La Municipalidad dio a conocer los nuevos criterios establecidos por el gobierno de la provincia de Buenos Aires para la evaluación práctica de conducción con vehículos de transmisión automática.

A través de la circular 11/2026, se dispusieron nuevas pautas para los exámenes destinados a la obtención de la licencia de conducir. El objetivo, indicaron, es unificar criterios en la evaluación práctica de conducción de automóviles.

Cuando se trate de una primera licencia y el aspirante apruebe la evaluación práctica utilizando un rodado con transmisión automática, deberá consignarse en la Licencia Nacional de Conducir, en el campo de observaciones, la leyenda: “Conduce únicamente vehículos con transmisión automática” y no podrán conducir automóvil con caja manual.

Según explicaron, la conducción de ese tipo de vehículo no permite evaluar determinadas habilidades específicas propias de la conducción de aquellos con transmisión manual, particularmente el accionamiento y control del embrague, la coordinación entre embrague y acelerador y la selección y utilización manual de las relaciones de marcha.

Y remarcaron que, la aprobación de una evaluación realizada exclusivamente sobre un vehículo de transmisión automática no permite presumir que el aspirante posee las mismas habilidades para conducir un vehículo equipado con transmisión manual.

Fuente: Frente al cano.

El Senado volverá a tener una semana sin demasiada actividad ni previsión de sesión en el corto plazo. Por ello, el oficialismo libertario, que comanda Patricia Bullrich, aprovechará a reunirse mañana -y no hoy, como estaba previsto– para limar asperezas y encarar el último mes y medio del período ordinario, que finaliza 30 de noviembre próximo.

La agenda marca, por ahora, tres eventos hasta el jueves, más un encuentro de la comisión -jugosa- que administra la Biblioteca del Congreso, siempre una fuente de inspiración y novedades más bien alejadas de lo legislativo. Hay personas nerviosas por el futuro de la misma -gremios incluidos- y, sobre todo, por picardías del pasado.

El punto más importante para el mileísmo en cuanto a lo parlamentario será lograr un dictamen del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT) que la Argentina firmó en el siglo pasado y que el Senado aprobó en 1998 -no pierde vigencia el trámite-, pero que Diputados recién votó en agosto pasado. Al haber modificado el texto -se hizo reserva del capítulo II-, el tema volvió en segunda revisión a la Cámara alta, donde libertarios tratarán de firmar un despacho con un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores; y de Industria pasado mañana, desde las 14.

El convenio en cuestión permite a inventores y empresas presentar una única solicitud internacional de patente, lo que simplifica la búsqueda de resguardo legal en múltiples jurisdicciones. La solicitud bajo el PCT surte el mismo efecto jurídico que si se hubiera impulsado una solicitud en cada uno de los 158 Estados miembros adheridos.

La adhesión al PCT es uno de los requisitos del acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos. Pero también figura entre los compromisos asumidos en el marco de los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea y entre el Mercosur y EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).

El Gobierno intentó acelerar el convenio original en Diputados, aunque se cruzó con la postura de los laboratorios y, antes de votarlo, se dejó “en reserva” el capítulo II del tratado, el cual implica que una patente registrada tenga vigencia por 20 años en todos los países miembros.

Desde el sector advirtieron en su momento sobre la proliferación de “Evergreening” (Reverdecimiento), una práctica de los laboratorios multinacionales que podrían utilizar el examen preliminar internacional del Capítulo II para empujar cambios menores o modificaciones secundarias en medicamentos ya existentes (sin aportar mejoras terapéuticas reales) para extender de forma artificial un eventual monopolio y bloquear la competencia.

Por otro lado, señalaron que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) perdería soberanía, debido a que los informes y dictámenes preliminares emitidos por oficinas de patentes extranjeras o agencias internacionales debilitarían y condicionarían su autoridad. Al aterrizar en el recinto, la iniciativa obtuvo 147 votos a favor y 93 en contra, con un debate que estuvo marcado por las críticas de la oposición, que alertó sobre posibles riesgos para la soberanía nacional en materia sanitaria y científica.

