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Día de la Memoria: Alberto Fernández encabezará un acto propio antes de la marcha de La Cámpora

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El Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, quizá la fecha más emblemática para el conjunto de los campamentos del Frente de Todos, encuentra a la coalición de gobierno en su peor momento desde que asumió. Como adelantó Infobae, los actos del jueves dejarán en evidencia las diferencias en el oficialismo, que hoy aparecen como irreconciliables a pesar de los pedidos de unidad por parte de algunos actores del espacio. Alberto Fernández ya decidió tomar distancia de la masiva movilización que organiza La Cámpora desde la ex Esma hacia la Plaza de Mayo junto la Asociación de Madres que conduce Hebe de Bonafini (quien, no casualmente, ayer recibió a Cristina Kirchner en la sede de la organización). En cambio, después de meditarlo varios días, el Presidente eligió encabezar un acto propio: recordará la trágica fecha en un homenaje a científicos desaparecidos que se realizará en el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

El año pasado, el presidente había participado de un homenaje a los trabajadores desaparecidos en la ex ESMA, días antes de que se cumplieran 45 años del golpe de Estado. Esta vez, no recordará a las víctimas del terrorismo de Estado en el ex centro de desaparecidos, sino que liderará una ceremonia en la sede de la cartera que conduce Daniel Filmus. Será por la mañana, a las 10, horas antes de la convocatoria a la marcha convocada para las 14 por el kirchnerismo -a través a la secretaría de Derechos Humanos que conduce el funcionario del riñón de Cristina Kirchner, Horacio Pietragalla, y las redes sociales de La Cámpora-, en el Espacio para la Memoria.

Alberto Fernández eligió recordar a los desaparecidos por el Golpe de 1976 en un acto puertas adentro y de características institucionales, junto a un ministro de su confianza. Allí se entregarán legajos reconstruidos de los científicos desaparecidos o asesinados a sus familias. El Presidente evaluó desplazarse luego al interior, en un vuelo rumbo a La Rioja, para participar de otra conmemoración, junto a un gobernador justicialista afín, Ricardo Quintela, en honor al monseñor Enrique Angelelli. Era un viaje propuesto por el jefe de Gabinete, Juan Manzur. Sin embargo, esta visita se dejó de lado en la tarde del martes. En plena ebullición en la fuerza que lidera junto a Cristina Kirchner, el jefe del Estado no quiere dar la impresión de que se aleja del centro de la escena.

Al día siguiente, está previsto que el primer mandatario continúe con una actividad en la misma línea, desde Buenos Aires, por la firma, en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), de un convenio con la Casa de la Moneda para digitalizar sus archivos y ponerlos a disposición de los organismos de Derechos Humanos.

La Cámpora prepara otro tipo de ceremonia, multitudinaria, a través de una marcha de proporciones que auguran inéditas para la fecha. “Va a haber mucha, mucha gente”, enfatizó un vocero del espacio, que busca desde hace semanas convocar a la mayor cantidad de organizaciones para hacer una demostración de fuerza durante la conmemoración. En la Plaza de Mayo, a donde la primera plana de la organización de Máximo Kirchner planea llegar a pie junto a la masa luego de una procesión de 13 kilómetros, se habrá montado un escenario. Pero todavía no está decidido si los dirigentes políticos hablarán desde allí, o se priorizarán los discursos de los representantes de los organismos de Derechos Humanos afines. Tampoco está descartada la presencia de Cristina Kirchner, que usualmente deja hasta último momento la confirmación de sus apariciones.

En el Gobierno relativizaron la ausencia del Presidente en la ex ESMA y alegaron que no se acostumbra a politizar los actos por el Día de la Memoria. Pero las consignas que lanzó el kirchnerismo tienen un claro contenido político y económico vinculado con el contexto actual. Las Madres de Plaza de Mayo, bajo la conducción de dirigente de Derechos Humanos y referente del kirchnerismo Hebe de Bonafini, formarán parte de la marcha con un planteo muy duro contra el FMI -referente a la “muerte de niños” como consecuencia de las políticas de ajuste- y, por extensión, contra el Ejecutivo y Juntos por el Cambio. Ayer, las Madres le dieron apoyo explícito a Cristina Kirchner en la interna, al recibir a la Vicepresidenta en la sede de la Asociación. Luego difundieron una foto del encuentro, con un mensaje escrito para hacer hincapié en la buena sintonía entre ambas.

