Con la media sanción en Senado de la Nación de la reforma laboral, el Gobierno ultima los detalles de la estretegia que desplegará para blindar la norma que obsesiona al presidente Javier Milei ante los potenciales embates judiciales que descartan que ocurrirán. Según confirmó a Infobae una fuente inobjetable involucrada en el diseño de la misma, vaticinan que el caso terminará de definirse en la instancia de la Corte Suprema.

De conquistarse la aprobación completa durante las sesiones extraordinarias y la posterior promulgación por parte del Poder Ejecutivo, en Casa Rosada anticipan que se abrirá una instacia de presentaciones judiciales que, detectan, nacerán de la propia Justicia y de los gremios.

Para hacer frente al accionar judicial, un equipo de legales diseña desde hace meses la estrategia definitiva, que mantienen bajo llave, que utilizarán. En la tarea coordinan la Secretaria de Legal y Técnica, que lidera María Ibarzabal; la Procuración del Tesoro Nacional (PTN), que lleva al frente a Santiago Castro Videla; y el Ministerio de Justicia, en cabeza del secretario, Sebastián Amerio. Todos del riñón del asesor presidencial, Santiago Caputo.

“Estamos trabajando en prevenir la judicialización que sabemos que va a ocurrir. Descontamos que termina en la Corte, afortunadamente solo hay un laboralista”, precisó una voz con acceso al despacho presidencial en alusión al ministro del Máximo Tribunal, el constitucionalista Horacio Rosatti.

Con el antecedente del amparo judicial presentado por los gremios al capítulo laboral de la Ley de Bases, en el oficialismo descuentan que los puntos que mayor conflicto despertarán en el sindicalismo son la prelación de convenios de empresas, item que establece que los acuerdos de empresa de una provincia prevalecerá por sobre uno del ámbito nacional; la limitación de la ultraactividad en los convenios colectivos de trabajo; la redefinición del cálculo de indemnizaciones; entre otras cuestiones.

Asimismo, detectan que el propio Poder Judicial cuestionará la determinación de Nación de transferir la Justicia del Trabajo desde el ámbito nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A través del Decreto 95/2026, el Gobierno le otorgó la potestad al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para firmar acuerdos de traspaso. El conflicto reside en la disputa por el ejercicio del poder real sobre los tribunales laborales y se originó con la reforma constitucional de 1994, cuando la Ciudad de Buenos Aires adquirió el estatus de autonomía y la facultad de organizar su propio Poder Judicial.

Hasta entonces, el funcionamiento de la Justicia del Trabajo estuvo bajo control Nacional, con jueces y cámaras de apelaciones designados por el Estado, algo que la Corte Suprema sostuvo que debería ser una determinación temporaria. “No corresponde que la justifica intervenga porque está en la Constitución, los fallos de la Corte avalan esto y es el deber ser de un sistema federal”, argumentó una fuente judicial al tanto.

En los últimos años, tras la aprobación en la Legislatura porteña de las leyes que reorganiza la justicia laboral local y que fija un nuevo Código Procesal para el fuero del Trabajo, la Ciudad avanzó con la creación de una Cámara de Apelaciones del Trabajo integrada por seis magistrados y diez juzgados de primera instancia.

En el ecosistema violeta denunciaron que la justicia laboral “ha sido cooptada”, y aseguran que se dedicó a “atentar” contra las pymes. “Estamos a favor de los derechos laborales, pero en contra que 5 jueces digan que la ley no les gusta y apliquen la suya propia”, arremetió un voz calificada.

Pese a que en la previa de la sesión del Senado, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) solicitó una audiencia con la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; la vicepresidenta Victoria Villarruel; y representantes de otros bloques, el oficialismo avanzó con su tratamiento en la sesión y obtuvo media sanción a la espera de su aprobación definitiva en Diputados hacia finales de febrero.

En paralelo, en la administración libertaria reafirman la vigencia de la proyecto de “Modernización”, mientras trabajan en los últimos retoques de la hermética estratégia judicial. “Es obvio que van a tratar de pararla, pero no deberían tener éxito. Intentarán discutir todo, con justicia laboral a medida, pero van a perder”, sentenció ante Infobae uno de los involucrados.

El oficialismo aprieta el acelerador en el Congreso de la Nación. A los libertarios ya no solo les alcanza con tener la reforma laboral, el régimen penal juvenil y el acuerdo Mercosur – Unión Europea aprobados sino que los quieren para antes del 1 de marzo, para que formen parte central del discurso del presidente Javier Milei en el inicio de las sesiones ordinarias.

