Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General del Senado comenzarán a debatir pasado mañana, desde las 16, el proyecto sobre “inviolabilidad” de la propiedad privada que Javier Milei anunció el 1 de marzo pasado, cuando inauguró un nuevo período de sesiones ordinarias. Si bien aún no se notificó de manera oficial, el oficialismo libertario deslizó que el expositor principal para defender la iniciativa será el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La disertación de uno de los funcionarios más respetados por el jefe de Estado y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, se convertiría en el plato fuerte del día para el kirchnerismo, que suele denostarlo en el recinto y diversas entrevistas. El golpeado interbloque, que comanda José Mayans, envió sus representantes para la de Legislación General. En tanto, ninguno aparece en la de Asuntos Constitucionales y ambas son manejadas por oficialistas. No obstante, cualquier senador podrá hacerse presente en el convite y preguntar lo que desee.

El texto que “blinda” la propiedad privada modifica normas sobre expropiaciones -antecedente fresco por la victoria en YPF-, barrios populares -se sancionó en la era macrista, con amplísimo apoyo y abrazo de movimientos sociales, como el de Juan Grabois-, tierras rurales e incluso la criticada ley sobre manejo del fuego que Máximo Kirchner impulsó durante la administración de su estimado “compañero” Alberto Fernández. La iniciativa, que consta de seis capítulos y 53 artículos, también apunta a agilizar los plazos de juicios sumarísimos para desalojos de inmuebles urbanos y rurales, y modificaciones en el Registro de Propiedad.

La ley de la Casa Rosada forma parte de una agenda más ajetreada para una Cámara alta que, desde el recambio del 10 de diciembre, trabajó como no se veía hace larguísimos años. Antes del plenario en cuestión, la comisión de Justicia y Asuntos Penales -preside el discreto libertario Gonzalo Guzmán Coraita– volverá a discutir, desde las 12.30, el proyecto sobre falsas denuncias.

El texto fue empujado por una radical –Carolina Losada– y se convirtió casi en la prioridad de su agenda durante largos meses. Encontró un generoso guiño del libertario y extitular de la comisión de Justicia, Juan Carlos Pagotto. El riojano, en medio del vendaval kirchnerista contra la Casa Rosada de 2024 y 2025, halló espacios para su amiga y dejó de lado otras normas que reclamaban senadores. Hoy lidera nada menos que la de Acuerdos, por donde pasan todos los pliegos de magistrados, diplomáticos y militares.

La última versión del dictamen -cayó con el recambio legislativo de diciembre último- imponía “prisión de uno a tres años al que denunciare falsamente a persona determinada o indeterminada de un delito ante la autoridad”. Y sumaba: “Si la falsa denuncia ante la autoridad fuera en el contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual, la pena será de prisión de tres a seis años”.

En dicho articulado también se establecía “de uno a cuatro años” de prisión al “testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente”.

Por otra parte, los jefes de las diferentes bancadas se verán las caras mañana, desde las 19, en la reunión de Labor Parlamentaria, con el fin de sellar una sesión para el jueves. Allí, el pleno debatirá ascensos militares -incluidos líderes de las tres fuerzas- dictaminados a finales de marzo por la comisión de Acuerdos. Mismo caso para la dos veces senadora y postulante a embajadora -política- argentina en Canadá, la experimentada neuquina Lucila Crexell. Durante el cónclave en el recinto tomarán estado parlamentario los pliegos judiciales que el Gobierno envió a la Cámara alta la semana pasada.

En la antesala del año electoral, la discusión por el modo de votación en la provincia de Buenos Aires empezó a ganar terreno en la conversación política. Mientras el gobierno de Axel Kicillof, viene planteando que este año se deberían hacer modificaciones a la ley electoral de la provincia para no repetir la experiencia del 2025, la oposición volvió a impulsar la instauración de la Boleta Única de Papel (BUP).

En las últimas horas, el presidente de La Libertad Avanza(LLA) en la provincia de Buenos Aires y diputado nacional, Sebastián Pareja, ratificó la posición del espacio de Javier Milei para que el año que viene las elecciones a cargos provinciales sean mediante BUP y no con el tradicional modelo de boleta partidaria o sábana. LLA presentó nuevamente su proyecto para establecer la BUP en Buenos Aires. La propuesta ya había ingresado al Senado provincial en 2024, pero no avanzó debido a la falta de acompañamiento. Con motivo de esta nueva presentación el diputado nacional que responde a Karina Milei enfatizó en que “el kirchnerismo bloquea cualquier intento de cambio para preservar un sistema opaco, desigual y funcional al aparato político”.

Tanto Pareja como el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Juan Osaba y el titular del bloque libertario en el Senado, Carlos Curestis, aseguraron que la discusión por la BUP es una iniciativa de LLA y que “hay sectores de la política bonaerense que pasaron décadas mirando para otro lado frente a un sistema electoral agotado, y ahora pretenden colgarse de una reforma que ya tiene autor, impulso legislativo y éxito comprobado”. El destinatario de esta afirmación hecha por Pareja pareciera ser el radicalismo. Es que la UCR junto al PRO y la Coalición Cívica también habían impulsado la discusión de la BUP en septiembre del 2024. “La BUP fue promovida y defendida por La Libertad Avanza cuando otros especulaban o directamente eran funcionales al statu quo. Subirse ahora a esa agenda es querer reciclarse políticamente”, dijo Pareja.

