La CGT iniciará el precalentamiento para un nuevo plan de lucha contra el Gobierno en pleno Mundial de Fútbol: la semana próxima, la conducción cegetista recibirá a las confederaciones que agrupan a sindicatos de la industria, el transporte y la energía para debatir sus próximos pasos. Aún no hay pleno consenso para realizar el quinto paro general contra Javier Milei, pero todos coinciden en que la central obrera tiene que encontrar alguna forma de canalizar la protesta social.

Ese será el eje del encuentro que tendrá lugar el miércoles próximo, en la sede de Azopardo 802, entre los principales líderes de la CGT y las cúpulas de Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (CATHEDA).

En rigor, será el primer paso: para la semana siguiente está prevista una reunión del Consejo Directivo cegetista y no se descarta que luego se convoque a un plenario de secretarios generales o incluso al Comité Central Confederal, el máximo órgano ejecutivo de la CGT, para oficializar las medidas que surjan del debate previo.

Toda esta secuencia confirma que, luego de que la última semana se enfocó en denunciar al Gobierno en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la dirigencia de la CGT comenzó a replantear su estrategia moderada y definirá cómo protestar contra las medidas oficiales y la situación socioeconómica.

“Nos van a llevar puestos”, afirmó un jefe de la CGT al aludir la sensación que predomina en la dirigencia de que la Casa Rosada avanzará aún más con su ofensiva contra el sindicalismo. Una prueba de ello, agregó, es la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral que, según la central obrera, “constituye una inaceptable intromisión en la vida interna de las organizaciones gremiales y afecta principios esenciales reconocidos por nuestra Constitución Nacional y por los convenios internacionales de la OIT”.

Todavía no hay acuerdo pleno en la dirigencia sindical sobre qué tipo de medida de fuerza puede ser más efectiva. En el sector dialoguista creen que no hay espacio para otro paro general, aislado, porque no modificará las políticas que lleva adelante la administración libertaria. El ala dura, por su parte, presiona para concretar un paro de 36 horas con movilización, como una forma de ganar la calle.

En medio de estas disidencias, como anticipó Infobae, en la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, que encabeza Sergio Romero (UDA), están conversando con otros gremios del sector con un objetivo: realizar un paro docente luego del 19 de julio, fecha en que finalizará el Mundial de Fútbol, en reclamo de un aumento para los docentes, cuyo salario mínimo sigue en $500 mil.

En la Unión Docentes Argentinos (UDA) y otros gremios educativos de la CGT se intensifican las quejas porque “ya se cumplió un año sin aumento del salario mínimo y su valor se mantiene por debajo de la línea de pobreza”.

Este año, resaltaron, se realizaron 6 encuentros de la Paritaria Nacional Docente (el último fue hace 2 meses) sin resultado alguno, ya que fue rechazada por insuficiente la oferta del gobierno nacional de subirlo a $650 mil en marzo y a $700 mil en abril, y los funcionarios no mejoraron la propuesta de aumento.

Para organizar el paro docente, el secretario de Políticas Educativas de la CGT también sumó a las conversaciones a otros sindicatos del sector como la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), miembro de la CTA de los Trabajadores, y a distintos gremios universitarios para tratar de concretar una fuerte protesta en todo el país.

¿Puede sumarse toda la CGT al paro docente y extenderlo a todas las actividades? Hoy no se descarta ninguna posibilidad, aunque la idea de los dirigentes cegetistas es trabajar para que una posible huelga nacional cuente con la adhesión de sectores de las pymes, jubilados, discapacitados y la clase media en general

El cotitular de la CGT Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) se refirió la semana pasada a la posibilidad de una medida de fuerza: “No nos vamos a quedar de brazos cruzados, pero todo se discute y decide en el seno del Consejo Directivo de la central obrera. Nunca se descarta un paro general como medida concreta de respuesta”, enfatizó, tras lo cual recordó que “esta CGT ya hizo cuatro paros y catorce movilizaciones al Gobierno”.

