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El comercio de Bahía Blanca pidió medidas urgentes para la recuperación económica tras las catástrofes

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Representantes de cámaras empresarias, comerciantes, industriales y emprendedores de Bahía Blanca presentaron un petitorio a legisladores nacionales, provinciales y municipales en el que reclamaron alivio fiscal, financiamiento y herramientas extraordinarias para sostener la actividad económica y el empleo luego del temporal de 2023 y la posterior inundación que afectó a la ciudad.

El encuentro tuvo lugar esta noche en el teatro Don Bosco, que se mostró colmado con más de 500 personas que instalaron un diálogo cara a cara con los legisladores Andrés De Leo, Alejandro Dichiara, Marcelo Feliú, Oscar Liberman y Nerina Neumann.

Durante el encuentro se reclamaron medidas urgentes para acompañar la recuperación económica de la ciudad tras las dos catástrofes que golpearon al distrito en poco más de un año.

Durante la apertura, los organizadores recordaron el devastador temporal de viento de diciembre de 2023 y la posterior inundación que afectó a miles de familias, comercios y empresas. Señalaron que detrás de cada negocio dañado y de cada empleo en riesgo existen historias de esfuerzo, inversión y sacrificio que requieren acompañamiento del Estado en todos sus niveles.

Bajo el lema “La camiseta de Bahía Blanca”, las entidades impulsoras apelaron a la unidad política para afrontar la etapa de reconstrucción. La comparación con la selección argentina sirvió para plantear que, más allá de las diferencias partidarias, debe prevalecer un objetivo común, como es la recuperación de la ciudad y la defensa de su entramado productivo.

En representación de las entidades organizadoras, Jorge Bonacorsi, presidente de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios (CCIyS), sostuvo que Bahía Blanca atraviesa una situación excepcional dentro de la provincia debido al impacto de las dos tragedias sufridas en tan corto tiempo. Además, remarcó la importancia de proteger a las pequeñas y medianas empresas como herramienta fundamental para preservar el empleo.

Por su parte, Facundo Borri, a cargo de la Cámara, destacó que la iniciativa no persigue objetivos partidarios ni beneficios sectoriales particulares, sino la búsqueda de soluciones para quienes diariamente sostienen la actividad económica local.

Se presentó formalmente un petitorio elaborado por las entidades empresarias de la ciudad, en el que, entre otro puntos, solicitó la declaración de la emergencia económica y comercial, medidas de alivio fiscal a nivel nacional, provincial y municipal, financiamiento productivo, simplificación tributaria, acciones para preservar el empleo y herramientas destinadas a fortalecer el entramado productivo local.

Entre los legisladores presentes, el primero en aludir al tema fue Andrés De Leo, quien consideró que Bahía Blanca merece medidas especiales debido a los daños sufridos y señaló que muchos comerciantes debieron recurrir a sus ahorros personales para afrontar la reconstrucción.

“Bahía Blanca atraviesa una situación excepcional que requiere respuestas diferenciadas por parte de los distintos niveles del Estado”, señaló.

El legislador remarcó que, además de la compleja coyuntura económica nacional, la ciudad debe afrontar las consecuencias de dos catástrofes ocurridas en un corto período de tiempo, lo que agravó la situación de comerciantes, emprendedores y pequeñas empresas.

Luego señaló que muchos empresarios y comerciantes debieron utilizar ahorros personales para reparar los daños ocasionados por la inundación y afrontar los costos derivados de la paralización de la actividad. Y consideró que la ciudad merece herramientas extraordinarias que permitan acelerar la recuperación económica y sostener las fuentes de trabajo.

El ex candidato a intendente destacó la importancia de construir una posición unificada desde Bahía Blanca y la región para fortalecer los reclamos ante la Legislatura bonaerense y otros ámbitos de decisión.

Dichiara: “Lo importante es lograr resultados concretos”

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, valoró la convocatoria y destacó la importancia del diálogo entre el sector productivo y la dirigencia política.

