvaldo Jaldo viene jugando como aliado de Olivos desde los primeros meses de esta gestión, tomó distancia en la etapa de ofensiva de LLA en su propio distrito -hasta rearmó alianzas locales rotas por su alineamiento nacional- y volvió a jugar como amigo después de octubre.

No es el único caso que exhibió el tipo de avance, con selección de casilleros. El catamarqueño Raúl Jalil es especialmente apreciado después de romper con UxP y favorecer la movida de LLA para convertirse en primera minoría de la Cámara baja. Eso fue reconocido como parte de la atención a sus reclamos. También hubo aportes claros por afuera del peronismo: se destacan los compromisos con los sanjuaninos de Marcelo Orrego y los misioneros de Carlos Rovira. Algunos de ellos ganaron casilleros llamativos en Presupuesto y Hacienda, según el listado que trascendió anoche.

Las tratativas con aliados como el mendocino Alfredo Cornejo y el entrerriano Rogelio Frigerio estaban prácticamente cerradas, pero faltaban las concreciones, como había ocurrido en otros momentos de la gestión mileista. En cambio, más fría venía la relación con Santa Fe y Córdoba. Tampoco asomaba un desenlace para las retomadas conversaciones con la Ciudad de Buenos Aires, por la poda de coparticipación decidida por CFK y ejecutada por Alberto Fernández.

El oficialismo confía en tener número para acelerar el trámite del Presupuesto. La idea es integrar la comisión el lunes, emitir dictamen de inmediato y sesionar a mitad de semana. Si lo logra, pasaría al Senado, para que lo vote sin modificación alguna y lo transforme en ley. Eso requiere que el alcance del pacto con gobernadores y el aval disciplinado de socios sea repetido en la Cámara alta.

El Senado viene con su propia carga, es decir, la reforma laboral. Y el punto es otro, en forma de interrogante: ¿el acuerdo de ida y vuelta con jefes provinciales por el Presupuesto garantiza apoyo también en este caso? No estaría claro, entre otras razones porque algunos renglones del tramo tributario del texto podrían dañar los ingresos de los distritos por coparticipación. Para el Gobierno, es una cuestión más inquietante que la posibilidad de demandas judiciales por los artículos impositivos. Cree que eso no tiene destino práctico.

Más allá de ese punto en particular, desde pliegues del oficialismo trasciende cierto malestar por la falta de manejo en puntos sensibles para las provincias. No es fácil de sostener tampoco el punto vinculado con indemnizaciones, que puede afectar el sistema previsional. Y en rigor, la tensión tiene que ver con la velocidad que busca darle Patricia Bullrich, para afirmarse además como jefa política del oficialismo en el Senado. Eso explica las diferencias en la proyección sobre tiempos: desde el dictamen a la votación en el recinto antes de fin de año. Son pocos los días hábiles y suelen ser muchos los viajes de legisladores a sus provincias por las Fiestas.

El proyecto, por lo demás, generó posiciones encontradas sobre los puntos más sensibles para los jefes sindicales. Y hasta aportó un dato fuera de lo común en el círculo más cercano a Milei. Dicho linealmente, de un lado quedaron los “más políticos” –Karina Milei o su gente y Santiago Caputo– y del otro los más “técnicos”, empezando por Federico Sturzenegger. De todos modos, el cálculo de tiempos para acelerar el tema expone que la apuesta es al pacto político, sin consideraciones sobre convocatoria a los sectores involucrados: cegetistas, organizaciones empresariales, expertos en legislación del trabajo.

Fuera de agenda del oficialismo, surgió un mensaje inquietante para el Gobierno. La Asociación de Magistrados se pronunció contra artículos del proyecto que, sostiene sin vueltas, apuntarían a la “disolución de la Justicia Nacional del Trabajo”. ¿Impericia? Puede ser, pero antes parece un reflejo político de fondo, amortiguado por las necesidades de acuerdo y sostén político para los proyectos, como mensaje que supera las fronteras.