Apenas unos días después del triunfo en el Congreso con la aprobación del Presupuesto y de la ley de Inocencia fiscal, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunciará este martes las últimas medidas que tomará el Gobierno en el 2025, entre las cuales hay cuestiones administrativas, posibles nombramientos y cambios en la estructura del Estado.

El propio funcionario será quien por la mañana firme un conjunto de Decretos junto al presidente Javier Milei para hacer efectivas todas las decisiones, las cuales se publicarán luego en el Boletín Oficial.

Unas horas más tarde, volverá a su rol de vocero, que continúa ejerciendo implícitamente a pesar de haber sido designado ministro coordinador, para comunicar las novedades en una conferencia de prensa que dará en la Casa Rosada.

Tal como anticipó Infobae, una de las medidas que se implementarán serán las modificaciones sobre la Agencia Nacional de Migraciones, que además tendría a un nuevo titular, el ex intendente de Tres de Febrero y actual legislador bonaerense, Diego Valenzuela.

El dirigente responde políticamente a la senadora Patricia Bullrich, que sigue teniendo injerencia sobre las áreas del Ministerio de Seguridad que lideró hasta principios de este mes, cuando asumió su banca en la Cámara Alta.

Según supo este medio, Valenzuela es el elegido para encabezar el organismo encargado de controlar el ingreso de extranjeros a la Argentina, en el marco de un plan para endurecer los protocolos en las fronteras.

De hecho, desde hace semanas se viene diseñando la nueva estructura, atribuciones y objetivos que tendrá esta entidad, que no solamente renovará a su cúpula, sino también todo su accionar.

Puntualmente, este martes se informaría la misión, facultades, organigrama y proceso de coordinación con las fuerzas de seguridad que comenzará a tener la agencia para fortalecer la lucha contra los delitos trasnacionales, como el narcotráfico y la trata de personas.

Hasta ahora, Migraciones funcionaba como una Dirección Nacional bajo el Ministerio del Interior, con competencias administrativas centradas en el otorgamiento de residencias, trámites de ciudadanía y control del tránsito de visitantes de otros países.

Las autoridades quieren modernizar el organismo, no solo trasladando la dependencia a la cartera de Seguridad, sino también dándole mayor autonomía, poder jurisdiccional y competencias ampliadas, para que empiece a tener más tareas.

Por otra parte, Adorni también anunciaría una fuerte reestructuración del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), que actualmente atraviesa graves dificultades para funcionar debido a una deuda millonaria que arrastra desde hace años.

En este caso, la iniciativa fue impulsada por el flamante ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, que decidió que la solución de este conflicto, que venía generando malestar en el sector militar, fuera uno de los primeros objetivos de su gestión.

Con más de 600 mil afiliados, IOSFA es la tercera obra social más grande del Estado, pero tiene un pasivo estimado en unos 200.000 millones de pesos que provocó demoras y cancelaciones en los tratamientos más caros.

Como adelantó este medio, una de las medidas que se tomarán será la de dividir al organismo en dos para que uno se haga cargo, en principio, de la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el otro, de las Fuerzas Armadas.

Resta saber qué va a suceder con los afiliados correspondientes a la Gendarmería y a la Prefectura, que podrían quedar dentro de cualquiera de esas dos nuevas obras sociales que se crearán.

El propio Presti fue quien le llevó la propuesta final el viernes pasado a Adorni, luego de algunas reuniones que tuvo con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien se comprometió a brindar una ayuda financiera para que IOSFA pueda hacer frente a la deuda.

Por otra parte, otro de los Decretos que el jefe de Gabinete firmará junto a Milei es el que autorizará un aumento de sueldos para los funcionarios con cargos jerárquicos.

De esta manera, desde ministros hasta subsecretarios verán reflejados por primera vez un incremento en sus sueldos en lo que va de la gestión, luego de precisar que la pérdida del poder adquisitivo registrada fue del 60%, sobre la base de la inflación acumulada desde diciembre de 2023.

Una persona al tanto de la iniciativa reveló que la suba ubicará a los ingresos “un 30% por debajo de la inflación” para evitar la salida de cuadros técnicos del Gabinete, que se pasan al sector privado. La idea es que la recomposición vaya acorde a las actualizaciones que recibieron los empleados estatales a raíz de las paritarias vigentes.