La cumbre de libertarios tiene otro objetivo, además de cerrar un consenso par modificar la ley de salud mental. Es complejo desde lo político y, más aún, por lo humano: limar asperezas. Las internas en la Casa Rosada suelen trasladarse al Congreso, con legisladores que prefieren gastar toda la energía en congraciarse con Balcarce 50 que sacar leyes. Otros, en tanto, entraron en una fase más penosa: instaurar versiones distintas sobre lo que piensan y dicen los integrantes de dicho bloque. En varios casos, con mentiras. Un senador que ingresó el año pasado ya se compró todos los boletos de esa función.

Por otro lado, el oficialismo deberá revisar el reordenamiento de la comisión de Acuerdos, tras la muerte del titular de la misma, el riojano Juan Carlos Pagotto, que respondía a Martín y “Lule” Menem y, por ende, a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. La ansiedad de llamados de la libertaria neuquina Nadia Márquez generó un profundo malestar y desagrado en sectores dialoguistas, que vaciaron la audiencia pública de días atrás. No obstante, le corresponde al Ejecutivo el comando de este Cuerpo, por donde pasan los pliegos judiciales -Corte incluida-, más ascensos diplomáticos y militares.

Tres auditorías sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) detectaron compras fuera del régimen estatal, fallas médicas, administrativas e informáticas y diferencias de precios de hasta 1.068% durante el primer semestre de 2025, cuando el organismo era dirigido por Diego Spagnuolo. Las auditorías a las que accedió Infobae, abarcaron la adquisición de medicamentos, insumos médicos, prótesis y sillas de ruedas, además del sistema que gestionaba esas prestaciones.

Los trabajos fueron solicitados en septiembre de 2025 por el entonces interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, y se realizaron entre octubre de ese año y abril de 2026. Examinaron el período anterior al corte de gestión del 21 de agosto de 2025.

La revisión también encontró compras de medicamentos para Entre Ríos por $ 11.925 millones y para Neuquén por $ 837 millones sin respaldo documental de convenios o adendas vigentes durante el período bajo análisis. Las adquisiciones realizadas en las provincias de Chubut, La Pampa, Salta y Tierra del Fuego tampoco tenían la fecha de firma, mientras que otros documentos carecían de los sellos aclaratorios de los responsables.

Compras sin licitación ni comparación documentada de ofertas

El primer informe, fechado en diciembre de 2025, cuestionó el circuito interno denominado “PACBI Circuito Compras”, utilizado para adquirir medicamentos de alto costo y baja incidencia. La auditoría concluyó que el mecanismo no se ajustaba al Decreto 1023/2001 ni a su reglamentación, que rigen las contrataciones de los organismos descentralizados del Estado.

La ANDIS no utilizó el sistema electrónico obligatorio COMPR.AR, no elaboró pliegos de bases y condiciones ni cursó invitaciones formales a proveedores. Tampoco encontró análisis comparativos documentados de las ofertas o causales de excepción que justificaran contrataciones directas.

Los auditores determinaron que la falta de planificación o la imprevisibilidad de los requerimientos no constituían motivos legales para apartarse del régimen general. El procedimiento afectaba “los principios de legalidad, transparencia en los procedimientos, igualdad de trato para interesados y para oferentes, publicidad y difusión de las actuaciones, promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre oferentes”.

La misma observación alcanzó a las compras de insumos médicos, prótesis y sillas de ruedas. Esas operaciones tampoco emplearon el sistema estatal de contrataciones, carecieron de una metodología formal y no previeron controles mediante la oposición de oferentes.

La falta de mecanismos para cotejar propuestas comprometía la comparación de precios y la búsqueda de valores razonables. La conclusión advirtió sobre “el consecuente riesgo de generar un perjuicio económico al erario público”.

