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El avance político de Patricia Bullrich en el Senado despierta recelos internos y aviva tensiones con aliados

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El crecimiento de Patricia Bullrich no pasa desapercibido en el seno de La Libertad Avanza. A nadie sorprende que su presencia resulte disruptiva y no solo lo perciben así quienes esperaban esa situación, sino que también genera malestar en otros sectores.

Desde que la ex ministra de Seguridad desembarcó en el Senado de la Nación, el rol de Victoria Villarruel quedó acotado a su mínima expresión. No obstante, eso estaba previsto. Aunque la Vicepresidenta pelea por no dejarse opacar en su rol de presidenta de la Cámara alta, casi no participa de la vida parlamentaria ni de las decisiones que se toman en su bloque. Pero el problema es que el modo expansivo de la senadora está molestando a otros.

Hace una semana, este medio informó que ese malestar comenzaba a trascender. Mientras se desarrollaba un encuentro de la mesa política, en la previa del debate de la reforma laboral en el Senado, Bullrich exponía y el diputado Martín Menem no disimulaba su incomodidad. Ahora, esa tensión salió del ámbito reservado de aquel encuentro.

La ex ministra festejó durante la madrugada del jueves la media sanción de la reforma laboral y cuando salió del recinto adelantó que no se iban a aceptar cambios. También advirtió que si alguien en Diputados lo quería intentar contaba con los votos en el Senado para insistir con el texto original.

Los dichos parecían apuntar al bloque del kirchnerismo, que nunca ocultó su oposición al proyecto, pero escondían otro destinatario menos pensado.

Bullrich está en el Senado, nosotros estamos en Diputados. Nosotros acá hablamos con el presidente de la Cámara Martín Menem, no nos impone nada Patricia Bullrich”, dijo Cristian Ritondo este jueves en la previa a la sesión por la baja de la edad de imputabilidad.

No hizo falta hurgar demasiado para que el malestar del diputado saliera a la luz. Los dichos del jefe del bloque del PRO fueron en referencia a que adelantó que iban a insistir con el artículo que permitía utilizar las billeteras virtuales para pagar salarios. Pero también evidenciaban un fuerte malestar con Bullrich.

“Nosotros vamos a solicitar en la agenda de cambios que se vuelva a incluir, como lo planteamos inicialmente, que las billeteras virtuales y los bancos digitales puedan percibir los sueldos. Tu libertad de trabajo es tu libertad con tu plata. Vos con tu plata haces lo que querés, es tu sueldo, no es el sueldo del Estado ni de ninguna empresa que pueda decidir”, dijo el legislador.

Pero no se quedó con el reclamo, Ritondo fue más allá y criticó la estrategia de la presidenta del bloque de LLA en el Senado y dijo que “hubo un mal manejo para discutir los cambios al dictamen del proyecto” y aclaró que hay cambios con los que no está de acuerdo. El diputado ya había hecho saber su malestar con el manejo de Bullrich, que no adelantaba los cambios. “No sabemos sobre qué trabaja y entonces no podemos trabajar nosotros sobre eso”, se lo escuchó decir.

El encono entre Bullrich y Ritondo no es nuevo. En 2024 el diputado se mostraba en contra de la posibilidad de ir a un bloque o interbloque entre el PRO y LLA y la ex ministra, en ese momento miembro del PRO pero funcionaria del Poder Ejecutivo, le respondió que no iba a perder tiempo en las internas y que había que “apoyar el cambio sin especulaciones”.

Por esos días, el PRO bajaba una línea en donde señalaba que no eran co-gobierno con LLA y Ritondo se alineaba con la posición que planteaba Mauricio Macri: acompañaban pero “cada uno por su lado”. Tanto es así que el legislador la desafió en una entrevista televisiva: “Se vaya y que se afilie a La Libertad Avanza, si ella quiere, no hay ningún problema”. Meses más tarde Bullrich lo hizo.

Pero esa interna no terminó ahí. El traspaso de la ahora senadora del mundo amarillo al violeta significó también el vaciamiento del bloque del PRO en diputados, el mismo que preside Ritondo. Bullrich se llevó con ella una decena de diputados de las filas del PRO que pasaron a ocupar bancas en el bloque de LLA.

La presencia de Bullrich nunca pasa desapercibida. El video en donde se la muestra como artífice del triunfo en el Senado también generó muchas suspicacias y quizás el estado de situación lo definieron mejor dos miembros de la política local: un libertario, quien señaló que “la idea es que tenga vuelo, pero que no vuele muy alto”; y un hombre del PRO que, de un modo más jocoso -porque entiende que son otros quienes la “sufren”-, dijo que en el mundo libertario “están aprendiendo que si le das de comer al oso, en algún momento el oso te come”.