El Gobierno tiene decidido apelar en los próximos días el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 que le ordenó dejar de aplicar el protocolo antipiquetes en las manifestaciones, al considerar que la herramienta es legítima y garantiza el derecho constitucional a la protesta.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes oficiales a Infobae, los operativos contra los disturbios “garantizan la paz social” y es falso que “le falte legitimidad”; como sostuvo en su sentencia el juez federal Martín Cormick.

Las autoridades recurrirán a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para defender la medida que se viene aplicando casi desde el comienzo de la gestión libertaria.

“El 70% de los argentinos está a favor del protocolo. Esto es político. Se va a apelar. No vamos a dar un paso atrás. Vamos a ir contra esta medida que va en contra de los argentinos. Sin protocolo vuelve el desorden. Sin protocolo, no hay orden”, señalaron fuentes de la Casa Rosada.

En las últimas horas, Cormick hizo lugar a una acción de amparo y determinó que el procedimiento antipiquetes tiene vicios en su conformación legal, ya que -a su entender- en su creación el Poder Ejecutivo se atribuyó facultades que la Constitución reserva de manera exclusiva para el Legislativo.

Si bien en marzo pasado el magistrado había rechazado suspender estos operativos y asistió personalmente a una marcha de jubilados para supervisar su implementación, en esta ocasión falló a favor de un recurso que presentó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Para el juez, en la resolución 943/2023, con la que se puso en marcha el mencionado protocolo, el Ministerio de Seguridad intentó legislar sobre materia penal y procesal, algo que le corresponde al Congreso.

Por su parte, en el Gobierno negaron esto y señalaron que “la Justicia ya ha validado” los operativos policiales “en reiteradas ocasiones” cuando se planteó la inconstitucionalidad de los mismos.

Al respecto, aseguraron que, “lejos de limitarlos, el protocolo garantiza el ejercicio de derechos constitucionales”, como a la protesta, y solamente “ordena de la metodología” con la que se hace.

Por su parte, el Ministerio encabezado por Alejandra Monteoliva emitió un comunicado para los medios en el que confirmó que se apelará el fallo y advierte que, si se deja sin efecto esta herramienta, “vuelve el caos”.

En el texto, la cartera remarca que el procedimiento en cuestión “es legítimo”, tiene “fundamentos técnicos, jurídicos y operativos” y, desde su implementación, “permitió garantizar la libre circulación y que las calles vuelvan a pertenecer a quienes eligen trabajar, circular y vivir en libertad”.

La propia Monteoliva se refirió al tema a través de un mensaje que compartió en su cuenta de X en el que consideró que “este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”.

“Vamos a defenderlo a toda costa, porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”, señaló la funcionaria en el posteo que luego replicó el presidente Javier Milei.

Sobre este punto, las autoridades nacionales señalan que la semana pasada, este mismo magistrado ya había ordenado que se implemente la Ley de Financiamiento Universitario, que al igual que la Emergencia en Discapacidad se encuentran suspendidas tras ser aprobadas por el Congreso.

En esa línea se expresó, por ejemplo, la antecesora de Monteoliva y actual senadora, Patricia Bullrich, quien también insinuó que hay una razón política detrás del fallo de Cormick y remarcó que la metodología “fue validada por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos”.

“¿Quién lo declara nulo? El mismo Juez que siempre lo hace contra el Gobierno. ¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización. Los perjudicados, siempre los mismos: los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz”, escribió la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta.

El gobierno de Axel Kicillof intentará el año que viene restituir la reelección indefinida de intendentes, legisladores y concejales en la provincia de Buenos Aires. Para ello, necesitará forjar los acuerdos en la siempre compleja Legislatura bonaerense. La iniciativa busca derogar el límite de dos mandatos consecutivos establecido en 2016 y permitir que los cargos ejecutivos y legislativos municipales puedan ser elegidos sin restricciones, siempre que cuenten con el respaldo popular. Así lo manifestó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien consideró que la restricción actual tiene “carácter proscriptivo” y sostuvo que la elección de los representantes debe quedar únicamente en manos del electorado.

“Tenemos pensado llevar adelante alguna reforma. No está definido, pero sí vamos a seguir insistiendo, como lo hemos hecho todo este tiempo, en la reelección de los intendentes. Nosotros creemos que el sistema que estaba vigente en la provincia de Buenos Aires de reelecciones de los intendentes por parte de su pueblo es el sistema más democrático posible. Es el voto del pueblo el que define quién sin ningún tipo de proscripción”, planteó Bianco ante la consulta de cuál será agenda que el año que viene intentará impulsar el Ejecutivo bonaerense en materia política. El ministro remarcó que “impedir la reelección de una persona es proscriptivo”, y reconoció que esa visión coincide con la postura pública del Ejecutivo provincial.

