Fue mucho más que un traspié parlamentario lo que sufrió el Gobierno la semana pasada. La caída de la Ley de Tierras provocó una oleada de críticas internas por los responsables. En la polémica todos tienen razón y lo que hay, más allá de los gritos y los dedos que apuntan, es una culpa compartida.

¿En qué sentido? Al jefe de gabinete Diego Santilli lo acusan de no haber apuntalado las negociaciones con los gobernadores. A Federico Sturzenegger, de no haber estudiado la realidad más allá del dogma por desregularizar todo lo que pueda en tiempo récord. Y a la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, de haber jugado sola más de la cuenta para cosechar un triunfo y despotricar contra compañeros en la derrota.

Con el paso de los días quedó claro que el primero evitó tensar la cuerda con algunos mandatarios, que “el Coloso” insistió con un proyecto que no tenía los votos y que la ex candidata a presidenta nunca supo manejar la situación y la oposición se quedó con un triunfo categórico. Entre todo eso, algo clave: la demora de los hermanos Milei para sacarse de encima a Manuel Adorni detuvo a la gestión durante más de 70 días, que eran cruciales por el envión electoral. Ahora, ante el problema, la necesidad de salir hacia delante. O al menos no retroceder.

También es cierto que Santilli llegó y convive con el ajuste permanente y la interna abierta por espacios de poder. El ministro, que no tenía en sus planes ser jefe de Gabinete, sino que aspiraba a mantener el ministerio del Interior -con influencia clave en áreas como ANSES y RENAPER para la campaña-, estará hoy en Misiones ante los gobernadores del norte. La fama de “mal pagador” que tiene hoy el Gobierno hace que esos mandatarios aliados quieran cobrar antes de aprobar. Nos referimos a la Ley de Zona Fría. El Gobierno busca terminar con la ola de subsidios. A cambio, desde el norte los gobernadores piden un resarcimiento por Zona Cálida. Literal. “Cada vez que jugaron bien, después se sintieron traicionados. Y ahora con el viento a favor, valdrá el doble”, reconoció un senador libertario a Infobae.

En cuanto a Sturzenegger, vale decir que sus proyectos nunca fueron secretos. Fueron muchos los domingos en los cuales el ministro subía una foto para contar que estaba en Olivos con el presidente Javier Milei trabajando en esas iniciativas. Ahora es el principal apuntado. Su diálogo directo con el Presidente, sin intermediarios, generó ruido y celos de ministros. Ayer tuvo que pasar por Casa Rosada para ¿rendir cuentas? ante Karina Milei y los Menem. Explicó, una vez más, la idea de los proyectos. Pero no se pusieron fecha para esas presentaciones.

Hay una noticia en desarrollo que es la configuración del ritmo de gestión para los próximos seis meses. La idea de quienes enfrentan a Sturzenegger para que ya no tenga tanta incidencia en Milei no será sencilla. El ministro y el Presidente hablaron durante todo el fin de semana, aun tras la derrota en el Senado.

Por último, hay que reconocer que Bullrich intenta sacar leyes en clara minoría. Hay algo en común entre todos los que rodean al Presidente y es que la crítica no le puede llegar a él. Lógico. Por eso las miradas se las llevan los ministros. Por eso el ruido tras la decisión de la Secretaría General de la Presidencia de bajar la línea para que todo proyecto deba pasar por la mesa política. Hubo una sobreactuación al respecto. La pregunta que flota es si hay una intención de bloquear la línea directa con Milei.

El 4 de junio Sturzenegger estuvo en Infobae a las Nueve y afirmó: “Este semestre, el primero del 2026, será el semestre con más reformas estructurales desde el año 1989. Será el semestre con el éxito más grande con la gestión del gobierno”. No sucedió. Es más, el proyecto que sobrevivió en el Senado la semana pasada -dos capítulos de Inviolabilidad de la propiedad privada- ya no será prioridad. “No los freezamos, pero no son prioritarios”, afirmaron a este medio. Todo indica que quedarán guardados en un cajón por un largo tiempo legislativo.

Un poco más atrás en el tiempo, en diciembre del 2025, Milei fue al streaming militante Carajo. Allí sentenció: “La política monetaria tiene un rezago (…) para mitad del año que viene o agosto, la inflación va a converger a 0, y algo. Seguro va a empezar con 0”. El conductor del espacio, Daniel Parisini, se maravilló ante su líder: “Me asombra la seguridad, lo carteado, científicamente hablando, desde la economía, que tenés que estar para asegurar eso. La inflación en agosto del año que viene va a empezar con 0”. El dato de agosto será comunicado el jueves. Se espera, como mínimo, que comience con el 2 adelante.