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La justicia habilitó el cierre definitivo del plan “Volver al Trabajo”, que beneficiaba a 900.000 personas

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La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Estado a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, con lo cual el ministerio de Capital Humano quedó habilitado para discontinuar el programa, que entregaba unja prestación de unos $78.000 a unas 900.000 personas.

El fallo de la cámara anula una decisión previa del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien había ordenado continuar con los pagos tras un amparo colectivo de organizaciones sociales, presentada ante la decisión original del Ejecutivo de dar de baja este plan social.

Tras la decisión, la UTEP denunció que la Cámara Federal de San Martín priorizó la burocracia por encima del carácter alimentario de los programas sociales, cuya prestación –$78.000 mensuales por beneficiario– estaba congelada desde diciembre de 2023, una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei.

La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social”, añadieron.

La organización apuntó con esos argumentos contra el fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, porque avaló el planteamiento de Capital Humano en el sentido de que el programa tenía un “vencimiento de 24 meses” y habilitó al Gobierno a reemplazarlo por “vouchers de capacitación” para cada trabajador.

La UTEP denunció que “eliminar por completo el Volver al Trabajo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, expresó que su organización va a acompañar el 22 de julio “a los jubilados que son un ejemplo de lucha” en su marcha al Congreso, y anticipó que “el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Además, recalcó que como parte del plan de lucha de la CGT y las dos CTA la UTEP va a impulsar una movilización, sin fecha aún, “al Ministerio de economía para visibilizar la realidad de las familias”.

Fuente: Agencia DIB.

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Guiño del procurador para prohibir el cobro de tasas municipales en boletas de luz y gas

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La pelea entre los intendentes y el Gobierno en torno al cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas tuvo un nuevo capítulo y quedó más cerca de una resolución final. Es que la Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno de prohibir que las comunas cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.

En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. Y en ese sentido recomendó a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.

Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor” y que no podrán contener “sumas o conceptos ajenos” a esa prestación.

La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. Pese a la decisión que impulsó Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. De hecho, la Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.

En este contexto, La Libertad Avanza salió a impulsar más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia. Esta medida, le valió una crítica del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.

La resolución del Procurador sobre las tasas

En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Según el dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo. El dictamen también descartó que exista una afectación de la autonomía municipal.

En el expediente iniciado por la Municipalidad de José C. Paz, el procurador agregó otro fundamento vinculado con el régimen eléctrico nacional. Señaló que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas “no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”.

Aunque los dictámenes no son vinculantes, suelen funcionar como una suerte de “recomendación” hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto por la Procuración, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional.

Fuente: Agencia DIB

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Prórroga de las concesiones: la discusión en el Concejo pasa por el plazo

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El presidente de la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, afirmó que los sorprendió el ingreso la semana pasada del expediente en el que el Ejecutivo solicita la prórroga de las concesiones del transporte público de pasajeros.

“Nos encontramos con un expediente que vino de un momento a otro con el pedido de prórroga de una concesión ya vencida, ya caída, porque tenía plazo hasta el 1° de julio”, planteó en primer término esta mañana en diálogo con Radio Altos.

Desde una mirada política, el edil de Alianza La Libertad Avanza tildó de nuevo fracaso la necesidad de la gestión de Federico Susbielles de pedir una prórroga de las actuales concesiones debido a que aún no concluyó con el diseño de los pliegos de la nueva licitación del servicio.

“De aquellas famosas 500 páginas en las que se ofrecía una gestión de gobierno (presentado por el entonces candidato a intendente Federico Susbielles durante la campaña electoral de 2023), uno de los pilares era un moderno cambio en el sistema de transporte público que incluía no solo modificaciones en los recorridos, sino un anillo en la periferia y el macrocentro, un transporte multimodal, con tren urbano y demás, y todo eso finaliza con un pedido de un nuevo año de prórroga”, cuestionó.

Expuso que dentro de un año tanto oficialismo como oposición estarán en campaña electoral y no será momento para discutir un tema “de tamaña importancia para la ciudad”.

Más allá de la mirada política, Compagnoni enfatizó que el sistema de transporte público de pasajeros debe ser tratado con seriedad y prudencia y por eso como presidente de la comisión de Tránsito y Transporte se comunicó con integrantes de todos los bloques para darle tratamiento al expediente.

Según señaló, todos los sectores se mostraron predispuestos a tratar la prórroga, aunque no hay unanimidad en cuanto a los plazos. “Hay inclusive declaraciones públicas del intendente diciendo que prácticamente tienen todo listo, si es así, pedir un año de prórroga es demasiado”, remarcó.

El edil libertario entendió que el debate se centrará en ese punto: cuánto tiempo se extenderá la prórroga de los actuales contratos.

El expediente podría estar en la próxima sesión, el jueves 23 de julio, aunque recalcó que “la última palabra la tiene el oficialismo, que es quien decide cuándo bajará el expediente al recinto”.

Fuente: Frente al cano.

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