Señaló que encuentros de estas características permiten escuchar de manera directa las preocupaciones de comerciantes, empresarios y emprendedores afectados por la situación que atraviesa Bahía Blanca.

Dichiara reconoció la gravedad del escenario generado por las catástrofes que sufrió la ciudad y sostuvo que la política tiene la responsabilidad de actuar como puente entre las demandas de la comunidad y los distintos niveles de gobierno.

En ese sentido, afirmó que tanto la Provincia como el Municipio han acompañado a Bahía Blanca desde el primer momento y manifestó su disposición a continuar gestionando herramientas de asistencia.

No obstante, advirtió sobre las dificultades que existen para avanzar con leyes que otorguen beneficios exclusivos a un distrito determinado dentro de la Legislatura bonaerense.

“Cualquier iniciativa de ese tipo requiere amplios consensos y suele generar planteos similares por parte de otros municipios que también enfrentan problemáticas particulares. Propongo concentrar los esfuerzos en medidas concretas y viables que puedan gestionarse ante organismos provinciales y nacionales”, remarcó, y entre las medidas mencionó la posibilidad de trabajar con el Banco Provincia, áreas económicas del gobierno bonaerense y otros organismos para facilitar mecanismos de financiamiento y acompañamiento destinados a los sectores afectados.

El ex intendente de Monte Hermoso también remarcó la necesidad de construir acuerdos entre todos los representantes de la región para fortalecer los reclamos de Bahía Blanca.

“Lo importante es lograr resultados concretos”, planteó, al considerar que las respuestas deben traducirse en herramientas efectivas para comerciantes, empresas y trabajadores que aún enfrentan las consecuencias de la inundación y del complejo contexto económico.

Feliú: “Hay una retracción sostenida del consumo”

Por su parte, el senador provincial Marcelo Feliú afirmó que el principal objetivo de su participación en el encuentro fue escuchar las inquietudes del sector comercial y comprender de primera mano la situación que atraviesan comerciantes y empresarios de la ciudad.

Durante su exposición, sostuvo que la crisis que afecta al comercio local está estrechamente vinculada al contexto económico nacional, marcado por la caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo, el aumento de los costos de los servicios públicos y un escenario recesivo que impacta tanto en Bahía Blanca como en el resto de la provincia.

“Los indicadores económicos muestran una retracción sostenida del consumo, uno de los principales factores que condicionan la actividad comercial”, apuntó.

Feliú consideró que, más allá de ese contexto general, Bahía Blanca posee características particulares que justifican una atención especial por parte de los organismos provinciales y nacionales. Recordó que históricamente la ciudad ha sido reconocida por condiciones diferenciales en distintas políticas públicas y sostuvo que a esas particularidades se suma ahora el impacto de dos catástrofes consecutivas.

Finalmente, ratificó su compromiso de acompañar los reclamos de comerciantes y empresarios locales, al tiempo que insistió en la necesidad de construir respuestas concretas y viables que permitan contribuir al proceso de recuperación económica de la ciudad.

Liberman: “No puede atribuirse a una sola causa”

Durante su exposición, Oscar Liberman sostuvo que la situación local “no puede atribuirse a una sola causa” y remarcó que se trata de un problema “multidimensional” que requiere consensos entre Nación, Provincia y municipios.

En ese sentido, consideró clave la presencia de autoridades de todos los niveles para “alinear incentivos” y trabajar con una estrategia común.

El legislador también se refirió al rol institucional de quienes integran la Legislatura bonaerense, al señalar que su función es la presentación de proyectos de ley y de resolución, los cuales dependen de la obtención de mayorías para su aprobación.

“Si no se consiguen los votos, al menos se instala un tema y se marca agenda”, planteó.

