El Gobierno advirtió que no homologará los aumentos salariales que superen la inflación y los sindicatos reaccionan de manera dispar: algunos renegocian las cifras para adaptarlas a la pauta establecida por el Ministerio de Economía y otros resistirán la decisión oficial tratando de que las empresas paguen igual las mejoras pactadas aun sin convalidación oficial.

Como anticipó Infobae, la Casa Rosada busca mantener los nuevos aumentos salariales por debajo de la inflación, es decir, con cifras menores al 2%, mientras el nivel de los últimos Indices de Precios al Consumidor mostró una tendencia a la suba, por lo que la pauta oficial para las paritarias 2026 presagia un horizonte de crecimiento de la conflictividad sindical.

El primer test en este rubro fue la paritaria cerrada este viernes por el Sindicato de Camioneros. Antes de firmarse, Hugo Moyano había pateado el tablero al exigir un aumento del 8% para recuperar lo perdido ante la inflación y la negativa a aceptar mejoras con vigencia superior a la trimestral para evitar nuevos desfases.

Pero finalmente firmó con las cámaras empresariales un acuerdo que sintoniza con la política que fijó el Ministerio de Economía, ya que tendrá una vigencia semestral y las cifras pactadas están por debajo de la inflación.

El convenio incluye un aumento del 10,1% en el semestre marzo-agosto, que se pagará así: incrementos del 2%, 1,8%, 1,7%,1,6%, 1,5% y 1,5% para cada uno de los meses entre marzo y agosto, más una suma no remunerativa de 53.000 pesos en marzo.

Además, se fijó un premio mensual por presentismo y puntualidad de $60 mil sólo para las ramas Clearing y Carga Postal y Operaciones Logísticas, a abonarse a partir de abril, absorbiendo lo que paguen las empresas, y una mejora de la contribución empresarial para la obra social del Sindicato de Camioneros, que pasó de $22 mil a $25 mil mensuales por trabajador.

De esta forma, la paritaria de Camioneros se convirtió en el modelo ideal de aumentos salariales que el Gobierno intentará replicar en otras actividades que en en estos días están negociando los incrementos para 2026.

La pauta oficial ya dejó al borde de la no homologación por parte de la Secretaría de Trabajo a la paritaria de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), que lidera Carlos Bonjour: consiste en un aumento del 9,5% para el trimestre febrero-abril, a pagarse en tres cuotas de 3%, 3% y 3,5%. Es decir, cifras por encima de la inflación actual y la prevista.

En la última paritaria de los estatales, el Gobierno accedió a otorgar unos puntos por encima de la inflación, aunque los funcionarios aclararon que se trata de una excepción porque el sector estaba rezagado frente a la inflación: consiste en un 9,9% para el período enero-mayo 2026, que se pagará de esta forma: 2,5% en enero, 2,2% en febrero, 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo, más un bono no remunerativo de $40 mil en mayo.

Como viene sucediendo ante cada aumento, la mejora fue aceptada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que lidera Andrés Rodríguez, que señaló que el total acumulativo de la paritaria entre junio 2025 y mayo 2026 alcanza el 20,97%, sumado a un acumulado de bonos por un valor de $225.000 en ese período. El incremento fue rechazado nuevamente por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), dirigida por Rodolfo Aguiar, de postura ultraopositora contra el Gobierno.

Otro aumento que sería objetado por Economía es el que pactó la semana pasada el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), que fue del 9,67% desde abril sobre los sueldos de diciembre de 2025, más una suma fija no remunerativa de $100 mil para la categoría inicial, por única vez, que ascenderá a $150 mil en las categorías más altas.

El pago, según se informó, se efectivizará antes del 24 de marzo y se incorporó una cláusula de revisión para monitorear la evolución del poder adquisitivo.

Como rige por cuatro meses, el aumento mensual será de 2,4%, pero ya se prendieron las luces de alerta en el sindicato ante la posibilidad cierta de que Trabajo cuestione el porcentaje mensual más el impacto que producirá en los sueldos la suma fija tan elevada.