Aunque haya dudas acerca de qué estrategia es la mejor, todos los caminos que recorrerá la CGT a partir de la semana que viene conducen a una nueva protesta.

Un nombre propio que tiene su lugar de jerarquía en la primera línea de La Cámpora, lo que le permite tener un diálogo fluido con Cristina y Máximo Kirchner, mira en el televisor de su casa el sinfín de notas que los medios realizan en la marea callejera que hay en Avellaneda, el domingo en que el Indio Solari fue despedido por los que lo amaban sin conocerlo personalmente.

En esas voces tristes identifica un mensaje político de fondo que lo sorprende. El reclamo que él y sus compañeros de militancia intentan instalar, sin suerte, en la agenda de la mayor parte del peronismo, está presente en mucho de los fieles ricoteros que abundan en las tierras donde gobierna Ferraresi.

“Pareciera que la consigna de Cristina Libre está más presente en la sociedad que en la política. Quizá su importancia está subrepresentada en la dirigencia política”, piensa, un tanto incrédulo, frente a la pantalla. Su reflexión es la exposición de un sentimiento que atraviesa a todo el arco político que mantiene en su cabeza y en su corazón la conducción política de Cristina Kirchner.

Pero es también la expresión de una necesidad. Hay un sector del peronismo al que le falta una voz que tenga más futuro que pasado. Ahí reside uno de los problemas que arrastra el cristinismo en el debate hacia adentro de la fuerza política. Cree que el futuro tiene que tener a CFK en un rol central. Mientras que el resto del peronismo, considera que su lugar debe tener cada vez menos importancia.

Este miércoles 10 de junio se cumple un año desde que la ex presidenta de la Nación, sentada en una oficina del tercer piso de la sede del PJ Nacional, se enteró que la Corte Suprema de Justicia había hecho formal lo que era un secreto a voces: la confirmación de su condena en la causa Vialidad. Esa decisión implicaba su inmediata detención y la inhabilitación, de por vida, para competir y ejercer cargos públicos.

En ese instante, mientras la militancia cantaba “No nos han vencido”, un tema icónico del cancionero kirchnerista, Cristina Kirchner empezaba a perder poder de influencia dentro del peronismo y libertad de acción en el teatro de operaciones de la política. Ese día ingresó al departamento ubicado en el segundo piso del edificio ubicado en San José 1111 y salió en contadas ocasiones. La mayoría por problemas de salud.

En ese camino de condena y privación de la libertad, que en el cristinismo llaman proscripción y persecución, ha limitado la capacidad de acción de CFK, pero no ha disminuido el caudal electoral que tenía el 10 de junio del 2025, al momento de enterarse que su vida cambiaría radicalmente. Una semana después la justicia federal le confirmó la detención domiciliaria y la posibilidad de salir al balcón cuantas veces quisiera. El balcón que se transformó en una postal de resistencia para los kirchneristas y en una discusión sin sentido para el micromundo de la política.

La ex presidenta ha pasado el año de condena y detención recibiendo, de mayor a menor, por las restricciones que le impuso el Tribunal Federal Oral 2, a dirigentes políticos y sindicales, y a economistas y legisladores de Unión por la Patria (UP). La seguidilla de visitas y la foto que la propia CFK mostró de una reunión con nueve economistas, derrumbaron la dinámica que la ex presidenta había construido en sus metros cuadrados.

A partir de ese momento, en noviembre del año pasado, la ex presidenta empezó a tener restricciones en sus visitas. Actualmente puede recibir personas dos días a la semana, durante dos horas cada día y no pueden pasar más de tres personas. Quedan exceptuados de esos límites sus hijos, sus secretarios privados, su médico y su abogado, quienes tienen ingreso libre.