“Fue muy fructífero, hablaron mucho y la vicepresidenta, con el afecto que la caracteriza, saludó a todo el personal de la Casa de la Madres. Al despedirse, Hebe y Cristina estaban muy emocionadas”, expresaron desde la cuenta oficial de la organización. La reunión fue elocuente: De Bonafini es una de las referentes del kirchnerismo más crítica de Alberto Fernández desde que su primer año como Presidente. Últimamente lo cuestiona en público por el acuerdo con el Fondo, pero durante los últimos dos años salió a apuntar en su contra en distintas ocasiones, por sus acercamientos con sectores empresarios y por su gestión económica.

No es la primera vez que una fecha vinculada a la temática del terrorismo de Estado se ve atravesada por las distancias en el Gobierno. En diciembre de 2020 hubo una serie de versiones cruzadas por las participaciones en un acto por del Día Internacional de los Derechos Humanos, también en la ex ESMA, donde finalmente Alberto Fernández y Cristina Kirchner coincidieron en un escenario junto a representantes de los organismos, aunque con evidentes desaires de la Vicepresidenta, que en ese momento ya había mostrado señales de desaprobación, a través de su primera carta incendiaria a la gestión de su delfín en las elecciones que lo habían llevado a la Casa Rosada exactamente un año antes.

La distancia entre ambos actos se enmarca en la sucesión de los cruces públicos en el Frente de Todos de las últimas semanas, que tuvieron su última expresión con la sorpresiva carta de intelectuales K, el lunes, y con las fuertes declaraciones de Alberto Fernández, ayer. En diálogo con El Destape, Alberto Fernández recordó que las decisiones están a su cargo, en calidad de Presidente, y sus palabras despertaron una nueva ola de malestar en el kirchnerismo, donde las leyeron como “una provocación”, según dijeron cerca de un importante ministro que responde a Cristina Kirchner.

Sin embargo, algunas miradas en el espacio de la vicepresidenta buscaban mostrarse más conciliatorias y adelantaban que la situación entre ambos “se va a resolver”, a pesar de que hoy no hay diálogo entre ambos, como confirmó dos veces la semana pasada la portavoz, Gabriela Cerruti. “Alberto dijo exactamente lo mismo que planteó Cristina. Que el Presidente es él y que en tanto, él debe hacerse responsable por sus decisiones”, dijeron en una oficina kirchnerista para intentar poner paños fríos sobre la flagrante pelea en la cúpula del Gobierno.

En el kirchnerismo se defienden y aseguran que es “mentira”, como plantean desde el albertismo, que estén “poniendo trabas” a la gestión del primer mandatario. “Hay algunos desacuerdos por cuestiones puntuales. Primero fue por la falta de percepción sobre lo que pasaba en la calle, de cara a las elecciones. Y quedó claro que así era, vistos los resultados. Y después, con el acuerdo con el Fondo. Pero todas las críticas las hicimos de cara a la gente, no con declaraciones en off como ellos. Con la carta de Cristina después de las PASO, y con la renuncia de Máximo, también explicada en una carta”, intentó justificar un funcionario de la órbita camporista.

En los despachos que responden a la Vicepresidenta y a Máximo Kirchner creen que la disputa se resolverá cuando Cristina Kirchner y Alberto Fernández “se sienten a hablar”, y enfatizaron en la necesidad de que esto se produzca a partir de esfuerzos en privado, no a través de discursos y cartas públicas. “Hay alboroto abajo, con críticas y pedidos, en paralelo, para que haya diálogo. Pero eso se hace puertas adentro, trabajando para la unidad, no en los medios. Cuando haya voluntad para hacerlo, va a pasar”, sostuvo, enigmático, un importante vocero del camporismo.

Según auguraron, aunque sin tener precisiones, la esperada conversación de reconciliación entre el Presidente y la Vice “no va a pasar en lo inmediato”fr Primero, al menos, deberá pasar el mojón del 24 de marzo, donde La Cámpora buscará afianzarse en el familiar terreno de la defensa de los derechos humanos. Mientras tanto, el Gobierno está al límite de la ruptura por las internas vinculadas con el manejo de la crisis económica y el acuerdo con el FMI, con los respectivos posicionamientos para las elecciones presidenciales de 2023 como telón de fondo. Hoy nadie se atreve a afirmar, sin dudar, que haya margen para la reconstrucción del frente oficialista.

(Infobae)

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Ránking de la obra pública: Kicillof invirtió el 6,6% y Milei el 3%

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La disputa entre Axel Kicillof y Javier Milei suma otro capítulo alrededor de la obra pública. Un informe del exsenador provincial Marcelo Daletto, a partir de datos del ministerio de Economía, ubica a Buenos Aires y a Nación entre los distritos que menor proporción de recursos destinaron a gastos de capital: 6,6% y 3%, respectivamente, del gasto total durante 2025.

El dato aparece en un ranking que mide el peso de la inversión y la obra pública en los presupuestos provinciales. Lo lidera Santiago del Estero, con el 28,8%, mientras que la última provincia es Santa Cruz con el 1,1%.

Ese documento señala que, en promedio, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires destinaron 9,5% de sus gastos a erogaciones de capital durante el año pasado. Buenos Aires quedó por debajo de ese umbral y, según el informe, en una situación en la que se priorizan en mayor medida los gastos corrientes y operativos. En el extremo superior del ranking aparece San Luis, con 28,8%, seguida por Santiago del Estero, con 19,8%, y Catamarca, con 19%.

Buenos Aires, entre lo que recibe y cómo lo distribuye

Los porcentuales forman parte de la discusión política entre Milei y Kicillof. Mientras el Presidente sostiene que las provincias deben revisar sus estructuras de gasto y reducir el peso del Estado, el gobernador bonaerense reclama al Ejecutivo nacional una recomposición de los recursos que recibe el distrito y cuestiona el recorte de las transferencias y de la inversión nacional.

El informe de Daletto reconoce la dimensión del reclamo bonaerense: señala que la Provincia aporta cerca del 40% de la recaudación tributaria nacional, pero recibe el 21,2% de la masa coparticipable. Sin embargo, el documento plantea que ese reclamo no exime a la administración provincial de revisar cómo distribuye sus recursos.

El ranking agrega otro dato que el Gobierno nacional utiliza para cuestionar la gestión de Kicillof: aunque el gasto de capital bonaerense creció 10% en términos reales durante 2025, su participación sobre el gasto total siguió siendo baja. Además, el informe advierte que durante el primer trimestre de 2026 esa proporción cayó a 4,4%, por debajo del 6,6% registrado en el cierre del año pasado.

Armendáriz y Duhalde, máximos niveles de obra pública

El informe realiza una comparación histórica desde el retorno de la democracia. Indica que los máximos niveles de gasto de capital en la provincia de Buenos Aires se registraron bajo las gestiones de Alejandro Armendáriz (14,4%) y Eduardo Duhalde (13,4% y 13,7%).

En este último período, el impulso de la inversión pública -sostenido por la creación del Fondo del Conurbano- se dio en paralelo con el proceso de descentralización educativa, que obligó a la Provincia a absorber el financiamiento del sistema escolar y elevó de forma permanente la carga del gasto corriente. Sin perjuicio de ello, la gestión de Duhalde alcanzó el máximo histórico posterior al retorno de la democracia en 1997, con un 17,6%.

El informe no se limita al diagnóstico y propone una salida que implica modificar la matriz presupuestaria provincial: plantea establecer por ley que el 20% del gasto bonaerense se destine a erogaciones de capital, con un sendero gradual que llevaría la inversión al 10% en 2027, 13% en 2028, 16% en 2029 y 20% en 2030.

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Un politólogo analizó el malestar social rumbo a las elecciones de 2027: “El 69% está insatisfecho con la marcha del país”

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La aprobación del Gobierno se ubica en el 35% y acumula una caída de 20 puntos desde el comienzo de la gestión, según la última medición de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés. El dato fue presentado por el politólogo y director de la encuesta, Diego Reynoso, durante una entrevista con Infobae al Regreso.

En diálogo con Gonzalo Aziz, Reynoso explicó que el oficialismo logró mantener durante su primer año un nivel de aprobación cercano al 50%, pero comenzó a perder respaldo de manera sostenida desde fines de 2024.

Se mantiene la aprobación del Gobierno en 35 puntos. Si yo lo comparo desde que llegó el gobierno hasta ahora, perdió 20 puntos de respaldo. Los 55 que tenía son más o menos lo que sacó en el balotaje, el primer mes de gestión”, señaló.

El politólogo aclaró que la caída no se produjo de manera abrupta, sino que fue acumulándose a lo largo de los meses. “Si yo medía mes a mes, no había diferencia estadísticamente significativa, porque el margen de error es de 3,16. Pero en la tendencia general, finalmente se acumulan 20 puntos de erosión de la gestión”, explicó.

Según Reynoso, el deterioro estuvo vinculado a un cambio en las expectativas y a una sucesión de conflictos que fueron afectando al oficialismo. Mencionó, entre otros episodios, el caso Libra, las denuncias vinculadas a la ANDIS y los audios que involucraron al Gobierno.