Ante la consulta de Infobae, desde el PRO se subieron a la discusión. El diputado por la Cuarta sección electoral, Fernando Rovello, enfatizó en que “nosotros ya hemos presentado varios proyectos en 2022 y 2023 para discutirlo como cuestión previa a todas”, y que “la BUP garantiza una mayor autonomía al elector para decidir marcando por categoría a las agrupaciones políticas de su preferencia: ataca las prácticas clientelares y garantiza una oferta electoral completa”.

En medio de esta discusión que asoma, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, planteó este lunes: “nosotros no podemos modificar el sistema electoral como gobierno de la provincia de Buenos Aires”.

“No sé quién en particular de La Libertad Avanza —dijo que el peronismo cajoneaba la BUP—, pero le podemos regalar una Constitución, que la lea, que después presente un proyecto en la Legislatura y lo discuta donde corresponde”, enfatizó.

En lo político, el gobierno de Kicillof toma distancia de la aplicación de la BUP para el territorio bonaerense. Así se manifestó el año pasado tras la aprobación en el Congreso de la instauración del sistema de boleta única, un posicionamiento que aún sostiene. “Había dos argumentos por los cuales se sostenía que la boleta única de papel era mejor que la boleta partidaria. El primero es que otorgaba mayor transparencia en el acto electoral. Llevamos adelante un acto electoral con la boleta partidaria -el desdoblamiento del 2025- y fue probablemente el acto electoral más transparente de la historia de la provincia de Buenos Aires”, se defendió el ministro de Kicillof.

También, en la habitual conferencia de prensa de todos los lunes, enfatizó en que “el segundo argumento fue la BUP era más barata. Se decía que se iba a ahorrar mucho dinero estableciendo la boleta única en papel respecto de la boleta partidaria. Bueno, demostramos que era el doble de cara. Ninguno de los argumentos es válido”.

Lo que sí pergeñan en el gobierno de Kicillof es abrir el debate para otro tipo de reformas electorales. Una de ellas es adecuar el tema de los plazos electorales, una cuestión que se discutió de manera frenética el año pasado cuando el mandatario decidió desdoblar los comicios.

Otro tema es abordar un virtual desdoblamiento elecoral. Hoy por hoy, esa condición es una facultad que tiene el propio gobernador al definir la fecha de los comicios provinciales. El año pasado fue la novedad. Buenos Aires eligió diputados y senadores provinciales, además de concejales, en el mes de septiembre y luego en octubre los representantes para la Cámara de Diputados de la Nación. Los comicios bonaerenses se realizaron mediante la boleta partidaria; mientras que los diputados nacionales con la BUP. Una discusión que también estará atravesada por la intención propia de Kicillof de ser candidato a presidente en 2027.

Por lo pronto, Bianco sostiene conversaciones con la Junta Electoral que aún preside la titular de la Corte, Hilda Kogan, para que en lo que resta de este 2026 se defina qué hacer. Las proyecciones y expectativas ubican a esta discusión para desandarse en la segunda mitad del año. Todo, pos mundial.

La Presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Gisela Caputo, propuso que el próximo jueves el cuerpo trate en sesión un proyecto de declaración mediante el cual se expresa el rechazo a los hechos de violencia ocurridos el pasado 3 de abril en el Bahía Blanca Plaza Shopping.

La iniciativa apunta a que el Concejo Deliberante fije una posición clara frente a hechos que afectaron el normal desarrollo de actividades y a comerciantes, trabajadores y vecinos.

También son autores del proyecto concejales de distintos bloques políticos, entre ellos Fabiana Úngaro, Carlos Alonso y Emiliano Álvarez Porte, reflejando la importancia de una expresión conjunta frente a este tipo de situaciones.

En ese sentido, la iniciativa pone el foco en un principio central: garantizar el equilibrio entre derechos. Si bien el derecho a manifestarse forma parte de las garantías constitucionales, su ejercicio no puede derivar en la vulneración del derecho al trabajo, la libre circulación y el desarrollo de actividades lícitas.

Asimismo, desde la mayoría de los bloques políticos del HCD se coincide en que no resulta necesario generar nuevas ordenanzas para abordar este tipo de situaciones, ya que los hechos se encuentran contemplados en la Constitución Nacional y en la legislación vigente.

“No podemos naturalizar este tipo de situaciones. Cuando un reclamo se transforma en violencia o presión sobre quienes quieren trabajar, deja de ser un reclamo legítimo y pasa a ser un abuso”, dijo Caputo.

“En Bahía Blanca no puede valer todo. Nadie tiene derecho a imponer su posición afectando el trabajo de otros o paralizando la actividad. Eso no es defender derechos, es avasallar los derechos de los demás”, agregó.

En este marco, el proyecto no se limita a la expresión de rechazo, sino que impulsa la intervención de las autoridades competentes. Por un lado, se solicita al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires que tome intervención en los acontecimientos y evalúe las medidas que pudieran corresponder ante eventuales incumplimientos de la normativa vigente.

Por otro lado, se dispone remitir copia a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a fin de que, en el marco de la Ley de Asociaciones Sindicales, evalúe la eventual intervención y la aplicación de medidas frente a conductas que excedan el ejercicio regular de la actividad sindical.

“Esto no puede quedar solo en una discusión pública. Tiene que haber intervención y tienen que aplicarse las herramientas que ya prevé la ley cuando se cruzan los límites”, culminó.