En los últimos meses el cristinismo concentró sus reclamos en las condiciones de detención de la ex mandataria. Sobre todo porque sostienen que hay presos por crímenes de lesa humanidad que tienen más beneficios en su detención que la ex presidenta. Argumento que les sirve para sostener que existe una persecución política y judicial en su contra, y restricciones desproporcionadas en comparación con otras condenas mucho más severas.

Los bloques justicialistas en el Senado y la Cámara de Diputados consideraron que las condiciones de detención son “objetivamente injustas, desproporcionadas, restrictivas y arbitrarias” y advirtieron que “ninguna democracia puede considerarse plenamente saludable cuando la principal dirigente de la oposición se encuentra proscripta e injustamente privada de su libertad”. Este mediodía un grupo importante de legisladores dará una conferencia de prensa en el Congreso para mantener vigente el reclamo.

Ayer hubo una reunión en Matheu 130, la histórica sede del PJ Nacional, donde se terminó de delinear la convocatoria para el sábado 20 de junio, cuando se lleve a cabo un banderazo en Parque Lezama y se realice una caminata desde ese punto hasta el departamento donde pasa sus días la ex Jefa de Estado. Habrá discursos, consignas y mensajes entre líneas. La defensa a la causa de CFK sigue siendo de un sector del peronismo, no de la totalidad. Y eso se nota en cada acto y en cada foto.

La líder peronista mantiene contacto permanente con su círculo operativo. Con los dirigentes que están a cargo del PJ, de los bloques legislativos, de las intendencias que responden a la terminal K y de los que llevan adelante el dispositivo político. Mantiene el vínculo fluido con casi todos los pesos pesados del peronismo. En esa lista falta Axel Kicillof.

La relación entre ambos estaba deteriorada al momento en que CFK quedó detenida. Pero durante el último año la situación empeoró. No solo por las desavenencias del Gobernador con la ex presidenta en materia política, sino por los sinsabores de una relación personal astillada. En todos los círculos que rodean a la ex mandataria piden y exigen, según quien lo diga, que Kicillof la vaya a ver a San José 1111. Si no es por política, que sea por una cuestión humana, suelen decir.

El gobernador bonaerense está dispuesto a sentarse a hablar con ella cuando la situación lo amerite. Es decir, cuando haya un conflicto que resolver. No va a ir para acercar posiciones que están bien lejos. No va a ir para escuchar los reproches ni las quejas. No se va a acercar a negociar los límites de una convivencia que ya rompió todas las barreras. Y, sobre todo, no va a aceptar exigencias.

Sin embargo, la lógico indica que en algún momento va a tener que sentarse frente a la ex presidenta para coordinar el armado de una alternativa política. Porque el Gobernador considera que tanto ella como el resto del cristinismo deben estar adentro de un armado del peronismo. Lo que no está dispuesto es a que le impongan condiciones. De ahí proviene una parte de la tensión reinante.

“¿Quiere ser candidato a presidente y no se puede sentar con Cristina porque no quiere que le diga cosas que no le gustan?“, planteó, con una alta carga de ironía, un dirigente muy cercano a la familia Kirchner. Kicillof no es lo que quieren que sea, ni hace lo que pretenden que haga. Tal vez eso tenga consecuencias políticas a futuro. O, tal vez, no. Mientras tanto, todo ese vínculo esta rodeado de un tornado de hipótesis y recuerdos añejos de un pasado ideal y un camino hasta el presente lleno de sinsentidos.

Cristina Kirchner cumple un año presa y, con dificultades y limitaciones, sigue manteniendo un magnetismo importante sobre un porcentaje importante de la población a la que no le resulta indiferente. La aman o la odia, la quieren fuera de juego o la quieren presidenta, pero no la olvidan.

Todavía sin una fecha fija para su tratamiento en el Congreso, el Gobierno comienza a recibir los apoyos de algunas provincias para la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), aunque aún no tiene garantizados los votos.

