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De Pedro: “La Patagonia debe transformarse en la gran región energética del país”

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El ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, abogó este lunes en Neuquén por “alcanzar grandes acuerdos nacionales con iniciativas y consensos” para potenciar a la Patagonia, una zona que debe “transformarse en la gran región energética del país”, según consideró.

El funcionario encabezó la reunión del Parlamento Patagónico junto a vicegobernadores y más de 60 legisladores de las seis provincias que componen la región, con el objetivo de continuar con las estrategias de desarrollo e infraestructura de los distritos y regiones argentinas.

De Pedro señaló además que el Gobierno nacional está “discutiendo la necesidad de que YPF relocalice la administración central en alguna de las provincias productoras” como parte de “un rediseño de la Argentina más justa, igualitaria y democrática”.

“El federalismo es la posibilidad de que los argentinos puedan desarrollarse y vivir en el lugar donde nacieron, y eso no se puede hacer si no hay empleo genuino, trabajo, industria, comercio y producción en cada una de las regiones”, expuso el titular de la cartera política.

De Pedro resaltó que “los países del mundo que se desarrollaron bien y en serio tienen divididos sus países en regiones”, por lo que, dijo, “la región petrolera en Argentina tiene que ser la región patagónica, y aquí debemos generar grandes acuerdos nacionales con leyes, iniciativas y consensos, para que en esta región funcionen los bancos, el sistema financiero vinculado a la energía y las sedes de las compañías”.

También aclaró que “se trata de una propuesta para “descentralizar y ubicar en la geografía nacional cada área de la administración pública que tenga que ver con la actividad concreta que se hace en el territorio. No puede ser que el sector energético tenga todas las sedes en la ciudad de Buenos Aires”, advirtió.

En este nuevo encuentro del Parlamento Patagónico, que celebró sus 30 años de sesiones, también participaron el vicegobernador de La Pampa, Mariano Fernández; de Río Negro, Alejandro Palmieri, y de Santa Cruz, Eugenio Quiroga, junto a unos 60 legisladores de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

“Muchos miembros del Gabinete nacional empezamos a diseñar un Plan de Infraestructura para el Desarrollo Federal; y delineamos un método para comenzar a escuchar y analizar las políticas nacionales en función de las necesidades de cada una de las provincias, y después pensar en las necesidades regionales”, sostuvo De Pedro, quien estuvo acompañado por el ministro de Justicia, Martín Soria, y el secretario de Energía, Darío Martínez.

“En esa instancia generamos reuniones con todos los gobernadores, analizamos los planes de desarrollo de cada una de las provincias, reunimos a todos los ministros del Gobierno nacional, y nuestra secretaria de Provincias, Silvina Batakis, y su equipo, escucharon a todos los gabinetes nacionales”, agregó.

El titular de Interior indicó que de esa tarea “surgió un listado de 1.100 obras necesarias y básicas, que propiciarán el aumento de la producción, con el objetivo de generar empleo a lo largo y ancho de Argentina”.

“Cuando nos tocó definir qué era federalismo para nosotros, más allá de un conjunto de normas que hacen al sistema, entendimos que tenía que ver con algo que venía diciendo el Presidente (Alberto Fernández), que es que cada argentino y argentina se pudieran desarrollar y vivir en el lugar donde nacieron”, explicó.

“La Patagonia debe transformarse en la gran región energética del país”, expresó De Pedro, se informó en un comunicado.

Fuente: Télam.

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Máximo Kirchner: “Los equilibrios fiscales que hay que construir son con la gente adentro”

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El diputado nacional Máximo Kirchner reclamó que cualquier propuesta política seria para Argentina debe partir de una discusión sobre el endeudamiento externo, y advirtió que los actuales niveles de vencimientos de deuda hacen inviable una mejora en las condiciones de vida de la población. “Los equilibrios fiscales que hay que construir son con la gente adentro”, sostuvo el legislador durante una visita a Cañuelas, en el marco de los actos por el Día del Trabajador.