El debate sobre la reelección indefinida será uno de los temas a discutir en 2026, año no electoral. La normativa actual impide que decenas de intendentes bonaerenses -82 puntualmente- busquen un nuevo mandato. Entre los jefes comunales que quedarían excluidos figuran históricos referentes del peronismo y de la oposición. Nombres como, Mario Ishii (José C. Paz), Julio Zamora (Tigre), Gustavo Menéndez (Merlo), Sebastián Abella (Campana), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Fernando Espinoza (La Matanza), Miguel Lunghi (Tandil), entre otros, no podrán postularse nuevamente bajo la legislación vigente.

La lista de intendentes impedidos de buscar la reelección en 2027 incluye a dirigentes del peronismo, el PRO, la UCR y partidos locales. Entre los más destacados se encuentran Ariel Sujarchuk (Escobar), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Federico Achával (Pilar), Mariel Fernández (Moreno), Juan Andreotti (San Fernando), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mayra Mendoza (Quilmes), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso), Pablo Zurro (Pehuajó), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Pablo Petrecca (Junín), Érica Revilla (General Arenales), Miguel Gargaglione (San Cayetano), Carlos Bevilacqua (Villarino), entre otros.

Este año hubo un intento de avanzar con la modificación; pero el plan quedó enfrascado en la interna del peronismo y la falta de acompañamiento con la oposición. La discusión generó divisiones internas en el oficialismo bonaerense. El Frente Renovador de Sergio Massa —impulsor de la ley que limita las reelecciones— había adelantado su rechazo a cualquier modificación. Un sector del kirchnerismo propuso restablecer la reelección indefinida solo para legisladores y concejales, excluyendo a los intendentes, lo que provocó malestar entre los intendentes que reportan en el Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof quienes exigían igualdad de condiciones para todos los cargos electivos.

El exsenador provincial y hoy diputado peronista Luis Vivona, presentó un proyecto para modificar la ley, aunque en su versión inicial excluía a los intendentes. Vivona, de Malvinas Argentinas, forma parte del grupo de dirigentes aliado al cristinismo. Luego, la senadora Ayelén Durán, alineada con el gobernador, elaboró una iniciativa alternativa que incluía a los jefes comunales. Fundamentó que “limitar las reelecciones restringe el derecho del electorado a elegir libremente a sus autoridades”. El proyecto llegó para incluir a los intendentes y como respuesta política a la avanzada del cristinismo. El proyecto de Vivona se aprobó en el Senado, pero no corrió con la misma suerte en Diputados. Ahora, con Vivona en carácter de diputado, la iniciativa puede llegar a impulsarse nuevamente.

El gobierno de Kicillof sostiene que la restricción de mandatos responde a disputas políticas y no a un reclamo social, argumento que comparte la mayoría de los intendentes del peronismo bonaerense. “Nosotros vamos a seguir insistiendo en la reelección de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, siempre y cuando el pueblo los vuelva a elegir, y los vuelve a elegir porque tuvieron una buena gestión. Si no, no los reelige, como suele suceder”, enfatizó Bianco en lo que fue la última conferencia de prensa del año.

En su presentación, el ministro provincial también realizó un balance del año en materia de gestión e hizo especial hincapié en los fondos que el gobierno de Javier Milei retiene y no gira a la administración bonaerense en el marco del ajuste fiscal y presupuestario dispuesto desde que llegó a Casa Rosada.

El último dato era $12,9 billones con valores de agosto de este año. Según el cálculo que hacen en el gobierno bonaerense, actualmente, esa suma asciende a $14,7 billones. El monto se compone de $3.553.800 millones en concepto de deudas directas. $8.395.720 en saldos de obra pública comprometida por el gobierno nacional en PBA y $2.770.464 de deudas estimadas por la discontinuidad o retraso de programas nacionales.

“Vamos a seguir reclamando públicamente y con las siete denuncias que hemos presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este contexto de ajuste, caída del empleo, caída de la actividad económica, caída del consumo, recorte sobre los fondos de la provincia de Buenos Aires, es que nosotros hemos llevado adelante nuestra gestión durante los últimos dos años”, puntualizó el integrante del Gabinete de Kicillof.