Apenas algo más de 24 horas después de que se dictara la prisión domiciliaria para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, diputados del PRO presentaron un proytecto de ley para eximir los delitos de corrupción de la facultad presidencial del indulto.

Trece de los 35 diputados del bloque amarillo, los más cercanos a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, presentaron un proyecto de ley para que aquellos condenados por delitos de corrupción no puedan recibir ese beneficio.

La diputada bullrichista Silvana Giudici fue quien presentó el proyecto, que fue acompañado por sus pares Sabrina Ajmechet, Martín Ardohain, Emmanuel Bianchetti, María Eugenia Vidal, Florencia de Sensi, María Sotolano, Germana Figueroa Casas, Sofía Brambilla, José Núñez, Sergio Capozzi, Ana Clara Romero y Gerardo Milman.

La posibilidad del indulto, que solo sería factible con un nuevo gobierno ( si es que el eventual presidente está de acuerdo en aplicarlo), es la unica que tiene a la vista la Expresidente para acortar su período de cárcel pero sobre todo para evitar la prohibición por tiempo indeterminado para ejercer cargos públicos -y po rlo tanto ser candidata- que le impuso el fallo de doble instancia, que la Corte dejó firme al rechzar analizarlo.

Giudici, que viene siendo la voz cantante del sector libertario del PRO en la Cámara de Diputados, señaló que el proyecto es para “armonizar la ley con el espíritu de la Constitución”.

“La Constitución Nacional nos brinda una base muy clara. El artículo 36 establece que los atentados contra el orden democrático son delitos imprescriptibles, y que quienes los cometan no podrán ser indultados ni amnistiados”, agregó la diputada que tiene en la ministra de Seguridad a su jefa política.

Aunque la gran mayoría de los firmantes del proyecto de ley responden a Bullrich, la presencia de Vidal podría señalar una conversación con el sector del PRO que responde al ex presidente Mauricio Macri.

Según la diputada, que suele tener una verba antikirchnerista y es una espada libertaria en el recinto -es la encargada de responder por el oficialismo-, los delitos de corrupción “no son un delito común. Cuando un funcionario usa su carga para robar, atenta contra la democracia”. Y lo equiparó al delito de traición a la Patria

En la actualidad sólo quedan fuera de la posibilidad del perdón de la pena aquellos que cometieron delitos de lesa Humanidad y crímenes de guerra. De aprobarse, ampliaría el rango a los delitos contra el erario público.

La medida llega después de la marcha en apoyo a la ex Presidenta y como respuesta a los dichos de varios dirigentes del peronismo que avanzaron en esa línea.

“Obviamente que lo primero que tiene que hacer quien asuma en 2027 es indultarla y revisar con criterio la proscripción. Hay que restituirle los derechos a Cristina”, afirmó José Mayans, senador nacional y vicepresidente del Partido Justicialista (PJ).

El senador de Unión por la Patria, Eduardo Wado De Pedro, también se expresó en esta línea. Luego de asegurar que la prisión de Cristina Kirchner lo que hizo fue “despertar” al peronismo, señaló que se van a “organizar mucho mejor” para enfrentar al gobierno en las próximas elecciones y en las presidenciales del 2027 pero estableció que el próximo candidato del peronismo es que la libertad y la restitución de sus derechos políticos. “Para el gobierno que viene, la primera condición es Cristina libre”, planteó.

El proyecto de ley tiene sólo dos artículos y uno es de forma; el primero pide incorporar en el art 2 de la Ley 27156 el siguiente texto: “No podrá ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena, bajo sanción de nulidad absoluta e insanable del acto que lo disponga, las penas o procesos penales sobre los delitos cometidos contra la Administración Pública y aquellos relacionados con hechos de corrupción previstos en el título XI: Capítulo IV: abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario públicos”, artículo 248, 248 bis, 249, 259 bis, 250, 250 bis, 251, 252. Capítulo VI: Cohecho y tráfico de influencias. Capítulo VII: Malversación de caudales públicos. Capítulo VIII: Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Capítulo IX: Exacciones legales, y Capítulo IX bis: enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados”. (DIB)