Para el líder de La Cámpora, el escenario que atraviesa el país no fue producto de la casualidad: “A todas luces era previsible lo que iba a pasar con este gobierno. Esto iba a suceder y era evidente ley tras ley que sancionaba el Congreso de la Nación, decisión tras decisión de Sturzenegger y Caputo“. En ese sentido calificó la situación actual como “una consecuencia previsible que la Argentina ya ha vivido en otras oportunidades, en esta quizás con mayor crudeza y cuyo calado a futuro parece profundizarse”.

El eje de su diagnóstico se centró en la deuda pública contraída desde 2015. A su entender, ese endeudamiento no se tradujo en mejoras concretas para la ciudadanía: “A 8 años —se cumplen el 20 de junio— no lo hemos visto en escuelas, en universidades, en viviendas, en asfalto, en rutas, en mejorar la logística de nuestro país para que la economía sea más competitiva”. El diputado afirmó que se trata de “un endeudamiento que nadie puede explicar dónde está” y cuestionó que el Poder Judicial “mira para otro lado”.
Máximo Kirchner apuntó contra el actual superávit fiscal y señaló que alcanzar ese resultado a expensas del bienestar social no representa un mérito. “Alcanzar estos números y este supuesto equilibrio fiscal con la gente en esta situación lo puede hacer cualquier persona que no tenga alma, que no tenga empatía, que no tenga un mínimo grado de humanidad”, afirmó en diálogo con AR12. En esa línea, sostuvo que “cuando la gente es tenida en cuenta y está adentro, trabaja, se mueve, produce, puede acceder a su vivienda”.
La figura del Fondo Monetario Internacional (FMI) también ocupó un lugar central en su discurso. El legislador señaló que el organismo “prestó de manera irresponsable y no teniendo en cuenta la capacidad de repago de la Argentina”, y planteó la necesidad de renegociar los términos con los acreedores: “Hay que charlar con los acreedores argentinos y empezar a cambiar esto. No puede ser la realidad de la gente una variable que no se tenga en cuenta a la hora de negociar con quienes han endeudado el país y han prestado“.
En términos históricos, trazó una línea que va desde la salida de Cristina Fernández de Kirchner del gobierno hasta el presente: “Hace 10 años ya que gobierno tras gobierno se le pide sacrificio y paciencia a la sociedad argentina. Un gobierno que fue entregado el 9 de diciembre de 2015 con cero deuda con el FMI y hoy son 60 o 70 mil millones de dólares”. Esa cifra, proyectada sobre una década, representa —según sus propias palabras— “casi 6 o 7 mil millones de deuda solo con el Fondo” por año, sin que los argentinos lo hayan visto reflejado en su calidad de vida.
El diputado también apuntó contra el presidente Javier Milei y cuestionó la coherencia de su gestión. Recordó que el mandatario había calificado públicamente a su propio ministro de economía, Luis Caputo, con términos duros antes de designarlo en el cargo. “La opinión de Milei sobre su actual ministro de economía era más dura que la que hemos tenido muchos. Prácticamente decía que era un inútil que se había patinado el préstamo con el FMI y después lo pone ahí. Son conscientes de lo que están haciendo, esto es una miseria planificada, una entrega planificada”, afirmó.
En ese marco, el legislador reivindicó la figura de Cristina Fernández de Kirchner, detenida tras su condena en la causa Vialidad: “Es una mujer firme, inteligente, estudiosa, trabajadora. Le mete, nos está empujando a todos para ponerle ganas y poder transmitirle a la gente que tenga esperanzas, que vamos a poder salir de esto”, dijo. Máximo calificó la situación de la expresidenta como “tremendamente injusta” y remarcó: “En Argentina la casta está libre y Cristina está presa y la sociedad vive como vive”.

El diputado también hizo una autocrítica sobre el ciclo político del peronismo: “El peronismo tiene que asumir que el 9 de diciembre de 2015 nos fuimos con una plaza llena y el 9 de diciembre de 2023 nos fuimos con la plaza vacía y esa es la realidad, de ahí tenemos que arrancar para tener una discusión seria, responsable y que no busque engañar voluntades por un par de votos”.

