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El contrapunto entre el Gobierno y PBA por la suspensión de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil

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La orden judicial que frenó la vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires abrió, apenas horas después de conocerse, un cruce directo entre la Casa Rosada y la administración de Axel Kicillof.

La ofensiva la encabezó Patricia Bullrich, senadora y ex ministra de Seguridad e impulsora de la ley, quien escribió en sus redes sociales que en la Provincia “tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”.

El reproche no quedó ahí. Bullrich sumó un segundo mensaje en el que apuntó contra el sistema judicial provincial: “Tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias. Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga”, sostuvo.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se sumó horas después con un planteo similar: “Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. En la provincia si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune. Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima”. El mensaje contó con el respaldo explícito del presidente Javier Milei.

El diputado nacional Luis Petri fue por el mismo camino, aunque con un dato adicional: cuestionó a la jueza que firmó la medida por su supuesta afiliación política. “El nuevo Régimen Penal Juvenil duró dos días en la provincia de Buenos Aires porque una jueza kirchnerista hoy ya decidió suspenderlo”, escribió, y agregó que “aprobamos esta ley para terminar con la impunidad de quienes delinquen siendo menores, no hay excusa para no aplicarla”. El dirigente Sebastián Pareja, por su parte, calificó la resolución como “profundamente antidemocrática” y remarcó que la norma “no fue una decisión unilateral del Ejecutivo nacional”, sino el resultado de un proceso legislativo que atravesó todas las instancias del Congreso.

El ministro de Seguridad bonaerense respondió a Santilli

La respuesta desde La Plata no tardó en llegar. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, contestó de manera directa al planteo de Santilli y le pidió que se concentre en “hacer el trabajo que tiene que hacer y en devolverles a los bonaerenses los recursos que les han quitado”.

Alonso introdujo un cuestionamiento de fondo sobre la aplicación de la reforma: “¿No hacen falta nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y personal para aplicar una reforma de esta magnitud? ¿Dónde están los fondos que Milei les niega a los bonaerenses para hacerlo posible?”, preguntó.

El funcionario provincial fue más allá y calificó la reforma impulsada por Nación como “apenas una modificación en los papeles” y “un eslogan de campaña” ante la falta de recursos e inversión para su implementación.

Además, cuestionó por qué Santilli le reclamaba al Poder Ejecutivo una decisión que, según remarcó, corresponde al Poder Judicial: “¿No estamos en una República acaso? O será que mostrar indignación por redes sociales es lo único que saben hacer por los argentinos”, cerró en su publicación.

Los fundamentos del fallo judicial

La medida que encendió la polémica fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, apenas 48 horas después de que la Ley N° 27.801 entrara en vigencia. La magistrada hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en beneficio de los adolescentes privados de su libertad, lo que derivó en la paralización temporal de la norma en todo el territorio bonaerense por 60 días.

El eje de la resolución no giró en torno a la constitucionalidad de la ley, sino a la falta de infraestructura y recursos materiales del Estado provincial para absorber el incremento de jóvenes que ingresarían al sistema penal. La nueva legislación reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, lo que habilita el procesamiento judicial de adolescentes de esa franja etaria por los delitos contemplados en el Código Penal. Pascual argumentó que esta modificación generará un aumento considerable en la cantidad de menores detenidos, tanto por el flujo de nuevos ingresos como por la mayor permanencia dentro del sistema de encierro, y puso en duda si la provincia cuenta con las condiciones edilicias, institucionales y profesionales necesarias para albergar a esa población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez.

En declaraciones a Now 97.9 tras la firma del fallo, la jueza defendió su postura y aclaró que no está en desacuerdo con la baja de la edad de imputabilidad. “No romantizo con los chicos que salen con un arma, pero lo que creo que está pésimo es que hay como una sensación de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Yo soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, planteó. Ante las críticas de Bullrich, respondió de manera puntual: “Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el conurbano y quiero vivir tranquilamente”.

A diferencia de otros funcionarios nacionales, el Ministerio de Capital Humano no se refirió de manera directa contra la medida judicial. Sin embargo, compartió un posteo que retuiteó el propio Milei, en el que se señalaba que la Ley N° 27.801 establece que, desde los 14 años, los adolescentes pueden responder penalmente por los delitos que cometan, y que amenazar a una escuela, portar armas, planificar ataques, vender o distribuir sustancias ilegales o difundir imágenes íntimas son conductas tipificadas como delito.

Qué establece la reglamentación nacional

Un día antes del fallo, el Gobierno nacional había reglamentado la Ley N° 27.801 mediante el Decreto 875/2026, firmado por Milei, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y el propio Santilli. La reglamentación designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación, con la responsabilidad de coordinar el sistema, dictar normas complementarias y celebrar convenios con provincias, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

El nuevo esquema prohíbe las condenas a prisión perpetua para menores de edad y fija un máximo de 15 años de privación de la libertad, que deberá cumplirse exclusivamente en centros especializados y sin contacto con adultos. Incorpora también penas alternativas como la reparación del daño, tareas comunitarias, restricciones de acercamiento y el uso de tobilleras electrónicas. Para el seguimiento individual de cada joven, el decreto creó la figura del “supervisor especializado”, un profesional con formación en psicología, trabajo social, pedagogía o áreas afines, y dispuso un registro transitorio de habilitados con un plazo máximo de 180 días para realizar la primera convocatoria pública definitiva.

Cuál es el plazo para resolver la implementación

La jueza Pascual planteó un objetivo concreto para el período de suspensión: que en esos 60 días los poderes del Estado se pongan de acuerdo sobre quién será el supervisor de cada joven, con qué recursos contarán los centros de detención y cómo se implementarán las medidas alternativas que la propia ley contempla. “Lo que pido es que nos pongamos todos de acuerdo y no que, si no pasa nada, sea solo encerrarlo, o que haya provincias donde están haciendo una pared y mandándolos a la cárcel común”, advirtió la magistrada.

La resolución judicial ordenó, además, al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires que adopten de manera inmediata las medidas necesarias para operativizar la suspensión. Pascual convocó a una audiencia en la sede del tribunal para el 16 de septiembre, en la que las autoridades del Poder Ejecutivo provincial vinculadas a la temática deberán detallar qué acciones implementaron, cuáles tienen proyectadas y en qué plazos prevén ejecutarlas para adecuar el sistema a las exigencias de la nueva normativa.

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Javier Milei discutió con otro periodista por la frase “no llegar a fin de mes”: “No puedo respetar tu cerebro”

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Durante su viaje a Madrid, el presidente Javier Milei ratificó sus críticas a la prensa y a quienes señalan que millones de personas “no llegan a fin de mes” por la situación económica en Argentina. En ese marco, el mandatario volvió a cruzarse en un móvil con un reportero español, en este caso Isma Juárez, que, frente a sus preguntas, le lanzó de forma despectiva: “Amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro”.

En una entrevista para el El Intermedio, un programa de humor y actualidad del medio español laSexta, Juárez abordó a Milei durante el desayuno protocolar que el jefe de Estado mantuvo en el Casino de Madrid, al que también asistieron Jaime de Marichalar, exmarido de la Infanta Elena, y la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, entre otros asistentes.

Con tono satírico, Juárez le preguntó a lo lejos a Milei por qué no se había reunido con Santiago Abascal, el líder del partido ultraderechista VOX – “¿cree que le está haciendo ghosting?”, le gritó, intentando hacer que lo escuche- y después, cuestionó sus declaraciones sobre la pobreza.

En estos términos se dio el fragmento en el que discutieron Milei e Isma Juárez:

Juárez: Usted decía que no había pobreza en Argentina. Entonces, ¿los argentinos que dicen que no pueden llegar a fin de mes están haciendo ayuno intermitente?

Milei: A ver, yo no dije que no hubiera pobreza en Argentina.

Juárez: No, usted dijo que la gente podía llegar a fin de mes sí o sí.

Milei: Son cosas totalmente distintas.

Juárez: Entonces, ¿se lo están inventando?

Milei: No. Argentina tiene 32% de pobres. Ahora, cuando nosotros llegamos, los pobres eran 57%. Es decir, sacamos al 25% de la población de la pobreza.

Juárez: Pero la gente que dice que no puede llegar a fin de mes, ¿lo está fingiendo, como la gente que dice que le gusta el sushi?

Milei: Ya te lo contesto, quedate tranquilo. No pasa nada. Vamos por partes: si vos decís que no llegás a fin de mes, que el día 20 te quedaste sin dinero, ¿vos podés vivir diez días sin beber y sin comer?

Juárez: Pero entonces, ¿usted qué quiere decir? ¿Que la gente, a fin de mes, se está muriendo?

Javier Milei: No. Lo que estoy diciendo es que es un eslogan barato para afectar a la emocionalidad. De hecho, es tan así que después salieron a aclarar que no, que era que vos podés tener privaciones.

Juárez: Pero…

Javier Milei: Si vos tenés privaciones, entonces lo que mirás es el indicador de pobreza. Y hay una mejora significativa. Si vos querés abrazarte a un eslogan emocional…

Juárez: No…

Milei: Bien. Amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro.

Juárez: No, pero yo le pregunto… Bueno, no puede respetar mi cerebro.

Tras la difusión de la nota en las redes sociales, Milei compartió la entrevista en su cuenta de X, y en un tiro por elevación al resto de la prensa, esgrimió: “Un clásico de los periodistas berretas en todo el mundo… se abrazan a frases efectistas de alto contenido emocional pero el bajo IQ no les permite enfrentar el paso al debate racional… CIAO!”

Desde su cuenta de X, Javier Milei se refirió al cruce que tuvo con un periodista español sobre su respuesta de “no llegar a fin de mes”

Las repercusiones de ese cruce continuaron en la emisión del programa El Intermedio. Con tono de sátira y humor político, el periodista fue consultado por su intercambio con Milei. Juárez respondió con ironía que esa consideración era difícil de entender porque su cerebro estaba “sin estrenar, prácticamente”.

El conductor del programa, El Gran Wyoming, intervino en clave de humor y defendió a su compañero ante el comentario de Milei. “Como patriarca de El Intermedio, me veo obligado a marcar una línea roja”, afirmó, antes de exhortar a que se viralice la consigna “Isma no se toca”.

Al finalizar ese tramo de la conversación, Juárez comparó su discusión con el mandatario con la que tuvieron otros cronistas de medios: “Ahora que he visto las imágenes de los otros periodistas, creo que he salido hasta bien parado (risas). Creo que, por lo menos, ha dicho que tengo un poco de corazón”.

Durante su estadía en España, el mandatario también arremetió contra la periodista española de la Cadena SER, Julia Molina, a quien calificó de “gente corta intelectualmente y miserable”, después de que le preguntara si su visita a España resultaba incómoda para el Partido Popular (PP) y Vox. Fue ayer a la salida de un desayuno informativo del Nueva Economía Fórum, en el Real Casino de Madrid.

En ese marco, luego de esa seguidilla de cruces con la prensa, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) condenaron la actitud de Milei, durante su visita de este miércoles a Madrid, “donde respondió con insultos y ataques personales a los periodistas españoles que le planteaban cuestiones de interés público, como también hizo con los medios argentinos”.

“Con sus respuestas, Milei ha pretendido deslegitimar el trabajo informativo e intimidar a quienes lo ejercen, y con ello impedir que los periodistas cumplan una de sus funciones esenciales: exigir cuentas a los gobernantes”, criticó la organización.

Desde hace días, el presidente Milei viene cuestionando con dureza a periodistas, investigadores y analistas por exponer la precaria situación económica que atraviesan millones de personas, y se lanzó puntualmente a desmentir que exista población que “no llega a fin de mes”.

El disparador de la controversia encabezada por el jefe de Estado libertario fue un reciente estudio de la consultora Zentrix, en el que se indica que los ingresos de dos de cada tres argentinos alcanzan para vivir hasta el día 20 de cada mes, con picos del 72 % en menores de 40 años y del 83,3 % en la clase baja.

Todo comenzó durante su intervención en la conferencia Argentina Oil & Gas, celebrada en la sureña provincia de Neuquén, horas antes de viajar a España, Milei calificó la expresión “no llegar a fin de mes” como “una pelotudez del tamaño de una casa” propagada por el kirchnerismo y la oposición.

“No nos dejemos psicopatear por los hijos de puta que hicieron mierda al país. Nos llevaban a Cuba con escala en Venezuela. Íbamos a ir a niveles de pobreza del 90%, a hiperinflación profunda, no salíamos más de ahí”, agregó sobre los gobiernos anteriores.

Con anterioridad al estudio de Zentrix, otro análisis de la consultora Mide -correspondiente a agosto- destacó que el 59% de los argentinos considera que su situación económica es peor que seis meses atrás y que el 53% tiene que endeudarse para completar los ingresos mensuales necesarios.

“Esos caraduras e inmorales vienen a decirnos qué es lo que hay que hacer, pero, por favor, que primero tomen unos cuantos cursos de economía y después hablemos”, opinó Milei en su discurso del lunes. Y en su posterior publicación de X, afirmó que las críticas a su plan económico se basan en “todo tipo de falacias ad populum y ad hominem”.

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Pasaporte dorado: qué hay detrás del programa que ofrece la ciudadanía argentina por USD 350.000

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Martín Lousteau cuestionó el programa de ciudadanía por inversión anunciado por el Gobierno y advirtió sobre sus posibles consecuencias para la política migratoria, los derechos políticos y la compra de tierras rurales. En Infobae a la Tarde, el diputado nacional sostuvo que la nacionalidad no puede convertirse en una transacción económica y alertó sobre los riesgos que la iniciativa podría generar para el pasaporte argentino.

“Están vendiendo el pasaporte, es decir, la ciudadanía argentina por 350 mil dólares”, afirmó el dirigente. El programa contempla dos alternativas: un aporte no reembolsable de USD 350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público de USD 800.000.

Lousteau cuestionó el precio de la ciudadanía argentina

Para Lousteau, el problema de fondo es que la capacidad económica se convierta en una vía para acceder a la nacionalidad. “La nación es el lugar donde la solidaridad surge por espontaneidad”, sostuvo al cuestionar que un vínculo jurídico y político con el país pueda establecerse mediante una contribución económica.

El esquema también contempla aportes adicionales para los familiares del solicitante: USD 100.000 para el cónyuge y para cada hijo de entre 18 y 25 años que cumpla las condiciones previstas, y USD 25.000 por cada hijo menor de edad. Así, una familia integrada por dos adultos y dos hijos menores podría solicitar la ciudadanía por un total de USD 500.000.

Los cambios en la naturalización y las objeciones al DNU

Lousteau vinculó el programa con el DNU 366/2025, que modificó la Ley de Ciudadanía e incorporó una vía de naturalización para extranjeros que acrediten una inversión relevante, sin exigir un plazo mínimo de residencia en el país.

El diputado cuestionó el contraste con la vía ordinaria, que exige dos años de residencia legal y continua. “Viene un uruguayo a vivir acá, se va a visitar un fin de semana a la abuela y el cronómetro arranca de cero otra vez”, afirmó, en referencia a la exigencia de no salir del territorio argentino durante ese período.

También objetó que el dinero permita acceder a una alternativa que no está disponible para quienes deben cumplir los requisitos de residencia. “De golpe ahora tener plata es más importante que, por ejemplo, servir en las Fuerzas Armadas de tu país”, sostuvo.

Otro de sus cuestionamientos apunta al traslado de la competencia para otorgar la ciudadanía de los juzgados federales a la Dirección Nacional de Migraciones. Lousteau consideró que el cambio presenta objeciones constitucionales porque, a su entender, el Poder Ejecutivo no puede modificar mediante un decreto de necesidad y urgencia una materia vinculada con los derechos políticos. Por eso, reclamó que el Congreso rechace la norma.

El DNU también enfrenta cuestionamientos judiciales. En junio de 2026, la Cámara Nacional Electoral declaró su nulidad en una causa vinculada con la competencia para otorgar la ciudadanía. El Gobierno anunció que recurriría el fallo, mientras que el programa de ciudadanía por inversión fue presentado en octubre con la previsión de comenzar a recibir solicitudes durante el último trimestre del año.

El riesgo para el pasaporte argentino

Lousteau advirtió que los programas de ciudadanía por inversión pueden afectar las facilidades de viaje de los países que los implementan si otros Estados cuestionan sus controles de naturalización. Como antecedentes, mencionó las restricciones aplicadas a ciudadanos de Vanuatu y de países del Caribe, además del caso de Malta, cuyo programa fue cuestionado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El diputado alertó que una eventual revisión de las exenciones de visa podría perjudicar una de las ventajas del pasaporte argentino: la posibilidad de ingresar sin visa a numerosos destinos. Por eso, sostuvo que las consecuencias de la iniciativa podrían exceder la política migratoria nacional.

Durante la columna también cuestionó la participación de Henley & Partners, una firma internacional especializada en programas de residencia y ciudadanía por inversión que promociona la propuesta argentina. Lousteau planteó interrogantes sobre los controles aplicados a los solicitantes y mencionó controversias vinculadas con otros programas internacionales, aunque aclaró que no conocía denuncias por una posible relación irregular entre el asesoramiento al Gobierno y la promoción comercial de la iniciativa.

La relación con la Ley de Tierras

El último eje de la crítica de Lousteau fue la relación entre el acceso a la ciudadanía por inversión y las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El diputado advirtió que obtener la nacionalidad argentina podría modificar la situación jurídica de un inversor frente a determinados límites establecidos para quienes no tienen esa condición.

“Si vos vas a hacer una inversión grande comprando tierras en Argentina y el costo adicional de poder zafar de esas legislaciones, listo, comprá un pasaporte”, afirmó.

Para Lousteau, el mecanismo podría convertirse en una vía para eludir restricciones sobre la propiedad rural. Su planteo es que el programa debe analizarse no solo por el capital que busca atraer, sino también por sus posibles efectos sobre las reglas que regulan la ciudadanía y la adquisición de tierras en el país. Por eso, reclamó que el Congreso rechace el DNU.

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Flavio Bolsonaro le pidió a Patricia Bullrich un video de apoyo a días del balotaje en Brasil

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El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro le pidió a la presidenta del bloque La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, un video de respaldo para su campaña antes de la segunda vuelta del próximo domingo. La pieza fue dirigida especialmente a las mujeres de Brasil, un segmento decisivo en una elección, que llega según los últimos sondeos con pronósticos ajustados.

La campaña del senador brasileño busca sumar una voz internacional con un perfil asociado a la seguridad y a la gestión. Bullrich fue ministra de Seguridad durante las presidencias de Mauricio Macri y Javier Milei, volvió a ocupar esa cartera en la actual administración y actualmente es una pieza clave del Gobierno para los acuerdos parlamentarios desde la Cámara alta.
“El futuro de Brasil importa, e importa mucho para América Latina. Queremos un Brasil fuerte, que crezca, genere oportunidades, proteja la vida y defienda la libertad de los ciudadanos”, asegura la senadora en su mensaje pronunciado en portugués, que aprendió porque vivió en ese país durante la dictadura militar, según pudo saber Infobae.
Y agregó: “Un Brasil que, junto a Argentina y los demás países, sea fuerte, con firmeza y con decisión. Creo que nuestros países pueden construir, unidos, una América Latina con gran proyección en el mundo. Estoy convencida de que eso es lo que Flávio Bolsonaro puede ofrecer a Brasil y a todos los brasileños y brasileñas”.

Así, el mensaje estuvo enfocado en el electorado femenino, donde Lula conserva una ventaja. La decisión de recurrir a Bullrich también se conoce después de que la figura de Milei y su motosierra se convirtieran en elementos de confrontación en la campaña brasileña.

Bolsonaro lideró la primera vuelta del 4 de octubre con cerca del 47% de los votos válidos, frente a más del 45% de Lula. Ninguno alcanzó la mayoría necesaria para evitar el balotaje, que definirá quién gobernará el país durante los próximos cuatro años.

Las encuestas muestran una competencia abierta antes del balotaje

La última medición de PoderData/Aya, difundida este jueves, ubicó a Bolsonaro con el 51% de los votos válidos, frente al 49% de Lula. El relevamiento se realizó sobre 4.000 entrevistados y tiene un margen de error de 1,6 puntos porcentuales, por lo que la diferencia se encuentra dentro del empate técnico.

Una encuesta de Quaest publicada el miércoles registró un 45% de intención de voto para Bolsonaro y un 44% para Lula. Al excluir los votos en blanco, nulos e indecisos, esos números equivalen a 50,6% y 49,4%, respectivamente.

Los estudios previos también reflejaron una disputa cerrada. Datafolha había medido una ventaja de 51% a 49% para Bolsonaro entre los votos válidos, mientras que BTG/Nexus registró 50,3% para el opositor y 49,7% para el mandatario.

La coincidencia entre los sondeos es que Bolsonaro mantiene una ventaja reducida, sin una diferencia concluyente. Por esa razón, los equipos de ambos candidatos concentran sus esfuerzos en movilizar a los propios y captar a los indecisos durante los últimos días de campaña.

La decisión de sumar a Bullrich se inscribe en ese contexto. Su aparición permitiría a Bolsonaro ampliar sus respaldos fuera de Brasil y presentar un mensaje dirigido a un sector del electorado donde el oficialismo parte con mejores números. En las últimas horas, el candidato del Partido Liberal también pronunció un mensaje dirigido a la comunidada LGBT+, para confrontar con la campaña negativa que impulsó el PT sobre ese público.

Lula convirtió a Milei y a la motosierra en un eje de la campaña

En las últimas semanas, Lula buscó asociar las propuestas económicas de Bolsonaro con las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de Javier Milei en la Argentina. La motosierra, símbolo de la campaña presidencial libertaria, pasó a ocupar un lugar central en esa estrategia. En España, la figura del primer mandatario también generó un alto impacto en la campaña de cara a las elecciones generales del mes que viene.

El 16 de octubre, Lula cuestionó al presidente argentino en un mensaje publicado en redes sociales. “La motosierra de Milei, en la Argentina, ya ha sumido a casi la mitad de los argentinos en la miseria. No es un ejemplo para Brasil”, afirmó.

El mandatario también dirigió críticas a su rival. “Cuando Flavio Bolsonaro habla de recortes, de tijeretazo, el gasto que quiere cortar es usted”, sostuvo en una publicación acompañada por un video de campaña que incluyó declaraciones de Daniella Marques, integrante del equipo económico de Bolsonaro.

La estrategia del Partido de los Trabajadores fue presentar a Milei como una referencia del programa económico de su rival. Bolsonaro mantiene una afinidad política con el Presidente argentino y participó de actividades vinculadas con la familia del exmandatario Jair Bolsonaro.

La convocatoria a Bullrich no supone, por sí sola, un distanciamiento de Milei. Pero incorpora a la campaña una figura argentina con un perfil distinto, en una etapa en la que Bolsonaro busca ampliar su alcance sin perder el respaldo de su base.

El foco en las mujeres responde a una brecha que muestran los sondeos. Una medición de Datafolha realizada el 13 y 14 de octubre indicó que Lula reunía el 55% de los votos válidos entre las mujeres, frente al 45% de Bolsonaro. Entre los hombres, el resultado se invertía: 56% para el candidato opositor y 44% para el presidente.

La esposa del candidato, Fernanda Bolsonaro, ya participó en actividades destinadas a acercar su campaña a ese electorado. El video de Bullrich se sumará a esa estrategia con una intervención internacional centrada en la seguridad, la autoridad y la experiencia de gestión.

La grabación será difundida en las próximas horas, antes de la votación del domingo, cuando ambas campañas buscarán definir una elección que las encuestas mantienen abierta hasta el final.

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