Las autoridades nacionales se fijaron como una de sus principales metas legislativas la aprobación de la reforma política, que incluye entre otras esta medida, la cual es rechazada por varios bloques del recinto, incluso algunos aliados del oficialismo.

Para intentar revertir esta situación, la cúpula de La Libertad Avanza estableció una hoja de ruta para las negociaciones que inició hace algunas semanas y que se da tanto en el plano parlamentario como en el ejecutivo.

Como viene sucediendo desde hace algún tiempo, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, son los encargados de conversar sobre este tema con los gobernadores.

Los funcionarios ya lograron que algunos mandatarios locales expresaran públicamente su respaldo a la eliminación de las PASO, mientras que otros lo prometieron en privado y hay quienes se mantienen firmes en la negativa.

Un ejemplo del primero de esos casos es el entrerriano Rogelio Frigerio, quien cuestionó el costo para el Estado de las primarias y consideró importante “aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias”.

En esta misma línea se expresó, luego de una reunión con Santilli, el sanjuanino Marcelo Orrego al remarcar que, si bien él llegó al cargo luego de una interna, opinó que “los tiempos cambian” y esa herramienta ya no sería útil.

De la misma forma, Juan Pablo Valdés, de Corrientes, remarcó que la definición de los candidatos “es una cuestión que deben resolver las agrupaciones políticas”, por lo que también apoyará el proyecto de la Casa Rosada.

En el segundo grupo está el mendocino Alfredo Cornejo, quien luego de un extenso análisis, según pudo saber este medio, decidió estar a favor de eliminar las PASO a nivel nacional, pero mantenerlas en su provincia.

El dirigente radical, que no puede competir por un nuevo mandato, quiere que su sucesor sea uno de sus ministros, pero enfrenta la posibilidad de que los libertarios impulsen a Luis Petri, por lo que esta herramienta sería fundamental para dirimir las diferencias a escala local.

El martes, Santilli recibió en su oficina a los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Catamarca, Raúl Jalil, quienes también le aseguraron al funcionario que acompañarán la reforma política, aunque solamente el último lo dijo abiertamente en las redes sociales.

El patagónico, en cambio, se limitó a comentar en su cuenta de X que durante el encuentro se acordó “seguir avanzando en distintos temas vinculados al desarrollo de la provincia y del país”.

“Nos hemos trazado una hoja de ruta para planificar y llevar adelante las obras que Neuquén necesita para seguir creciendo. Y contamos con el acompañamiento del Gobierno nacional, a través de las gestiones necesarias, para garantizar que ese camino no se detenga. Cuando hay diálogo, planificación y trabajo conjunto, se generan las condiciones para defender los intereses de Neuquén y llevar más desarrollo a cada rincón de la provincia”, escribió.

Por último, figuras como el santafesino Maximiliano Pullaro condicionan los votos de sus legisladores a que haya algunos cambios en el texto -proponen la suspensión y no la eliminación definitiva-, mientras que otras como el Tucumano Osvaldo Jaldo no dan el brazo a torcer y defienden la continuidad de las primarias.

En paralelo, el titular de la Cámata de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, hacen sus propias gestiones en los respectivos recintos.

La ex ministra de Seguridad, que tuvo algunos percances en la última sesión, cuando no consiguió sancionar la iniciativa para reforzar la propiedad privada, encabezó el mismo martes una reunión con las bancadas aliadas.

La senadora pretendía convocar a otro debate para este miércoles para aprobar el proyecto que quedó pendiente, pero al no tener asegurado el apoyo tampoco para ese texto, optó por esperar y seguir negociando.

La dirigente intenta recuperar el control legislativo con la ayuda del secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, que lleva adelante las conversaciones en representación del Poder Ejecutivo.

Todavía sin un panorama claro, el oficialismo tiene previsto continuar recolectando apoyos para la reforma política, que sigue siendo la prioridad para la Casa Rosada en la antesala del Mundial de Fútbol, evento que podría frenar la actividad parlamentaria.