Máximo Kirchner cerró su intervención con una advertencia dirigida a quienes, según él, prometen mejoras salariales y jubilatorias sin explicar de dónde saldrán los recursos. “Yo quiero que me digan cómo vamos a hacer. Si no discutimos esto después aparecen diciendo vamos a subir los salarios y las jubilaciones. ¿Cómo? ¿Con este nivel de vencimientos actual cómo vamos a hacer? Esta es la pregunta y la discusión central de la Argentina hoy”, concluyó.

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La Libertad Avanza busca dar vuelta la página tras el informe de Adorni y salir de la parálisis en el Congreso

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“La exposición fue contundente, tema terminado”. Mientras se retiraban del recinto tras el informe de gestión de Manuel Adorni, los diputados de La Libertad Avanza se ilusionaban con la idea de retomar su agenda de reformas en el Congreso.

Ahora los libertarios aseguran que el tema deberá seguir su trámite exclusivamente en la Justicia y esperan poder dar vuelta la página: entre sus prioridades se destaca la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La reforma política, que también incluye cambios en el financiamiento de las campañas y en el régimen de reconocimiento de los partidos políticos, debe ser aprobada este año, ya que encontrará cada vez más dificultades para sumar apoyo a medida que se acerque el calendario electoral. “La mayoría de los gobernadores van a buscar diferenciarse del oficialismo para el momento de las elecciones”, reconocen en las filas de LLA.
Las declaraciones de los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) en contra de la eliminación de las PASO fueron un balde de agua fría para la Casa Rosada. Los gobernadores aliados se sumaron al rechazo del PRO y la UCR, que necesitan de esta herramienta para definir candidaturas y conformar alianzas electorales. Al Gobierno le espera una larga negociación si pretende convencer a los principales afectados por la reforma política.
Además, la maniobra de incluir Ficha Limpia en el paquete aumentó el malestar entre los bloques aliados. Tanto el PRO, como la Coalición Cívica, la UCR y Provincias Unidas respaldan la iniciativa, pero exigieron que se trate por separado, para que no quede mezclada con el resto del proyecto, que no reúne consenso.
Entre los proyectos que ya están listos para ir al recinto se destaca la Ley Hojarasca, una iniciativa que tiene como objetivo eliminar 70 leyes que, según el Gobierno, generan costos inútiles a los contribuyentes, se volvieron obsoletas o afectan libertades individuales. El proyecto impulsado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger es el más avanzado porque obtuvo dictamen de comisión hace casi dos semanas pero el oficialismo no se animó a convocar a sesión.

Por otro lado, en el Senado el oficialismo evalúa algunos pedidos de la oposición para llegar a un texto de consenso del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Esta iniciativa incluye un procedimiento sumarísimo para recuperar inmuebles usurpados, elimina la restricción general para la titularidad extranjera de tierras rurales, limita la discrecionalidad del Estado para las expropiaciones con nuevos criterios para determinar las indemnizaciones y flexibiliza la ley de manejo del fuego.

Es el proyecto con más chances de avanzar ya que la reforma electoral y la nueva ley de discapacidad están lejos de tener los votos necesarios. Este último proyecto es el más polémico ya que propone un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez, quienes deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. Además, establece la “incompatibilidad absoluta” con cualquier empleo formal o inscripción en regímenes laborales. De aprobarse, la norma eliminaría la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, endureciendo una de las condiciones.

Por lo pronto, aún no hay reuniones de comisión importantes convocadas para la semana que viene y tampoco se avizora ningún pedido de sesión en el corto plazo. Los libertarios seguramente se tomarán una semana para retomar el diálogo con los aliados y esperar a que la Justicia no le dé a la oposición ninguna excusa -como un eventual procesamiento- para volver a la carga con la interpelación y la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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Tras el informe de Adorni, la oposición busca imponer una agenda social que incomoda al Gobierno

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Pasó Manuel Adorni por el Congreso de la Nación y, aunque el oficialismo entiende que tuvo una especie de triunfo porque el Jefe de Gabinete “respondió todo”, la oposición hace una lectura diferente y define los próximos pasos a seguir en el Palacio Legislativo.

