Legisladores de distintos bloques políticos se refirieron al régimen de fomento al desarrollo agroindustrial, federal, inclusivo, sustentable y exportador, presentado por el Poder Ejecutivo, luego de que un plenario de comisiones recibiera a representantes y referentes del sector agroindustrial para analizar la iniciativa.
En declaraciones con el canal oficial de la Cámara de Diputados, el diputado Pablo Cervi, de Evolución Radical, aseguró que le medida “es importante” y consideró que “así como se aprobó hace unas semanas el proyecto de las inversiones automotrices, la actividad agrícola también comparte algunas cuestiones, como la dificultad de amortizar las inversiones que se hacen”. En ese sentido, Cervi explicó la problemática de los saldos de IVA en el caso de la actividad del sector: “Al comprar al 21% y vender al 10,5% de IVA tiene saldos que no se recuperan”, expresó.
“Son cuestiones que hacen a la viabilidad del negocio que entendemos que son importantes, pero el proyecto que envió el Ejecutivo también contempla las creaciones de registro y de mayor burocracia que son cuestiones que hay que revisar”, agregó.
Por su parte, Daniel Arroyo, del Frente de Todos, destacó el rol de los bloques federales para la aprobación del proyecto. “El Congreso hoy es: nosotros, que somos 118 diputados, Cambiemos son 116, y hay un conjunto de bloques provinciales, federales, en el medio que terminan definiendo que se hace. Esos bloques creo que actúan con mucha racionalidad, que cuando les parece algo correctamente, como el tema de Boleta única, hacen articulación con la oposición, y cuando creen que hay otras cuestiones que son positivas, como algunas leyes que han votado con nosotros, nos acompañan”, indicó.
“Entiendo que, en este caso, debería acompañar por lo menos una parte importante de los bloques de provincias del interior la Ley de Agroindustria”, finalizó Arroyo.
Actualmente, el proyecto de Ley de Desarrollo Agroindustrial, que busca promover el incremento de la inversión y el empleo; impulsar la producción y la competitividad de los distintos sectores que forman parte de las cadenas agroindustriales, ya está siendo trabajado por las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Industria, con miras a obtener dictamen para poder ser tratado en el recinto.
En el marco del debate, el plenario recibió días atrás a representantes y referentes del sector agroindustrial, entre los que estuvo el presidente de la Bolsa de Cereales, José Martins. En su exposición, Martins consideró que el proyecto “lo que implica, y lo que a nosotros nos parecía oportuno traer a la mesa, es la industrialización”. En ese sentido recalcó la importancia de “ver de qué forma podemos agregar valor para crecer en exportaciones con valor agregado”.
“Somos muy eficientes en exportar productos primarios, creo que hoy tenemos la obligación de ver cómo agregamos valor, porque esto tienen una fuerte implicancia en la generación de divisas y eso es lo que va a ayudar a estabilizar una macroeconomía”, agregó.
A su turno, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, resaltó el “aliento a la producción, el aliento al empleo y la promoción al federalismo”. Y también destacó: “Las economías regionales estamos directamente vinculados a la inclusión porque damos mucho empleo por las características de nuestras producciones. Este proyecto alienta el asociativismo en los servicios, elemento fundamental para tener escala”.
En aquella reunión, además estuvieron presentes Alfredo Paseyro (gerente general de la Asociación Semilleros Argentinos-ASA), Jorge Chemes (presidente de Confederaciones Rurales Argentinas-CRA), Matías Lestani (secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación), Nicolás Pino (presidente de la Sociedad Rural Argentina-SRA), legisladores, representantes del consejo agroindustrial argentino, referentes del sector, entre otros.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, necesita aprobar el Presupuesto, la Ley Fiscal y el endeudamiento pero debe buscar consensos en medio de la interna del peronismo, un espacio que tras la derrota en las elecciones del 26 de octubre quedó al borde de la fractura.
Según indicaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes de la Legislatura provincial, el texto oficial todavía no fue girado a la Legislatura para que comience el tratamiento de la iniciativa que prevé una inversión de 3,2 billones de pesos e incluye una ley de financiamiento por 1.900 millones de dólares.
Paralelamente a la discusión técnica sobre números y prioridades, la presentación del proyecto de Presupuesto 2026 abrió otra batalla en las filas del peronismo bonaerense, que viene herido por los cruces posteriores a las elecciones.