Medicamentos con precios hasta 1.068% más altos

El informe integral de abril de 2026 examinó el recorrido de las compras de medicamentos del Programa Federal de Salud Incluir Salud, desde la solicitud de un beneficiario hasta el pago a un proveedor. El Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones, conocido como SIIPFIS, no tenía un módulo ni un registro de valores de referencia para comparar precios de manera objetiva.

El responsable de compras explicó que el cotejo de cotizaciones se realizaba fuera de la plataforma, mediante otras fuentes y planillas de Excel. Sin embargo, no había constancias que permitieran identificar esas fuentes ni reconstruir el método aplicado para evaluar los valores.

La mayor diferencia correspondió al medicamento Macitentán de 10 miligramos, empleado contra la hipertensión arterial pulmonar. La droguería P facturó cada unidad a $ 5.299.081,66 el 20 de febrero de 2025, mientras que la firma UP vendió el mismo producto a $ 453.621 un mes después: una brecha de 1.068%, equivalente a $ 4.845.460,66 por unidad.

También se detectaron variaciones en partidas de Pembrolizumab, un medicamento de inmunoterapia oncológica, y de Tacrolimus, un inmunosupresor utilizado, entre otros casos, por pacientes trasplantados. Los auditores también advirtieron sobre la preferencia de algunas droguerías sobre otras sin justificación.

Algunos expedientes tenían la misma fecha de requerimiento, pero se tramitaron de forma separada y terminaron adjudicados a distintos proveedores con precios diferentes para un mismo producto. En el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones tampoco se acreditaron los actos administrativos formales ni informes técnicos que acreditaran la evaluación de las ofertas y los criterios para elegir a cada adjudicatario.

La auditoría relevó $ 110.263 millones en compras de medicamentos Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI) durante el primer semestre de 2025, distribuidas en 10.683 expedientes electrónicos de pago. La muestra analizada incluyó 219 expedientes por $ 29.713 millones, el 27% del total.

Dentro de ese universo, hubo 21 expedientes por $ 2.510 millones en los que el domicilio de entrega consignado en la orden de provisión no coincidía con el indicado en el remito de recepción. No existía “justificación o aclaración alguna” para esas diferencias.

Los auditores no pudieron comparar esos precios y procedimientos con los de otros organismos, como PAMI u obras sociales, porque el sistema de la ex Agencia Nacional de Discapacidad no permitía realizar ese control. También establecieron que las compras se tramitaron mediante circuitos internos no autorizados por la Oficina Nacional de Contrataciones y por fuera del Sistema de Gestión Documental Electrónica, que debía centralizar las actuaciones administrativas nacionales.

Falta de controles médicos, provinciales e informáticos

Los auditores también determinaron que las Unidades de Gestión Provincial no dejaron constancias de haber cotejado las solicitudes de medicamentos con las historias clínicas de los beneficiarios. Tampoco se acreditó una intervención formal de la entonces Dirección de Prestaciones Médicas en la evaluación de los pedidos.

El informe señaló un hallazgo de alto impacto: “No se verifica en el sistema la autorización expresa de un profesional médico responsable”. No había descripción técnica de la evaluación ni dictámenes que respaldaran la aprobación o el rechazo de cada solicitud.

La revisión tampoco permitió determinar cuántos proveedores registrados en la base de datos del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones fueron convocados a cotizar en cada compra. La ANDIS no realizó auditorías en terreno sobre los efectores de salud provinciales, pese a que los convenios marco y el reglamento de Incluir Salud contemplaban ese control.

Los expedientes examinados incluían remitos con firmas de recepción atribuidas a personas que no figuraban como beneficiarias, apoderadas ni integrantes de las unidades de gestión provincial. También había facturas que no reunían los requisitos formales exigidos para su liquidación.

El segundo informe, elaborado en marzo de 2026, se concentró en los controles tecnológicos del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones. La empresa privada GMS tenía accesos de máximos privilegios y a la base de datos, sin que se encontrara un contrato o convenio formal que regulara ese vínculo.