En el plano económico, Liberman cuestionó la presión tributaria y mencionó dificultades vinculadas a deudas y sistemas de recaudación provincial. Además, criticó aumentos de tasas municipales posteriores a la emergencia y reclamó mayor coherencia entre los distintos niveles de gobierno al momento de discutir alivios fiscales.

Entre sus propuestas legislativas, mencionó la intención de impulsar la derogación del impuesto a los sellos aplicado a las compras con tarjetas de crédito, así como una reforma del esquema de ingresos brutos, al que propuso reemplazar por un sistema de IVA complementario. También planteó revisar la superposición de tributos entre provincia y municipios.

Liberman también aseguró que su rol es actuar como canal entre las demandas sociales y el sistema político, y se mostró dispuesto a analizar iniciativas de distintos sectores para contribuir a la recuperación de la ciudad.

Neumann: “Impulsar soluciones concretas”

La senadora provincial Nerina Neumann, representante de Coronel Suárez, destacó la importancia regional de Bahía Blanca y afirmó que la situación que atraviesa la ciudad impacta en toda la sexta sección electoral.

“Bahía Blanca es el motor de toda la región”, señaló, al tiempo que recordó que el comercio y la industria bahiense constituyen un punto de referencia para gran parte del sudoeste bonaerense.

La legisladora sostuvo que las consecuencias del temporal de diciembre de 2023 y de la inundación del 7 de marzo no resultan ajenas a los distritos vecinos y remarcó que varias de las demandas planteadas por comerciantes y empresarios ya habían sido advertidas desde los primeros días posteriores a la catástrofe.

Si bien reconoció las dificultades que implica avanzar con iniciativas legislativas específicas, consideró que la tragedia también debe transformarse en una oportunidad para fortalecer el trabajo conjunto entre todos los sectores políticos. En ese sentido, celebró la presencia de representantes de distintos espacios y niveles de gobierno y destacó la necesidad de construir consensos para impulsar soluciones concretas.

Neumann remarcó además que el rol de los legisladores no se limita a la sanción de leyes, sino que también implica escuchar a los vecinos, instalar temas en la agenda pública y promover acuerdos que permitan dar respuestas a las problemáticas de cada comunidad.

“Tenemos la responsabilidad de representarlos y buscar soluciones”, expresó.

El pedido de medidas urgentes

El tramo de preguntas de los asistentes estuvo marcado por el reclamo de respuestas concretas para los comerciantes afectados por la inundación.

Mariana del Campo, en representación de los comerciantes, describió la difícil situación que atraviesan numerosos negocios que, además de haber perdido mercadería e infraestructura, debieron recurrir a ahorros personales y endeudamiento para intentar sostener la actividad.

La comerciante señaló que muchos establecimientos enfrentan actualmente dificultades para cumplir con obligaciones fiscales y financieras asumidas antes y después de la catástrofe. En particular, planteó la preocupación por la caducidad de planes de pago ante organismos nacionales, las intimaciones recibidas en las últimas semanas y los embargos de cuentas bancarias que afectan la operatoria diaria de las empresas.

Del Campo reclamó a los legisladores que impulsen medidas extraordinarias similares a las que suelen aplicarse ante emergencias agropecuarias, incluyendo alivio tributario temporal y herramientas que permitan refinanciar deudas sin comprometer la continuidad de los comercios.

También pidió que las respuestas trasciendan las diferencias partidarias y se traduzcan en acciones concretas y verificables.

En respuesta, Andrés De Leo reconoció la gravedad de la situación planteada y sostuvo que uno de los principales desafíos será construir consensos políticos que permitan impulsar medidas específicas para Bahía. El legislador consideró prioritario trasladar los reclamos vinculados a la presión tributaria tanto a los organismos provinciales como nacionales y remarcó la necesidad de contemplar la situación excepcional que atraviesan comerciantes y pymes locales.