El líder del STIA, Sergio Escalante, dijo: “La situación está muy dura y no hay plata que alcance con precios que suben sin parar, pero en un contexto de industricidio, cierre de fábricas, reforma laboral esclavista y ajuste, este acuerdo nos muestra que con decisión, coraje y organización los trabajadores podemos triunfar”.

La Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), que conduce Héctor Daer, acaba de firmar la paritaria para el sector asistencial y lo hizo dentro de los parámetros aceptados por Economía: consiste en un incremento del 5,1% en los básicos para el trimestre febrero-abril, a pagarse en tres tramos de 1,8%, 1,7% y 1,6%, además de una asignación no remunerativa de $80 mil en febrero, $85 mil en marzo y $90 mil en abril.

Otro caso conflictivo es el de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), que lidera Luis Barrionuevo: firmó un aumento consistente en una suma fija no remunerativa de $78 mil por mes para la rama de comedores de establecimientos fabriles, empresas y hospitales, pero fue objetado por la Secretaría de Trabajo porque su efecto en los sueldos superaría el tope impuesto por Economía.

Ahora, el gremio está renegociando el acuerdo para limitarlo al trimestre marzo-mayo y se prepara para comenzar este viernes las tratativas para las ramas más numerosas de restaurantes, confiterías y hoteles, aunque adaptándose a las cifras aceptadas por el Gobierno.

Dentro del sector público, otro sindicato que pudo firmar una paritaria que compensa la inflación es la Unión Ferroviaria, que conduce Sergio Sasia, que a fines de febrero acordó con las empresas ferroviarias del Estado un aumento sobre todas las grillas salariales del 8,25% a partir de marzo, aplicable a todos los conceptos, incluidos viáticos, bonificaciones y antigüedad.

Asimismo, se estableció una recomposición remunerativa por única vez del 13,2% sobre todos los conceptos y el pago de un bono extraordinario de $50 mil, todo a percibir en el mes de marzo, más un bono por el Día de los Trabajadores Ferroviarios de $217.962, que se abonará en dos tramos: el 50% con los haberes de abril y el 50% restante con los salarios de mayo.

Este acuerdo salarial, que también firmaron los otros gremios ferroviarios, incluso La Fraternidad, parece superar la pauta con ese 8,25%, más el 13,2% por única vez y el bono de $50 mil, pero en el Gobierno aclaran que rige por cuatro meses, entre diciembre y marzo de 2026, por lo que la mejora mensual apenas supera el 2%.

Ahora, la expectativa está puesta en el inminente inicio de las negociaciones salariales de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), encabezada por Armando Cavalieri. Además de que se trata del sindicato más importante, con 1.200.000 afiliados, sus salarios se convirtieron en un punto de referencia para otras actividades.

El desafío para el gremio será cómo compensar la inflación sin superar los límites que fijó el Gobierno, ya que la homologación es clave en este sector que tiene una gran cantidad de pymes que, sin ese trámite, no tendrán obligación legal de pagar la mejora acordada.

El sindicato de Cavalieri viene de pactar en diciembre pasado una revisión salarial a través de una suma fija no remunerativa de $60 mil, a pagarse entre diciembre y marzo, que se incorporará al básico en abril, y la extensión hasta este mes de una suma fija no remunerativa de $40.000 que había sido acordada por empresarios y gremialistas el 26 de junio de 2025.

Aún resuenan en Comercio la traumática situación que se registró a mediados de 2025, cuando el sindicato firmó un aumento del 5,4%, distribuido en tres tramos (1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio), que se ubicó por encima de la pauta salarial que era del 1%, y por eso el Gobierno se negó a homologar el acuerdo.

