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Dictamen al proyecto de reforma de la Ley de lavado de activos

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Fue en el marco del plenario de las comisiones de Legislación General, Finanzas y Legislación Penal, que presiden los diputados nacionales Lucas Godoy (FdT), Alicia Aparicio (FdT) y María Luján Rey (PRO), respectivamente. Esta última, no pudo estar presente por cuestiones de salud. Algunos bloques de la oposición pidieron tiempo hasta las 16 para presentar dictamen de minoría.

Durante el plenario, los diputados avalaron el proyecto de ley, enviado en junio de 2022 por el Poder Ejecutivo, tendiente a introducir modificaciones en la legislación vigente vinculada a la prevención y represión del Lavado de Activos (LA), de la Financiación del Terrorismo (FT) y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP). Dichos cambios apuntan a adecuarse a los estándares internacionales actuales.

Al informar los cambios acordados con respecto al texto original, la diputada Mónica Litza (FdT) destacó “el trabajo que se viene haciendo desde hace varios meses con aportes destacadísimos de distintos bloques, con diálogo y apertura, que nos permitió arribar a las modificaciones, fruto de una labor colectiva”.

Desde el PRO, Pablo Tonelli valoró “haber encontrado en el oficialismo receptividad ante las diferentes sugerencias que fueron receptadas e incorporadas que mejora y hace más eficiente al proyecto”. En tanto, anticipó que acompañarán la iniciativa y marcó ciertas diferencias respecto al texto: “La más trascendente es mejorar la ubicación institucional de la Unidad de Información Financiera (UIF) y dotarla de una mayor autonomía que, si bien existe, no es lo plena y amplia que nos gustaría”, señaló.

Luego, Graciela Camaño, del bloque Identidad Bonaerense, ratificó que va a “seguir reclamando la autonomía del organismo. Asimismo, lamentó no acompañar el proyecto por considerar que “la redacción en cuanto a la obligatoriedad de la UIF para ser parte activa en la denuncia que tiene que llevar adelante el Procurador tiene que estar bien redactada, y esto me lleva a presentar un dictamen propio”. “Creo que debemos exigir que la UIF tenga un comportamiento ante la corrupción”, enfatizó.

En representación de la Coalición Cívica, Mónica Frade expresó que “nosotros queremos funcionar bajo una regulación estricta y más exigente que independice al organismo de los avatares y negociaciones de los gobiernos”. Al respecto, pidió autorización para presentar un dictamen de minoría.
Alejandro Cacace, de Evolución Radical, sostuvo que “la forma de que es designado actualmente el titular de la UIF no cumple con los requisitos, principalmente cuando refiere que sea elegido de manera apolítica, basado en el mérito y siendo el mejor candidato”. En esa línea, instó a “no dejar pasar la oportunidad de discutir esto, para alinear a la designación y remoción del titular con los estándares internacionales de las organizaciones que somos parte”.

Por último, Germán Martínez (FdT) hizo mención al tema de la autonomía de la UIF. “Nosotros no tenemos ninguna observación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) respecto a la situación de la autonomía hoy en el funcionamiento de la UIF”, detalló. “Nadie tiene dudas de que el texto que proponemos para el dictamen es claramente superador de la normativa vigente, no hay ningún retroceso, solamente avances”, subrayó el titular del bloque.

“A veces da la sensación que el trabajo de búsqueda de consenso no sirve para nada, que siempre prevalece la lógica de la diferenciación, ya que cuando hacemos un ejercicio de consenso lo que prima es el disenso”, concluyó Martínez.

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Alta casa: las condiciones de vivienda de Bahía están por encima del promedio nacional

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Diferentes indicadores señalaron que las condiciones habitacionales de la ciudad se ubican por encima de la media del país y/o la Provincia. Esto surge de un análisis presentado por el Centro Regional de Estudios Económicos Bahía Blanca Argentina en base al último censo de 2022.

En ese sentido, mientras a nivel nacional el 64,1 % de los habitantes afirma vivir en una vivienda con techo y piso de condición “suficiente”, en Bahía Blanca el número de individuos en dicha situación asciende al 82,6 %.

Además, el CREEBBA consideró que otro ítem relevante a la hora de determinar la condición de la vivienda es la procedencia del agua que se utiliza. Allí, mientras en la provincia de Buenos Aires, el 71,5 % de sus habitantes afirman que en sus viviendas el agua procede de la red pública y es provista por cañería dentro de la vivienda, para Bahía este número asciende al 94 % de los habitantes.Dentro del apartado, en la Provincia el 55,4 % de los habitantes viven en hogares con desagüe y descarga a la red pública y ubicación del baño dentro de la vivienda, mientras que en nuestra ciudad esta cifra trepa al 78,7 %.