Asimismo, coincidió en la importancia de gestionar alternativas de alivio financiero y tributario, incluyendo planteos ante entidades bancarias y organismos de recaudación. En ese marco, señaló que las propuestas contenidas en el petitorio presentado por las cámaras empresarias constituyen una base de trabajo para avanzar en gestiones concretas ante los distintos niveles del Estado.

El bloque de preguntas siguió su curso y, en varias ocasiones, se reiteró el pedido de los comerciantes de contar con respuestas urgentes y operativas, especialmente en materia de crédito, alivio fiscal inmediato y freno a ejecuciones.

Tanto Liberman como Feliú coincidieron en que los planteos deben ser canalizados institucionalmente y transformados en gestiones concretas ante organismos provinciales y nacionales, mientras que los comerciantes insistieron en la necesidad de medidas de aplicación inmediata para evitar el cierre de negocios.

Fuente: Frente al cano.

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Una sesión en cuarto intermedio y leyes frenadas: la desafiante agenda del Senado hasta fin de año

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Una abultada bandeja de proyectos libertarios frenados, y un recinto trabado y con cuarto intermedio vigente -hasta el 6 de agosto- representan el resumen de la desafiante agenda que tendrá el Senado hasta fin de año. Problemas de fondos no habrá ya que los legisladores obtuvieron, justo antes del receso invernal, un nuevo aumento en sus dietas -más de 12 millones de pesos, en bruto- por estar atadas a la paritaria de empleados, tal como resolvieron todos los bloques, sin grieta, en 2024.

Como iniciativa más fresca quedó la de propiedad privada, ya muy manoseada entre los 15 borradores que aparecieron post dictamen. Fue el motivo principal del cuarto intermedio y es uno de los textos que desea -aunque ya se lo desplumaron al oficialismo- el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Hace pocas semanas fue a defender la ley de Sociedades que, por ahora, no muestra guiños concretos desde la oposición dialoguista.

En caso de resolver el embrollo de propiedad privada el 6 de agosto, durante el mismo mes podría ser sancionada la ley denominada “Hojarasca”, que elimina normativas vetustas. De hecho, la misma estaba pensada para dicha jornada, aunque con la posposición del primer proyecto y la dificultad que tiene para avanzar la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich. Todo quedó como una moneda en pleno vuelo. La porteña destinó más energía a otros objetivos personales y noticiables -con irregular éxito- y dejó a su espacio muy expuesto y sin defensa -incluido al propio Javier Milei- en varias ocasiones.

Con otros articulados se comenzó en comisiones con una fuerte promoción y, a los pocos días, quedaron olvidados. Un claro ejemplo fue la remodelación de la ley de salud mental, aunque desde usinas oficialistas deslizaron a Infobae que, tras las vacaciones, empujarían novedades. También lo hicieron con otros temas que aún aguardan respuesta.

El objetivo es mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones hoy sin suficiente amparo. En mayo último disertó la directora de abordaje integral de salud mental, Liliana González, quien aseveró: “Después de 15 años de sancionada la ley, podemos concluir que, de esta forma, no funciona adecuadamente”.

Por otra parte, iniciativas como ludopatía -todos en guionado silencio- y etiquetado frontal -dinamitar todos los octógonos- ni siquiera son mencionadas. Y días atrás fue girado a tres comisiones -mayor dificultad para hallar aliados y firmar dictamen- el súper RIGI, que ya fue aprobado por la Cámara baja y espera su sanción definitiva.

Mientras que la Casa Rosada ahora pretende que Diputados apure las nuevas modificaciones sobre la inocencia fiscal -increíble que una ley sancionada deba ser cambiada a los pocos meses, lo cual denota el nivel de irresponsabilidad con el que se debaten cuestiones sensibles-, en el Senado se asoman ansiedades por la reforma política. Por fuera del inflado show informativo que se despliega desde Balcarce 50, no hay allí un solo indicio de movimiento y un interés único para suspender -ya no eliminar- las PASO. Y nadie cree que exista alguno no antes de octubre o noviembre.