En la Casa Rosada entienden que el efecto político de ambas medidas se lograría en su totalidad si Milei las puede nombrar en su discurso. Por eso hoy giraron el texto de la reforma laboral a Diputados y aceleran al máximo para cumplir con la fecha de cierre de las sesiones extraordinarias el próximo 27 de febrero.

Los libertarios ya están dejando trascender cómo quieren establecer el cronograma para las próximas dos semanas. Tanto en el Senado para darle sanción definitiva al tratado con el Viejo Continente y a la baja de edad de imputabilidad, como en la Cámara de Diputados, en donde buscará convertir en ley la reforma laboral.

En el caso de esta última, la primera intención que barajó el oficialismo era citar a las comisiones durante los feriados de carnaval pero desistieron. “Aunque los propios estén, necesitamos de los socios y no los podemos obligar”, reconoció una alta fuente libertaria. En este esquema, la intención del presidente de la Cámara, Martín Menem, y del titular del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, es citar a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda para el próximo miércoles 18 de febrero con la intención de dictaminar e ir rápidamente al recinto.

Sin embargo, para que esto suceda necesita resolver varios puntos. El reglamento establece que en extraordinarias se debe obtener dictamen 10 días antes de que finalice el período establecido por lo que se espera la publicación de un nuevo decreto del Presidente que estire las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero.

Además, suponiendo que logran citar al plenario para el miércoles porque cuentan con los números para tener un dictamen de mayoría, tiene que sumar el quórum para ir al recinto, y la intención es que sea el jueves 19 de febrero.

En la Comisión de Presupuesto el oficialismo tiene 18 diputados y se suman los aliados con 2 del PRO, y se le suman el MID, Encuentro Federal, Producción y Trabajo, Independencia, Innovación Federal, UCR y Elijo Catamarca con un miembro cada uno, lo que le da un total de 27 firmas sobre un total de 45 miembros. En el caso de Legislación del Trabajo tiene 11 propios más 2 del PRO y 1 de la UCR sobre un total de 28 miembros. Para poder tener el dictamen de mayoría necesita 37 firmas, algo que alcanzaría si lo acompañan todos los socios.

Pero el problema que deberá resolver es la intención de ir al recinto el jueves 19 de febrero porque desde los sectores de la oposición se muestran reacios a que una ley de este peso tenga un tratamiento exprés. “En el Senado tardaron dos meses y acá lo quieren hacer en 48 horas. Es imposible que podamos tener una discusión seria en ese plazo”, explicó un diputado de la oposición. “Más escribanía no se consigue si hacen eso, los que se llenaban la boca de republicanismo están cada vez más selectivos”, agregó en referencia a los sectores del PRO y del radicalismo que se quejaban del kirchnerismo y de su tratamiento express de los temas cuando el peronismo era mayoría.

Pero LLA no sólo enfrenta la negativa de los opositores de ir a un tratamiento tan simplificado de la reforma laboral sino que también encuentra resistencia de los socios que, además, proponen modificaciones. Así lo dejó en claro Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO, quien adelantó que van a pedir cambios en el proyecto de ley que llegó con media sanción del Senado.

“Lo quieren apurar porque tienen miedo que el PRO les meta un cambio y tenga que volver al Senado, por eso quieren sesionar la semana que viene así le dejan una semana a Patricia Bullrich para poder ir al recinto antes del 1 de marzo”, explicó un diputado K.

En paralelo, Patricia Bullrich también impone su ritmo en el Senado de la Nación y tiene la intención de llamar a las comisiones el miércoles a Relaciones Exterior y el jueves Acuerdos para el pliego de Fernando Iglesias y a la tarde la de Justicia para el régimen penal juvenil.

La Libertad Avanza necesita dictaminar la semana que viene si quiere tener esas leyes el 1 de marzo ya que necesita 7 días de plazo entre el dictamen e ir al recinto, por lo que Bullrich y su bloque está acelerando los pasos para poder contar con los textos ingresados en la Cámara Alta y citar a las comisiones.

La agenda política argentina entró en una etapa de definiciones tras la media sanción de la reforma laboral. En Infobae en vivo, el equipo de Infobae a la Tarde desglosó las estrategias, conflictos y prioridades que enfrenta el Gobierno para encaminar tres leyes clave antes del inicio de las sesiones ordinarias.

La mesa conformada por Manu Jove, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé puso el foco en el hito parlamentario: “Primera vez desde el regreso de la democracia que hay una legislación laboral integral que consigue aprobar un gobierno, entonces, en democracia”, subrayó Jove al abrir el análisis. De inmediato, advirtió sobre el carácter provisorio del avance: “Un éxito a medias todavía, porque falta, por supuesto, lo que pase en la Cámara de Diputados”.