La advertencia pública de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien cuestionó que el proyecto “no tiene números del Fondo de Fortalecimiento para municipios”, fue leída puertas adentro como un mensaje directo para el kicillofismo.
La frase de la jefa comunal durante la reunión informativa de ayer posterior la presentación Presupuesto es una muestra de que la conducción camporista no convalidará ningún punto sin discutir, una convicción que fue refrendada el domingo por el propio Máximo Kirchner en una entrevista.
“Cuando yo era presidente de bloque (en el Congreso), el presupuesto lo mandaba Alberto (Fernández) y después sufría modificaciones en el debate. Siempre se modifica y se modificará seguramente el de Kicillof”, planteó el titular del PJ bonaerense.
En ese escenario de tensión, desde el Frente Renovador de Sergio Massa plantearon ante la Agencia Noticias Argentinas que intentarán “facilitar” los consensos para aprobar el Presupuesto, la ley Fiscal Impositiva y el financiamiento para “ayudar a la Provincia y los municipios”, lo que pone a ese espacio nuevamente en un rol de unidad y expectación frente a la interna peronista.
En la Gobernación asumieron que la pulseada tendrá dos frentes: la negociación con la oposición y el examen interno, donde se pondrá a prueba la cohesión del oficialismo.
Uno de los puntos calientes es el llamado Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal: la creación de ese mecanismo quedaría atada al endeudamiento, lo que generó ruido en intendentes que exigen garantías sobre los montos y la distribución. Para varios jefes comunales, la llave del financiamiento territorial es una ficha demasiado valiosa como para dejarla librada a promesas.
A esto se suma una negociación paralela y silenciosa sobre cargos y posiciones de poder: el Presupuesto puede servir como puerta de entrada para discutir luego vacantes en la Justicia provincial, lugares en la conducción partidaria y espacios de representación en la Legislatura.
El trasfondo de la disputa es la puja entre La Cámpora y el kicillofismo, al que acusan de avanzar sin consultar, en una pulseada en la que se definirá quién marca el ritmo de la estrategia opositora y cómo se reorganiza el mapa del espacio de cara a 2027.
La semana pasada el Congreso Extraordinario de CONADU Histórica resolvió dar continuidad al plan de acción gremial en defensa de la universidad pública y los salarios de la docencia universitaria y preuniversitaria.
Reclaman salarios dignos y la implementación de la Ley de Financiamiento Educativo.
“Ante el profundo deterioro salarial y la falta de respuestas por parte del Gobierno Nacional, nuestra federación exige la inmediata convocatoria a paritarias y la urgente implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, instrumentos imprescindibles para garantizar condiciones dignas de trabajo y el sostenimiento del sistema educativo público”, expusieron.
Ante este panorama, CONADU Histórica convocó a un paro nacional de 72 horas los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre.
Desde ADUNS (Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur) ratificaron que se sumarán a la medida de fuerza.
Uno de los temas que deberá definir la nueva composición del Concejo Deliberante a partir del 10 de diciembre es el de las autoridades. Actualmente la presidencia está a cargo del edil de La Libertad Avanza Mauro Reyes.
Esta mañana en diálogo con Radio Altos el concejal liberal Carlos Alonso aclaró que no votará a favor de la continuidad de Reyes como máxima autoridad del cuerpo y lanzó críticas a su gestión.
“No estaría cumpliendo con eficiencia el cargo que pretende ocupar por dos años más. No cumple con el reglamento”, afirmó.
Entre los incumplimientos mencionó que no respeta el plazo mínimo de convocar a sesión especial con 24 horas de anticipación. Mencionó como ejemplo lo ocurrido la semana pasada cuando convocó con solo 12 horas de anticipación, indicó, a sesión especial para tratar el pedido de prórroga del Ejecutivo para presentar el Presupuesto 2026 y las ordenanzas Fiscal e Impositiva.
Además, sumó que en la previa de las sesiones ordinarias convoca a labor parlamentaria a las 9, pero recién los encuentros comienzan a las 11.
Asimismo, cuestionó que no haya llamado a revisión de cuentas: “Dijo que iba a ser un Concejo abierto y nunca fue abierto”. Y no dudó en enfatizar que su gestión no es democrática.
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