Para esa época, el Gobierno sueña que la Cámara alta achique las zonas frías -facturas de luz y gas más caras en varios distritos- y ahorrar una millonada para enviar, con holgura de cuentas, el Presupuesto 2027 a Diputados. Esto deberá ocurrir a mitad de septiembre. Un abrir y cerrar los ojos para el ritmo que suele tener el Congreso.

Mientras tanto, el Ejecutivo continúa con la promoción de potenciales articulados para reformar la Carta Orgánica del Banco Central y una eventual normativa relacionada con el shutdown, como en los Estados Unidos, que implica la paralización de áreas de la administración central en caso de que no hubiese acuerdo por la ley de gastos.

De lo que no queda dudas es, más allá de lo voluminosa de la agenda, es que la misma no tendrá luz verde si La Libertad Avanza no ajusta varias de sus tuercas. Entre errores propios -que sin dudar se podrían haber evitado y el lastre -no sirve como excusa- generado por el indefendible exjefe de Gabinete Manuel Adorniel mileísmo perdió un tiempo más que valioso.

Post receso, los aliados pretenderán aprobar textos propios. La buena predisposición se mantendrá, pero menor margen de acción para el Gobierno, que tendrá que decidir si cede o si, como en 2024 y 2025, busca el choque con toda la oposición. Los articulados ya no interesarán mucho y todo se pesará en la balanza electoral.

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Oficializaron la salida de la coordinadora de Políticas Sociales de Capital Humano

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De acuerdo con el Decreto 617/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno aceptó la renuncia de María Gabriela Real al cargo de presidente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano.

El licenciado David Guido de Graaff también presentó su renuncia al cargo de subsecretario de Políticas Sociales del mismo organismo. Se trata solo de un acto formal, para poder asumir el puesto que dejó vacante Real.

Los cambios en la cúpula del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales responden a las decisiones tomadas por la ex titular. Según trascendió, la ahora ex funcionaria dejó el cargo para regresar a desempeñarse en el sector privado.

De hecho, Real era considerada una de las colaboradoras técnicas de mayor confianza de Pettovello dentro de Capital Humano.

Durante su gestión, impulsó una agenda orientada a fortalecer la coordinación entre organismos públicos, gobiernos provinciales, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, además de promover la incorporación de herramientas de análisis de datos e inteligencia artificial aplicadas al diseño y seguimiento de políticas sociales.

Su reemplazante, David Guido de Graaf también llega con experiencia tanto en la administración pública como en el sector privado.

Su nombramiento representa una continuidad del equipo técnico que venía trabajando bajo la conducción de Real y evita una reorganización más amplia dentro de un organismo considerado estratégico para el diseño y la evaluación de las políticas sociales impulsadas por el Gobierno.

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales ocupa un lugar particular dentro de la estructura de Capital Humano. A diferencia de otras dependencias que administran prestaciones o ejecutan programas, su función consiste en coordinar información, producir diagnósticos, evaluar resultados y generar evidencia para orientar las decisiones de política pública. Esa tarea es clave en un contexto de transformación de los programas sociales y de revisión de los mecanismos de asistencia implementados por la administración nacional.

Cambios en el Directorio de la Comisión Nacional de Actividades Especiales

El abogado Leandro Horacio Massaccesi presentó su renuncia como miembro del Directorio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), en representación del Ministerio de Capital Humano.

La dimisión fue aceptada formalmente, a través del Decreto 616/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial, dando lugar a un nuevo nombramiento en el organismo dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

A partir de esta vacante, el Gobierno dispuso la designación del abogado Mauro Esteban Brandi como nuevo miembro del Directorio de la CONAE, también en representación del Ministerio de Capital Humano. Brandi ejercerá la función ad honorem durante un período de cuatro años.

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) fue creada por el Decreto N° 995/91 y se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Su Directorio está compuesto por nueve integrantes, incluyendo un presidente, un vicepresidente y seis directores representantes de diversas áreas de la Administración Pública Nacional, designados por el Poder Ejecutivo Nacional, más un director ejecutivo-técnico designado por sus pares.

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Marchas y piquetes: los movimientos sociales cortarán accesos en rechazo a la baja del programa Volver al Trabajo

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“Este 22 realizaremos cortes en rutas, puentes y accesos de todo el país rechazando la política criminal de este Gobierno nacional que le quita el salario del Programa Volver al Trabajo a los trabajadores más humildes. Más 930.000 personas se quedan sin su salario y eso es muy grave. Esa plata que le sacan a los humildes es plata que va a dejar de girar en los circuitos comerciales de cercanía. Por ende, no solo es un golpe al bolsillo de los trabajadores, sino que es un golpe terrible para las economías locales como verdulerías, kioscos de barrio, almacenes”. La que anuncia el plan de lucha que comenzará este miércoles es Johana Duarte, secretaria gremial de Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la agrupación gremial que concentra a casi dos millones de personas que forman parte de la mano de obra informal que se dedican a changas, trabajos domésticos, acompañamiento de personas mayores, agricultores, cartoneros, entre otras actividades.

Los puntos elegidos para las protestas y los horarios se decidirán la noche anterior y no serán anunciados para evitar que la Policía se anticipe y despliegue un cerco perimetral o les impida llegar a los lugares que en otras oportunidades fueron, por ejemplo, los puentes SaavedraPueyrredónGeneral Paz y Juan Manuel de RosasPanamericana y Ruta 197, la Autopista Buenos Aires-La Plata, entre otros puntos de ingresos a la Ciudad de Buenos Aires.

La medida forma parte de un extenso cronograma que desembocará en una “Marcha Federal” que finalizará frente a la Casa Rosada y un paro general, instancia que la CGT aún no anunció oficialmente.

Estas acciones estarán precedidas -junto a sectores sindicales- con la peregrinación del 7 de agosto, en celebración del día del patrono del trabajo que partirá desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, y llegará hasta Plaza de Mayo, tal como sucede desde la primera marcha histórica de “Los Cayetanos”, que tuvo lugar ese mismo día, pero de 2016.

La movilización fue catalogada como “histórica”. Fue en reclamo durante el gobierno de Mauricio Macri. En esa oportunidad, casi medio millón de personas marcharon de 16 kilómetros en reclamo de “paz, pan tierra techo y trabajo”. Una consigna que tres años después, y a fuerza de protestas, se materializó en la Ley de “Emergencia Alimentaria”.

Los dirigentes de los movimientos sociales nucleados en la UTEP, que tiene como secretario general Alejandro Gramajo, aspiran a que mañana las concentraciones en los puntos de bloqueo sean numerosas. El objetivo es doble: evitar la acción directa de las fuerzas de seguridad que intentarán desalojarlos y, en segundo lugar y quizás hasta más importante, demostrarle al gobierno de Javier Milei que aún conservan poder de convocatoria y ascendencia entre los sectores que representan.

Uno de los logros que La Libertad Avanza se ufana de haber conseguido es el de haber inactivado las marchas y piquetes semanales sobre la Avenida 9 de Julio, en el centro porteño, el Obelisco y zonas aledañas.

El protocolo antipiquetes implementado desde el Ministerio de Seguridad, en época de Patricia Bullrich, y que Alejandra Monteoliva hace cumplir a rajatablas tuvo mucho que ver con el desaliento de los cortes de calles. Hasta los jubilados son obligados a abandonar la calzada cada miércoles de protesta frente al Congreso de la Nación.