La paritaria mercantil recién se pudo homologar en agosto pasado luego de que Cavalieri y las cámaras empresariales rubricaron un acuerdo para el segundo semestre de 2025 con una asignación remunerativa del 6% en forma escalonada: se aplicó un incremento del 1% mensual, entre julio y diciembre inclusive, más sumas no remunerativas mensuales de $40 mil.

En el entorno de Cavalieri aseguraron a Infobae que esta semana, cuando arranquen las tratativas salariales de 2026, tendrán en cuenta la experiencia del año pasado y buscarán una fórmula que combine la recuperación del salario con la aceptación de los topes del Gobierno.

Luego de que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, postulara al fiscal federal Matías Gabriel Álvarez para que asumiera la Presidencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Gobierno convocó a una audiencia pública para debatir su candidatura.

Por medio de la publicación de la Resolución N° 129/2026 en el Boletín Oficial, Mahiques dispuso la convocatoria bajo los requisitos planteados en el inciso e) del artículo 9° de la Ley N° 25.246, que establece las normas de funcionamiento del organismo.

“Resulta pertinente que la Unidad Gabinete de Asesores dependiente de este Ministerio, efectúe la convocatoria a la Audiencia Pública”, destacaron las autoridades, tras determinar que esta área estará a cargo de brindar las condiciones para que se pueda llevar a cabo el debate. No obstante, se confirmó que la sesión estará a cargo del titular de Justicia.

De esta manera, informaron que la cita está prevista para el próximo 22 de abril a las 10:00 horas en el Ministerio de Justicia, cuya sede está ubicada en la calle Sarmiento 329, piso 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Para las personas que estén interesadas en participar de la audiencia, establecieron que la inscripción comenzará el 1° de abril, siendo el último día hábil el 20 de abril. Además, indicaron que la presentación de la documentación requerida deberá entregarse en la sede ministerial de lunes a viernes, entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Por último, informaron que las autoridades tendrán hasta 7 días posteriores a la reunión para publicar el informe final. Asimismo, señalaron que este deberá ser publicado tanto en el Boletín Oficial, como en dos diarios de circulación nacional y en la página del Ministerio de Justicia (www.jus.gob.ar).

Quién es Matías Álvarez, el candidato a asumir la presidencia de la UIF

En medio de la profunda reorganización institucional impulsada por el ministro de Justicia, el fiscal federal Matías Gabriel Álvarez fue el candidato propuesto para dirigir la Unidad de Información Financiera, el organismo nacional responsable de combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Así, buscarían reforzar la lucha contra los circuitos financieros asociados al narcotráfico.

De acuerdo con la información obtenida por Infobae, Álvarez forjó su carrera en la investigación de delitos complejos vinculados al crimen organizado. Actualmente, ejercía como fiscal federal coadyuvante en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), una unidad especializada en el tráfico de drogas y las maniobras de lavado asociadas.

La selección de este fiscal implicaría un cambio significativo respecto a la orientación previa bajo la gestión de Ernesto Gaspari, el titular que había asumido el rol tras la renuncia de Paul Starc a mediados de enero de este año. Así, el foco en el análisis de los flujos económicos del delito constituye una apuesta por optimizar la prevención y detección de operaciones que afecten al sistema financiero.

El candidato inició su carrera en 2015 como secretario de Fiscalía y, tras pasar por distintos cargos en el Ministerio Público Fiscal, se integró a la PROCUNAR. Entre 2019 y 2023, desempeñó funciones como auxiliar fiscal, lo que lo llevó a profundizar en la investigación de redes criminales y en el seguimiento de los métodos empleados para disimular el origen ilícito de ganancias obtenidas por estas organizaciones.

Con anterioridad a su desempeño en el Ministerio Público, Álvarez integró el equipo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12 de la Ciudad de Buenos Aires, acumulando experiencia en el análisis judicial de redes delictivas. Esta trayectoria lo distingue de otras postulaciones por su contacto directo con investigaciones sobre el terreno y por el enfoque en los factores económicos que sostienen al crimen organizado.