Fue acumulándose, acumulándose, acumulándose. Ahí perdió mucho el Gobierno hasta la elección de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo.

Sin embargo, el resultado electoral bonaerense también produjo un efecto de concentración del voto oficialista. Reynoso señaló que parte del electorado que evaluaba alternativas, particularmente en el espacio de Provincias Unidas, terminó regresando al Gobierno ante el temor de un avance de otros sectores.

La economía vuelve a ocupar el centro de las preocupaciones

Más allá de los escándalos políticos, Reynoso destacó un cambio en las principales preocupaciones de la sociedad. Los salarios y, especialmente, el empleo comenzaron a ganar peso en las respuestas de los encuestados.

A partir de ahí, entre escándalos y demás, empieza a aumentar en la demanda ciudadana la preocupación por los bajos salarios y por el empleo. Hoy el empleo está ganando a la preocupación por los salarios. Es la economía”, afirmó.

El dato se combina con otro indicador relevante de la ESPOP: el 69% de los argentinos se declara insatisfecho con la marcha del país. Para Reynoso, ese malestar también se refleja en las palabras utilizadas por quienes desaprueban al Gobierno.

Esperanza siempre fue la palabra dominante entre el núcleo de respaldo de Milei. Pero se fue achicando y lo que empezó a crecer del otro lado era asco, vergüenza, rechazo. Pero dentro del otro lado fue decepción e incertidumbre, que corresponden a los que switchearon en el respaldo”, explicó.

Bullrich, Kicillof y Bregman, entre las figuras que mejoraron su imagen

La caída de la aprobación presidencial no significó, sin embargo, que una única figura opositora haya capitalizado automáticamente el desgaste. “En principio nadie capitaliza esos 20 puntos de caída del Gobierno. Pero hay algunas señales de tendencias claras”, planteó Reynoso.

Entre los dirigentes que mejoraron su imagen mencionó a Patricia Bullrich, que pasó del 28% al 37% de imagen positiva. También destacó a Axel Kicillof, cuya valoración creció desde aproximadamente el 25% hasta el 36% en los últimos diez meses.

Para el gobernador bonaerense, esa mejora representa además un desafío político. “Son cargos de gestión que estructuralmente te posicionan como candidato. Tu imagen crece y vos tenés que administrar la definición de tu candidatura y la gestión. Y eso te complica hacia adentro y hacia afuera”, analizó.

El tercer caso fue el de Myriam Bregman, quien experimentó un fuerte crecimiento después de los debates presidenciales y logró mantenerse por encima del 30% de imagen positiva.

La aprobación del Gobierno cayó al 35% y perdió 20 puntos desde el inicio de la gestión, según la encuesta ESPOP de la Universidad de San Andrés (Infobae en Vivo)

Reynoso, de todos modos, marcó una diferencia entre la valoración de un dirigente y su capacidad para convertirla en votos. “A la hora de votar hay una estructura muy fuerte de las identidades partidarias que derivan en voto”, explicó.

Cómo se perfila el escenario hacia 2027

En cuanto a la intención de voto, Reynoso describió un escenario relativamente estable y todavía abierto. Según las mediciones de los últimos meses, el peronismo concentra alrededor del 25% o 26% de las preferencias, mientras que el oficialismo reúne un porcentaje similar.

Otro cuarto del electorado todavía no sabe a quién votar o prefiere no responder, mientras que el resto se distribuye entre distintas fuerzas, como el PRO, el Frente de Izquierda, sectores radicales, Provincias Unidas y el voto en blanco.

Para Reynoso, ese electorado será determinante a medida que avance la campaña. Al mismo tiempo, descartó que el deterioro del Gobierno esté generando una ruptura generalizada con el sistema político. “No noto movimientos antisistémicos. No de desafección política final y total”, afirmó.

Según su análisis, los votantes que se alejaron del oficialismo todavía buscarán una alternativa dentro del sistema. “Ese 20% que se decepcionó a lo largo de este tiempo con Javier Milei va a tratar o se va a realinear con la opción que más le quede, dependiendo de su grado de antiperonismo”, sostuvo.

Con un Gobierno que conserva un núcleo de respaldo cercano a un tercio del electorado, una oposición que todavía no logra capitalizar todo el desgaste y un cuarto de los votantes sin una definición, el escenario hacia 2027 permanece abierto. La evolución de la economía y, particularmente, del empleo aparece como uno de los factores que pueden definir hacia dónde se moverá ese electorado.