La decisión del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, de suprimir programas como el Potenciar Trabajo -sobre el cual tenían injerencia los dirigentes sociales- y transformarlos en otros, como el Volver a Trabajar, que acaba de eliminar; y quitarle el manejo de la ayuda alimentaria estatal que realizaban los movimientos populares como el EvitaBarrios de Pie, el Polo Obrero y entre otros, el Frente Popular Darío Santillán, tuvieron impacto sobre la concurrencia a las marchas y convocatorias.

Desde los espacios que integran la UTEP, devalúan esa visión con otras observaciones: “La gente ya no aguanta la represión policial y muchos no tienen ni para el pasaje”.

Los funcionarios de la ministra anticiparon que si los piqueteros cortan accesos de injerencia federal “van a ser desalojados”. Y recuerdan: “Como siempre se va a cumplir con el protocolo antipiquetes”.

En diálogo con este medio, Duarte insistió en que dejar casi a un millón de personas sin la percepción de los $78.000 mensual del programa Volver a Trabajar “es un llamado de atención urgente también a gobernadores e intendentes que si no denuncian este ajuste la crisis les va a explotar a ellos también en cada territorio donde no van a poder hacer frente al impacto que se genera al quitar este circulante de dinero en las economías regionales”. Por esa razón, opinó: “Si no hay salario para los más humildes no van a haber paz social para ningún gobierno”.

El Gobierno ya anunció su decisión de no dar marcha atrás con la medida, que fue avalada por la Cámara Federal de San Martín, que hace dos semanas, revocó la medida cautelar dictada en primera instancia y que obligaba al Ministerio de Capital Humano, a mantener el programa “Volver al Trabajo”, lo que habilitó el cierre definitivo de este esquema de asistencia social en agosto. El fallo le permite al Gobierno nacional materializar lo que ya anunció Sandra Pettovello: reemplazar ese sistema de asistencia por un sistema de vouchers de capacitación laboral.

Silvia Saravia, dirigente de Libres del Sur, también opinó sobre la determinación de la Casa Rosada: “El Gobierno sigue avanzando alevosamente, pisoteando la vida de jubilados, personas con discapacidad, estudiantes, trabajadores”. Además, consideró: “El modelo político de La Libertad Avanza muestra su cara más cruda. Mientras los funcionarios se enriquecen, Milei celebra un equilibrio fiscal ficticio y una inflación apaciguada por el derrumbe del consumo de las mayorías y las importaciones indiscriminadas”.

Las protestas del miércoles 22 están precedidas por la “Jornada Patria por la Cultura del Encuentro: ‘De Francisco a León XIV en tiempos de polarización’”, que se realizó el sábado en las instalaciones del Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione, ubicado en la localidad de Claypole, en el municipio de Almirante Brown.

De la jornada de reflexión y diálogo sobre “los desafíos y oportunidades que plantean las tecnologías emergentes y la inteligencia artificial, poniendo en el centro la dignidad humana, la inclusión y la búsqueda del bien común”, participaron las Pastorales Sociales de los 12 obispados de la zona Metropolitana de Buenos AiresMariano Cascallares , vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos AiresMonseñor Jorge Lugones, Obispo de la Diócesis de Lomas de Zamora y Monseñor Carlos José Tissera, obispo de la Diócesis de Quilmes y el Gobernador de la Provincia de Buenos AiresAxel Kicillof. Entre otros, también estuvieron presentes, la vicegobernadora Verónica Magario y el jefe de Gabinete Carlos Bianco.

Al finalizar la jornada, la Region Buenos Aires de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Conferencia Episcopal Argentina dio a conocer un “mensaje final” de dos carilla en la que sostiene: “Nuestra región metropolitana y nuestra Patria se encuentra afectada por un profundo proceso de polarización que no nos permite construir una identidad común, donde se priorizan intereses sectoriales: esto ha generado una sociedad fragmentada y dividida, existiendo una marcada disociación entre lo que discute la ‘clase dirigente’ y las necesidades de nuestro pueblo, agobiado por una situación cada vez más alarmante de falta de trabajo (o trabajo precario), pobreza y exclusión”.

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