En varias publicaciones anteriores este medio explicó que los referentes de la oposición en Diputados vienen conversando sobre los pasos a seguir y cómo había sido la estrategia para llegar a la sesión con el Jefe de Gabinete. Ahora comienza otra parte de ese plan integral.

En los próximos días comenzará un intercambio con el fin de armar un temario que les permita a los bloques de la oposición avanzar rumbo al hemiciclo.

“Ahora viene la parte tres que es la de juntar proyectos e intereses para poder ir al recinto y avanzar en una agenda en común. Y vamos a ir por los temas que nos interesan a todos y que sabemos que el Gobierno no lo va a hacer que es la agenda social”, explicó uno de los diputados que negocia esa agenda.

En diferentes despachos del Congreso de la Nación se está trabajando en una sesión para emplazar a diferentes comisiones, por lo que se están “peinando” proyectos y diputados para sumar votos. “Como lo que necesitas es tener 129 diputados para el quórum y para votar los emplazamientos lo que estamos viendo son los proyectos que le interesan a algunos legisladores que son necesarios para alcanzar el número. Nosotros vamos a trabajar sobre un tema que junta voluntades como el endeudamiento de las personas, pero quizás hay que sumar otros proyectos como la emergencia climática en algunas provincias o ficha limpia que empujan otros sectores y los llevas al recinto para poder emplazar a las comisiones que manejan los libertarios”.

El hilo conductor en los diferentes bloques de la oposición es la agenda social, que entienden que crece sobre la base de la aparición de casos de corrupción. “La agenda social se retroalimenta de la agenda de corrupción porque la gente que no puede llegar a fin de mes observa como mientras la está pasando para el culo estos tipos están de joda, viajando a todos lados”.

El eje central de esta estrategia pasará por la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia —presidida por el peronista y sindicalista Hugo Yasky— que tiene una veintena de proyectos que proponen medidas en busca de dar una solución al crecimiento de las deudas y la morosidad de las familias.

“Lo que está claro es que la oposición tiene en mente tomar la agenda social y tratar de articular.” El avance de la iniciativa no está garantizado porque el oficialismo y sus aliados son mayoría en la comisión; por eso la oposición busca que el deterioro de la imagen del Gobierno, junto a la intención de empezar a diferenciarse de LLA, sirva para conseguir alguna firma más. La comisión tiene 31 integrantes donde LLA tiene 13, UP 11, Provincias Unidas 2, PRO 2, UCR 1, Coalición Cívica 1 e Innovación Federal 1.

El otro punto es que el oficialismo giró estos proyectos a Presupuesto y Hacienda, donde el oficialismo muestra una gran fortaleza en el número y que la oposición deberá emplazar para poder avanzar.

En medio de esto, desde las provincias hay algunos movimientos que ilustran la situación. Un ejemplo es lo que sucedió en Santa Fe. La administración de Maximiliano Pullaro presentó el Plan de Protección de los Ingresos, con medidas para desendeudar a trabajadores privados y públicos, autónomos y jubilados cuyos salarios se ven afectados por descuentos derivados de créditos.

La ex vicegobernadora de Pullaro es la diputada Gisella Scaglia, presidenta del bloque Provincias Unidas, que tiene 18 miembros. Además, la santafesina es del PRO de la provincia que, aunque tiene algunos desencuentros con los amarillos nacionales, mantiene los puentes.

“Más allá del tema y los tiempos, lo que está claro es que la oposición tiene en mente tomar la agenda social y tratar de articular. Nosotros tenemos la orden de trabajar solo sobre lo que el Ejecutivo pide. Empieza un juego matemático de ver si logramos contener a los socios o si ellos los pueden llevar para su lado. Empieza otro Congreso”, reconoció un diputado libertario que suele tener buenas conversaciones con los legisladores del peronismo.

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