GMS SA, sociedad dedicada a la tecnología digital y contratista del Estado que aparece nombrada en la causa en la que el juez Lijo procesó a Spagnuolo y a otras 18 personas.

En uno de los cuadernos de Miguel Ángel Calvete que secuestró como prueba el fiscal Franco Picardi figura el nombre de un empresario accionista de varias compañías, entre ellas, GMS SA, dedicada a la tecnología digital y contratista del Estado desde el gobierno de Alberto Fernández y que continuó con La Libertad Avanza.

Calvete fue procesado como uno de los presuntos jefes de una asociación ilícita investigada por corrupción en la ANDIS. La Sala II de la Cámara Federal confirmó esa situación procesal en septiembre de 2026, junto con la de Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini. La causa investiga presuntas maniobras de direccionamiento de compras, sobreprecios y retornos vinculados con la adquisición de medicamentos e insumos médicos.

Daniel María Garbellini fue el director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cargo que ocupó desde el 3 de junio de 2024 hasta el 21 de agosto de 2025, día en que fue desplazado junto con Diego Spagnuolo tras conocerse los audios que destaparon el supuesto escándalo de corrupción.

La dependencia del organismo respecto de ese proveedor se arrastraba desde 2022. Según reconstruyó la auditoría, GMS realizó la última entrega formal del código fuente del sistema en diciembre de ese año, al finalizar el contrato que lo vinculaba con la entonces ANDIS. A partir de ese momento, y pese a no contar con un nuevo contrato ni con convenios formales que regularan la relación, la empresa continuó a cargo del mantenimiento y soporte técnico del Sistema Integrado de Información del Programa Federal Incluir Salud durante más de tres años, con accesos de máximos privilegios al ambiente productivo del sistema y a su base de datos.

Recién en enero de 2026, en el marco del propio proceso de auditoría y a pedido del área de tecnología del organismo, el proveedor habría entregado una nueva versión del código fuente. Sin embargo, los auditores no pudieron verificar que esa versión “compile y corresponda con la versión que se encuentra operativa actualmente”, según consta en el informe. Es decir, ni siquiera quedó acreditado que el Estado dispusiera de una copia fidedigna y funcional del programa que administra la información de pensiones por invalidez, el Certificado Único de Discapacidad y las compras de medicamentos de alto costo.

La auditoría detectó además cuentas genéricas de usuario, ausencia de controles periódicos sobre los perfiles de acceso, tecnología sin soporte vigente y falta de copias de seguridad externas. El sistema tampoco tenía un plan formal de contingencia ante incidentes informáticos.

Las irregularidades se conocieron mientras avanzaba la causa judicial por el presunto esquema de sobornos y direccionamiento de adquisiciones en la Agencia. En febrero de 2026, el juez federal Ariel Lijo procesó a Spagnuolo y a otras 18 personas por presunta asociación ilícita y cohecho, al estimar un desvío de al menos $ 6.000 millones mediante sobreprecios de medicamentos.

Spagnuolo rechazó entregar una muestra de voz para el peritaje acústico. La Justicia intenta determinar si es el autor de los audios que destaparon el escándalo de corrupción en el área que conducía. La negativa provocó prórrogas en el estudio a cargo de Gendarmería Nacional.

Spagnuolo y otras 18 personas -entre ellas exfuncionarios de ANDIS, empresarios e intermediarios- están procesadas y embargadas por un entramado de corrupción en la ANDIS.

Para una franja significativa de personas con discapacidad que no cuentan con obra social ni prepaga, la ANDIS no es un organismo más: es la institución que determina si acceden o no a un medicamento oncológico, a un inmunosupresor post trasplante o a una prótesis. Las irregularidades detectadas por las auditorías atraviesan, entonces, un circuito del que depende la continuidad de tratamientos médicos de personas que, en muchos casos, no tienen una alternativa fuera del sistema estatal.