La consultora PxQ, que encabeza Emanuel Álvarez Agis, adelantó ese pronóstico. El dato de la Ciudad de Buenos Aires fue una pésima noticia en la previa: marcó 2,9%. Cuando la inflación esté otra vez hacia arriba, será el mensaje letal para quienes aspiran, internamente, a que Luis Caputo busque una mejora en la actividad a costa de soltar algunos décimos la subida de precios. En Hacienda, además, saben que la idea de flexibilizar a los bancos para prestar dólares inmovilizados en plazos fijos será casi imposible por una simple razón. No dependen de un decreto del Presidente, sino de una ley. Y no está en carpeta.

La cuestión electoral sigue siendo la gran obsesión del Gobierno. De ahí la reflotada obsesión por la reforma electoral. Suspender las PASO. “El Congreso del primer semestre no existe más. Lo vamos a entender por las buenas o por las malas”, relató una fuente parlamentaria del oficialismo. Todos miran esa jugada que aún no termina de confirmarse. Los votos, si llegaran a estar, aparecerán para el cierre del año parlamentario, no antes. ¿La razón? La negociación se dilatará producto de la especulación opositora. Nadie sabe a ciencia cierta qué puede convenir y qué no.

Por estos días siguen apareciendo candidatos y dirigentes que amagan con “jugar” en una elección de cuartos, como anticipó Cristina Kirchner en abril del 2024, cuando estaba aún en libertad. “Todos saben: Menem salió primero con el 24% de los votos, Néstor segundo con el 22%. Fíjense qué cosa… si la elección, ésta que pasamos, fue una elección de tercios, aquella fue una elección de cuartos. Ninguno llegaba ni al 25% y el pelotón de atrás ni siquiera llegaba al quinto. Fue una elección de cuartos y quintos”, afirmó en su momento la ex mandataria.

Jugar un pleno para llegar al balotaje ilusiona a muchos. Con esa premisa, dentro del PRO hay quienes tensionan para competir contra el Gobierno. El último en lanzarse de manera dubitativa fue Hernán Lacunza, que reconoció su intención de ser candidato ante la insistencia del periodista Eduardo Feinmann. Ese lanzamiento cayó muy mal en la interna del partido. Es que hoy conviven allí los que gestionan (gobernadores e intendentes) con legisladores más sueltos y dirigentes que no tienen nada que perder. “La candidatura fue de las peores decisiones que tomamos. No hay una organización y eso nos perjudica. Mostramos debilidad”, reconoció un dirigente con cargo ejecutivo a este medio.

Son estos dirigentes los que insisten en un acuerdo con los libertarios. ¿La condición? Que se respete que donde gobierna el PRO, los candidatos los decide el PRO. “No es mucho lo que se pide. Es sostener lo nuestro”. En total son tres gobernaciones y 12 intendencias bonaerenses. Pintarse de violeta no genera resultados. Lo saben Guillermo Montenegro y Diego Valenzuela. “Pagan mal”, reconocen. En uno de esos distritos amarillos, la recaudación cayó más ahora que en pandemia. “No podemos salir a criticar al Gobierno, pero los vecinos nos reclaman a nosotros”, afirman. Habrá que ver cómo salen del laberinto. Sobre todo ahora que el peronismo cree que puede ganar… con muy poco.

La comisión de Legislación General del Senado realizó esta tarde una nueva reunión -la segunda- para analizar la ley de Sociedades que promueve el Gobierno libertario, con expositores que criticaron y halagaron el texto creado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Durante el encuentro y, como se sospechaba en la previa, la jefa oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, se cruzó con el ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) del kirchnerismo Ricardo Nissen.

Fueron 12 los invitados. El primero fue el abogado y profesor de Derecho Societario -Austral y UMSA-, Sebastián Balbín, quien aseguró que la vigente ley de 1972 es una “obra extraordinaria, pero concebida para empresas, economía y tecnología que ya no existe”, y valoró la “simplificación, digitalización y modernización instrumentos” propuestos. “Mayor autonomía no significa reducir la protección”, añadió, junto con la idea de dejar de “poner el acento en controles formales” para apunta hacia “donde vale la pena”.

Luego fue el turno de Nissen, que sin rodeos direccionó su opinión a la “consagración de sociedades comerciales como trampa, para una actuación deshonesta”. No olvidó mencionar las offshore y se mostró contrario al enroque del domicilio social por el electrónico y otras yerbas para “limitar las responsabilidades del empresario”, con el fin de que los mismos” y la gente de plata no responda por nada”.

Un ítem que atravesó el debate fue la creación de la figura de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), con regulación específica para la utilización de contratos inteligentes y blockchain. En ese sentido, el abogado Marcelo Gebhardt dijo que “no son un objeto de reclamo por la sociedad y el mundo empresario” y que “nadie escuchó hablar de ellas”. Tampoco olvidó de observar que la iniciativa “no nos trae un nuevo sistema, sino el viejo modernizado”, lo que no ameritaría “mover 54 años de doctrina”.

Durante la primera ronda de consultas, Bullrich no perdió la oportunidad de manifestar su preocupación a la “idea tan restrictiva de volver a la ley” de Nissen, “cuando ya evidentemente lo hizo siendo director IGJ”. Y disparó: “Destruyó posibilidad de jóvenes de comenzar con las sociedades anónimas simplificadas”. En realidad, la porteña quiso referirse a la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), denostadas por el kirchnerismo tras la utilización de las mismas por la banda de narcotráfico Los Monos.

No terminó bien el intercambio entre Nissen -al que se lo notó ofuscado- y la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri y Javier Milei. Un par de senadores kirchneristas buscaron, sin éxito, discutir con la porteña. “Su mirada responde a un rol de carácter estrictamente político y planteado no como un experto, sino como una persona que durante su gestión generó limitaciones estrictas a una ley de Nación, siendo director de IGJ”, terminó Bullrich, quien de paso tiró un dardo a las DAO que defendió Sturzenegger. “Hay que analizarlas bien. No lo niego”, deslizó con picardía, y confirmó la tensión que se percibe con el ministro desregulador, que este martes participó de la mesa política, aunque sin foto de respaldo.

Las DAO sí fueron bien vistas por el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez, que indicó que en el proyecto “incorporó la normativa expresa de transparencia” en cuanto a lavado de activos. Además, resaltó la “importancia vinculada sobre los beneficiarios finales”, una recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En tanto, la abogada y ex titular de la IGJ Débora Cohen dejó en claro que “la velocidad con la que avanza la IA hace difícil medir hoy sus alcances” y sugirió “pensar en un dispositivo de implementación gradual, con períodos de prueba, para conocer mejor el impacto”. A Bullrich le gustó la intervención y agradeció las sugerencias de la ex funcionaria.

En el último lote disertó el Ceo y fundador de Satellogic-empresa geoespacial-, Emiliano Kargieman, que elogió la aplicación de la IA y enfatizó que este tema tendría “que ser política de Estado”. En esa línea, advirtió: “Lo va a transformar sin preguntarnos”. Sobre la ley y las sociedades autónomas, enumeró cuatro puntos a considerar: la personería jurídica pertenece a la entidad y no al algoritmo; debe poseer activos; tiene que existir una verdadera delegación de decisiones; y debe haber una “autonomía limitada y supervisada”.

Kargieman sentenció: “La Argentina puede convertirse hoy en la jurisdicción donde se registren, aseguren, auditen y gobiernen entidades autónomas, y nos permite romper las barreras demográficas del país. No tenemos que hablar de 50 empresas cada 1.000 habitantes, podríamos hablar de 5.000 empresas cada 1.000 habitantes. El lugar del mundo que encuentre regulaciones para atraer entidades autónomas de este tipo va a radicar millones de empresas en un período de tiempo muy corto que van a tributar, generar empleo y van a redistribuir la riqueza”.

Los cambios a la ley que limita las reelecciones indefinidas para intendentes y legisladores en la provincia de Buenos Aires no llegan. Pese al pedido del Poder Ejecutivo, a cargo del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la modificación o derogación de la ley sancionada en 2016 cuyo resultado fue que los intendentes puedan ser reelectos en solo una oportunidad sigue esperando. Este martes, hubo algunos movimientos en el Senado bonaerense que podían diseñar una especie de hoja de ruta del proyecto de ley en cuestión, pero el mismo seguirá en estudio. Para ponerlo a consideración, falta darle inicio a conversaciones que corresponden a la superestructura política y que están atravesadas por varios factores.

Por eso, el proyecto de ley de la senadora kicillofista Ayelén Durán no se incluyó en el orden del día en la comisión de Legislación General que se reunió este martes. Convocada por su presidente, Germán Lago —del MDF y que responde a la vicegobernadora, Verónica Magario—, la comisión trató distintos expedientes sin incluir en el temario el proyecto de reelección indefinida. Algo que, igualmente, se sabía desde el viernes cuando se giró el orden del día. Sin embargo, algunos legisladores no descartaban algún tipo de posicionamiento al respecto. Algo, que, finalmente no sucedió.

En la Cámara alta provincial reconocen que el punto en cuestión se pondrá a consideración cuando haya garantías reales de que se va a acompañar y que esas garantías deben emanar de un acuerdo de la superestructura dirigencial. Traducido: Kicillof debería acordar con el kirchnerismo, con la oposición y trazar algún tipo de mecanismo posible con el Frente Renovador de Sergio Massa, que ya avisó que no acompaña hacer cambios a la actual ley además de reclamar el giro de la iniciativa a una comisión que controla a través de la senadora Malena Galmarini.

Este lunes el Gobierno bonaerense volvió a pronunciarse al respecto. Fue el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien remarcó que el Ejecutivo está “conceptualmente a favor” de las relecciones indefinidas. “Creemos que quienes, deben elegir a sus gobernantes, sobre todo en el ámbito local, que es el ámbito en donde la población tiene una mayor cercanía con su gobierno, con los intendentes, con sus concejales, es el pueblo”, dijo.

“Si vos ponés una limitación que no es constitucional, porque en este caso no está prevista en la Constitución la limitación de mandatos de los intendentes, nosotros la consideramos proscriptiva de alguna forma”, puntualizó.

El plan de Kicillof es avanzar con la iniciativa presentada el año pasado por la senadora Ayelén Durán. De no tramitarse este año, el proyecto perderá el estado parlamentario. No significa que el tema se agote. Hoy, el expediente se encuentra en la comisión que preside Lago. Fuerza Patria tiene mayoría en esa comisión. La integración de dicha comisión está compuesta por seis legisladores peronistas y cinco de la oposición. Dentro de los seis oficialistas hay tres que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el sector de Kicillof; un legislador del esquema de Cristina Kirchner —Diego Videla, que responde al intendente de Pehuajó, Pablo Zurro—, y Federico Faggioli de Patria Grande de Juan Grabois. En el oficialismo creen que la mayoría de los integrantes del bloque acompañarán.

Sin embargo, hay diferencias en cómo y cuándo discutir ese acompañamiento. El kirchnerismo apela a que sea discutido como un paquete electoral completo. Que a esa discusión por las reelecciones indefinidas se le sume la definición de Kicillof sobre si habrá desdoblamiento electoral o no; saber si el mandatario querrá suspender las PASO en la provincia —algo que, en principio, debería pasar por la Legislatura— o incluso poner en la negociación las vacantes por la Suprema Corte de Justicia.

Con respecto a este último punto, según supo Infobae, Kicillof transmite a quien le saca el tema que la Corte es un tema independiente, que se trata de cargos a perpetuidad y de “mucha trascendencia”, como para ponerlo dentro “de un toma y daca”.

Los intendentes siguen con atención el devenir de esta agenda electoral. Según planteó Bianco en las últimas horas, “todos están a favor de la reelección de intendentes”. Cuando habla de “todos”, se refiere a la totalidad del arco político. En la última conferencia de prensa, el portavoz del Gobierno bonaerense ejemplificó: “Yo hablo con los intendentes de todos los sectores, de todos los sectores políticos de la provincia de Buenos Aires. Todos están a favor de la reelección de intendentes. Ahora, hay muchos a los que les decís: ‘Bueno, entonces que los legisladores que te representan lo voten’ y me contestan: ‘Ah, no, nosotros estamos de acuerdo, pero no podemos votarlo’. Y bueno, así es medio difícil”.

El proyecto que está en el Senado, propone derogar artículos de la Ley 14.836 y anular por completo la Ley 15.315. Además, redefine el mandato y la renovación de los consejeros escolares, permitiendo que repitan el mandato bajo las mismas condiciones que otras autoridades. Entre los puntos principales, la iniciativa plantea una reforma al artículo 13 bis de la Ley 5.109 para habilitar la reelección indefinida de diputados y senadores. El texto, que se encuentra en la comisión de Legislación General, prevé que tanto el intendente como los concejales sean elegidos mediante voto directo, con mandatos de cuatro años y posibilidad de reelección ilimitada, renovándose los concejos por mitades cada dos años.

Según los fundamentos del proyecto, limitar la reelección de funcionarios restringe la libertad de los votantes y sitúa a Buenos Aires entre las jurisdicciones más restrictivas de Argentina, ya que más de la mitad de las provincias permiten la reelección de autoridades locales. La reforma apunta a asegurar el pleno ejercicio de los derechos políticos y la soberanía popular, en concordancia con la Constitución provincial y los tratados internacionales de derechos humanos.