Otra de las principales características para determinar la condición habitacional de un hogar es el combustible utilizado para cocinar dentro de la vivienda. En la Provincia, el 55,9 % de los habitantes utiliza gas de red seguido por el 38,0 % que utiliza gas de garrafa. Y el 3,7 % de los habitantes utiliza electricidad. A nivel local se observa un orden similar pero con variación de los porcentajes: el 76,7% utiliza gas de red, mientras el 18,4% utiliza gas de garrafa y el 2,7% de los habitantes utiliza electricidad.

Según los datos censales 2022, el municipio de Bahía Blanca cuenta con una población total de 334.505 personas (10,9 % de variación respecto del último censo realizado en el país). En este sentido, el 99,4 % vive en viviendas particulares mientras que el 0,6 % restante reside en viviendas colectivas.

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En vigencia: nuevo aumento para el servicio de agua

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Las tarifas del servicio proporcionado por Aguas Bonaerenses S.A sufrieron un aumento del 200 % y, según la empresa, la factura promedio mensual será de $ 2.437 a partir de ahora. Además, en julio, habrá otro ajuste del 50 %, acumulando así un incremento del 350 % en el año.

La decisión fue oficializada esta semana mediante la Resolución N° 458, publicada en el Boletín Oficial. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos aprobó los nuevos valores, los cuales entrarán en vigencia en más de 90 localidades de la provincia de Buenos Aires.

Según ABSA, la suba, tanto para el servicio no medido como para el servicio medido, constará de dos etapas escalonadas: la primera, a aplicarse en mayo, será del 200 %, por lo que el valor del módulo o metro cúbico pasará de $ 16,12 a $ 48,36, y la factura promedio será de $ 2.437,75 por mes.

En caso que la valuación inmobiliaria de la propiedad esté entre los $ 200.000 y $ 300.000, la factura para el servicio de cloacas y agua rondará los $ 5.320, mientras que en una vivienda por encima de los $ 500.000 será de $ 8.221.

En la segunda fase, en julio, se aplicará un aumento de 50 % sobre el valor del módulo o metro cúbico, lo que lo llevará a $ 72,54, mientras que la factura promedio será de $ 3.656,62 mensuales. Sin embargo, una propiedad valuada entre $ 150.000 y $ 200.000 abonará $ 6.819 por ambos servicios.

La justificación para la fuerte suba se basó en el proceso inflacionario y la devaluación implementada por el Gobierno nacional en diciembre, sumado al hecho de que las tarifas no se actualizaron durante el último año y medio.

ABSA indicó que “con la primera etapa de la suba prevista, el 26,4 % de los usuarios tendrán un aumento de menos de $ 1.000 en sus facturas, el 41,5 % de entre $ 1.001 y $ 2.000, el 22,7 % de entre $ 2.001 y $ 3.000, y el 9,4 % de más de $ 3.000”.

“En tanto, en la segunda etapa de ajuste tarifario, el 47,4 % de los usuarios tendrán un aumento de menos de $ 1.000 mensuales, el 41,5 % de entre $ 1.001 y $ 2.000, el 8,7 % de entre $ 2.001 y $ 3.000, y el 2,4 % de más de $ 3.000”, cerraron.

A pesar de este ajuste, la compañía aseguró que sigue estando por debajo de la inflación acumulada desde fines de 2022, cuando se registró el último incremento tarifario.

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Día del Trabajador: las voces locales de la CGT

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“La Patria no se vende” fue la convocatoria que la CGT a nivel nacional utilizó para la movilización de este 1ro de mayo. Sin embargo, el acto local también contó con otros matices, con conceptos mas profundos, interpretados por los máximos referentes bahienses.

“No hay ningún antecedente de que alguna medida de esta naturaleza pueda generar más empleo e inclusión. Todas fracasaron y esta no tiene porque ser distinta. Nuestro anhelo es que le vaya bien a los empresarios porque así también le irá bien a los trabajadores”, dijo Miguel Aolita, de Empleados de Comercios, a propósito de la media sanción que obtuvo la Ley Bases en Diputados

“El trabajador siempre paga el costo, históricamente fue así. No entiendo esta política, espero que el Senado esté a la altura de las circunstancias sino el pueblo se va a hacer escuchar”, dijo, en tanto, Carlos Boer, de la UOCRA

Respecto al clima social, económico y laboral también se había expresado el referente local de Camioneros. “Nosotros estamos hablando con los legisladores propios y tratando que esto no siga adelante, el movimiento obrero tiene la característica de seguir luchando. Nosotros pretendemos no perder el poder adquisitivo por todo lo que han subido las cosas, no podemos estar ausentes a que el salario sea acorde a poder vivir por lo menos”, cerró Roberto Arcangel

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