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El freno de Karina Milei a Federico Sturzenegger y el giro hacia una agenda legislativa más controlada

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La derrota parcial en el Senado con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tuvo consecuencias inmediatas dentro del Gobierno.

Este martes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reunió a la mesa política en la Casa Rosada con una novedad: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue convocado por primera vez como invitado al encuentro. El mensaje fue directo: de ahora en más, todas sus iniciativas deberán pasar por ese filtro antes de llegar al Congreso.

La sesión del jueves pasado en la Cámara alta dejó una herida difícil de disimular. Para evitar el naufragio completo del proyecto impulsado por Sturzenegger, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, debió retirar del texto dos capítulos centrales: el que modificaba la ley de Tierras —que habilitaba la compra de campos por parte de extranjeros sin los límites actuales— y el que alteraba el régimen de Manejo del Fuego. “Las leyes con miles de temas no van más, trae problemas”, señalaron desde el Gobierno. Lo que quedó en pie fue una versión recortada a tres ejes: restricciones a la expropiación estatal, aceleración de desalojos y digitalización del Registro de la Propiedad Inmueble. Dentro del oficialismo, el episodio fue leído como una derrota con media sanción de por medio.

El cuestionamiento interno apuntó a un problema de método: el proyecto de reforma de la ley de Tierras se redactó sin pasar por ningún análisis político previo. “El coloso” lo filtró y lo publicó en la red social X sin avisar a los legisladores. La queja se extendió también al decreto 690/2026, con el que Sturzenegger intentó desregular los servicios de practicaje y pilotaje en los puertos, y que derivó en un paro con pérdidas millonarias para el sector.

La reunión del martes, que se extendió por casi tres horas, sirvió para reordenar el calendario parlamentario y establecer una nueva jerarquía de prioridades.

La reunión del martes, que se extendió por casi tres horas, sirvió para reordenar el calendario parlamentario y establecer una nueva jerarquía de prioridades.

En ese sentido, el Gobierno definió que no quiere más ruido parlamentario y estableció sus prioridades: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central —calificada por el presidente Javier Milei como prioridad absoluta— y la nueva versión de Inocencia Fiscal 2 encabezan la lista. El oficialismo obtuvo dictamen esta semana en comisión y apunta a una sesión en Diputados para el 26 de agosto. También se incluyó en el radar la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) con Estados Unidos y el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur.

En cuanto a Diputados, en el Senado todo el esfuerzo apuntará a la reforma política con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que el Gobierno aspira a debatir en septiembre, pero que enfrenta resistencias dentro de los bloques aliados. Zonas Frías, con media sanción en Diputados, aguarda turno en el Senado aunque por ahora sin fecha clara. Proyectos como el Súper RIGI, la reforma de Salud Mental, la Ley de Sociedades y el de Ludopatía de La Libertad Avanza permanecen sin fecha de tratamiento.

La reunión con los representantes del PRO apuntó, aunque lo nieguen, a avanzar con la eliminación de las PASO. El problema es que los amarillos solo tienen tres votos en el Senado y con ellos solos no alcanzan. Las conversaciones giraron en torno a cómo sumar al resto, con el esquema de prioridades y los plazos establecidos como marco.

El resto de la agenda legislativa del Gobierno acumula proyectos en espera. La ley de Hojarasca —que modifica o deroga cerca de 70 leyes— vio cómo el Senado desactivó la sesión prevista para este jueves, en la que era el único tema a tratar. Originalmente fijada para el 8 de agosto, esa instancia nunca llegó a concretarse.

Milei salió públicamente a respaldar a su ministro, y el vocero presidencial Adrián Ravier reafirmó en conferencia de prensa que Sturzenegger cuenta “con el respaldo del Presidente y de todo el Gobierno”. Lo que no obtuvo el funcionario fue una foto de respaldo de la mesa política: asistió a la reunión por convocatoria de Karina Milei, no por iniciativa propia. En el encuentro se definió priorizar el proyecto para reformar el mercado de capitales, mientras que las iniciativas aún no ingresadas al Parlamento quedarán para etapas posteriores.

El único engranaje del Gobierno que parece funcionar sin fricciones en el Congreso es el de las designaciones. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó que el Poder Ejecutivo envió 203 pliegos judiciales al Senado en un año de gestión, un récord desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994. De ese total, 103 ya fueron aprobados en dos sesiones: 74 el 4 de junio y 29 el 16 de julio.

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