Además, es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde recibió el Diploma de Honor con especialización en Derecho Penal y actualmente cursa una especialización en Criminología en la Universidad Nacional de Quilmes.

Fernando Bearzi presentó hoy su renuncia a la dirección de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) ante la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, según pudo confirmar Infobae de fuentes oficiales. La titular de la cartera designó en su lugar a Guillermo Arancibia.

Arancibia se desempeñó como subdirector Ejecutivo de Prestaciones de Anses, y según supo este medio, en el último tiempo se dedicó a asesorar a la funcionaria en el Centro de Formación de Capital Humano. Anteriormente, se había desempeñado en la Dirección General Unidad de Gabinete de Asesores.

El saliente Bearzi, de extensa carrera en el mundo de las finanzas, mantiene un estrecho vínculo con el ministro de Economía, Luis Caputo, asumió al frente de ANSeS en febrero de 2025 tras la salida de Mariano de los Heros, eyectado de la administración libertaria luego de que adelantara los planes del presidente Javier Milei de avanzar con una reforma previsional, algo no figuraba en el cronograma trazado por la Casa Rosada en el corto plazo.

El hasta entonces funcionario contaba con antecedentes en la función pública, en cargos de perfil financiero. Hasta 2015 fue titular de su propia firma Bearzi y Asociados, también director por Anses en Edenor en 2016. Por su parte, se desempeñó como ejecutivo de Nación Bursátil entre 2017 y 2020; director académico Posgrado de Finanzas de la UCA entre 2020 y 2023, presidente BICE durante un breve lapso en el inicio del mandato libertario y subdirector ejecutivo de operaciones del FGS desde marzo.

“Las nuevas autoridades se enfocarán en la digitalización de los procesos, con el objetivo de optimizar la gestión, agilizar trámites y modernizar el organismo”, argumentaron desde el Ministerio de Capital Humano en el escueto comunicado que circuló por redes sociales.

Pasado los primeros dos años de Gobierno, Arancibia se erige como el cuarto titular del organismo luego de la dimisión de Fernando Bearzi y de la abrupta salida de Mariano de los Heros, en febrero de 2025, y del cordobés Osvaldo Giordano, en el mismo mes pero del 2024. Sin embargo, desde la administración aclaran que a diferencia de los dos primeros cambios, este último se dio de común acuerdo.

El organismo descentralizado que tiene a su cargo la administración de las prestaciones y los servicios de la Seguridad Social atraviesa un proceso de reducción de personal que inició con la apertura de un plan de retiros voluntarios dirigido a sus trabajadores permanentes con al menos dos años de antigüedad.

Asimismo, da lugar a una instancia de “modernización” que incluye la determinación de la cartera de eliminar, desde abril, cerca de 900 mil planes sociales de $78 mil mensuales. La prestación será reemplazada por un sistema de vouchers de capacitación laboral con la intención de desarticular el plan Potenciar Trabajo.

Como contó este medio, la decisión de reformular el antiguo programa, lanzado bajo la administración de Alberto Fernández, está tomada y se presentará bajo el nombre Volver al Trabajo. La intención es que sea sustituido por un esquema orientado a la formación y la inserción laboral. Actualmente, los beneficiarios comenzaron a ser notificados a través de la aplicación Mi Argentina y por correo electrónico.

La nueva salida se enmarca en una dinámica interna de movimientos en la estructura del Gobierno que, por estas horas, suma una nueva baja. Según revelaron fuentes oficiales a Infobae, el nombre del sucesor fue determinado por Sandra Pettovello, una de las integrantes del Gabinete más elogiadas por el mandatario.

Tras el cierre del período de sesiones extraordinarias, el oficialismo dio lugar a un cambio clave en el Ministerio de Justicia que comandaban Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio, alfíl judicial que responde al asesor presidencial, Santiago Caputo. Por orden directa de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el tandem judicial fue reemplazado por Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola.