El vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, admitió que Estados Unidos sigue “con interés” los alcances de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que podría sancionar a las empresas -incluidas las norteamericanas- vinculadas con la explotación de recursos en las Islas Malvinas, y encuadró la propuesta de disolver el Comité de Descolonización de la ONU como parte de una reforma general del organismo.

“No hay otro país en todo el mundo con el cual estemos tan alineados”, afirmó Landau en una conferencia de prensa desde el Palacio San Martín, junto al canciller Pablo Quirno que, a su turno, calificó el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas como “innegociable” y sostuvo que la eventual desaparición del C-24 “no tiene ningún tipo de mella” en la posición argentina, aunque reconoció que el foro es de su interés porque allí presenta el reclamo cada año.

Consultado sobre si Estados Unidos propone efectivamente disolver el foro donde la Argentina sostiene desde 1965 su reclamo contra el Reino Unido, y si existe incomodidad en Washington por el alcance de las sanciones previstas en el proyecto de ley oficialista, Landau respondió que la administración Trump impulsa una reforma de las Naciones Unidas y que el C-24 es uno de los comités que, a su juicio, “a través de los años no han hecho casi nada”. “Espero que aquí en Argentina no se confunda un proyecto de reforma, de agilizar la operación de Naciones Unidas, con un tema en particular sustantivo”, planteó.

El vicesecretario de Estado fue más allá y señaló que el comité “ha tomado posiciones bastante radicales en ciertos temas contra Estados Unidos en cuestión de Puerto Rico y otros temas”.

Sobre la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, sostuvo que “las leyes de la nación argentina es cuestión para las autoridades de la nación argentina”, pero agregó: “Nosotros estamos, obviamente, viendo con interés los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupa por eso”.

Como contexto de esta postura son los trascendidos de que funcionarios de la Casa Blanca transmitieron al Gobierno argentino su preocupación por el alcance de las penalidades previstas en el proyecto 0010-PE-2026, que podrían alcanzar no solo a las compañías que operan directamente en el archipiélago sino también a filiales, accionistas, intermediarios financieros y proveedores vinculados con actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.

Quirno fue más explícito en la defensa de la iniciativa. Argumentó que la ley vigente “no le da a la Argentina las herramientas necesarias” para defender sus intereses en Malvinas y que la nueva iniciativa busca ampliar esas capacidades. “No va en contra de nadie en particular, no va en contra de ninguna empresa en particular”, insistió, y planteó que la norma ofrece a las compañías una elección de negocios: operar en el continente argentino, donde el potencial es “muchísimo mayor”, o mantener operaciones “ilegítimas” en las islas.

“Nosotros creemos y esperamos que elijan siempre al continente argentino por sobre las licencias ilegítimas de las Islas Malvinas”, cerró el canciller.

El canciller dedicó la parte más extensa de su respuesta a desvincular el reclamo argentino de la suerte del C-24. Aseguró que las resoluciones que sustentan la posición del país son “resoluciones generales de las Naciones Unidas, no de un comité en especial” y que la causa se presenta “en todo foro internacional”.

Sin embargo, reconoció que el comité “es un foro que a nosotros nos interesa, porque es un foro donde anualmente realizamos este reclamo”. En esta línea, el vocero presidencial Adrián Ravier había reconocido esta semana que la postura argentina frente al pedido estadounidense “está bajo análisis” y no descartó cambios en la ley de soberanía durante el debate parlamentario. Además, la Argentina se abstuvo el 15 de octubre en dos de los 23 proyectos de la Cuarta Comisión de la ONU sobre descolonización, una decisión que Quirno atribuyó a “razones técnicas” pero que la oposición interpretó como un gesto a Washington.

Consultado por Infobae sobre si las inversiones anunciadas por el embajador Peter Lamelas —quien en Neuquén cifró en USD 20.000 millones el financiamiento previsto y lo condicionó a que el país siga “hacia la derecha”—, Landau evitó referirse a esas declaraciones. Trazó un paralelo entre el momento actual y la prosperidad argentina de fines del siglo XIX, elogió al Gobierno por “crear las condiciones para otra época dorada” y se limitó a expresar entusiasmo por las “enormes posibilidades” del país.

Quirno, en tanto, reconoció que “el embajador Lamelas lo dice constantemente, que su visión es que el Gobierno argentino reelija el año que viene”, pero intentó separar la afinidad política de la lógica de las inversiones. “El único condicionamiento que hay es que sigamos haciendo lo que estamos haciendo”, afirmó, y enumeró el equilibrio fiscal, el orden macroeconómico y la previsibilidad como las garantías reales del flujo de capitales.

Antes de las preguntas, Quirno detalló que la administración de Trump aprobó USD 13 millones para programas contra el narcotráfico —USD 7,5 millones para proyectos en el país y el resto para iniciativas regionales— y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmó con Landau el Pacto para la Protección de la Infancia, con un apoyo de hasta USD 10 millones para combatir la trata de menores. También se anunció un aporte no reembolsable de USD 15 millones para un centro de operaciones de ciberseguridad que incluirá una evaluación de la red troncal de Arsat.

El “quitavisas”

Ante la consulta sobre si Estados Unidos busca un compromiso argentino para bloquear el uso de tecnología china en proyectos de infraestructura, en referencia a un episodio reciente en Neuquén donde directivos de una empresa habrían recibido advertencias sobre sus visas por un vínculo con Huawei, Quirno negó que exista discriminación y describió las decisiones como resultado de un análisis de seguridad informática.

Landau fue más directo: “Por algo me llaman el quitavisas”, dijo, y explicó que las visas son “una herramienta de la política exterior”. “No queremos invitar como huéspedes a nuestro país a personas que amenazan la seguridad de nuestro país”, completó.

Landau y Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, llegaron a Buenos Aires en la noche del miércoles desde Asunción, Paraguay.

En medio de la ola de desdoblamientos electorales que aplicarán la mayoría de las provincias en las elecciones del año que viene, Buenos Aires aparece, hasta el momento, como la excepción. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, observa cuál será el futuro de las PASO y, de continuar el sistema de primarias,las categorías de presidente, gobernador e intendente se votarían todas en un mismo y de manera concurrente. Es decir, sin desdoblar la fecha, en dos urnas y mesas distintas: una para presidente y diputados nacionales, mediante boleta única de papel (BUP), y otra con la boleta partidaria tradicional para elegir gobernador, intendente, concejales y consejeros escolares. Detrás de esa posible definición está la ley de PASO provinciales, que establece que deben ser el mismo día que las nacionales.

A medida que va transitando la construcción de su estructura política, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), y la falta de votos del Gobierno para eliminar las PASO, también se ratifica que el año que viene Buenos Aires, la provincia de mayor peso electoral, votaría todo el mismo día. Otra línea argumental es que “muchas elecciones desalienta a la gente a participar”.

Hasta ahora, Tucumán y Santa Fe son las provincias con calendario electoral definido fuera de la elección nacional: la primera votará el 9 de mayo de 2027, mientras que la segunda prevé realizar sus PASO el 18 de abril y los comicios generales el 13 de junio. A ese grupo se suman distritos que ya anticiparon su voluntad de separar la contienda local de la presidencial, aunque todavía sin fecha oficial: Neuquén, Chubut, Río Negro, Chaco, Corrientes y Mendoza. En otros casos, como Córdoba, Entre Ríos, Salta, Misiones, Jujuy y San Juan, los gobiernos provinciales evalúan esa alternativa, pero no han comunicado una decisión definitiva.

En lo que respecta a Buenos Aires, es facultad del gobernador la fecha elegida para los comicios provinciales. Una facultad que ostentó en los comicios del año pasado cuando decidió desdoblar la elección bonaerense de la nacional. Una determinación cuyo costo político aún se le sigue facturando desde el kirchnerismo. Una d las respuestas, desde un sector del MDF, es que la decisión sirvió para dar una señal clara de autonomía política. Ahora, superada esa instancia, el Ejecutivo bonaerense confía en seguir desplegando decisiones propias sin mayor dependencia de las necesidades políticas de sus socios: el kirchnerismo y el Frente Renovador. Si bien es cierto que la definición final será parte de una negociación con el resto de los sectores, la idea de Kicillof y de los armadores políticos del MDF va en esa línea. En el medio resta resolver un detalle nada mejor: candidaturas. Tanto presidencial como a la gobernación bonaerense.

Hoy las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) siguen vigentes. Ese escenario altera toda definición. El Gobierno dice estar cerca de conseguir los votos para eliminarlas o suspenderlas, pero de momento no logra llevar el texto al recinto. En paralelo, el peronismo hace esfuerzos para sostener un puente entre los diferentes sectores que permitan mostrar uniformidad. Kicillof, según supo Infobae, está “metido en el tema”. Al estar vigentes en Nación, siguen su curso en PBA.

La reunión en el Hotel Emperador que reunió a los gobernadores peronistas, a los jefes de bloque en el Senado, José Mayans, y en Diputados, Germán Martínez, además de Máximo Kirchner como representante del kirchnerismo y Sergio Massa, referenciado en el Frente Renovador, podría repetirse en los próximos días. “Hay diálogo”, asegura un dirigente del peronismo que sigue de cerca el tema.

La continuidad de las PASO permitiría al peronismo ordenar la discusión. En el plano ideal, sin acuerdo entre Kicillof y el kirchnerismo, la utilización de las Primarias podría servir para destrabar el conflicto. Si no hay PASO, no está claro aún cómo resolverá la discusión el peronismo. Y, en lo que se refiere a Buenos Aires, sin PASO no está descartado que vaya a darse un desdoblamiento. Todas las cartas están sobre la mesa.

Pero las primarias en la provincia de Buenos Aires también cobran relevancia dada la proliferación de candidatos y candidatas que hoy asoman para disputar la sucesión de Axel Kicillof. En ese lote aparecen, al menos, 11 dirigentes del peronismo bonaerense. Jorge Ferraresi, ex intendente de Avellaneda; Julio Alak, jefe comunal de La Plata; Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura; Carlos Bianco, ministro de Gobierno; Fernando Espinoza, intendente de La Matanza; Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora; Mariel Fernández, intendenta de Moreno; Federico Achával, intendente de Pilar o Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas.

La nómina no se agota allí. El kirchnerismo, el Frente Renovador y otros sectores del peronismo bonaerense también pretenden gravitar en la definición de una candidatura que, hoy, está lejos de tener dueño. La posibilidad de una PASO permitiría ordenar esa competencia si no hubiera una síntesis política previa. Además, abriría una vía para medir la fuerza propia de cada sector en el distrito que concentra cerca del 40% del padrón nacional.

La discusión por la gobernación está atada a la estrategia presidencial. Kicillof trabaja para que el Movimiento Derecho al Futuro tenga presencia nacional y para llegar a 2027 con una estructura que respalde una eventual candidatura a la Casa Rosada. Esa aspiración es uno de los focos de tensión con el kirchnerismo, que mantiene su propia red de dirigentes, legisladores e intendentes y busca conservar influencia sobre la definición de la oferta electoral del peronismo.

Por eso, la continuidad de las PASO tiene una dimensión que excede el mecanismo electoral. Para Kicillof, sostenerlas permitiría contar con una herramienta para procesar una interna que involucra la sucesión bonaerense y su propia proyección presidencial. Para el resto del peronismo, será una instancia de negociación sobre el reparto de poder en la antesala de 2027. Si las elecciones en la provincia de Buenos Aires fueran mañana, se elegiría todo en un mismo día y en dos urnas separadas.